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Recordamos al Ayuntamiento de Chipiona sus competencias de policía de actividades y protección contra el ruido y le recomendamos que previos trámites legales oportunos proceda a la retirada de una terraza de veladores en el paseo marítimo si persiste la falta de licencia.

ANTECEDENTES

El interesado nos trasladaba la problemática de ruidos que sufría en su domicilio como consecuencia de la actividad de un bar, compuesto por dos locales, sito bajo el mismo, y del que decía que:

“... hasta ahora se dedicaba a la hostelería y causaba molestias pero dentro de unos márgenes que podían ser admisibles, teniendo en cuenta que era la temporada alta (julio y agosto), que se limitaban prácticamente a la hora almuerzo y cenas, que cerraba sobre las 00:30 de la noche y pasando la temporada alta cesaban las molestias. El propietario tiene dos locales, uno es el que está situado debajo nuestra y el otro al lado, ambos situados en el Paseo marítimo de La Cruz del Mar. Los dos instalan veladores en dicho paseo que es zona de dominio público (zona de tránsito de DPMT). Al local de al lado sigue dándole el mismo uso pero en el de debajo nuestra, en febrero pasado, realizó obras para dedicarlo a bar de copas, cafetería, helados, cachimbas de fumar, etc. con intención de abrirlo gran parte del año. Instaló música y coloca veladores en el paseo en gran número. Nos encontramos en mayo pasado que los ruidos y la música del local se escuchaban en nuestra casa pues se transmite estructuralmente a través del forjado común y del shunt de canalizaciones pues no tiene ningún tipo de aislamiento en el mismo”.

Se había dirigido en varias ocasiones, telefónicamente y por escrito, ante la policía local y ante ese Ayuntamiento, denunciando los ruidos, incumplimientos de horarios de cierre y otras incidencias como la disposición de música no autorizada, así como solicitando información sobre las licencias y autorizaciones concedidas a estos locales: en concreto en fechas de 15 de mayo, 30 de junio, 3, 7, 8, 14, 20 y 21 de julio de 2019.

Admitimos a trámite la queja el 14 de agosto de 2019 y solicitamos informe a ese Ayuntamiento, que nos envió respuesta de la Asesora Jurídica municipal sobre el denominado “Bar … ” (antiguo “Bar … ”).

Según este informe, el citado bar contaba con la calificación ambiental favorable para bar con cocina sin música, emitida por Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 24 de octubre de 2008. Por tanto, no disponía de licencia para música.

Se nos informaba también de que, tras las denuncias del Sr. (…) contra este bar, se habían levantado diversas actas en las que se daba cuenta de que se disponía de música, que se había modificado el local respecto de la actividad autorizada e incluso que se había reformado el local sin que constase legalización de las obras. Y se nos daba cuenta de que, a la vista de las irregularidades detectadas, se había requerido al titular del bar para que subsanara deficiencias e irregularidades, bajo advertencia de ordenar el cese de la actividad, ante lo cual se eliminó el aparato de música.

Sin embargo, el promotor de la queja nos trasladó en escrito posterior a ese primer informe, que éste nada nuevo aportaba, que no se entraba en otras irregularidades al margen de la disposición sin licencia de música y que la terraza de veladores era el principal foco de ruido. Además, nos daba cuenta de un nuevo escrito presentado en el Ayuntamiento en fecha 23 de octubre de 2019.

Por ello, solicitamos un segundo informe a ese Ayuntamiento, preguntando entre otras cosas si se había incoado expediente sancionador por la disposición sin licencia de la terraza de veladores.

En su respuesta, con nuevo informe de la Asesora Jurídica municipal, se nos trasladó que no podía dar respuesta a dicha cuestión por corresponder a otro departamento, pero sí se nos decía que ya se había incoado un expediente administrativo sancionador por las irregularidades detectadas en el Bar (…) , “iniciado tras diversas quejas vecinales (…). Por irregularidades detectadas en el citado establecimiento, motivado por el ruido, procedente tanto de la música como de la falta de aislamiento acústico”.

