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El padre de la interesada estabaá padeciendo la demora en la revisión de su grado de dependencia.

Con el informe recibido, la documentación que obraba en la queja y la normativa que resultaba de aplicación al presente caso, en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que se atendiera la solicitud de revisión de grado del afectado, con la realización de las actuaciones administrativas correspondiente.

En su respuesta, la citada Delegación informó que con fecha 27 de diciembre de 2017 se dictó resolución reconociendo una situación de dependencia en Grado III, de Gran dependencia.

Con fecha 11 de abril de 2018 se aprobó el PIA concediéndole el derecho de acceso al servicio de atención residencial para personas mayores como modalidad de intervención más adecuada.

Habiendo sido aceptada la Resolución formulada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Se adoptan medidas para que las personas con discapacidad puedan acceder a autobús adaptado y evitar situaciones como la que sufrió la afectada que no pudo subir por desconocer el conductor el funcionamiento de la rampa elevadora.

La interesada manifestaba que utilizaba una silla de ruedas eléctrica y que en la estación de autobús de Montilla, el 20 de junio de 2018 a las 19:45 horas el conductor se negó a subirla porque decía que no sabía manejar la rampa, habiendo llamado por teléfono ella a la empresa el día anterior y confirmándole que el autobús vendría adaptado para poder utilizar sus servicios. Dicho autobús disponía del adhesivo de minusválido.

Tras los hechos sucedidos se dirigió a la Comisaría de Policía de Montilla contando lo sucedido, quedando registrado los hechos. Le facilitaron un taxi para su desplazamiento a Córdoba.

Admitida a trámite la queja, solicitamos informe a la Viceconsejera de Fomento y Vivienda en el sentido de que se verificasen los hechos que suscitaban la reclamación de la afectada así como de las medidas sancionadoras que, en caso de resultar procedente, se hubieran adoptado a la vista de los hechos expuestos.

Se nos remitió respuesta por la Dirección General de Movilidad, desprendiéndose el claro reconocimiento del mal servicio prestado por la empresa concesionaria debido al desconocimiento por parte del conductor del funcionamiento de la rampa de acceso al autobús. Por ello, se indicaba que, sin perjuicio de la tramitación a realizar por el Sistema Arbitral de Consumo, se había requerido a la empresa concesionaria para que informase sobre los hechos denunciados y se habían ordenado actuaciones inspectoras sobre el protocolo de asignación de vehículos adaptados y la formación de los conductores, así como que se incoasen los procedimientos sancionadores que, en su caso, fueran procedentes.

Dado el contenido de esta respuesta, cabía estimar que la Consejería de Fomento y Vivienda estaba impulsando las medidas necesarias para que hechos como los que motivaron la presente reclamación, no volvieran a producirse y las personas con movilidad reducida no volvieran a sufrir perjuicios como los que la interesada debió afrontar al impedírsele viajar en el autobús y tener que utilizar un taxi.

En consecuencia, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada exponía lo siguiente:

“Desde hace tres años y medio ocupo junto a mis tres hijos menores y mi pareja una vivienda propiedad de la entidad bancaria CAJA RURAL DE CÓRDOBA. Dicha ocupación ha supuesto que se nos inicie un proceso penal en el que se nos acusa de un delito de usurpación de inmueble.

En el momento en el que la ocupamos, dicha vivienda se encontraba abandonada por la entidad y carecía de ventanas, muebles, puertas y demás elementos esenciales en una vivienda. Las tuberías, por ejemplo, también estaban rotas. Y en estas circunstancias hemos pasado los días más fríos de estos tres inviernos con cartones colocados en los huecos de las ventanas. En este sentido, cabe destacar que mis hijos han tenido que ser atendidos por los servicios médicos por graves problemas respiratorios y neumonías, enfermedades generadas por la situación en la que nos encontramos.

Nos vimos obligados a ocupar porque nos encontrábamos en la calle con nuestros tres hijos menores, que en la actualidad tienen 9, 7 y 1 año de edad.

Dicha situación es conocida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba. En todas las ocasiones que he acudido a ellos, me dicen que no tienen viviendas disponibles y que será sólo cuando tenga fecha de lanzamiento en el proceso penal que se me ha abierto, cuando intentarán proporcionarme una vivienda en mejores circunstancias.

El proceso penal se está dilatando más de lo normal, ya que el juicio ha sido suspendido en varias ocasiones por diversas circunstancias, cosa que supone que en la práctica la vivienda que podrían ofrecerme se esté retrasando más de lo debido.

Mi situación económica es muy mala. Me encuentro desempleada y no percibo subsidio alguno. Tampoco lo tiene mi pareja.”.

En vista de lo narrado, solicitamos informe a Viviendas Municipales de Córdoba, S.A.(Vimcorsa), que indicó que la interesada y su unidad familiar (marido y tres hijos menores de edad), se encontraban inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida desde el 30 de octubre de 2013, figurando como familia en riesgo de exclusión y estando encuadrada dentro de los grupos de especial protección de familia numerosa.

AI tener ingresos de 0.4 IPREM, según las Normas Reguladores del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobadas por la Consejería de Vivienda y el Pleno Municipal, la unidad familiar no alcanzaba los ingresos mínimos necesarios exigidos para acceder a una vivienda en régimen de alquiler. En base a esta situación la interesada también cursó solicitud, el 6 de marzo de 2014, para las viviendas de 2ª ocupación del Parque Público de Viviendas, que por ser de Promoción pública se adjudican a través de la Comisión Técnica de Adjudicación de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública de la Junta de Andalucía, a familias en riesgo de exclusión social, para las que no se exigen unos ingresos mínimos en su adjudicación.

La Comisión Técnica de Adjudicación ofreció a la interesada una vivienda pública que fue rechazada.

La compareciente solicitó acogerse al Programa de Medidas Favorecedoras del Alquiler y la Rehabilitación para Personas en Situación de Emergencia Social, que se había convertido en la alternativa más válida para familias con necesidades habitacionales toda vez que el parque público de vivienda en alquiler se encontraba con un número de viviendas vacantes muy reducido.

Con fecha 28 de noviembre de 2017, dentro de la tramitación de la solicitud de ayuda, se emitió informe por parte de la Delegación de Servicios Sociales, proponiendo la ayuda para el acceso de vivienda a través del alquiler. La ayuda debería haber consistido en el pago de fianza, gastos de inmobiliaria y renta mensual, salvo 75 euros que aportaría la reclamante.

La Comisión de Valoración y Control Social del Programa de Ayudas, en reunión celebrada el 12 de diciembre de 2017, acordó estimar la solicitud en los términos indicados. Desde esa fecha tanto la interesada como Vimcorsa dedicaron todos sus esfuerzos y recursos, para localizar una vivienda en el mercado libre que permitiese a la usuaria comenzar a cobrar la ayuda. La situación del mercado de alquiler y las limitaciones en cuanto a la zona de búsqueda que estableció la interesada provocaron que en ese momento la unidad familiar no dispusiera de vivienda en régimen de alquiler y por consiguiente, no cobraron la ayuda concedida.

Durante este periodo de tiempo el gerente de Vimcorsa mantuvo numerosas conversaciones con la entidad bancaria, retrasando la fecha de lanzamiento en el proceso penal que estaba abierto contra esta familia. Gracias a estas gestiones y a la labor de mediación desarrollada, la interesada y su familia ocuparon el inmueble de dicha entidad, a la espera de localizar una vivienda de alquiler en el mercado libre, o bien ser adjudicatarios de una de 2ª ocupación de la Junta de Andalucía.

Con fecha 30 de abril de 2017 se celebró la última reunión de la Comisión Técnica de Adjudicación de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública de la Junta de Andalucía. En dicha comisión se trató el tema de la unidad familiar que nos ocupa a instancia del informe emitido por Servicios Sociales

En fecha 18 de mayo de 2018 se le adjudicó una vivienda de AVRA, por lo que el asunto quedó resuelto y, en consecuencia, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Con fecha 23 de Octubre de 2015 comunicábamos al Ayuntamiento de La Carolina, respecto al expediente 15/3310, promovido por el mismo interesado del presente, que dábamos por concluidas nuestras actuaciones. Dicha resolución se adoptó tras darnos cuenta el Ayuntamiento de que se estaba tramitando licencia para la continuación y terminación de las obras de un edificio, que debido a su ausencia de cerramiento, propiciaba el acceso de ocupas generando inquietud e inseguridad en los vecinos de la zona.

Sin embargo, en una nueva comunicación, el afectado textualmente exponía, en mayo de 2016:

“Debo informarle que en estas recién pasadas navidades me personé en la sección de obras del Ayuntamiento interesándome por el propio reinicio de obras, y me comentaron que la licencia de obras mayor ... del promotor ... NIF ..., con sede en ... calle ..., tfno. ..., continúa en el mismo exacto estado que estaba en 2014, sin que las deficiencias del proyecto del 2014 se subsanaran. Por tanto no hay, ni se prevé, reinicio de obras, porque no hay presentada ninguna reforma de proyecto y no está pendiente de aprobar. Y esta empresa adquirió por subasta judicial el inmueble en 2013 y las obras están paralizadas desde febrero de 2009.

Sí que tiene otro inmueble en La Carolina en otra ubicación.

Y dado que las ventanas o huecos en los bajos de dicha obra, siguen sin cerrarse tras siete años de paralización de la obra, y de los problemas de acceso a dicha obra de gente maleante muy reconocida tanto por la policía municipal y la guardia civil y en general en la población, así como robos en viviendas contiguas a dicha obra, como el denunciado en la calle ... contiguo a dicha obra y demás problemas de salubridad y seguridad que conlleva la falta de cerramiento de la obra, por lo menos de sus bajos, les ruego que por favor nos ayuden a que definitivamente puedan cerrar los accesos a dicha obra en construcción paralizada desde 2009.”

En consecuencia, solicitamos informe al Ayuntamiento de La Carolina, quien indicó que habían solicitado de forma reiterada a la empresa propietaria del edificio en obras, que arreglara las deficiencias habidas en el mismo, y al fin, obtuvo respuesta y fue atendida la petición de cierre de agujeros de puertas y ventanas y así acabar con el peligro que suponía el estado lamentable de la obra.

De esta información dimos traslado al reclamante con objeto de que, en caso de estimarlo conveniente, pudiera formular alegaciones o consideraciones acerca del mismo. Así lo hizo mediante nueva comunicación en la que, textualmente, nos exponía lo siguiente:

“He de comentarle que aunque se ha procedido al cierre de los huecos en las ventanas de la planta baja del inmueble con lo cual al menos se dificulta la entrada al mismo, pero no se llega a impedir porque los huecos de los demás balcones y ventanas en las plantas primera y segunda siguen abiertas.

Y por otra parte el cableado exterior tanto eléctrico como telefónico está sujeto con una cuerda de modo que en cualquier momento se puede caer con el consiguiente peligro que conlleva.

Entiendo que toda vez que ha conseguido el Ayuntamiento que cierren las entradas en planta baja, bien podría haber actuado igual con las de las plantas primera y segunda, así como con la sujeción estable del cableado exterior.”

A la vista de lo expuesto por el reclamante solicitando el cierre de los huecos y ventanas de las plantas superiores del inmueble y la adecuada sujeción del cableado eléctrico y telefónico, interesamos del Ayuntamiento que nos indicara si se tenía previsto requerir a la propiedad dichas actuaciones o, de no ser así, que nos expusiera las razones por las que ello no se estimaba procedente.

En la respuesta remitida se nos informó que se había reiterado nuevamente a la empresa propietaria del edificio en obras que arreglara las deficiencias que seguía presentando el mismo y, en cuanto a la sujeción del cableado, se manifestaba que ya se había hecho en lo que se refería al cableado de competencia municipal y, en cuanto a los cables responsabilidad de las compañías telefónica y eléctrica, se les había interesado que procediera a su sujeción.

A fin de poder dar por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja, nos dirigimos nuevamente al Ayuntamiento interesando que nos indicara si por parte de la propiedad del inmueble y las compañías telefónica y eléctrica se había actuado en el sentido requerido por el mismo, procediendo a tapar los huecos del inmueble y a la sujeción del cableado. De no ser así, deseábamos conocer las actuaciones previstas para dar definitiva solución a este asunto.

