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La interesada denunciaba en su escrito de queja que había solicitado en varias ocasiones el bono social y se lo denegaban por no poder calcular su nivel de renta, pese a haber aportado certificado de imputaciones de renta y autorización para la comprobación de sus datos.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos a ENDESA, ésta nos informó que las solicitudes presentadas en octubre de 2018 y mayo de 2019 fueron rechazadas por falta de documentación (en la primera de ellas, no aportó el documento acreditativo de su estado civil y, en el segundo, copia del libro de familia completo). El resto de solicitudes (octubre y diciembre de 2018 y mayo de 2019) fueron validadas y trasladadas al Ministerio, pero fueron rechazadas por éste ante la imposibilidad de realizar un cálculo de los niveles de renta.

En cualquier caso añadía que, según confirmaba el propio Ministerio, si el “consumidor aportase certificado expedido por un funcionario de la Agencia Tributaria, que contraviniese el sentido de la respuesta obtenida a través de la aplicación telemática consultada, éste prevalecería frente al resultado obtenido por esta última”.

Como en el caso objeto de queja resulta que se habría aportado el certificado de imputaciones correspondiente al ejercicio 2017 de la interesada -al no haber presentado declaración de la renta por no estar obligada- , nos dirigirmos nuevamente a ENDESA insistiendo en esta circunstancia. Señalábamos que, de acuerdo con la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, así como la Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se pone en marcha la aplicación telemática que permite la comprobación de requisitos para ser considerado consumidor vulnerable, entendemos que la tarea de comprobación de este requisito recae sobre la comercializadora cuando el consumidor aporta su declaración de renta o, en su defecto, el certificado de imputaciones.

Finalmente conocimos que, tras revisar la documentación aportada y analizar el certificado de la AEAT presentado, se había concedido el bono social a la interesada en julio de 2019, con una vigencia de dos años, con el grado de vulnerable severo.

Con ello entendimos que el problema se había solucionado y dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas, ante el incumplimiento reiterado de una orden de suspensión dictada contra una actividad empresarial que genera fuertes olores y la presencia de insectos, da cuenta al Ministerio Fiscal de las actuaciones seguidas y a las empresas suministradoras de agua y electricidad para que interrumpan los suministros, logrando con ello el cese de la actividad.

En su escrito de queja la interesada denunciaba, en síntesis, la presencia de fuertes olores e insectos que procedían de la actividad de una empresa sita en la nave colindante a la suya. Dicha actividad consistía, al parecer, en almacenar despieces cárnicos y de pescado, resultando que “El problema se percibe en toda la calle pero nosotros (al estar colindantes a ellos) nos llevamos la peor parte. Estamos desesperados con la situación. Resumiendo el problema, podemos detallar algunos de los inconvenientes/perjuicios que nos están acarreando:

- "Bichos" en nuestra nave (aumentando su presencia cuando llega la época estival).

- Olor insoportable que se "nos pega" a nuestra ropa y coches aparcados en la calle

- Dolores estomacales y vómitos de nuestro personal.

- Proveedores que se niegan a bajarse de sus camiones para dejarnos pedidos que hayamos solicitado porque no están dispuestos a soportar ese olor”.

También habían planteado este mismo problema otros trabajadores cuyas quejas (queja 18/1039 y queja 18/1432) se acumularon a ésta. En todas ellas indicaban que se habían dirigido al Ayuntamiento de Dos Hermanas y al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado Ayuntamiento, pudimos conocer, en un primer momento, que tras cursarse una denuncia vecinal, se había incoado expediente de protección de la legalidad contra la actividad denunciada al detectarse que “la actividad que se desarrolla en el inmueble es el almacenamiento en estado de congelado de material subproductos y derivados de carne, pescado y grasas para su posterior traslado a plantas de transformación en materias primas para alimentación animal” y que “en consecuencia, la actividad se desarrolla contraviniendo las condiciones de la licencia otorgada, por lo que con fecha .. de marzo se decreta la inmediata suspensión de la actividad, de conformidad con lo señalado en el art. 42 del Decreto 60/2010 con los apercibimientos legales oportunos”.

También se nos informó que “con fecha .. de febrero de 2017 se dicta Resolución por la que se califican las referidas actuaciones como compatibles con la ordenación urbanística vigente en base a las consideraciones señaladas por los servicios técnicos y jurídicos, y se requiere a los titulares del inmueble para que insten en el plazo de dos meses la legalización de las mismas en la forma y con los efectos señalados en los artículos 47 y 48 del Decreto 60/2010”. Continuaba el informe indicando que “Con fecha .. de abril se instó la legalización de las actuaciones descritas dando lugar al expediente … por el que se solicita licencia urbanística para CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS CÁRNICOS Y DE PESCADO” y a raíz de ello se suspendió la tramitación del procedimiento de protección de la legalidad urbanística como consecuencia del inicio de actuaciones de legalización.

Sin embargo, los técnicos municipales habían comprobado que en febrero de 2018 el establecimiento permanecía abierto y ejerciendo la actividad, incumpliéndose la orden de suspensión decretada en marzo de 2016; asimismo, también habían comprobado que el titular de la actividad no había procedido a la legalización de la misma, motivo por el cual en marzo de 2018 se había decretado la caducidad del expediente del procedimiento de legalización. Finalizaba el informe municipal indicando que a la vista de todo esto, “se ha dado traslado a los servicios jurídicos para la determinación de las actuaciones que resulten procedentes conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación”.

Por ello, volvimos a dirigirnos al Ayuntamiento de Dos Hermanas para conocer el informe emitido por los servicios jurídicos municipales y, en su caso, las medidas que se hubieran adoptado habida cuenta que desde que la actividad se denunció por primera vez, en julio de 2015, se incumplía la licencia concedida, y la orden de suspensión decretada.

Tras varias actuaciones, finalmente conocimos que ante el reiterado incumplimiento por parte de la empresa denunciada de la orden de suspensión de actividad formulada en marzo de 2016, se había dictado resolución por la que se disponía dar cuenta de tales incumplimientos al Ministerio Fiscal para la exigencia de las responsabilidades penales a que, en su caso, hubiera lugar; asimismo, se había dado traslado de la orden de suspensión a las empresas suministradoras de agua y energía eléctrica para que interrumpieran la prestación de estos servicios, con lo que se lograba la suspensión de la actividad.

Dimos traslado de toda esta información a los promotores de las quejas pero, finalmente, no recibimos respuesta de ellos, por lo que entendimos que el problema se había solucionado, dando por concluidas nuestras actuaciones.

En su escrito de queja se dirigieron a esta Institución los representantes de una comunidad de propietarios de un edificio sito en el municipio gaditano de Rota, en el que denunciaban, en síntesis, que el edificio se encontraba afectado por la presencia y el asentamiento de palomas, situación que afectaba gravemente a los vecinos, por el riesgo para la salud, por la suciedad que originaban y por los daños que estaba ocasionando al propio edificio. Constaba en dicho escrito que las palomas, además de en la azotea y en la fachada del edificio, se posaban diariamente en las barandillas de terrazas y ventanas, privando a sus propietarios del uso normal de las mismas.

Al parecer, esta situación venía produciéndose desde hacía más de un año, habiéndose trasladado diversas quejas al Ayuntamiento por los vecinos afectados y por la propia Comunidad de Propietarios, ya fuera por sus representantes o por la administración de la misma. A estas quejas, se nos decía, el Ayuntamiento “ha hecho caso omiso”, pese a que “en el pasado mes de mayo y tras varias visitas, el Ayuntamiento se comprometió, de manera verbal, a colocar jaulas en la azotea con el fin de retirar las palomas, para lo que se le autorizó, entregándosele llaves del edificio para facilitar el acceso al personal competente”. Sin embargo, constaba en el escrito que “a día de hoy ni se han colocado las jaulas ni se ha adoptado ninguna medida alternativa para solucionar el problema, manteniéndose una grave situación”.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado ayuntamiento éste nos informó, en síntesis, que estaba, en aquellos momentos, en proceso de contratar a una empresa cualificada para la realización de los trabajos necesarios para controlar la plaga de palomas que ocasionaba las incidencias que denunciaba la comunidad de propietarios, por lo que entendimos que el problema estaba en vías de solución y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada, en su escrito de queja, nos relataba que el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) no ejecutaba una orden de clausura, dictada en mayo de 2018, por la actividad ruidosa de un taller de carpintería metálica situado en una nave cercana a su vivienda. El establecimiento continuaba desarrollando su actividad con toda normalidad y, por tanto, con los elevados niveles de ruido que debía soportar su familia en su vivienda; además, esta actividad ocupaba con materiales y estructuras de grandes dimensiones el camino de acceso a la zona donde residía la interesada, impidiendo o dificultando el paso con vehículos.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado Ayuntamiento, de la respuesta de éste se desprendía, en síntesis, que la Policía Local había procedido a ejecutar el cese de la actividad y la clausura de las instalaciones en junio de 2018, y que en enero de 2019, mediante nueva Resolución, notificada en abril de 2019, se había dictado la prohibición de funcionamiento de la actividad, afectando tanto a la nave como al resto de la finca. Esta Resolución incluía la retirada de todo material o utensilio afecto a cualquier uso prohibido presente en la propiedad, y se había comunicado a las empresas suministradoras la interrupción del suministro. Constaba en el expediente que el titular de la actividad había comunicado a la Policía Local que en unas fechas concretas del mes de abril iba a proceder a retirar los enseres, pertrechos y herramientas presentes en la propiedad.

Dimos traslado de esta información a la interesada, que nos confirmó que había cesado el problema pues la actividad había dejado de funcionar. Por tanto, dimos por concluidas nuestras actuaciones en el citado expediente de queja.

