Queja número 20/3555
La persona reclamante y su madre manifestaban que eran adjudicatarios de una vivienda protegida y que desde hacía varios años sufrían amenazas de varias familias que ocupaban sin título habilitante viviendas en su mismo edificio, propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Manifestaban que las zonas comunes del edificio se encontraban en muy malas condiciones por el mal uso de algunos vecinos (buzones rotos, puerta de la azotea partida, rellanos llenos de basura y muebles, etc.).
Afirmaban que habían remitido varios escritos y cursado llamadas telefónicas a AVRA, habiendo obtenido como única respuesta hacía más de un año que se estudiaría su problema. Referían que AVRA había puesto carteles informativos en el edificio recordando las normas de convivencia pero estas seguían sin respetarse.
La situación se vio agravada el reclamante, menor de edad, fue agredido por un vecino, presentando la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional. Manifestaba al respecto: “mi situación es desesperante, estoy cayendo en depresión, pierdo el apetito por días, estoy desanimado, tengo miedo de salir a la calle sólo, solo salgo con mi madre o mi hermano y no puedo hacer una vida normal ya que cuando salgo soy recibido a gritos de amenazas, tuve que dejar el instituto por el mismo motivo”.
Tras la agresión, se trasladaron a la vivienda de la abuela, pero al día siguiente volvieron al ser alertados por vecinos de que estaba intentando entrar en su casa. Habían contactado con los servicios sociales, que les habían remitido a Emvisesa y a AVRA. Manifestaban tener cita en Emvisesa para inscribirse en el Registro de demandantes de vivienda protegida.
Admitimos la queja a trámite y solicitamos informe de la citada Agencia. AVRA nos remitió informe con las actuaciones que se venían realizando en la promoción, ubicada en una zona categorizada como zona desfavorecida e incluida en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), en particular la contratación de un administrador de fincas, así como informando que los interesados mantenían una deuda por impagos del alquiler de la vivienda. De dicho informe dimos traslado a los interesados, que nos volvieron a escribir manifestando que no se advertían cambios sustanciales en el estado y convivencia en el inmueble y que precisamente habían dejado de pagar la renta de alquiler por la dejadez de la entidad en el estado de la promoción. Afirmaban a este respecto que ya habían firmado un acuerdo para el pago de la deuda.
En atención a lo expuesto, solicitamos a AVRA un nuevo informe sobre los extremos manifestados por las personas interesadas, así como información sobre las circunstancias que debían operar para que se pudiera proceder a un cambio de vivienda. Sin perjuicio de lo anterior, recordamos a la persona afectada que ser titular adjudicatario de una vivienda pública en régimen de arrendamiento conlleva una serie de obligaciones como el pago de la renta pactada y de las cuotas de comunidad para el sostenimiento de los servicios comunes.
Por lo que respecta a la solicitud de cambio de vivienda, AVRA nos indicó que se estaba colaborando con los servicios sociales. Por otra parte, se trasladaba que la problemática del barrio requería, además de la intervención de AVRA en su ámbito competencial (actuando contra las ocupaciones y la morosidad, así como en el mantenimiento y conservación de las zonas comunes de los edificios, con el apoyo de los Servicios Sociales Comunitarios y de los administradores de fincas), «la colaboración entre todas las administraciones competentes en materia de seguridad, empleo, educación, prestaciones sociales, etc. para encontrar y aplicar soluciones que ayuden a transformar el ámbito y lograr así una mejor convivencia».
En cuanto a su solicitud de cambio de vivienda, los interesados nos trasladaban que ya habían firmado un acuerdo con AVRA para el pago de la deuda que mantenían en concepto de renta de alquiler, requisito exigido por la Agencia para poder acceder a la bolsa de solicitantes de cambio de vivienda.
En atención a toda la información precedente, nos dirigimos al Ayuntamiento de Sevilla al resultar del interés de esta Institución conocer las actuaciones que se estuvieran realizando y pudieran realizarse para llevar a cabo un abordaje integral en la citada promoción, así como en caso de ser necesario coadyuvar a una mayor coordinación entre las administraciones y organismos con competencias en las distintas áreas implicadas.
En la respuesta municipal se nos trasladó la siguiente información:
“Que el Plan de Intervención Local impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla (estrategia ERACIS) contempla ejes estratégicos, objetivos y medidas para el abordaje integral de zonas desfavorecidas de la ciudad, entre las que se encuentran las viviendas públicas (...), con el fin de que las personas residentes puedan acceder a distintos servicios de protección social, especialmente aquellos que dan cobertura en materia de educación, salud, vivienda, servicios sociales y empleo.
Que esta unidad familiar está siendo atendida por profesionales, contratados específicamente dentro del eje de Políticas Públicas para la Cohesión Social, y respondiendo al objetivo 1 “incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales comunitarios”.
Que, dentro del eje de Políticas Públicas para la Cohesión Social, se han realizado las siguientes actuaciones:
1. Coordinación con AVRA e intermediación para la realización de entrevistas conjuntas con los interesados, ante la problemática de vivienda que presentan.
2. En relación al posible cambio de vivienda, los interesados han asumido el compromiso de saldar la deuda contraída, respondiendo, así, al objetivo 4 “normalizar la situación de titularidad y pago de la vivienda” y objetivo 5.2. “actuaciones de acompañamiento a las unidades familiares que se reubican en viviendas de carácter público”.
Que, dentro del eje de Desarrollo Económico y comunitario sostenible, dentro del objetivo 1 “acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción de Andalucía,” se han realizado Itinerarios Socio Laborales de los interesados con fechas de 20 y 30 de noviembre de 2020.
Que, dentro del eje de mejora del hábitat y la convivencia, y dentro del objetivo 4 “mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de conflictos de convivencia vecinal”, las familias residentes en la promoción de viviendas “los blancos”, están siendo atendidas por la entidad ALGEA, que trabaja con las comunidades de vecinos y lleva, paralelamente, un proyecto de inserción laboral. Esta entidad participa en la CLIC DE ZONA, dentro del Plan de intervención Local en zonas Desfavorecidas del Ayuntamiento de Sevilla”.
A la vista de la información recabada en el presente expediente, se observaba que por parte de la administración se estaba prestando una atención adecuada a la familia interesada, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones, aconsejándoles que siguieran colaborando con los servicios sociales comunitarios para que pudieran ofrecerles la ayuda y orientación adecuada a sus necesidades.
