Alerta por correo electrónico de las novedades

El interesado, dependiente moderado, estaba padeciendo la demora en la tramitación de la propuesta de PIA que posibilitara la efectividad de su acceso a alguna de las prestaciones del Sistema.

Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que proceda a cargar el expediente del afectado en la plataforma Netgefys, posibilitando que por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes a su domicilio, se elabore y remita a esa Delegación Territorial la oportuna propuesta de PIA, aprobando sin demora el recurso correspondiente y dando plena efectividad al mismo.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Consejería en relación con el expediente promovido a instancias de D. ..., vecino de ..., instando la aprobación del PIA correspondiente a su dependencia moderada y la asignación de recurso del Sistema de la Dependencia.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 3 de julio de 2015 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el interesado exponía que por Resolución de 4 de abril de 2012 le fue reconocida una dependencia moderada (expediente ...), a pesar de lo cual no se había procedido a iniciar la tramitación de la propuesta de PIA, que posibilitara la efectividad de su acceso a alguna de las prestaciones del Sistema.

Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe al Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla.

2. El 5 de noviembre de 2015 registramos la respuesta procedente de la Administración local, cuyo informe refirió únicamente que “el expediente se encuentra a la espera de la realización del Programa Individualizado de Atención”.

3. Solicitado informe a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y recibido que fue el mismo el 17 de mayo de 2016, afirmó la Administración autonómica que la resolución de grado había sido “remitida a los Servicios Sociales para que inicien la elaboración de la propuesta de PIA, quedando pendiente de la aprobación del mismo”.

4. A la vista de lo anterior, acordamos dirigir nueva petición de informe al Ayuntamiento de Sevilla, cuyos Servicios Sociales manifestaron el 16 de mayo pasado, que el expediente de dependencia del afectado:

“... no ha sido colgado por parte de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, en la aplicación informática Netgefys, para poder proceder por nuestra parte a la elaboración de la Propuesta Individual de Atención (PIA) y así poder acceder la persona dependiente a una de las prestaciones que marca la Ley de Dependencia según el Grado reconocido”.

CONSIDERACIONES

La Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, establece un sistema de aplicación progresiva de la misma, conforme al cual: “La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia incluidas en la presente ley se ejercitará progresivamente, de modo gradual”, a partir del 1 de enero de 2007. De acuerdo con el calendario regulado, la efectividad alcanzará a quienes hayan sido valorados en el Grado I, nivel 1, o sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, a partir del 1 de julio de 2015.

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

Del expediente del interesado resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho (seis meses), al haber transcurrido prácticamente un año desde que comenzara la fecha prevista para la efectividad del derecho a prestaciones de los dependientes moderados, (15 de julio de 2015), conforme al calendario de aplicación progresiva de la Ley.

Del informe de la Administración autonómica resulta, además, que no existe una previsión cierta de cuándo se posibilitará la efectividad del derecho del afectado, dado que la misma incluso ha manifestado que han dado traslado del expediente a los Servicios Sociales para la elaboración de la propuesta de PIA, mientras que estos últimos niegan que ello haya sido así.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El artículo 42, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

- El artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

Por todo lo anterior, y de conformidad con la facultad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos formular a la Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN: Que proceda a cargar el expediente del afectado en la plataforma Netgefys, posibilitando que por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes a su domicilio, se elabore y remita a esa Delegación Territorial la oportuna propuesta de PIA, aprobando sin demora el recurso correspondiente y dando plena efectividad al mismo.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado el derecho a una buena administración que comprende, entre otros, el derecho de los particulares ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El interesado, reconocido como dependiente severo, está padeciendo la demora en la aprobación del recurso propuesto a su favor, consistente en prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Diputación Provincial de Granada y a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada en el sentido de que, por la primera se proceda a elaborar la propuesta de PIA de la persona dependiente, incluyendo en la misma dos alternativas de recurso idóneo por orden de prioridad, debidamente justificada, remitiendo dicha propuesta a la Delegación Territorial; y por la segunda, tan pronto como reciba la propuesta, se proceda a emitir Resolución por la que se apruebe el programa individual de atención de la persona dependiente, poniendo término al procedimiento de dependencia del afectado.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación, en relación con el expediente promovido a instancias de D. ..., exponiendo la demora en la aprobación del recurso propuesto a su favor, consistente en prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 18 de diciembre de 2015 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el interesado exponía que desde principios del año 2012 le había sido reconocida su situación de dependencia severa (expediente ...), dando ello lugar a la propuesta a su favor del recurso de prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Dicha propuesta, sin embargo, nunca había sido aprobada.

El 4 de febrero de 2015 el afectado recibió nuevamente la visita de los Servicios Sociales, con la finalidad de volver a formular propuesta de recurso, manteniéndose por la trabajadora social la inicial de prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

El interesado destacaba que esta propuesta responde a ser el recurso idóneo en su caso, dado que se encuentra en su domicilio debidamente atendido por su mujer e hijos y, en todo caso, instaba la aprobación del PIA, al datar la solicitud del año 2010.

Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y, posteriormente, a la Diputación Provincial de Granada.

2. Con fecha de 17 de marzo de 2016 recibimos el informe remitido por la Delegación Territorial, en el que se concretaba que la propuesta de PIA elaborada por los SSCC fue denegada el 27 de junio de 2014, al proponer únicamente como opción la de prestación económica para cuidados en el entorno familiar, sin argumentar adecuadamente su excepcionalidad, existiendo en el municipio otros servicios a los que el dependiente podría acceder.

Esta circunstancia, -continúa el informe-, motivó que hasta en dos ocasiones posteriores se devolviera la propuesta a los SSCC, hasta que el 7 de mayo de 2015, los segundos procedieron a cerrar el expediente “en disconformidad”, imposibilitando ello la continuación de su tramitación.

Desde la Delegación Territorial se manifiesta que se procedió a alertar de ello a la trabajadora social de la zona, sin recibir de la misma ninguna comunicación ni gestión. Concluyendo el informe lo siguiente:

“En cualquier caso, en estos momentos, vamos a remitir escrito a los SSCC de la zona para que procedan a desbloquear el expediente y a marcar segunda opción viable o en su caso, argumentar la excepcionalidad de la propuesta PIA. Estimando, que este expediente debería estar resuelto en tres meses”.

3. A la vista de lo anterior, por esta Defensoría se acordó pedir informe a la Diputación Provincial de Granada, que mediante escrito de 10 de mayo de 2016, respondió confirmando la inicial propuesta de prestación económica para cuidados en el entorno familiar para el afectado, al estimarla como recurso más idóneo, al tratarse de una persona de 61 años de edad, adecuadamente atendido por su entorno, sin que los restantes recursos y servicios se adecuaran a sus necesidades.

Por esta razón, los Servicios Sociales señalan que se reiteró la misma propuesta en febrero de 2015, sin consignar propuesta de recurso alternativo, que fue rechazada por la Delegación Territorial el 16 de marzo y el 13 de abril siguientes, requiriendo la adición de una segunda opción de intervención.

Los SSCC afirman igualmente, para justificar la idoneidad del recurso propuesto, que “el usuario rechaza el Servicio de Ayuda a Domicilio, manifestando que eso le haría sentir un inútil, recibe la atención de su esposa desde hace 7 años con el apoyo de su hijo y gracias a eso en la actualidad su vida se desarrolla con cierta normalidad... el SAD vendría a romper la normalidad conseguida, su dinámica familiar y la adaptación a su situación que ha logrado gracias a su apoyo familiar”. Considerando que desde el punto de vista profesional, la segunda opción de SAD es “un recurso inadecuado y contraproducente en este caso”.

La falta de respuesta positiva de validación por la Delegación Territorial, motivó el cierre del expediente “en disconformidad” el 7 de mayo de 2015, fundado en el argumento antedicho. No obstante lo cual, el 11 de febrero de 2016 el Departamento de Coordinación de la Dependencia solicitó la reapertura del expediente, si bien insistiendo nuevamente en la propuesta de un segundo recurso viable o justificación de la excepcionalidad de la prestación económica.

El informe concluye que desde los SSCC no es posible la reapertura del expediente por incidencia técnica del programa Netgefys y en que la idoneidad del recurso en el caso de este dependiente ya ha sido debidamente justificada en ocasiones anteriores.

4. En el momento presente no hemos tenido conocimiento de que se haya dictado la Resolución aprobando el PIA, por lo que persiste el problema inicialmente planteado.

CONSIDERACIONES

1ª.- Sobre la demora en la resolución del expediente de dependencia:

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente del interesado, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho (seis meses), al datar la solicitud de inicio del procedimiento del año 2010, sin que aún se haya satisfecho la pretensión mediante el reconocimiento de la prestación correspondiente.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El artículo 42, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

- El artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

2ª.- Sobre la formulación de la propuesta de PIA y la justificación de la idoneidad del recurso:

No obstante lo anterior, dejando al margen la cuestión de la falta de tramitación en plazo del expediente administrativo, -que operó únicamente como causa obstativa de su resolución hasta la fecha de remisión del mismo a los SSCC para reformular la inicial propuesta de PIA-, en el caso que examinamos, es la controversia en la idoneidad del recurso propuesto o, más específicamente, la omisión por los Servicios Sociales Comunitarios de formular una propuesta que incluya dos opciones viables, justificando además la razón por la que, entre ambas, estima más adecuada la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, la que opera como causa impeditiva del reconocimiento de un recurso y conclusión del procedimiento.

Como ha quedado expuesto en el resumen de hechos, de los informes de ambas Administraciones (local y autonómica), resulta que la propuesta de PIA elaborada por los SSCC ha venido siendo reiteradamente denegada por la Delegación Territorial, tantas veces se ha remitido a ésta por aquéllos, al proponer únicamente como opción el recurso de prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Con independencia de si puede o no entenderse adecuadamente justificada por los Servicios Sociales, la concurrencia en el dependiente de los requisitos que justificarían la asignación al mismo de una prestación económica que tiene, conforme a la ley, un carácter excepcional, es lo cierto que, en definitiva, para desbloquear la discordia, bastaría con que los Servicios Sociales remitieran a la Delegación Territorial su propuesta de PIA, incluyendo en la misma dos alternativas de recurso, y puesto que una es la de prestación económica, ofreciendo los argumentos por los que estiman que ésta es la más idónea en el caso del afectado y que por ello la proponen con carácter principal.

De este modo, recibida la propuesta en la Delegación Territorial, quedaría abierta la posibilidad de que por la Administración autonómica se procediese a elegir entre ambas alternativas de recurso y estimando o no justificada la excepcionalidad de la prestación económica, aprobase el PIA mediante el dictado de resolución motivada, a fin de posibilitar al afectado aceptar el asignado y beneficiarse del mismo, renunciar con decaimiento de su derecho, solicitar la revisión y/o recurrir la resolución en cuestión.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula, a la Diputación Provincial de Granada, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN 1 para que sin más dilación proceda a elaborar la propuesta de PIA de la persona dependiente, incluyendo en la misma dos alternativas de recurso idóneo por orden de prioridad, debidamente justificada, remitiendo dicha propuesta a la Delegación Territorial.

Con el mismo fundamento, nos permitimos trasladar a la Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Resolución concretada en lo siguiente:

RECORDATORIO 2 de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN 2 para que sin más dilación, tan pronto como reciba la propuesta, proceda a emitir Resolución por la que se apruebe el programa individual de atención de la persona dependiente, poniendo término al procedimiento de dependencia del afectado.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado el derecho a una buena administración que comprende, entre otros, el derecho de los particulares ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

La hija de la interesada está padeciendo la demora en la aprobación del programa individual de atención de ésta, dependiente severa.

Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que se dicte resolución que ponga término al procedimiento de dependencia de la afectada, aprobando definitivamente el recurso propuesto en la revisión de su programa individual de atención y dando plena efectividad al recurso correspondiente.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente promovido a instancias de Dª. ..., quien compareció en su propio nombre y en representación de su hija, Dª. ..., exponiendo la primera la demora en la aprobación del programa individual de atención de ésta, dependiente severa.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 5 de mayo de 2015 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que la interesada exponía que a su hija le había sido reconocida una dependencia severa, aprobándose como recurso del Sistema la asistencia a una Unidad de Estancia Diurna.

El empeoramiento del estado de la dependiente, sin embargo, motivó que en noviembre del año 2014 la interesada solicitara la revisión del recurso asignado en el PIA, para que su hija pudiera tener acceso a un Centro Residencial.

La petición dio lugar a la calificación del expediente como de tramitación urgente, pero llegado el año 2016 aún no ha sido atendida.

La compareciente pide que se resuelva el procedimiento y que se asigne a su hija plaza en el mismo Centro en el que ya se encuentra ocupando plaza de Unidad de Estancia Diurna, ya que ella tiene a su cargo a otro hijo discapacitado y a su marido, afectado por alzheimer y, de otro modo, no podría atender a todas las personas que dependen de ella.

Por otro lado, explica que no ha podido tener acceso a la lista de espera para asignación de plaza residencial, considerando que tratándose de centros públicos, no es admisible que los interesados no puedan conocer una información que debería de ser transparente.

Asimismo, se queja de que en reiteradas ocasiones ha pedido por escrito cita con la Delegada Territorial, sin haber obtenido respuesta a ninguna de dichas peticiones.

Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

2. Con fecha de 22 de julio de 2015 registramos la recepción del referido informe, en el que la Delegación Territorial manifestó que:

“La propuesta del nuevo PIA de los servicios sociales comunitarios tuvo entrada en esta Delegación Territorial con fecha 23 de diciembre de 2014, consistente en residencia para personas mayores, propuesta que ha sido validada por la Delegación Territorial y que se resolverá según teniendo en cuenta para el despacho de los expedientes el orden riguroso de entrada...”.

3. No constando en el informe la previsión temporal de asignación de plaza a la dependiente, ni el número de personas en lista de espera en la provincia de Sevilla para acceder a un recurso de la misma tipología, el 30 de julio de 2015 esta Defensoría procedió a solicitar a la Delegación Territorial la emisión de un informe adicional, en el que se reseñaran estos datos.

Hasta el 31 de marzo de 2016 no recibimos la respuesta de la Administración, consistente en alegar que la dependiente sigue a la espera de disponibilidad de plaza en una residencia para adultos con terapia ocupacional. Añadiendo que actualmente existen cincuenta y cuatro expedientes pendientes de una plaza en este tipo de residencias, dado que la movilidad es casi inexistente, teniendo además prioridad de acceso aquellas personas que vengan de alta terapéutica de Residencias para Psicodeficientes, siendo muy difícil por ello estimar la fecha de resolución.

4. En el momento actual no se ha dictado la Resolución aprobando el recurso propuesto en la revisión del PIA de la dependiente severa, persistiendo, por tanto, la pretensión que motivó la interposición de la presente queja.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la interesada, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho (seis meses), sin que aún se haya satisfecho la pretensión mediante el dictado de Resolución aprobando el recurso propuesto en la revisión del PIA.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El artículo 42, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

- El artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin más dilación, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de dependencia de la afectada, aprobando definitivamente el recurso propuesto en la revisión de su programa individual de atención y dando plena efectividad al recurso correspondiente.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado el derecho a una buena administración que comprende, entre otros, el derecho de los particulares ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz