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Con base en el informe recibido, la documentación que obraba en la queja y la normativa que resultaba de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formuló Resolución a la Viceconsejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en el sentido de que se revisara el procedimiento de remisión de documentación entre los registros de esa Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a fin de que el mismo cumpliera con la necesaria diligencia y eficacia exigible a los registros públicos.

En la respuesta emitida se manifestaba que se aceptaba el Recordatorio y la Sugerencia incluidos en la Resolución, procediendo a la revisión del protocolo de remisión de documentación física entre Registros. También se indicaba que actualmente la gran mayoría de los escritos presentados por Registro se tramitan telemáticamente, con lo que se reducen al máximo los tiempos de remisión de la documentación.

Considerando, por tanto, que se había aceptado los contenidos esenciales de la Resolución formulada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona interesada exponía que hacía dos meses se encontró en su buzón una carta en la que el Patronato de Recaudación de Málaga, le informaba sobre la resolución de una sanción impuesta el 11 julio de 2018 por la policía local del Ayuntamiento de Mijas, la cual nunca le fue notificada y en la que existían varias irregularidades.

En el proceso se habían producido una serie de fallos de forma e irregularidades que iban desde el planteamiento de la denuncia (en la que los apartados de la ley infringidos en el boletín eran erróneos y no existía fotografía de la infracción tratándose de un radar móvil) y la no notificación de la misma, pasando por una publicación en BOE tres días después de haber prescrito el plazo máximo de publicación (6 meses desde la elaboración del boletín), así como la opción de elegir un modo de comunicación arbitrario, no habiendo recibido ningún mensaje de la administración aún encontrándose dado de alta en la página de la DGT y Hacienda pública con sus datos actualizados en cuanto a dirección, teléfono, correo electrónico y domicilio.

Mandó una reclamación mediante registro electrónico el 19 de diciembre de 2020, que no había sido atendida ni aún se había mostrado cambio alguno de estado.

Admitida la queja a trámite solicitamos informe a la Diputación Provincial de Málaga, de cuya respuesta se deducía que el asunto planteado se encontraba solucionado, al haberse considerado la prescripción del procedimiento y resolver su finalización con archivo de las actuaciones, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La queja fue tramitada por el Defensor del Pueblo Andaluz a fin de analizar las medidas de protección del yacimiento ibero-romano de “Singilia Barba”, en Antequera. Se trata de un conjunto patrimonial y arqueológico declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y merecedor del máximo rango legal de protección.

Los trámites y la investigación del caso motivaron que con fecha 3 de noviembre de 2021 la Institución formulara Resolución ante la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga.

Con fecha 10 de diciembre de 2021, la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico respondió al Defensor del Pueblo Andaluz, conforme señala el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, indicando que:

“1.- Esta Delegación Territorial ha dirigido escrito a la entidad propietaria de parte de los terrenos donde se ubica el Bien de Interés Cultural (BIC) inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con categoría de Zona Arqueológica conocido como yacimiento de Singilia Barba del término municipal de Antequera (Málaga) recordándole las obligaciones de conservación, mantenimiento y custodia que corresponde a los titulares de bienes del Patrimonio Histórico Andaluz conforme al artículo 14 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, así como que cualesquiera obras y actuaciones en el BIC no podrán realizarse hasta que no cuenten con la previa y preceptiva autorización de esta Administración Cultural conforme a lo previsto en el artículo 33 de la citada Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, todo ello sin perjuicio de que, en caso de que observen peligro de destrucción o deterioro del citado BIC deberán ponerlo de inmediato en conocimiento de esta Administración o de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2.- Esta Delegación Territorial ha dirigido escrito al Ayuntamiento de Antequera donde se ubica el Bien de Interés Cultural (BIC) inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con categoría de Zona Arqueológica conocido corno yacimiento de Singilia Barba, solicitando su colaboración activa en la defensa y conservación de dicho bien mediante la adopción de las medidas que resulten necesarias para su protección y conservación evitando toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida, destrucción o deterioro sus valores culturales integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz.