En la respuesta remitida se manifestaba que se entendía que, con el cierre de los huecos de la primera planta, el problema había quedado resuelto, añadiendo que otra sociedad había adquirido el edificio a la propietaria anterior en quiebra y gozaban del permiso de obras para comenzar en el plazo máximo de un mes la finalización del edificio.

Así las cosas, entendimos que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución, no resultando precisas nuevas gestiones en este expediente de queja puesto que, a corto plazo, podían quedar concluidas las obras del inmueble y, consecuentemente, resueltos los problemas que su estado de abandono ocasionaba.

A la vista de la información y alegaciones efectuadas por la Defensora Universitaria de la Universidad de Cádiz, procede el cierre de la presente queja de oficio con Administración acepta pretensión.

Dada la larga tramitación del expediente, debida a la cantidad de veces que nos hemos tenido que dirigir a los organismo competentes ante la reiterada falta de respuesta, una vez recibido el informe pertinente le dimos traslado del mismo a la Defensora Universitaria de la Universidad de Cádiz, la cual fue la que nos envió un escrito en el año 2015, cuyo contenido dio lugar a que consideráramos la problemática planteada en el mismo, como de interés para tramitar la presente queja de oficio.

Pues bien, la citada Defensora Universitaria, entre otras cosas nos ha comunicado que en la actualidad, el personal PAS que por razones de guarda legal reduzca su jornada laboral, percibirá una reducción proporcional de las retribuciones del 60 al 80%, tanto de las básicas como de las complementarias, a excepción del Complemento de Calidad, con lo que queda satisfecha las pretensiones de este personal, cuya queja, en su día, versó sobre una práctica que se venía siguiendo en las Universidades Públicas de Andalucía, en materia de retribuciones de una parte de su personal, que, en virtud de la condición femenina mayoritaria de las personas afectadas, pudiera ser constitutiva de un supuesto de discriminación indirecta por razón de sexo y, en consecuencia, vulnerador de nuestro ordenamiento jurídico.

La cuestión en tela de juicio se refería al complemento de productividad que percibían las trabajadoras del P.A.S. con jornada reducida en las Universidades públicas andaluzas, y lo que cuestionaban las personas afectadas era la legalidad de que el referido complemento, -como se venía haciendo-, se minorase a aquéllas en proporción a su reducción de jornada laboral, ya que estimaban que debería abonarse la cuantía que correspondiera al tramo de los objetivos de calidad alcanzados colectivamente por la unidad a la que estaban adscritas.

El reclamante denunciaba que, con el estacionamiento de dos vehículos, uno a cada lado, al limite de la puerta del garaje de su vivienda con vado señalizado correctamente, y habiendo vehículos estacionados enfrente de la puerta del garaje, se obstaculizaba la salida y la entrada de vehículos al inmueble.

Aludía a que esta situación se correspondía con el supuesto recogido en el párrafo 2 del art. 91 del RGC, apartado c “Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales, o de vehículos en un vado señalizado correctamente.”

Con objeto de prevenir estacionamientos que obstaculizasen la salida o entrada de vehículos al garaje de su vivienda, solicitó al Ayuntamiento de Valencina de la Concepción que pintara de color amarillo el bordillo delante de la puerta del garaje de su vivienda en una longitud aproximada a los 3,6 metros.

Después de año y medio el Ayuntamiento ni había dado una solución al problema ni respuesta al respecto, salvo un escrito de fecha 10 de mayo de 2017 que, literalmente, decía "Por recibido su escrito del pasado 20 de marzo de 2107, el Ayuntamiento ha solicitado un estudio jurídico en profundidad del tema que nos ocupa y una vez recibido el mismo nos pondremos en contacto con Ud. a fin de darle una pronta solución al problema que nos traslada.”

Admitida a trámite la queja frente al citado Ayuntamiento, éste nos respondió que la Policía Local emitió informe el 10 de septiembre de 2018, afirmando que la petición se adecuaba a lo previsto en el actual Reglamento General de Circulación y que la Ordenanza Municipal coincidía plenamente, por lo que la petición se ajustaba a Derecho.

En la actualidad la situación de estacionamiento que afectaba a la calle donde residía el peticionario y la ingente cantidad de vados allí existentes hacía complicada la convivencia entre vehículos y el libre acceso a los mismos.

La única solución para que el peticionario pudiera acceder con los mínimos problemas de maniobras posible a su vado, tanto a la entrada como a la salida del mismo, pasaba por señalizar mediante señalización horizontal, un metro y medio aproximadamente, o sea, pintando de amarillo la parte derecha de acceso a su vado, dado que al ser dicha calle de dirección única, con solo esa zona sería, en este caso, suficiente. En ese sentido resolvió el Ayuntamiento y lo notificó al interesado.

Habiéndose estimado substancialmente la solicitud del interesado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada exponía que a su tía le fue reconocido el Grado III de Gran Dependencia el 24 de enero de 2017, estando desde entonces a la espera de la aprobación del PIA por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla. Manifestaba que su tía sufría un gran deterioro en su movilidad, necesitando con urgencia ayuda en sus necesidades básicas.

Solicitado informe a la citada Delegación, nos respondió que con fecha 21 de marzo de 2018 se dictó resolución aprobando el PIA y reconociendo el derecho de acceso al servicio de ayuda a domicilio, con una intensidad de 61 horas al mes, y el servicio de teleasistencia como modalidad de intervención más adecuada.

Habiendo sido aceptada la pretensión de la interesada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La promotora de la queja exponía la delicada situación en la que se encontraban sus padres, ambos dependientes, por cuanto hacía más de 7 meses que ella no podía atenderles debido a una grave enfermedad de su hija menor de edad, que le obligaba a pasar largos períodos en el hospital. Según refería, ya se había aprobado el Servicio de Ayuda a Domicilio para su padre pero aún estaba pendiente de aprobación por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla el PIA de su madre, resultando urgente su resolución por la situación expuesta.

Solicitado informe a la citada Delegación, nos respondieron que con fecha 16 de enero de 2018 se dictó resolución aprobando el PIA de su madre y reconociendo el derecho de acceso al servicio de ayuda a domicilio y el servicio de teleasistencia como modalidad de intervención más adecuada.

Habiendo sido aceptada la pretensión de la interesada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La reclamante exponía que el 16 de febrero y 25 de agosto de 2017 presentó sendas reclamaciones ante la Concejalía de Transportes del Ayuntamiento de Jaén por incidentes ocurridos en autobuses de transporte urbano de esa ciudad, servicio del que era adjudicataria la empresa de Autobuses …

El día 9 de febrero de 2017, a las 13'15 horas, en la línea 15, cuando solicitó al conductor que le permitiera el acceso al vehículo por la puerta trasera porque, estando convaleciente de una intervención quirúrgica, le era imposible acceder por el torno, éste se burló y le dijo que siempre estaba alegando lo mismo, cuando la realidad era que su problema era de sobrepeso.

Eso le supuso una situación humillante e irrespetuosa en un autobús lleno de gente. Le pidió la hoja de reclamaciones y le puso dificultades para dársela. En ningún momento se disculpó. Por ese motivo presentó reclamación ante el Ayuntamiento el 16 del mismo mes, sin recibir respuesta, por lo que la reiteró el 25 de agosto, sin que hasta el momento se le hubiera contestado.

Admitida a trámite la queja nos dirigimos al Ayuntamiento de Jaén a los efectos de que se diera una respuesta expresa a la petición formulada por la interesada. En su contestación se señalaban las razones por las que, ante las versiones contradictorias de los hechos entre la reclamante y los posibles conductores y la ausencia de testigos, hubo que procederse al archivo del expediente, aunque se requirió a la empresa concesionaria para “corregir y, en su caso, adoptar medidas disciplinarias sobre aquellos/as conductores/as que no observen un trato exquisito y conforme a lo dispuesto en el Reglamento Local del Servicio, para con los/as usuarios/as del servicio.

Así las cosas, como quiera que el escrito de queja fue admitido a trámite a los efectos de que, por parte municipal, se diera respuesta a la reclamación de la afectada y ello ya se había efectuado, exponiendo asimismo las indicaciones que se habían dado a la empresa concesionaria para que no se repitieran hechos similares a los que afectaron a la interesada el día de los hechos, dimos por concluidas nuestras actuaciones.