La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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El Defensor alienta a la acogida comprometida de los menores extranjeros no acompañados frente a los discursos de la xenofobia y la criminalización

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha alentado hoy a la sociedad a la acogida “consciente y comprometida” de los menores extranjeros no acompañados, “frente a la amenaza de los debates que asocian a estos niños y niñas a la delincuencia, los privilegios frente a los que ya están aquí, los discursos xenófobos o la criminalización de este fenómeno, que sin duda oscurece la inmensa contribución de esta generación migrante a la sociedad”.

En la inauguración en Sevilla de las 34 Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, organizadas por el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu ha señalado que al igual que el cambio climático, los movimientos masivos de personas vulnerables en búsqueda de mayores y mejores oportunidades van a continuar, y que en este fenómeno los niños y niñas “se han convertido en un nuevo actor migratorio, y va a ir a más”. “Por eso la pregunta no es si se debe acoger, sino cómo. Eso es lo urgente”.

En esta inauguración, junto al Defensor del Pueblo de España en funciones, Francisco Fernández Marugán, y la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, Jesús Maeztu, ha señalado que “nos jugamos muchos” en esta acogida y que se debe entender que “no es una carga, es un beneficio a la sociedad”. “La migración de los pobres es tan antigua como la humanidad y pone a prueba nuestro sentido de la justicia; no debemos abordarlo como un problema, sino como una oportunidad para recuperar nuestra identidad”, ha señalado Jesús Maeztu, para quien los menores extranjeros tienen el “derecho a ser tratados con hospitalidad y no a rechazarlos con hostilidad”.

El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado “lo contradictorio de la situación, porque los mismos países que abogan por la supresión de fronteras y el libre tránsito como premisas sobre las que construir ese mundo globalizado, supuestamente mejor y más justo, son a la vez los primeros en demandar el cierre de fronteras y las restricciones al libre tránsito, cuando estas premisas se aplican, no a las mercancías, sino a las personas”.

“Sin embargo, muchos de estos países, a la hora de afrontar este fenómeno, parece como si sólo fueran capaces de vislumbrar al inmigrante que pretende participar de sus riquezas y su bienestar. O ponen el foco de atención en el importante volumen de recursos que detraen de los Sistemas de protección. Mientras, un velo les oculta al niño que demanda su amparo y protección. Quizás sea por ello que la legislación que se pretende aplicar a estos menores sea con preferencia la de extranjería y no la de protección de menores”, ha afirmado Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz ha concluido que “un niño nunca es un inmigrante. Un niño es una persona que por su situación tiene derecho a una especial protección y tutela de los poderes públicos. A un niño no se puede ni se debe añadir apellidos como inmigrante o refugiado. Su estatuto jurídico debe ser siempre y, en todos los casos, el de menor de edad por encima del estatuto de persona extranjera”.

El Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, ha expresado por su parte que este fenómeno no es solo español, pero dentro del país está localizado en una parte del territorio, no en la parte occidental sino más en el lado mediterráneo, y ha señalado que España ha resuelto este fenómeno “razonablemente bien”. El Defensor también ha elogiado el esfuerzo de la sensibilización por parte de las administraciones, y ha llamado a intentar comprender por qué cada año siguen llegando niños, a lo que los Defensores van a poner toda su atención.

A la inauguración han asistido, además, la Valedora del Pueblo gallego, Dolores Fernández Galiño; Diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes; Ararteko del País Vasco, Manuel Lezertúa; Justicia de Aragón, Ángel Dolado; Síndic de la Comunidad Valenciana en funciones, Ángel Luna; Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana y Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Echéniz, entre otras autoridades.

    Recepción oficial de los defensores para las Jornadas de Defensores del Pueblo

    En el Real Alcázar de Sevilla, recepción oficial de los defensores del pueblo de España. 

    La atención a personas menores de edad que, siendo nacionales de otros países o apátridas, llegan a España sin referentes familiares será el fenómeno a tratar en las 34 Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, que reúne al Defensor del Pueblo estatal y a los nueve defensores autonómicos este martes 15 de octubre en Sevilla y el miércoles 16 en el Campo de Gibraltar (Tarifa y San Roque).

    El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, organizador y anfitrión de las Jornadas, ha destacado que corresponde a las Defensorías del Pueblo garantizar que las actuaciones de las distintas administraciones, con responsabilidad en la atención a estos menores de edad, respondan a su superior interés, primando, en todo caso, el enfoque de infancia respecto a la condición de inmigrante. El colectivo de menores extranjeros no acompañados, también conocidos como Menas, tienen unas necesidades que afectan no solo a la esfera física sino, fundamentalmente, a sus esferas psicológica y emocional, por lo que requieren de una primera acogida integral y especializada.

    Este fenómeno complejo por su heterogeneidad, por la especial vulnerabilidad en la que se encuentran sus protagonistas, por la complejidad de las respuestas a las consecuencias que tiene en las personas que lo protagonizan, por el entramado de administraciones que intervienen y por las repercusiones sociales que provoca, requiere en opinión del Defensor del Pueblo andaluz de una atención integral y especializada, dadas las singulares necesidades que presentan.

    La inauguración de las jornadas será el martes 15 a las 9:30 horas en el Espacio Caixaforum de Sevilla a cargo de Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo estatal en funciones; Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo andaluz y Marta Bosquet, presidenta del Parlamento andaluz.

    A continuación se mostrará una recreación artística, creada por Puerto Flamenco, sobre el itinerario de los niños y niñas migrantes no acompañados, con la actuación de Esperanza Fernández.

    En el primero de los paneles, sobre el Viaje en origen. Trata de seres humanos, asilo y protección internacional y moderado por Manuel Lezertúa, Ararteko del País Vasco, intervienen Kaoutar Boughlala, presidenta de Codenaf; Mila Núñez, del Servicio Inmigrantes y Refugiados de Cruz Roja; Félix Flores, jefe del Grupo de la Brigada de Extranjería de Sevilla y Mercedes Alconada, asesora jurídica de CEAR.

    En el segundo panel, sobre La primera acogida y protección de los niños y niñas no acompañados y moderado por Ángel Luna, Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, participan Rosa Guerrero, Fiscal Delegada de Menores de Granada; Imanol Garamendi, médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Huelva; Antonio Molina, jefe de Servicio de centros de protección de menores de la delegación igualdad de Cádiz; Julián Martín, director del centro de protección de menores Tolosa Latour de Chipiona, y Asunción García, gerente de Interprode.

    Tras una pausa para el almuerzo, las Jornadas se retomarán con el panel sobre la Cooperación entre los Sistemas Autonómicos en la atención a niños y niñas migrantes no acompañados que, moderado por Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo andaluz, contará con la participación de Ángel Parreño, director general de los Servicios Sociales para la Familia e Infancia del Gobierno de España; Antonia Rubio, directora General de Infancia y Conciliación de la Junta Andalucía; Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Conviviencia y Cooperacion del Gobierno Vasco; María José Bajén, jefa de Servicio de Infancia y Adolescencia del Instituto aragonés de Servicios Sociales; y Francisco Ruiz, alcalde de Tarifa.

    La sesión la completará el panel sobre La salida del sistema de protección que, moderado por Carmen Comas-Mata, directora de Relaciones Internacionales del Defensor del Pueblo y miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, contará con Francisca Gutiérrez, jefa de la Oficina de Extranjería de la delegación del Gobierno en Andalucía; Carmen de la Viuda, subdirectora general de Integracion y Relaciones Insittucionales del Gobierno de España; Absaqui Imad, consejero político de la Embajada de Marruecos y Fernando Arjona, responsable territorial de Accem Andalucía.

    En la clausura de esta sesión los asistentes conocerán los testimonios de dos jóvenes ex tutelados, que narrarán su experiencias.

    Ya en la jornada del miércoles 16 de octubre, los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos se desplazarán al Campo de Gibraltar, en concreto, a las localidades de Tarifa, San Roque y Algeciras.

    En la mañana, los defensores del pueblo visitarán recursos e instalaciones previstas para la acogida de inmigrantes en la población de San Roque (centro de Cruz Roja y el Centro de Atención Temporal para Extranjeros) y posteriormente visitarán en Algeciras un centro de protección de menores.

    Por la tarde, los defensores celebrarán en la Isla de las Palomas de Tarifa un acto de homenaje a las gentes de la Comarca del Campo de Gibraltar por su acogida a los menores extranjeros no acompañados. En el acto se descubrirá una escultura donada por los defensores, autoría de Alejandro Pedrajas.

    Para finalizar, en la Iglesia de Santa María de Tarifa, se celebrará un acto de entrega de reconocimientos de los defensores a la sociedad civil, instituciones y personalidades de la comarca, en la que se dará lectura a la Declaración conjunta de los Defensores del Pueblo sobre la atención a los menores extranjeros no acompañados, con la cual concluirán estas 34 Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo.

     

    Puedes seguir las jornadas en twitter (#GeneraciónMigrante), facebook y flickr.

    Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 19/3308 dirigida a Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz), Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz

    RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

    Nos informan del estado de conservación del Convento de la Virgen de Regla en Chipiona.

    25-06-2019 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

    Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico.

    En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento y protección. Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la Cultura.

    Es conocida la permanente actuación de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz en relación con las actuaciones de protección y tutela del conjunto patrimonial de valor histórico y cultural de este territorio. Han sido muy numerosas las quejas iniciadas de oficio, o a partir de las iniciativas ciudadanas, que han sido tramitadas ante las autoridades locales y esa misma Delegación Territorial o sus servicios centrales de la Consejería de Cultura. Estas quejas han abordado situaciones de deterioro de los inmuebles, régimen de protección, proyectos o intervenciones de conservación, medidas de ayudas o subvenciones, etc. lo que ha supuesto completar todo un elenco de cuestiones relacionadas con las competencias de la administración cultural.

    En esta ocasión debemos centrar nuestra atención en el estado de conservación y régimen de protección del Convento de Nuestra Señora de Regla en la localidad de Chipiona.

    Recientes informaciones hacen mención a la situación de riesgo que sufre este elemento, en particular el claustro gótico del convento denominado “Patio de los Plátanos” y que amenazan con daños más graves ante una situación de urgencia para intervenir. Entre los elementos más amenazados estaría un conjunto cerámico que data del siglo XVII y otros componentes arquitectónicos que necesitan una intervención decidida por las autoridades. En todo caso, se recogen afirmaciones a cargo de responsables de la comunidad religiosa encargada del Convento que explican la ausencia de proyectos o de actuaciones de intervención decididas para la protección que ostenta como Bien de Interés Cultural (BIC).

    Más allá de dichas informaciones, creemos oportuno conocer con mayor detalle el estado del BIC y sus elementos así como de las medidas de conservación y proyectos calendarizados que se pretenden acometer en favor de este conjunto histórico.

    Por ello, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial en materia de Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz y el Ayuntamiento de Chipiona, a fin de conocer:

    • Estado de conservación del inmueble declarado BIC “Convento de la Virgen de Regla”, en Chipiona.

    • Relación de intervenciones y proyectos que se hubieran proyectado y/o ejecutado en los últimos años, así como sus calendarios previstos.

    • Régimen de uso o aprovechamiento previsto.

    16-12-2019 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

    Hemos recibido informe de la Administración según el cual, la aparente amenaza de conservación del inmueble no ha sido acreditada por las inspecciones que se han realizado a instancias de la presente queja.

    Por otra parte, la información nos ha permitido aclarar que dicho Convento no está dotado de la calificación de Bien de Interés Cultural (BIC) a la vez que se aluden varios antecedentes que merecerían una actualización.

    Consideramos desde esta Institución que, deberían acelerarse esos estudios de evaluación a fin de poder otorgar al claustro del Convento el régimen de protección que, en su caso, merezca en atención a sus valores culturales.

    A la vista de las anteriores actuaciones, procedemos a concluir los trámites de la queja de oficio, dejando a salvo la oportunidad de valorar en su momento realizar el seguimiento necesario sobre el estado del Convento de la Virgen de Regla, de Chipiona.

    Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 19/2712 dirigida a Subdelegación del Gobierno en Huelva, Ayuntamiento de Lepe (Huelva), Ayuntamiento de Moguer (Huelva), Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva)

    RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

    Conocemos las medidas de las distintas Corporaciones locales ante los incendios en asentamientos en Huelva.

    27-05-2019 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

    Esta Institución ha tenido conocimiento, a través de diversos medios de comunicación social, de lo ocurrido en el último mes con varios incendios que han tenido lugar en varios asentamientos de temporeros extranjeros ubicados en la provincia de Huelva.

    En estas noticias se indica que dichos siniestros han ocasionado importantes daños materiales y que, según los dispositivos de emergencia, unas 300 chabolas han resultado calcinadas.

    Los dispositivos de emergencia han tenido que proceder al desalojo de los habitantes de los asentamientos que han visto arder sus escasas pertenencias. Afortunadamente no hay que lamentar ni víctimas ni heridos graves.

    En algunos casos los habitantes del asentamiento afectado no pueden regresar a las que eran sus viviendas ya que han quedado totalmente calcinadas, siendo por tanto necesaria su reubicación urgente en espacios en los que puedan cubrir sus necesidades básicas.

    La situación de los temporeros que se ven obligados a alojarse en este tipo de infraviviendas empeora aún más por las consecuencias que este tipo de siniestros tiene en su situación administrativa. En los incendios, según recogen las entidades que trabajan con este colectivo, muchos de ellos han perdido su documentación, por lo que se verán obligados a realizar múltiples gestiones para conseguirla de nuevo.

    Es por ello que ante estos acontecimientos, en cumplimiento de lo establecido en el art. 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, se considera oportuno solicitar informe a las distintas administraciones onubenses en los que han proliferado este tipo de asentamientos para conocer las medidas adoptadas, en el marco de sus competencias, para abordar esta compleja realidad y garantizar la integridad y bienestar de los temporeros y sus familias.

    28-12-2021 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

    La proliferación en los municipios andaluces de cultivos intensivos que requieren mucha mano de obra durante campañas agrícolas cada vez más largas ha propiciado la aparición en sus términos municipales de asentamientos de temporeros de origen extranjero que se desplazan a estas zonas en búsqueda de empleo.

    Estos núcleos de infraviviendas, que en sus orígenes desaparecían una vez concluían las campañas, en la actualidad se mantienen durante todo el año.

    La escasez de vivienda en los municipios en los que ubican así como las dificultades de parte de sus ocupantes para acceder al mercado laboral, por su irregularidad administrativa así como por su inestabilidad, entre otras razones, han cronificado esta realidad en nuestra Comunidad Autónoma.

    Esta situación es especialmente gravosa en las provincias de Almería y Huelva, en las que encontramos asentamientos en los que los temporeros se alojan tanto durante las campañas agrícolas como una vez que éstas finalizan.

    Especial mención refieren localidades como Níjar, El Ejido en Almería o Palos de la Frontera, Lucena del Puerto o Moguer en Huelva.

    Aunque son realidades similares, presentan singularidades y problemas diferentes. Así en los asentamientos sitos en los municipios freseros son recurrentes los incendios en los que incluso han perdido la vida temporeros.

    Ante esta realidad y tras los incendios declarados en Huelva en julio de 2019, desde esta Defensoría aperturamos un expediente de queja de oficio para conocer los motivos de estos siniestros e interesarnos por las medidas que desde las Administraciones competentes se habían adoptado para abordar esta problemática.

    En el marco de este expediente de queja se programaron visitas a los municipios en los que se habían producido incendios para conocer las características de sus asentamientos así como los programas que se hubieran desarrollado para cubrir las necesidades tanto de los afectados por los incendios como del resto de los ocupantes de estos núcleos de chabolas.

    Esta investigación se vio interrumpida en marzo de 2020, por la declaración del estado de alarma por la propagación de la COVID-19, si bien esta situación evidenció de un lado la difícil realidad de estos temporeros y de otro la necesidad de su mano de obra, especialmente en esos momentos tan difíciles.

    La crisis sanitaria hizo visible esta realidad, dimensionando la dificultad de la intervención ante este fenómeno, compleja pero necesaria.

    En este contexto y tras la reanudación de nuestras visitas a los municipios freseros hemos sido testigos del esfuerzo de las distintas Corporaciones afectadas ante este importante reto de eliminación de los asentamientos chabolistas, así como las dificultades con las que se enfrentan las administraciones locales para abordar esta difícil situación..

    Así podemos constatar un compromiso firme y público para la erradicación de estos asentamientos y una huida de aquellas medidas que pudieran propiciar su perpetuación en sus términos municipales.

    Conocedores de la complejidad de este reto esta Defensoría del Pueblo Andaluz ha programado reuniones con todos los agentes implicados y posibilitadores del cambio a nivel local. Así se están celebrado encuentros con los responsables políticos, técnicos municipales, representantes del Tercer Sector así como con los empresarios agrícolas demandantes de mano de obra.

    Asimismo se han programado reuniones con la Administración Autonómica para conocer el abordaje de esta realidad en el contexto de la Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025.

    Queja número 19/1821

    Recibimos escrito presentado en esta Institución referente a condiciones de salubridad y sanidad ambiental en vivienda.

    Solicitado informe al Ayuntamiento de Utrera, respecto del asunto que motiva la queja, se nos contesta que el asunto es de una especial complejidad debido a la zona a tratar (orografía del terreno, acceso al mismo, etc). Hasta la fecha del informe, se han venido realizando múltiples actuaciones desde que en fecha 10 de julio de 2018, se presentó solicitud de la interesada ante la Oficina de Salubridad Pública y Consumo; realizándose diversas visitas de inspección por técnicos de la citada Oficina, delimitando la zona y propiedades afectadas, localizando a los propietarios diversos y requiriéndoles para que procedieran a la limpieza, desinsectación y desratización de sus inmuebles.

    Igualmente desde el Ayuntamiento se pusieron en contacto con varias empresas para realizar visita a la zona con el personal de la Oficina de Salubridad Pública y Consumo para presupuestar el desbroce y retirada de toda la vegetación de la zona.

    Añade el Ayuntamiento que el 20/05/2019 volvían a realizar visita a la zona observándose otros dos potenciales focos de plagas sitos en los n.° 12 y 28 de la calle que usted refería en sus escritos. Se procedieron a realizar los trámites oportunos para realizar sendos requerimientos para que procedieran a las operaciones referidas en sus inmuebles.

    En dicha visita, en la que estuvo presente personal de la empresa que facilitó el presupuesto, se comprueba el efecto de los requerimientos efectuados a los propietarios de C/ Valderrama (...) y se decide realizar además del desbroce y retirada de vegetación un tratamiento a la chumbera existente, con el fin de acabar con la Cochinilla del Carmín.

    A día de hoy, desde la Oficina de Salubridad y Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Utrera se siguen con las gestiones y adopción de medidas para el restablecimiento de la limpieza, desinsectación y desratización previstas en el expediente para dar respuesta lo antes posible a las peticiones en ese sentido.

    Tras un detenido estudio de dicha información, se deduce que el asunto se encuentra en vías de solución por lo que con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

    No obstante dejamos interesado se agilicen lo más posible las operaciones de limpieza, desinsectación y desratización en los inmuebles de la zona, apremiando a los titulares de los mismos y, si fuere el caso, ejecutando a su costa las actuaciones necesarias la Administración municipal previa obtención de los mandamientos y autorizaciones necesarios.

    Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 18/6959 dirigida a Ayuntamiento de Sevilla

    Ver asunto solucionado o en vías de solución

    Recordamos al Ayuntamiento de Sevilla su obligación de resolver expresamente la solicitud de responsabilidad patrimonial presentada por una ciudadana tras una caída en la vía pública.

    ANTECEDENTES

    1. Con fecha 20 de noviembre de 2018 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por la interesada que denunciaba que el pasado abril de 2018 remitió escrito al Ayuntamiento de Sevilla por los daños sufridos tras la caía en la vía publica, C/ Mar Adriático, que ella imputa al mal estado del pavimento, del que aún no ha recibido respuesta.

    2. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, sin entrar en el fondo del asunto planteado, interesamos de esa Alcaldía-Presidencia, mediante nuestro escrito de diciembre de 2018, que resolviera expresamente y sin más dilaciones la petición presentada por la interesada, informándonos al respecto.

    3. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma en febrero de 2019, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.

    CONSIDERACIONES

    Única.- De la obligación de resolver a cabo de las Administraciones Públicas.

    De conformidad con lo dispuesto en el art. 21, aptdo. 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

    De esta obligación se exceptúan tan sólo los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio y los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración. Por consiguiente, el supuesto objeto de estudio no resulta subsumible en tal excepción.

    Asimismo, el apartado 6 del art. 21 de la Ley 39/2015 indica que «El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo».

     

    A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

    RESOLUCIÓN

    RECORDATORIO del deber legal contenido en el art. 21 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

    RECOMENDACIÓN consistente en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a los escritos presentados por la interesada, que fue el objeto de la presente intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, informando de ello a esta Institución.

    Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

    Queja número 19/3002

    La persona reclamante, a través de una asociación malagueña, exponía que, con fecha 15 de septiembre de 2017, presentó escrito ante el Ayuntamiento de Torremolinos solicitando copia de la documentación relativa a expedientes sancionadores de tráfico como consecuencia de la supuesta comisión de infracciones de tráfico en esa localidad.

    Añadía que, pese al amplio plazo de tiempo transcurrido, seguía sin recibir respuesta alguna al citado escrito, por lo que se admitió la queja, sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas, únicamente a los efectos de que, por la Administración, se diera una respuesta expresa.

    En el informe remitido por el Ayuntamiento de Torremolinos se daba cuenta del contenido del expediente sancionador de tráfico que afectaba a la persona interesada, señalando que igualmente se le había remitido copia compulsada del expediente al domicilio de notificaciones designado en su reclamación.

    De acuerdo con ello, como quiera que la queja fue admitida a trámite a los solos efectos de que el Ayuntamiento de Torremolinos diera respuesta a la petición del afectado de acceso al expediente sancionador y ello ya se había efectuado, dimos por concluida nuestra intervención en este asunto.

    Queja número 19/2318

    La persona reclamante exponía que el 21 de febrero de 2019 remitió a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio un correo electrónico para denunciar el error de señalización vial que, a su juicio, apreciaba en dos carriles de la autovía A-92 a su paso por Alcalá de Guadaíra y sobre el que ya se había dirigido en anteriores ocasiones a ese organismo sin que se hubiera solucionado el error que consideraba existía y que podía originar problemas de seguridad vial.

    Señalaba que, pese al plazo de tiempo transcurrido desde su correo electrónico, no había obtenido respuesta a su reclamación.

    Admitida a trámite la queja, solicitamos informe a la Viceconsejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio quien, en su respuesta, nos daba cuenta de que la Dirección General de Infraestructuras había procedido a modificar la señalización horizontal en dos carriles de la Autovía A-92, de acuerdo con la normativa vigente, atendiendo con ello la denuncia de la persona interesada.

    Así las cosas, habiéndose atendido la reclamación y resuelta la cuestión planteada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

    Queja número 18/7364

    La persona reclamante denunciaba lo que consideraba una actuación incorrecta o irregular del Ayuntamiento de Níjar y autoridades públicas, que estaba afectando sus derechos como persona interesada en el expediente ... iniciado en fecha 07/11/2006 (expedientes caducos ... y ...) previa denuncia de la Policía Local, de la construcción de vivienda sobre bajos construidos (bajos de su propiedad como podía observarse en copia simple de escritura que adjuntaba) dentro de una zona calificada como Peatonal Ajardinada y que tenía orden de demolición resuelta mediante decreto 221/12 en fecha 16 de mayo de 2012.

    Tras varios intentos por conocer el motivo de la no demolición del mismo y de la restitución de la legalidad urbanística (instancia presentada en fecha 18 de junio y reunión con la alcaldesa en fecha 9 de agosto de 2018), envió e-mails solicitando información en fechas 15 de octubre y 2 de noviembre sin respuesta alguna; e intentó de nueva reunión con la alcaldesa, sin que se le diera cita.

    Admitida la queja a trámite interesamos del Ayuntamiento que nos indicara las causas por las que no se había dado debido cumplimiento a la orden de demolición, así como los motivos por los que no se ofrecía información sobre las medidas al respecto que, de forma reiterada, demandaba la persona reclamante.

    Evaluado el informe remitido, nos dirigimos nuevamente al Ayuntamiento interesando que nos indicara si iba a proceder sin más demora a ejecutar subsidiariamente la orden de demolición dictada, toda vez que no se advertía intención alguna por parte de la parte infractora de dar cumplimiento a la orden municipal en tal sentido. En caso contrario, deseábamos conocer qué otras actuaciones tenía previstas el Ayuntamiento para que fuera respetada la legalidad urbanística, ya que hasta el momento el ejercicio de la disciplina urbanística había resultado notoriamente insuficiente para que fuera respetado el planeamiento urbanístico aplicable al caso.

    En respuesta a esta petición se nos remitió Decreto dictado por Concejalía de Fomento sobre inicio de ejecución subsidiaria expediente número ..., del que se había dado conocimiento a diversas áreas municipales a los efectos de iniciar las actuaciones preparatorias que fueran necesarias y del que se había concedido trámite de vista y audiencia a los denunciados e interesados, a fin de presentar las alegaciones y consideraciones que estimaran pertinentes.

    De acuerdo con ello, volvimos a dirigirnos al Ayuntamiento interesando que se nos mantuviera informados de las subsiguientes actuaciones en dicho expediente de ejecución subsidiaria, así como de la resolución que, finalmente, se dictara en el mismo.

    También interesamos aclaración sobre la denuncia acerca de la reciente inauguración de una peña flamenca en el local que se había ordenado demoler y solicitamos conocer si se contaba con licencia o autorización municipal para dicha actividad y cómo ello podría entrar en clara contradicción con el Decreto anteriormente mencionado que, en definitiva, podría concluir con la demolición prevista.

    En la respuesta recibida se nos indicaba que se encontraba en trámite el expediente de ejecución subsidiaria ..., añadiendo que la entidad promotora de las obras no ajustadas a licencia había manifestado su intención de presentar en los próximos días un proyecto de demolición y reposición a su estado anterior de la edificación denunciada, así como que no existía en el local en la actualidad ningún tipo de actividad flamenca, ni se habían realizado nuevas obras, encontrándose cerrada la peña ubicada en la edificación contigua.

    De acuerdo con ello, interesamos que se nos mantuviera informados de las subsiguientes actuaciones en dicho expediente de ejecución subsidiaria ..., señalando si se había presentado ya el anunciado proyecto de demolición y, de ser así, el plazo previsto para la ejecución de esas obras.

    Se nos informó del actual estado de tramitación del expediente de ejecución subsidiaria ... y de la propuesta de resolución dictada en el mismo e interesamos que se nos mantuviera informados.

    En el informe recibido, el Ayuntamiento de Níjar nos exponía que se había dictado resolución en el procedimiento de ejecución subsidiaria nº ..., añadiendo que se había dado traslado a los Servicios de Contratación, Intervención y Obras Públicas para que contrataran los servicios necesarios. Finalizaba manifestando la intención de comenzar las labores de demolición a la mayor brevedad posible, aunque expresaba la dificultad de concretar un plazo ya que estaba vinculada a los trámites del procedimiento de contratación y a la posible interposición de recursos frente a la resolución del procedimiento de ejecución subsidiaria.

    De acuerdo con todo ello, cabía advertir que, por parte municipal, se estaban adoptando las medidas pertinentes para conseguir que quedara restaurada la legalidad urbanística en este asunto sin perjuicio de la complejidad del procedimiento de ejecución subsidiaria. Por tanto, nos encontrábamos ante un proceso dilatado y de cierta complejidad administrativa cuyo permanente seguimiento resultaba innecesario por parte de esta Institución al haber asumido el Ayuntamiento sus competencias al respecto.

    En consecuencia, suspendimos nuestras actuaciones en este expediente de queja sin perjuicio de interesar al Ayuntamiento de Níjar en una nueva comunicación que impulsara con la máxima eficacia y celeridad el procedimiento de ejecución subsidiaria, con objeto de conseguir que finalmente quedara restaurada la legalidad urbanística en este asunto.

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