Igualmente se le comunica que cualesquiera obras y actuaciones en el BIC, y especialmente en los caminos y realenga que discurren dentro del mismo, no podrán realizarse hasta que no cuenten con la previa y preceptiva autorización de esta Administración Cultural conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

3.- Esta Delegación Territorial ha dirigido escrito a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), en el que, ante el riesgo de que puedan producirse situaciones de expolio en el Bien de Interés Cultural (BlC), se solicita su colaboración para el control y seguimiento de actuaciones que pudieran poner en peligro de pérdida, destrucción o deterioro todos o algunos de los valores culturales integrantes de este bien protegido perteneciente al Patrimonio Histórico Andaluz, rogándole se sirva dar cuenta a esta Delegación de cualesquiera diligencias que pudieran ser practicadas en relación con este asunto, e igualmente se le informa que cualesquiera obras y actuaciones en el BIC, no podrán realizarse hasta que no cuenten con la previa y preceptiva autorización de esta Administración Cultural conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

4.- Esta Delegación Territorial, consciente de la necesidad de contratación de labores de limpieza, consolidación y soterramiento de los restos excavados y localizados en superficie en el Yacimiento de la Ciudad Romana de Singilia Barba, ha propuesto para el ejercicio presupuestario de 2022, que se consigne partida presupuestaria que posibilite llevar a cabo los trabajos descritos, y que fue elevada a la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental en Junio de este año.”

Según la respuesta recibida, el Defensor debe entender la aceptación formalmente expresada por la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga sobre la Resolución a la vista de sus competencias.

Hemos de reseñar de inmediato que las medidas de protección y tutela que necesita el yacimiento implican a una pluralidad de instancias y administraciones; ya sea el Ayuntamiento de Antequera, los servicios del SEPRONA de la Guardia Civil, o la propia intervención de la Delegación para disponer servicios de limpieza y seguridad.

Por tanto, sin perjuicio de la anunciada voluntad de abordar la confección de un conjunto de actuaciones específicas de protección del conjunto arqueológico, nos ratificamos en el criterio manifestado desde el Defensor del Pueblo Andaluz de que se desplieguen las labores concretas de impulso para la ejecución de las medidas acordadas por las autoridades, de ámbito estatal, municipal y autonómico, en orden a la efectiva protección del entorno del BIC.

En tal sentido, permanecemos atentos a cualquier novedad que se produzca en orden a estos compromisos, en particular relacionadas con las previsiones presupuestarias para ejercicios futuros. En todo caso, persistiremos en la labor de continuidad y seguimiento que el asunto merece y que ocupará la atención del Defensor del Pueblo Andaluz en futuras intervenciones para la protección del conjunto arqueológico de “Singilia Barba” acorde con sus valores e intereses formalmente reconocidos y protegidos.

En relación con el expediente de queja recibido en esta Institución afectante a la falta de respuesta del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación Provincial de Sevilla, ante el recurso potestativo de reposición contra las diligencias de embargo derivadas por el impago del IBI en los ejercicios comprendidos entre 2012 al 2016 por considerarlos prescritos, el Tesorero del Organismo Provincial ha emitido resolución que consta como notificada por medios electrónicos.

Es por ello, que al haberse puesto fin a la situación de silencio administrativo por la que tramitamos la queja, procede que demos por terminada nuestra intervención en la misma y dictemos su archivo.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a la devolución de ingreso indebido derivado de una liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) cuando no obtuvo ganancia alguna, la Delegación de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Motril ha remitido informe a esta Institución, en el cual nos manifiesta que tras informe pericial solicitado, éste fue en sentido favorable a la devolución del importe ingresado más intereses de demora por lo que se va a proceder a dictar resolución expresa.

A la vista del mismo, hemos de entender que dicha Administración va a proceder a dictar resolución expresa respecto de la solicitud de devolución de ingreso indebido objeto de la queja presentada.

Por ello, entendemos que el asunto se encuentra en vías de solución, y sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento que resulten necesarias, procedemos a concluir nuestras actuaciones, confiando que en un plazo prudencial reciba respuesta.

La persona interesada nos trasladaba que llevaba desde hacía casi diez años inscrita como demandante de vivienda pública y en una ocasión rechazó una propuesta de vivienda por tratarse de un barrio en el que, afirmaba, estaba “amenazada de muerte”.

