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Ver actuación de oficio

En respuesta a nuestra petición de informe, la Secretaría General de Vivienda, entre otras cuestiones, hacía constar que en el mes de noviembre de 2019 se inició el proyecto de Orden por el que se regularía la nueva convocatoria de estas ayudas para el ejercicio de 2020, en régimen de concurrencia competitiva y acogidas al Programa de Adecuación Funcional Básica de Viviendas del Plan de Vivienda y rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y que a fecha de su comunicación, 17 de junio de 2020, se ultimaba para la próxima publicación en BOJA de la Convocatoria.

Pues bien, habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial desde dicha fecha sin que la publicación de la esperada Convocatoria se hubiera efectuado, volvimos a dirigirnos a dicho organismo interesando que se nos comunicara de manera preferente y urgente las causas a las que se debía que las ayudas que nos ocupaban aún no se hubieran convocado y publicado convenientemente, debiéndosenos informar sobre la fecha aproximada en la que dicho tramite quedaría ultimado, teniendo en cuenta de que recién comenzado el mes de octubre estaba próximo a expirar el año 2020 así como El Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, a uno de cuyos programas se acogía el que nos ocupaba de Adecuación Funcional Básica de Viviendas.

Por otra parte, no podíamos olvidar que se trataba de un programa de ayudas dirigido a personas mayores de sesenta y cinco años o personas con discapacidad y movilidad reducida o grandes dependientes que necesitaran adaptar su vivienda habitual a sus necesidades especiales, contribuyendo estas ayudas a que las viviendas en las que residían estas personas adquirieran las condiciones de dignidad y adecuación que proclamaba el artículo 47 de la Constitución.

En contestación a lo solicitado se nos informó de las circunstancias acaecidas en la tramitación de este proyecto de orden de convocatoria.

Si bien en noviembre de 2019, se inició el expediente administrativo para la publicación de la convocatoria 2020 del programa de adecuación funcional básica para el ejercicio 2020, requisitos de índole económico-financiero, habían hecho que no hubiera sido posible la anunciada publicación en BOJA.

La Secretaría General continuaba diciéndonos que con fecha 21 de noviembre de 2019, emitió la correspondiente memoria económica para solicitar a la Dirección General de Presupuestos el preceptivo informe económico-financiero en referencia al “Proyecto de Orden por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de adecuación funciona básica de viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, para el ejercicio 2020”.

La Dirección General de Presupuestos en respuesta a dicha solicitud había ido realizando requerimientos para dar cobertura a los gastos derivados de la pretendida convocatoria, entre ellos, reajustes de anualidades, así como información complementaria sobre la incidencia económica de la financiación del Programa de adecuación funcional básica de viviendas sobre el resto de programas que integran el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. Cada uno de estos requerimientos habían ido siendo considerandos y atendidos por la Secretaria General puntualmente, estando ultimados antes de finalizar el mes de mayo de 2020.

No obstante, tras la publicación del Decreto ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19), y sus consecuencias presupuestarias, afectó directamente a los créditos de esta convocatoria imposibilitando continuar con su tramitación, con cargo a los créditos presupuestarios del ejercicio corriente, proponiéndose continuar con la tramitación del proyecto de convocatoria, por importe de 3.000.000,00 euros, con cargo a los créditos de la anualidad 2021.

En un tercer y último requerimiento de la Dirección General de presupuestos, con fecha 4 de junio de 2020, se indicaba que aunque se constataba la existencia de crédito suficiente en el vinculante de la anualidad 2021, se procedía a la modificación de la denominación del Proyecto de Orden objeto de análisis, y su articulado, teniendo en cuenta que no se podría tramitar como una convocatoria ordinaria sino de tramitación anticipada, dado que se trataba de un expediente cuya resolución y pago se proponían realizar en el ejercicio presupuestario 2021 y, por tanto, se iniciaba en el año anterior a aquel ejercicio presupuestario en el que iba a tener lugar su ejecución y contraprestación por lo que le sería de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 40bis del TRLGHP, y este proyecto de orden no se podría iniciar antes de la presentación al Parlamento del Proyecto de la Ley de Presupuesto del ejercicio siguiente.

Por otro lado, con fecha 3 de julio de 2020, fue publicado el Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regulaba el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030 que en su disposición adicional sexta establecía la continuidad de la vigencia de las bases reguladoras para la concesión de ayudas contenidas en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, en tanto en cuanto no fueran derogadas expresamente circunstancia que había de ser recogida en el texto del proyecto de orden, vinculando esta convocatoria al mencionado Plan Vive.

El proyecto de orden pasaba a denominarse: "Proyecto de Orden por la que se efectúa, mediante tramitación anticipada la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de adecuación funcional básica de viviendas del Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, para el ejercicio 2020”.

El proyecto de esta nueva orden de convocatoria seguía contemplando una cuantía total máxima destinada a estas subvenciones de 3.000.000,00 euros, estando limitada en todo caso, por las disponibilidades presupuestarias existentes.

La distribución del crédito entre las distintas provincias como ámbitos territoriales establecidos en el apartado segundo de la base décima de las Bases Reguladoras de estas ayudas, se realizaría teniendo en cuenta el peso poblacional de las provincias en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

Finalmente, como quiera que en fecha de 30 de diciembre de 2020, fue publicada la Orden de 21 de diciembre de 2020, por la que se efectuaba mediante tramitación anticipada la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de adecuación funcional básica de viviendas del Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, dimos por concluidas nuestras actuaciones en la presente queja de oficio al considerar que se habían alcanzado las pretensiones que dieron lugar al inicio de la misma.

La persona reclamante, en representación de una comunidad de vecinos inquilinos de AVRA, nos trasladaba que, debido a que gran parte de los vecinos nunca habían pagado las cuotas de la comunidad y que había algunas viviendas vacías y otras ocupadas, no podían hacer frente a todos los gastos, por lo que se había clausurado el ascensor, no disponían de alarma contra incendios, no tenían toma de agua para caso de incendio, tenían destrozos en puertas exteriores y zonas comunes, etc. Asimismo, estaban sufriendo actos vandálicos por parte de algunas de las personas ocupantes de viviendas de AVRA sin título legal.

Admitida la queja a trámite solicitamos informe a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Tras examinar el informe emitido por ese organismo, trasladamos a AVRA que el incumplimiento de las obligaciones contractuales de algunos de los inquilinos de esa Agencia estaba recayendo sobre el resto de inquilinos que sí asumen dichas obligaciones y que sin embargo ven como la comunidad no dispone de los recursos suficientes para hacer frente a gastos básicos y que se pone en riesgo la continuidad de los servicios y suministros comunitarios.

Aunque la normativa habilita a la Administración Autonómica a repercutir los gastos de comunidad y mantenimiento de viviendas del parque residencial público en los inquilinos que las tengan cedidas en régimen de alquiler, no puede olvidarse que la obligación de pago de los gastos de mantenimiento, conservación y abono de cuotas de comunidad, recae sobre los propietarios de los inmuebles y viviendas, conforme se establece en el artículo 9.1 e) de la Ley 49/1960, de 21 de Julio, de Propiedad Horizontal.

De esta forma, y pese a que resultaba perfectamente lícito que en un contrato de arrendamiento, el arrendador repercutiera sobre el inquilino su obligación de hacer frente al pago de estos gastos de comunidad, en ningún caso este pacto liberaba al arrendador de la obligación que le imponía el mentado artículo 9.1.

La inacción de AVRA en este sentido no solo coloca a los arrendatarios cumplidores en una situación de desigualdad con respecto a sus vecinos deudores, sino que en ocasiones les aboca a vivir en edificios que no pueden afrontar los gastos básicos para un correcto funcionamiento de todos los elementos.

Por tanto, considerábamos que AVRA debía asumir todas sus obligaciones como propietaria de viviendas y, en consecuencia, proceder al abono de las cuotas de gastos comunes que estuviesen pendientes y que son necesarias para un funcionamiento óptimo de la comunidad, sin perjuicio de que posteriormente pueda repetir contra sus arrendatarios en función de las obligaciones que cada uno haya asumido en su contrato, o en función de las obligaciones legales que sean exigibles.

Por ello, reiteramos a AVRA la Resolución formulada en la queja 18/2228, y en particular la Recomendación formulada para que procediese a llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para que sus inquilinos cumplan con sus obligaciones de pago de la renta y de la cuota de comunidad que corresponda, debiendo AVRA abonar directamente las cuotas de comunidad que se deban, especialmente las de aquellas viviendas ocupadas sin título legal, con independencia de que con posterioridad pueda ejercitar contra unos y otros las acciones legales que procedan.

Habida cuenta que AVRA se comprometió a abonar las cantidades debidas “respecto de las que no se haya producido la prescripción, y que así pueda ser certificado por la entidad que actualmente tiene encargada la administración del edificio”, celebramos que se hubiera aceptado el criterio manifestado por esta Institución y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona interesada refería que no disponía de recursos para acceder a una vivienda en el mercado libre, ya que sus ingresos económicos se limitaban a 430 euros que percibía de la RAI. Por ello se veía obligado a vivir con su familia, a pesar de que la difícil convivencia estaba empeorando sus problemas de salud mental, por los que había tenido que ser ingresada en dos ocasiones en una unidad de agudos hospitalaria.

Refería que los servicios sociales le ofrecían la posibilidad de optar a una ayuda de alquiler de dos meses de duración, pero con sus ingresos económicos no podía sostener un alquiler y el resto de gastos. Por ello venía solicitando una vivienda pública en Emsisa.

Admitida la queja a trámite solicitamos informe a la Empresa Municipal, S.A. (Emsisa) y al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Por parte de Emsisa se nos informó que la persona reclamante estaba inscrita en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Chiclana desde diciembre de 2015, si bien no se podía determinar cuándo podría adjudicársele una vivienda pública, ya que estas adjudicaciones se producían únicamente tras la recuperación por la propiedad de alguna de éstas, ya fuera por entrega voluntaria de los inquilinos residentes, por fallecimiento de éstos, o por recuperación judicial de las mismas.

Como otras posibles medidas que podían activar a fin de aportar una solución a este problema habitacional ponían a disposición de la persona interesada el Programa Municipal de Ayuda al Alquiler, cuya finalidad era disminuir la carga económica de la renta mensual de arrendamiento. Para ello, debía formalizar un contrato de alquiler en una vivienda que fuera apta para su actual situación, y solicitar dicha ayuda en las oficinas de Emsisa, que se resolvía trimestralmente (en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de solicitud) y se abonaba mes a mes en la cuenta corriente de la persona beneficiaria, siendo compatible con la ayuda autonómica para la misma finalidad.

Asimismo, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera nos dio traslado de las actuaciones llevadas a cabo por parte de la Delegación de Servicios Sociales destacando que, ante las dificultades de acceder a recursos residenciales a través del sistema sanitario o a través del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, se le concedió una ayuda de 130€ para afrontar la entrada de una habitación de alquiler y se le ha tramitado plaza en un albergue, la cual había finalmente rechazado.

Finalmente, le habían concedido una ayuda para el alquiler de una habitación en la que se encontraba desde hacía más de un mes.

A la vista de la información recabada, se observaba que por parte de la administración municipal y de Emsisa se le estaba prestando una atención y ayuda adecuadas dentro de sus competencias, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones y le aconsejamos que siguiera colaborando con los servicios sociales comunitarios y los recursos de salud mental para que pudieran ofrecerles la ayuda y orientación adecuada a sus necesidades.

La persona interesada nos trasladaba su preocupación por el lanzamiento de su vivienda, señalado para el 25 de septiembre de 2020. Residía en ella desde hacía unos tres años, pero al poco de instalarse detectó una presencia excesiva de cucarachas. Ante la falta de adopción de las medidas necesarias para la erradicación por parte de la propiedad, dejó de abonar el alquiler, razón por la que se instó el procedimiento judicial.

Por los servicios del Ayuntamiento de San Fernando se fumigó la vivienda en tres ocasiones en mes y medio, sin solventarse el problema, pues al parecer se debía a defectos constructivos. Decía que por parte de la Concejalía de Asuntos Sociales se habían ofrecido a negociar con la propiedad, propuesta que aceptó, si bien indicando que las condiciones de la vivienda no eran adecuadas para vivir en ella.

Sus recursos económicos se limitaban a 430€ de subsidio de desempleo y 103€ de una prestación, con lo que vivían ella y su hija. Los servicios sociales habían efectuado un informe de exclusión social y estaba inscrita en el Registro municipal de demandantes de vivienda del municipio.

Admitida la queja a trámite y solicitado informe al Ayuntamiento de San Fernando, en la respuesta recibida se detallaban las actuaciones llevadas a cabo por los servicios sociales, activando las ayudas y recursos disponibles ante la situación de vulnerabilidad social. Por lo que a la necesidad de vivienda se refería, se nos trasladó que se le reiteró la ayuda de acceso a una nueva vivienda recogida en el programa municipal de urgencia y emergencia social. En fecha 14 de octubre de 2020 presentó instancia solicitando ayuda económica para acceso a una vivienda de alquiler, se emitió informe favorable para formalizar el contrato de arrendamiento, y se le concedió por Decreto de la Delegación General del Área de Desarrollo Social de fecha 21/10/2020, la cantidad de 1000 euros para alquilar una vivienda. En fecha 01/11/2020 firmó contrato de arrendamiento de una vivienda.

Con este contrato en vigor, se gestionó la ayuda de alquiler establecida en la Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se convocan ayudas, en concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, y a las Administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, que faciliten una solución habitacional a dichas personas, de la Junta de Andalucía.

En vista de lo anterior, observamos que por parte de la administración municipal se había venido prestando una atención y ayuda adecuadas dentro de sus competencias y que el asunto por el que acudió a esta Institución se encontraba solucionado, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones, aconsejándole que no dejara de colaborar con los servicios sociales comunitarios.

La interesada nos exponía que residía con sus dos hijos menores en la vivienda que había entregado en dación en pago a una entidad financiera. Tenía una deuda pendiente por el alquiler social suscrito con dicha entidad que ascendía a unos 1000 euros, por la cual se había instado el desahucio, previsto para el mes de marzo de 2020. Sus únicos ingresos en ese momento eran la ayuda por hijo a cargo que recibía cada seis meses. Los servicios sociales comunitarios habían emitido un informe de familia en riesgo de vulnerabilidad y exclusión social y estaba pendiente de la concesión de una ayuda de emergencia para poder hacer frente a la deuda, pero no le aseguraban que pudieran abonársela antes del juicio, por lo que estaba desesperada.

Ante esta situación, realizamos diversas gestiones ante la entidad bancaria implicada, el Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla y la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV).

En la última información recabada de la entidad se nos indicaba que la OMDV les había confirmado que la usuaria ya había recepcionado la ayuda de alquiler solicitada por el importe de la deuda morosa pendiente, por lo que cuando aportase justificante de ingreso, se informaría a la propiedad a fin de que se paralizasen las actuaciones judiciales.

Finalmente, la entidad propietaria de la vivienda confirmó el abono de la deuda morosa y se paralizaron las actuaciones judiciales, por lo que la familia afectada pudo permanecer en la vivienda.

En consecuencia, habiendo existido una adecuada coordinación entre los servicios sociales comunitarios, la OMDV, la letrada de la persona reclamante y la propiedad de la vivienda (la entidad bancaria), a fin de solucionar el problema planteado, procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones.

En esta Institución se ha tramitado expediente de queja promovido a instancia de parte, relativo a la demora en la resolución de una solicitud de Pensión No Contributiva de Invalidez.

La Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, en respuesta a la petición de informe solicitada, nos contesta que se le ha concedido la Pensión no Contributiva de Invalidez a la persona promotora del expediente.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a al silencio mantenido por la Administración a la reclamación formulada por funcionamiento del Registro de Asociaciones, la Viceconsejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Admón Local, sobre el funcionamiento del Registro de Asociaciones de Sevilla, nos traslada la siguiente información:

“En respuesta a su escrito sobre la queja de referencia, iniciada a instancia de la persona que en ella se cita, en representación de la Asociación de Empresarios (...), relativa al hecho de haber trascurrido casi ocho meses sin haber obtenido respuesta en la inscripción de una asociación, y previo requerimiento de información al órgano directivo competente en la materia. le informo de lo siguiente:

- La Entidad Asociativa ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS (…) presentó con fecha de 23 de enero de 2020 solicitud de inscripción de constitución de la asociación.

Con fecha de 1 de junio de 2020 por el Servicio de Justicia de la Delegación Territorial de esta Consejería en Sevilla se realizó a la citada entidad un requerimiento de subsanación. por defectos en la documentación aportada junto a la solicitud, acusándose recibo de la misma el día 4 de junio, sin que hasta la fecha se hayan subsanado dichos defectos.

- Es preciso señalar que el exceso de carga de trabajo que padece el Registro de Asociaciones y la situación provocada por la crisis sanitaria acaecida como consecuencia del patógeno COVID-19, han impedido poder dar respuesta a los solicitantes en un menor lapso de tiempo.

En todo caso es de destacar que actualmente dicho Departamento funciona a pleno rendimiento y cuenta con refuerzos por redistribución de personal.”

Tras un detenido estudio de dicha información, dado que el presente expediente de queja se inició a los únicos efectos de romper el silencio mantenido por la Administración a su escrito de fecha 23 de enero de 2020 y considerando que dicha cuestión ha quedado solventada, con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a solicitud de devolución IVTM, el Ayuntamiento de Balanegra nos manifiesta que dicha devolución ya ha sido realizada al contribuyente. Tras un detenido estudio de la información recibida, se deduce que dicho organismo ha aceptado la Resolución formulada por esta Institución. En consecuencia, con esta fecha, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.