Tras este segundo informe, solicitamos un tercero, a cuyo efecto se nos envió un informe de policía local sobre intervenciones en el Bar (…), que no aportaba ninguna información que no constara ya en este expediente de queja, esto es, las llamadas y denuncias que el promotor de la queja había presentado o realizado ante la policía local por irregularidades del establecimiento, especialmente la relativa a la terraza de veladores. De hecho, el informe terminaba de la siguiente forma: “Hacer constar que el citado establecimiento ha venido montando veladores en la vía pública, en cantidad variable, durante toda la temporada de verano”; sin embargo, seguíamos sin ser informados si por tal irregularidad se había incoado expediente sancionador, pese a que habíamos preguntado por este particular varias veces.

Por su parte, el promotor de la queja nos dio cuenta en escritos posteriores de nuevas gestiones por él realizadas ante ese Ayuntamiento e insistía en que la terraza se seguía montando. Asimismo, desde ese Ayuntamiento se nos enviaron otra serie de documentos internos que seguían sin dar respuesta a las cuestiones clave objeto de queja, especialmente si se había incoado expediente sancionador por la terraza sin licencia y qué medidas se iban a adoptar para evitar esta instalación, que se constituía como el principal foco ruidoso objeto de queja.

Uno de esos documentos era un informe del encargado de la oficina de ocupación de la vía pública, en el que constaba que el establecimiento denunciado seguía sin obtener licencia para terraza de veladores y que en la solicitud presentada en su momento por el titular del bar, se daban algunos defectos que no se habían subsanado.

Mientras tanto, entre el 4 de mayo y el 14 de noviembre de 2020, recibimos un total de trece comunicaciones del promotor de la queja, con los que nos fue dando cuenta de los sucesivos escritos de denuncia presentados en ese Ayuntamiento con motivo de la persistencia en la ocupación ilegal de la vía pública.

Por ello, volvimos a requerir la colaboración de ese Ayuntamiento, siéndonos remitidos diversos documentos en respuesta, el último de los cuales lo recibimos el 14 de julio de 2021, consistiendo en oficio (cuya fecha no constaba en el mismo, pero parece que se recibió en el Ayuntamiento el 30 de junio de 2021) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico), dirigido al Ayuntamiento de Chipiona, por la que se le comunicaba a esa entidad local que se había incoado expediente sancionador “por interrupción de la servidumbre de tránsito, en el deslinde CDL-4CA, entre los hitos M-27 y M-31, a diversos establecimientos, entre ellos los denominados “Bar … ” y “Bar ...”, objetos de esta queja.

En dicho oficio se decía por el Ministerio que los responsables de los establecimientos en cuestión “manifiestan que poseen licencia municipal para la ocupación con los veladores de hostelería, de los terrenos de uso público ubicados en la barandilla del paseo, es decir la servidumbre de tránsito”; por ello, el Ministerio pedía a ese Ayuntamiento de Chipiona que informase “sobre las referidas licencias municipales otorgadas, así como de las autorizaciones necesarias para la ocupación de la mencionada servidumbre de tránsito, ya que examinada la documentación existente en esta Demarcación, así como la documentación recibida por otras Administraciones, no consta autorización o comunicación relativa a estas actuaciones (...)”.

A propósito de este oficio del Ministerio, ese Ayuntamiento nos aportaba copia de los informes que en respuesta al requerimiento del Ministerio, había remitido. En este sentido, informaban en cuanto al Bar (…) y al (...) que la solicitud de veladores fue presentada el 31 de marzo de 2021 y que a fecha del informe estaban “en fase de notificación de deficiencias a subsanar en cuanto a la documentación presentada”. Este informe concluía que “al día de la fecha no existe ninguna licencia de ocupación de vía pública con veladores de hostelería concedida en el Paseo de la Cruz del Mar”. También se concluía que “no fue concedida ninguna licencia de ocupación de vía pública con veladores de hostelería en el Paseo Cruz del Mar durante el pasado ejercicio de 2020”.