Refería que era víctima de violencia de género, que tenía dos hijos menores y que no podía hacer frente al alquiler con su exiguo salario.

Admitida la queja a trámite solicitamos al Ayuntamiento de Córdoba información sobre si los servicios sociales habían considerado que esta familia se encontraba en situación o riesgo de exclusión social; su situación en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda; posibilidades de adjudicación a corto plazo de viviendas de alquiler social y si se había considerado la posibilidad de excepcionar la obligación de adjudicación a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía; otras posibles medidas que se puedan activar a fin de aportar una solución al problema habitacional de la familia interesada.

En la respuesta municipal se detallaban las actuaciones realizadas con esta familia por los servicios sociales comunitarios, pero no se daba respuesta al resto de las cuestiones planteadas, por lo que interesamos la emisión de un nuevo informe que contuviera respuesta expresa a las mismas.

En el nuevo informe sobre la situación en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda nos indicaban que la interesada tenía que actualizar los ingresos relativos a 2020 ya que los últimos reflejados eran de 2019.

En cuanto a las posibilidades de adjudicación a corto plazo de viviendas de alquiler social y si se había considerado la posibilidad de excepcionar la obligación de adjudicación a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida indicaban que a lo largo de 2021 AVRA había ofertado en Córdoba 16 viviendas, 15 de tres habitaciones y 1 de dos habitaciones, mientras la lista con los baremos de familias en riesgo o exclusión social era de 24. En la lista de demanda de vivienda de tres dormitorios, la familia tenía 120 puntos mientras que la familia con mayor puntuación tenía 158 puntos. Por tanto, ante esta situación de escasez de vivienda protegida se seguirían encontrando con multitud de familias a las que aún teniendo realizados todos los trámites de información, asesoramiento, gestión y/o derivación de recursos por parte de los servicios sociales, continuarían sin vivienda protegida puesto que no había apenas ofertas de ellas.

Respecto de otras medidas que se pudieran activar a fin de aportar una solución al problema habitacional de la familia interesada, indicaban que el 21 de julio se le notificó la aprobación de la ayuda de continuidad. Puesto que la persona interesada informó que la iban a desahuciar de la vivienda, desde servicios sociales se modificó propuesta a vivienda de nuevo acceso. Tenía cita en VIMCORSA para que se le notificara la nueva ayuda con la que abonaría al alquiler 50€ durante el periodo de un año.

Asimismo fue propuesta dentro del Programa de Inclusión Activa encontrándose con un contrato de trabajo desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2021, a media jornada.

En vista de esta información, considerando que el asunto planteado se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La parte promotora de la queja nos trasladaba su preocupación por la situación que afecta a su madre y su hermano, que tenía una discapacidad del 75%, los cuales fueron desahuciados el 25 de mayo de 2021 sin tener alternativa habitacional, como consecuencia de un procedimiento judicial de desahucio por impago de rentas del alquiler.

Manifestaba que desde hacía varios meses había venido alertando de esta situación al Ayuntamiento de Estepona, aportando toda la documentación que acreditaba la situación, si bien únicamente les habían ofrecido ayuda para pagar la fianza y primer mes de un nuevo alquiler. Afirmaba que con los ingresos de los que disponían los afectados y él mismo (su hermano percibía una pensión no contributiva de 336 euros, su madre había empezado a percibir 222 euros de IMV y él había agotado la prestación por desempleo y no tenía derecho a subsidio), les resultaba imposible acceder a un alquiler en el mercado privado, de lo cual había informado también al Ayuntamiento.

Por esta razón, actualmente su madre estaba durmiendo en un sillón en el salón de una amiga y su hermano, que padecía una enfermedad mental, en un dormitorio provisional en lo que era el trastero de los bienes de la familia, allí guardados como consecuencia de un anterior desahucio por ejecución hipotecaria.

Admitida la queja a trámite solicitamos al Ayuntamiento de Estepona que nos informara de la situación de exclusión social en la que parecía se encontraba esta familia y si se había dirigido al juzgado competente informe en tal sentido; posibilidades de adjudicación a corto plazo de una vivienda de alquiler social y de excepcionar la obligación de adjudicación a través del Registro de Demandantes de Vivienda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía; así como las ayudas o recursos públicos que se pudieran activar para facilitar el acceso a una vivienda a las personas afectadas.

En la respuesta municipal se daba cuenta de las actuaciones realizadas por los servicios sociales con la familia, y en particular la reciente concesión de 1300 euros de ayuda para un nuevo alquiler, pero no se respondía sobre las posibilidades de adjudicación a corto plazo de una vivienda de alquiler social y de excepcionar la obligación de adjudicación a través del Registro, por lo que solicitamos un nuevo informe.

Por parte del Ayuntamiento se nos trasladó que, una vez comprobado el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, no constaban inscritos ninguno de los 3, por lo que les aconsejamos que solicitaran su inscripción. También se nos informó que no existía en la actualidad disponibilidad de viviendas sociales para adjudicación en situaciones de vulnerabilidad.

En todo caso, dado que en el anterior informe se nos trasladó que se les había concedido una ayuda de 1300 euros para un nuevo alquiler, se observaba que por parte de la administración municipal se estaba prestando una atención adecuada respecto a la necesidad de vivienda por lo que, de momento, dimos por concluidas nuestras actuaciones, aconsejándole que su familia siguiera colaborando con los servicios sociales comunitarios para que pudieran ofrecerles la ayuda y orientación adecuada a sus necesidades.

En esta Institución se ha tramitado expediente de queja a instancia de parte, referente a disconformidad con la suspensión de la PNC de Jubilación de la que la persona interesada es beneficiaria y que venía percibiendo.

Recibido el informe solicitado a la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, ésta nos comunica que se le ha rehabilitado a la persona interesada el derecho a percibir la prestación suspendida.

La persona reclamante exponía que no había recibido ninguna ayuda para el acceso a la vivienda y que ésta la compró porque se acogió a esas ayudas para poder pagarla mejor, sin haber recibido ninguna de las cuatro. Presentó escrito de reclamación en la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, sin haber recibido respuesta.

Admitida la queja a trámite solicitamos de dicha Consejería informe sobre si se había emitido respuesta a la reclamación presentada el 9 de julio de 2019, en cuyo caso, solicitábamos conocer su contenido, así como los motivos por los cuales no se había emitido aún Resolución desde el visado de contrato (2016) y si se conocía la previsión temporal en la que se pudiese hacer efectivo su reconocimiento.

En la información recibida se indicaba que la Delegación Territorial competente estaba pendiente de notificar el informe preparado al efecto, en el que se señalaba que las ayudas se habían ido abonando conforme al orden de presentación, y siendo las últimas pagadas del año 2011, no era previsible que se llegasen a conceder.

En respuesta a nuestra petición de alegaciones a la información anterior, la persona afectada nos comunicó que seguía sin recibir respuesta a su reclamación, por lo que volvimos a pedir informe a la Consejería en los mismos términos que nuestra primera petición, y lo hicimos en otra ocasión más porque lo que se nos respondió fue que el Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, en su disposición transitoria primera establece que “las solicitudes de ayudas presentadas por adquirentes de viviendas protegidas y las solicitadas al amparo del programa de fomento del alquiler de anteriores planes de vivienda, se regirán conforme a su normativa de aplicación. Sin embargo, con posterioridad a la entrada en vigor de este Decreto no podrán concederse ayudas económicas relativas a dichas actuaciones, entendiéndose los procedimientos en los que no haya recaído resolución, terminados por falta de disponibilidad presupuestaria y procediéndose al archivo de las actuaciones”.

Por lo que, se nos decía, la solicitud de ayuda no podría ser atendida. Pero no se aludía a si se había emitido respuesta a la reclamación presentada el 9 de julio de 2019 de la que, en su caso, solicitábamos conocer su contenido, ni a los motivos por los cuales no se había emitido aún Resolución desde el visado de contrato (2016)

En la siguiente respuesta emitida se nos enviaba copia de la Resolución de la Delegación Territorial del Sevilla recaída en septiembre de 2021 y de notificación a la persona interesada, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones a la vez que recordábamos a la administración que el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos.

Asimismo, en cuanto a la reclamación presentada, que la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición, dispone en su artículo 11, apartado 1, que una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación.