Alerta por correo electrónico de las novedades

Solicitado informe al Ayuntamiento de Cádiz, se nos participó que la situación que refería la interesada se les había planteado en otros casos similares, pues esta dificultad venía siendo habitual con la crisis económica que se venía padeciendo pues la mayor parte de las familias que solicitaban apoyo para adquirir una vivienda en régimen de alquiler no contaban con ingresos reglados y en ocasiones ni siquiera otra vía de ingresos como podía ser la procedente de la economía sumergida. Estas no podían demostrar solvencia económica por carecer de nómina o similar. Además en su mayoría las familias no contaban con red de apoyo familiar que les pudiera facilitar una persona que las representasen como avalista, siendo ésta la clave y la dificultad principal a la hora de poder formalizar un contrato de arrendamiento. La norma del Ayuntamiento no permitía a ningún miembro de la corporación ser avalista en ningún caso.

Se nos informó que la medida que se había adoptado con el anterior equipo de gobierno, al objeto de facilitar a las unidades familiares que alquilasen una vivienda en el mercado libre, había sido un compromiso por escrito firmado por la concejala, donde se mencionaba que la delegación asumiría el coste del mes en fondo y mes corriente y ,si se valoraba técnicamente, apoyo periódico en la renta del alquiler. Este documento lo presentaban en las inmobiliarias como garantía y en numerosos casos se había conseguido su fin. En el caso de la interesada se le facilitó dicho documento pero no se había conseguido encontrar a la inmobiliaria que lo aceptase.

Transcurrido un tiempo, contactamos con la interesada para conocer la evolución de su situación y nos comunicó que ésta había cambiado pues se le había adjudicado una vivienda en régimen de alquiler social.

Al encontrarse el asunto solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada exponía que era madre soltera de una niña de 17 años y que fue desahuciada de su casa, por no poder pagar el alquiler, ya que sólo trabajaba paseando a una anciana dos veces por semana, siendo su sueldo de 80 euros al mes.

Pese a esta desesperada situación, la única ayuda que se le prestaba por parte del Ayuntamiento de Cádiz era el pago del 90% del alquiler de una vivienda. Podría parecer suficiente ayuda, pero el problema lo encontraba cuando la mayoría de las inmobiliarias, al conocer que el pago lo realizaba la asistencia social, se negaban a facilitarle una vivienda, y las pocas que lo admitían, requerían de un fiador con una nómina del cual no disponía.

Solicitado informe al Ayuntamiento de Huelva se nos comunicó que desde el 8 de abril de 2016 la interesada y su hija residían ya en una nueva vivienda de alquiler social, por lo que habiéndose solucionado el asunto planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada exponía que hacía 7 años le adjudicaron una vivienda de alquiler social del Ayuntamiento de Huelva. Los problemas empezaron hacía 1 año. Su piso era un primero con terraza exterior y salida al patio interior. Justamente encima vivía una familia que le estaba haciendo la vida imposible, dificultando la convivencia de toda la comunidad.

Su hija de 14 años y ella eran objeto por parte de esta familia, de insultos y amenazas constantes, llegando a temer por su integridad tanto física como psíquica, circunstancias que puso en conocimiento del Ayuntamiento en varias ocasiones solicitando un cambio de vivienda social. Esta situación de conflicto también fue residenciada en los tribunales de justicia, habiéndose dictado una sentencia condenatoria de su vecina y su marido como autores de una falta continuada de amenazas. Pensando que esto resolvería su problema no hizo más que empeorar la situación.

De todos estos hechos estaba informada la Concejalía de la Vivienda del Ayuntamiento de Huelva, sus técnicos y su Concejal, con los que se reunió en varias ocasiones, sin conseguir una solución real y efectiva. Pedía que, bien se le proporcionara otra vivienda social en el régimen que estimasen oportuno, bien se le proporcionase a dicha familia.

La Administración informa que la persona interesada finalmente se ha podido matricular en el Ciclo Formativo y centro docente que deseaba.

La persona interesada expone las vicisitudes por las que está pasando desde que solicitara una plaza para poder realizar el curso 2016-2017 un Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior.

En junio de 2016 presentó la solicitud para la admisión en Ciclos Formativos de Grado Superior. En julio de 2016 no apareció en la lista provisional de solicitantes. Ante esta situación y teniendo la posibilidad de presentar alegaciones, las presentó el 7 de julio de 2016. El día 13 de julio publican el listado de la primera adjudicación y en esos listados tampoco apareció como solicitante.

Ante dichas circunstancias, realizó un escrito relatando los hechos, y adjuntando tanto la solicitud como el escrito de alegaciones presentado.

Esperando, pues, que solucionaran el error cometido y la admitieran como solicitante en la segunda adjudicación, esto tampoco tampoco sucedió.

Ya encontrándose a principios del mes de septiembre pasado, y por indicación de la Delegación Territorial de Educación realizó una nueva solicitud para intentar solventar el problema (ya que en apariencia su primara solicitud no existía), ly en esta ocasión, cuando se publican los listados provisionales le deniegan la solicitud por “duplicidad”, lo que significaba tácitamente que estaban reconociendo la existencia de su solicitud de junio, a pesar de que nunca la incluyeron en ninguna de las listas posteriormente publicadas. Con el riesgo de no poder realizar durante el presente curso 2016-2017 el Ciclo que pretendía, sin que en ninguno de los casos pueda serle imputado error alguno por su parte.

La Administración informa que, aceptando la pretensión de los padres y madres afectados, se decidió la implantación del idioma francés para el curso 2017-2018 desde Primero de Primaria, siendo por lo tanto progresiva su implantación y conservándose la línea de inglés ahora existente.

Las personas interesadas, numerosos padres y madres del alumnado de un centro educativo de la provincia de Málaga, exponen su discrepancia con la decisión adoptada por la Administración en relación a la supresión de la linea de inglés (no bilingüe) que hasta el curso 2015-2016 se ofertaba por parte de dicho centro docente.

La Administración informa que el Título de familia numerosa ya ha sido expedido. Y explica que los plazos de actuación y expedición de los títulos pueden variar dado que están condicionados a circunstancias tales como el volumen de solicitudes y el orden riguroso de entrada para su tramitación lo que permite tramitar, en menor o mayor plazo de tiempo, el importante volumen de solicitudes que diariamente se presentan.

La persona interesada si dirige a esta Institución expresando su preocupación en las demoras en los trámites de renovación del titulo de familia numerosa, lo cual le acarrea perjuicios económicos. Añade que por este hecho presentó una hoja de reclamación que tampoco se había contestado.

En respuesta a la iniciativa adoptada por este Comisionado, motivo de la presente queja de Oficio, desde la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, de la Consejería de Economía y Conocimiento, ciertamente con alguna demora en la misma -dos meses- , informa en los siguientes términos:

“Sobre las retribuciones del profesorado universitario, como sobre las de los empleados públicos, en general, vienen operando dos tipos de limitaciones:

A) Una primera la que vienen estableciendo anualmente las sucesivas leyes de presupuestos que con carácter general vienen disponiendo que no habrá incremento de las retribuciones de este personal respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, tal como recogen las correspondientes a los años 2010 a 2015 incluidos, aunque la de 2010 contenía, además, una reducción del 5% a partir del segundo semestre del mismo, y con las excepciones de 2009 y 2016 que establecen una limitación de aumento porcentual del dos y uno por ciento, respectivamente.

B) Otra, la derivada de las limitaciones al gasto público establecidas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, tanto la regla de gasto (artículo 12) en virtud de la cual la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, como el techo de gasto (artículo 30) que supone el límite de gasto no financiero que se impone anualmente al conjunto de las Administraciones Públicas, (estados, comunidades y administraciones locales) y, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos.

Estas limitaciones de retribuciones han impedido llevar a cabo nuevas convocatorias de esta naturaleza o de cualesquiera otra que, hipotéticamente se hubieran podido realizar, dado que hubieran conllevado la discriminación para otros colectivos de empleados públicos.

Es intención de esta Consejería, en cuanto la situación económica lo permita, restaurar los derechos económicos de los empleados que se encuentran en su ámbito de actuación, pero debe entenderse que no le corresponde la decisión última sobre ello, dado que afecta al conjunto de los empleados públicos que han visto disminuidas y congeladas su retribuciones, sino que debe hacerse de manera coordinada para todo el conjunto, y a medida que se vaya acordando con la representación social de los trabajadores y funcionarios y dentro de la política coordinada de recursos humanos de la Junta de Andalucía, a medida que lo vaya autorizando el Parlamento de Andalucía, dentro de los límites establecidos por la legislación básica estatal.”

Del contenido de la respuesta recibida, y valorando positivamente la misma, decidimos proceder al cierre y archivo del expediente de queja de oficio, considerando que el asunto planteado se encuentra en vías de solución, teniendo presente que además, las medidas necesarias que se precisan adoptar se encuentran dentro de los límites establecidos por la legislación básica estatal.

De las actuaciones de este expediente y, singularmente del informe recibido desde la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, dimos puntualmente traslado a la Defensora Universitaria de la Universidad de Córdoba quien, en nombre y representación de todas las Defensorías de las Universidades Públicas de Andalucía que se sumaron con su queja 16/2986, a la presente actuación de Oficio.

Con el fin de fomentar e incentivar la actividad docente, investigadora y de gestión del personal docente e investigador de las Universidades Públicas de Andalucía (PDI), el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en la sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2003, aprobó el Acuerdo suscrito, el 24 de septiembre de 2003, entre la Consejería de Educación y Ciencia y las Organizaciones Sindicales más representativas del sector, para el establecimiento de complementos autonómicos dirigidos a operar sobre las áreas más significativas de la actividad del personal docente e investigador: la docencia, la investigación y la gestión. El citado Acuerdo fue publicado en BOJA núm. 248, de 26 de diciembre de 2003.

El motivo de nuestra actuación fue conocer la posibilidad de que la Administración andaluza promoviese y, en su caso, desde la Consejería de Economía y Conocimiento, se dispusiera cuanto fuera preciso para llevar a efectos la convocatoria de los complementos autonómicos retributivos reseñados.