En su escrito de queja, el interesado denunciaba que en el patio de ventilación entre cuatro edificios colindantes, un establecimiento comercial había levantado un techo a nivel de la primera planta y había colocado dos aparatos de ventilación industriales, con 6 turbinas, que producían molestias, como ruidos, vibraciones y calor, a los vecinos, que no podían dormir porque los mismos funcionaban hasta en horario nocturno. Habían presentado denuncias en el Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) pero consideraban que no les habían atendido adecuadamente.

La actividad comercial, un supermercado, según su superficie sea superior o no a 750 m², está sujetos al trámite de Calificación Ambiental previo, o a Calificación Ambiental mediante Declaración Responsable. Los aparatos objeto de la queja, según las fotografías que nos envió el afectado, eran de gran tamaño y potencia y por la cercanía a las viviendas no cabía duda de que el ruido que generaban podría suponer una intromisión en el interior de los domicilios que afectaba a su derecho al descanso. Consideraban los vecinos, tras haber visto la Declaración Responsable que había presentado el titular del supermercado, que la documentación presentada no habilitaba para disponer de esas instalaciones tan ruidosas.

Admitimos a trámite la queja y nos dirigimos al Ayuntamiento de Barbate en petición de informe, si bien, antes de recibirlo, fue el propio interesado el que nos comunicó que ya se habían retirado los aparatos de climatización. Después de ello, recibimos el informe del ayuntamiento en el que se nos daba cuenta de los trámites administrativos que se habían ido adoptando desde que se presentó denuncia por el ruido de las máquinas, y que habían culminado con la retirada de los aparatos, estando pendiente de resolverse por parte de la empresa titular de la actividad la presentación de un proyecto de legalización.

Por tanto, dimos por concluidas nuestras actuaciones al entender que el problema estaba solucionado.

En su escrito de queja, la interesada nos trasladaba la falta de respuesta del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada), a un escrito de denuncia que había presentado en el citado ayuntamiento el mes de enero de 2019, en el cual pedía la retirada de una antena de telefonía móvil situada en la azotea de un bloque de la citada localidad. Esta denuncia la había reiterado mediante un nuevo escrito en febrero de 2019, pero aun así no había obtenido respuesta.

Tras admitir a trámite la queja a fin de que el ayuntamiento respondiera expresamente a la denuncia de la interesada, fuimos informados de la situación de la antena objeto de queja, en la terraza del edificio y con autorización de la comunidad de propietarios, y de otra antena situada, desde hacía años, en el tejado de una central de telefonía en la localidad. De dicho informe pudimos concluir que conforme a la actual normativa de la Ley General de Telecomunicaciones de 2014, a la que se había adaptado la Ordenanza Municipal correspondiente, se trataba de antenas que cumplían esta normativa.

Al margen de ello, constaba en el informe que el Ayuntamiento, a través de sus servicios técnicos y de conformidad con la normativa legal de aplicación, “no puede entrar a valorar las consideraciones efectuadas por la denunciante, sobre si las antenas pueden estar en el casco urbano, la potencia de las emisiones o si se respeta o no la normativa de emisiones, o si son o no saludables las mismas, puesto que los Ayuntamientos no disponemos de equipos de medición de emisiones, y además no tenemos competencias para ello”.

A la vista de esta información, consideramos que no eran necesarias nuevas actuaciones por nuestra parte por lo que procedimos al archivo del expediente de queja.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla por la que recomendaba que, sin dilación, se dicte Resolución aprobando el PIA de la persona dependiente.

En respuesta a nuestra petición, se recibe informe por el que se nos indica que en abril de 2019 se aprueba el PIA concediéndole el derecho de acceso al servicio de Atención Residencial para personas mayores, como modalidad de intervención más adecuada para la persona dependencia según el grado reconocido, en el centro Residencial Guadalupe de Mairena del Aljarafe.

Dado que la Resolución formulada ha sido aceptada, se procede al cierre del expediente de queja.

Se dirigió a nosotros una asociación de defensa de los animales, de ámbito andaluz, denunciando la falta de respuesta del Ayuntamiento de Sevilla a un escrito presentado en mayo de 2018 en el que solicitaban “copia de los informes de los inspectores veterinarios que hayan desarrollado sus funciones en el recinto ferial de la Feria de Sevilla 2018, así como de las denuncias que pudieran haber extendido por el estado físico de aquellos animales expulsados, inmovilizados o retirados en caso de muerte”.

Admitimos a trámite la queja con objeto de que el ayuntamiento respondiera expresamente la solicitud formulada por la asociación; como contestación, la Jefatura de Servicio del Laboratorio Municipal de Sevilla nos trasladó la documentación pretendida indicándonos que no tenían constancia de la solicitud de la asociación.

Trasladamos esta documentación a la asociación con objeto de que, si lo deseaban, nos remitieran las alegaciones y consideraciones que creyeran oportunas, respondiéndonos que era la documentación solicitada. Por ello, procedimos al archivo de las actuaciones en este expediente de queja.