Nos acompañaban también Decreto de Alcaldía de 16 de abril de 2021, por el que se autorizaba el envío al denunciante, de un informe de policía local, a petición suya formulada el 24 de marzo de 2021.

Pues bien, desde septiembre de 2021 hasta la actualidad, hemos recibido varias comunicaciones del promotor de la queja , trasladándonos nuevas denuncias sobre este asunto, indicativas de que hasta el momento sigue ese Ayuntamiento en una actitud condescendiente frente a la irregularidad de la terraza de veladores de referencia, que se ha seguido montando. Así, nos ha aportado el afectado lo siguiente:

- Escrito de 3 de septiembre de 2021 (se adjunta copia), con el que nos daba cuenta de lo que él llamaba “maniobras extrañas” del titular del bar en la colocación de veladores, en las fachadas de los dos bares, persistiendo no obstante en esta instalación, moviéndolas de sitio durante varios días, y pese a que “no posee licencia de ocupación para ninguno”.

En este escrito también nos trasladaba que seguía sin recibir ninguna comunicación de ese Ayuntamiento ante sus denuncias, ni le constaba que se hubiera tomado medida alguna ante las mismas, así como sin recibir respuesta a sus escritos presentados desde el 28 de agosto de 2020, solicitando ser informado sobre si se había incoado expediente sancionador y sobre si se había otorgado licencia de ocupación, pese a conocer, por la respuesta dada al Ministerio por el Ayuntamiento, que los locales no tenían licencia para terraza, ni la tenían los años 2019, 2020 y 2021.

- Escrito de 13 de octubre de 2021, con el que nos aportaba denuncia formulada ante ese Ayuntamiento el 12 de octubre, relatando que los dos bares seguían disponiendo de terraza de veladores “a su antojo e impunemente, aunque ahora es fundamentalmente los viernes, sábados y domingos, festivos y puentes. (…). El Ayuntamiento sigue por su parte en su dejación de funciones sin tomar ninguna medida y consintiéndolo, por lo que me he visto obligado a volver a denunciar por escrito para que conste”. La denuncia iba acompañada de anexo fotográfico sobre las terrazas en cuestión (adjuntamos copia del escrito y de la denuncia).

- Escrito de 11 de febrero de 2022, aportando nueva denuncia formulada ese mismo día, por volver a instalarse las terrazas de estos bares (se acompaña copia).

- Escrito de 14 de febrero de 2022, aportando nueva denuncia formulada ese mismo día, siendo ésta la número 20, en palabras del afectado, que se vio obligado a realizar (se adjunta copia)..

- Escrito de 21 de febrero de 2022, aportando nueva denuncia formulada ese mismo día, siendo ésta la número 21, en palabras del afectado, que se vio obligado a realizar (se adjunta copia).

CONSIDERACIONES

Consideramos que después de estos casi tres años de tramitación ha quedado más que de manifiesto la insuficiente actividad disciplinaria de ese Ayuntamiento frente a las reiteradísimas denuncias del afectado, que reside justo encima de un bar que ocupa dos locales, fundamentalmente por el ruido que sufría en su casa debido a la disposición no autorizada de veladores, en especial en época estival, pero también el resto del año en fines de semana, festivos y vísperas de festivos. Ello, pese a que hemos requerido, también insistentemente, que se nos informara con claridad si se había incoado expediente sancionador por esta irregularidad, y de las medidas que se iban a adoptar para impedirla, visto que se repetía cada verano con igual o mayor intensidad, tal como demuestran las fotografías que a lo largo de este tiempo nos ha ido enviando el denunciante, en un total de 39 comunicaciones, según ya hemos referido al inicio.

Consideramos que ese Ayuntamiento, conocedor de la irregularidad por las innumerables denuncias del afectado, así como por las muchas peticiones de informes que se han cursado desde esta Institución, es responsable directo del padecimiento que ha sufrido este vecino, que incluso ha tenido que abandonar su domicilio en algunos momentos ante el desamparo en el que se encontraba por la tolerancia municipal frente a esta instalación sin licencia, mes tras mes, año tras año, incluso después de haber conocido que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico), había incoado expediente sancionador “por interrupción de la servidumbre de tránsito, en el deslinde CDL-4CA, entre los hitos M-27 y M-31, a diversos establecimientos, entre ellos los denominados “Bar … ” y “Bar … ”, objetos de esta queja.

En definitiva, se concluye sin ninguna duda que el establecimiento objeto de queja lleva varios años (excepto momentos puntuales por prohibición sanitaria de las medidas contra el COVID-19) disponiendo de terraza de veladores con todo lo que ello implica en términos de contaminación acústica, sin autorización para ocupar el espacio público, y que ese Ayuntamiento, aún conociéndolo y aún recibiendo innumerables denuncias por escrito y telefónicas del vecino afectado, no ha desplegado una actividad disciplinaria suficiente para poner fin a esta irregularidad.

Hay que recordar que la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL), atribuye a los municipios, entre otras competencias (art. 25), las de policía local y protección contra la contaminación acústica. Por su parte, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) atribuye a los municipios (art. 9), entre otras, competencias en materia de ordenación, planificación, programación y ejecución de actuaciones en materia de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con actividades no sometidas a autorización ambiental integrada o unificada, la ordenación, autorización y control del ejercicio de actividades económicas y empresariales, permanentes u ocasionales.

Constatamos en esta situación el incumplimiento por parte de ese Ayuntamiento del derecho a buena administración del que se habla en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, artículo 31: «Se garantiza el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable».

Se desprende también el incumplimiento por parte de ese Ayuntamiento de algunos de los principios básicos a los que queda sujeta la actividad de toda Administración Pública y que se citan en los artículos 9 apartados 1 y 3, y 103.1 de la Constitución (sujeción al principio de legalidad, seguridad jurídica, eficacia, y responsabilidad de los poderes públicos) y 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre (además de los anteriores, el de confianza legítima o el de servicio efectivo a los ciudadanos).

Por otra parte, en un asunto de contaminación acústica no queremos dejar de recordar que han sido muchos los pronunciamientos jurisprudenciales (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia) en los que se considera que el ruido, cuando es evitable o insoportable, puede llegar a representar un factor psicopatógeno y puede ser una fuente de permanente perturbación en la calidad de vida, que puede atentar o poner en peligro la salud de las personas y la inviolabilidad del domicilio; y que esos ruidos son causantes de daño susceptible de indemnización y están representados por la imposibilidad de utilizar el domicilio habitual y la correlativa necesidad de buscar otro distinto para evitar las molestias; o, cuando se continúe en el propio, por la incomodidad o sufrimiento moral y físico experimentado en la vida personal.

Y puede citarse, a título de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Constitucional número 119/2001, de 29 de mayo, del Pleno, según la cual “una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida” y que “cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE)”.

Del mismo modo, tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso-administrativo, sección séptima, de 2 de junio de 2008 (recurso de casación número 10130/2003 sobre derechos fundamentales): “la inmisión en el domicilio de ruidos por encima de los niveles establecidos supone una lesión del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario en la medida que impida o dificulte gravemente el libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha señalado que puede suponer la lesión del derecho a la integridad física y moral del artículo 15 de la Constitución (SSTC 16/2004 y 191/2003). Vulneraciones que son imputables a los poderes públicos que con su acción u omisión han dado lugar o no han impedido esa contaminación”.

A la vista de cuanto se ha dicho en este escrito y al amparo del artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1. - de que la actividad administrativa del Ayuntamiento de Chipiona debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, confianza legítima, seguridad jurídica y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Ello, conforme a lo establecido en los artículos 9 apartados 1 y 3, y 103.1 de la Constitución y 3 de la LRJSP.

RECORDATORIO 2. - de la obligación legal e irrenunciable de ejercitar las competencias legales que tanto la LBRL, como la LAULA atribuyen a los municipios en relación con la vigilancia, inspección, control y disciplina de actividades y, en especial, en relación con policía local y protección contra la contaminación acústica, y el ejercicio de la potestad sancionadora, ordenación, autorización y control del ejercicio de actividades.

RECOMENDACIÓN. - para que, en caso de que los dos bares objeto de esta queja aún no dispusieran de licencia para la instalación de veladores, se proceda urgentemente y previos trámites legales oportunos, a su retirada, llegando si es necesario a la ejecución forzosa para evitar la prolongación de esta irregularidad, así como a incoar expediente administrativo sancionador, dando cuenta al Ministerio Fiscal en caso de persistir la actitud infractora, habida cuenta los antecedentes de este asunto.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz que sin más dilación se dicte resolución aprobando el programa individual de atención de la dependiente, dando efectividad al derecho correspondiente a su situación de dependencia.

Asimismo, formula Sugerencia para que se habiliten los correspondientes canales de información y coordinación entre las Administraciones que concurren en este procedimiento, con el objeto de dar una respuesta diligente a la ciudadanía, con especial sensibilidad para las personas afectadas de una Gran Dependencia.

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 21 de junio de de 2021 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el compareciente exponía que habría presentado la solicitud de valoración de la situación de dependencia con fecha 27 de febrero de 2020, no recibiendo la Resolución del grado correspondiente hasta el 10 de marzo de 2021, con un resultado final de Grado III y tras presentar ante esta Institución la queja 20/7889.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe al Ayuntamiento de Tarifa, con fecha de entrada del mismo el 24 de noviembre de 2018, que en lo esencial indicaba que: “(...) Con fecha 5 de noviembre de 2021 se realizó visita domiciliaria por parte de la Trabajadora Social (se adjunta documento acreditativo del tramite de consulta). Con fecha 9 de noviembre de 2021 se envió a la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación propuesta del Programa Individual de Atención de Dña. (…) estando a la espera de validación de dicha propuesta por parte del Departamento de Coordinación de dependencia de la Delegación Territorial...”

3. A la vista de dicha respuesta, nos dirigimos a la citada Delegación Territorial de Cádiz, donde el 24 de marzo de 2022 informaron que se validó la propuesta PIA en noviembre de 2021, no constando la llegada del expediente físico a esa Delegación, necesario para hacer las comprobaciones correspondientes por el Departamento de Coordinación, en cuanto a la posibilidad de que tuviese que aportar alguna documentación más la persona solicitante.

4. De todo lo anterior, dimos traslado al promotor de la queja, que tras contacto telefónico con esta Institución, el pasado 14 de septiembre, reiteró a esta Defensoría su pretensión inicial, al no encontrarse concluido el procedimiento.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la interesada, afectada por una situación de Gran Dependencia desde marzo de 2021, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho (seis meses), sin que aún se haya satisfecho la pretensión mediante el reconocimiento de la prestación o recurso correspondiente propuesta por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tarifa, consistente en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular. Y así, el derecho a una buena administración y a la resolución de los asuntos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, artículos 21 (párrafos 2 y 3) y 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia).

Sin perjuicio de lo anterior, destacar la lenta y compleja gestión del expediente administrativo de la afectada, sin que podamos concluir cuándo se ha recepcionado la documentación esperada por la Delegación Territorial, que nos hubiese permitido medir el tiempo de tramitación de este caso, donde la afectada y su familia no han podido satisfacer las necesidades más elementales de atención y cuidado, en parte por un procedimiento lento en demasía, y que no ha garantizado un derecho subjetivo reconocido por la Ley.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN. - para que sin más dilación se dicte resolución aprobando el programa individual de atención de la dependiente, dando efectividad al derecho correspondiente a su situación de dependencia.

SUGERENCIA. - Deben habilitarse los correspondientes canales de información y coordinación entre las Administraciones que concurren en este procedimiento, con el objeto de dar una respuesta diligente a la ciudadanía, con especial sensibilidad para las personas afectadas de una Gran Dependencia.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Recordamos al Ayuntamiento de Torrox su obligación legal de responder y le recomendamos que dé expresa respuesta al escrito presentado por la persona promotora de la queja.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 26 de octubre de 2021 recibimos comunicación remitida por (…) , a través de la cual nos exponía que con fecha de 5 de julio de 2021, mediante escrito con registro (...), presentó en ese Ayuntamiento solicitud de información sobre si el establecimiento denominado (...), situado en (...), de Torrox Costa, estaba autorizado para disponer música en directo y pregrabada, ya que:

“Dicha emisión de música ha producido y está produciendo un sonido tan alto que es imposible conciliar la vida en los domicilios cercanos a este establecimiento, incluido el mío. Dichas emisiones de música están produciendo en la familia un descanso inadecuado, tensión, nervios y en consecuencia, problemas de salud”.

Además, nos comentaba que en varias ocasiones había requerido la presencia de la policía local para que realizara una medición acústica, siendo informado de que no poseían el equipo de medida homologado para ello.

No obstante, a pesar del tiempo transcurrido desde la presentación de su escrito del 5 de julio de 2021, aún no había recibido respuesta a su solicitud de información.

II. Reunidos los requisitos formales del apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que respondiera expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.

III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud el pasado 18 de noviembre de 2021 (adjuntamos copia) y de haber reiterado la misma, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.

De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 6 del artículo 21 LPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Segunda.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con una serie de principios, entre ellos lo de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima, entre otros.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN. - concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito presentado por la parte afectada con fecha 5 de julio de 2021, remitiéndonos copia de la respuesta emitida.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Recomendamos al Ayuntamiento de Coria del Río que proceda sin más demora a la ejecución forzosa de la clausura de un establecimiento hostelero que lleva más de dos años en funcionamiento sin licencia, generando elevados niveles de ruido a las personas que residen en el entorno.

ANTECEDENTES

La promotora de la queja nos trasladó en su momento que había denunciado en varias ocasiones ante ese Ayuntamiento, y mediante llamadas telefónicas a la policía local, los ruidos que generaba la actividad de un bar-peña denominada (...) sito en (...), que además disponía de terraza de veladores, que podría no tener licencia.

El principal foco de ruido que se denunciaba era el de la terraza de veladores, respecto de la que se decía que: "se ponen en el acerado a altas horas de la noche y del mediodía sin dejarme descansar. Mi piso es un bajo y en mi ventana están perros, ponen los vasos y platos de sus consumiciones, etc. Mi calle es estrecha y mientras que los mayores consumen los niños juegan a la pelota utilizando mi ventana de portería, sea la hora que sea. Los vecinos no pueden ir por la acera porque la tienen ocupada con sillas ya que al ser estrecha no caben ni las mesas".

La reclamante nos adjuntaba copia de las siguientes denuncias escritas presentadas en el registro municipal: 29 de noviembre de 2019 y 20 de enero de 2020, así como la primera página de una Resolución municipal en la que se indicaba que el bar denunciado no tenía autorización. En una de las denuncias se insertaban fotografías en las que efectivamente podía verse cómo el acerado, estrecho, quedaba inhabilitado para el tránsito peatonal con la colocación de sillas, estando las mesas en la vía pública destinada al tráfico de vehículos.

Admitimos a trámite la queja e interesamos el preceptivo informe de ese Ayuntamiento, a cuyo efecto enviamos escritos de fechas 31 de julio y 21 de septiembre de 2020 y 5 de julio de 2021. También lo solicitamos mediante llamada telefónica realizada el 14 de diciembre de 2020.

La respuesta la hemos recibido mediante oficio de Alcaldía con registro de salida (...), de 20 de octubre de 2021, esto es, más de un año y dos meses después de haberla solicitado por primera vez. En dicha respuesta consta lo siguiente:

1. Que se tramita en el Ayuntamiento un expediente incoado a instancia de la denunciante y que en la tramitación del mismo, y dado que la actividad se ejercía de forma ilícita sin haberse sometido a control administrativo alguno, la Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo adoptado el 6 de agosto de 2020, se ordenó a los titulares de la actividad su clausura como medida para el restablecimiento de la legalidad en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

2. Que contra dicho acuerdo uno de los titulares interpuso recurso de reposición que resultó inadmitido mediante Resolución de Alcaldía de 13 de noviembre de 2020.

3. Que el 15 de enero de 2021 la policía local informó que la actividad se encontraba cerrada al público.

4. Que el 26 de febrero de 2021 la reclamante presentó nuevo escrito en el que advertía que la actividad estaba abierta al público, circunstancia confirmada por la policía local mediante informe de 11 de abril de 2021.

5. Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de abril de 2021, se inició expediente para la imposición de dos multas coercitivas contras los titulares de la actividad objeto de la ejecución forzosa de la orden de clausura y, en su caso, tras su imposición, acordar la ejecución subsidiaria por la policía local.

6. Que el 7 de junio de 2021 la Junta de Gobierno Local impuso a los titulares de la actividad la primera multa coercitiva, contra la que se formuló recurso de reposición que ha vuelto a ser inadmitido.

7. Que la policía local ha informado que la actividad continúa abierta al público, por lo que se ha propuesto imponer una segunda multa coercitiva, que será incluida en el orden del día de la próxima Junta de Gobierno Local.

8. Que por otro lado, ese Ayuntamiento ha impuesto a los titulares de la actividad diversas sanciones por la instalación de veladores en la vía pública sin licencia municipal.

Asimismo, de la documentación anexa a su respuesta se desprende que la actividad objeto de queja es la de bar. Así consta en informe municipal según el cual:

"La actividad que se ejerce es la de bar, dotados de todos sus elementos característicos (barra, tirador de cerveza, cámara refrigeradora, botellero refrigerador, un tanque congelador, veladores en la vía pública etc.). La sede de una asociación no está sometida a los instrumentos de prevención ambiental previstos en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía pero sí cualquier actividad de las recogidas en el Anexo III de la Ley 3/2014, entre las que se encuentra en su categoría 13.32, los bares, con independencia de que su titular sea una asociación y que sea su sede social; si la asociación dispone de un bar, su ejercicio está sometido al procedimiento de calificación ambiental de Andalucía".

CONSIDERACIONES

De los anteriores antecedentes se desprende que, salvo algún tiempo -que no se concreta- en que la actividad ha permanecido cerrada, posiblemente por aplicación de la normativa sanitaria derivada del COVID-19, este bar lleva funcionando de forma ilícita prácticamente dos años, pues la primera denuncia formulada es del 29 de noviembre de 2019, y a fecha del informe de respuesta (19 de octubre de 2021), la actividad sigue funcionando, y de hecho se le pretende imponer la segunda multa coercitiva.

Por otra parte, pese a que la Junta de Gobierno Local ordena el 6 de agosto de 2020 la clausura de la actividad, no se le impone la primera multa coercitiva hasta el 17 de junio de 2021 (más de diez meses después). Y a octubre de 2021, todavía no se había impuesto la segunda multa coercitiva. Y mientras tanto, la actividad sigue funcionando con absoluta normalidad, tal como ha constatado la policía local.

Asimismo, sorprende que se nos diga que ese Ayuntamiento ha impuesto a los titulares de la actividad diversas sanciones por la instalación de veladores en la vía pública sin licencia municipal, y que no se haya procurado la clausura mediante ejecución forzosa de la actividad principal de la que es accesoria la terraza de veladores.

En este sentido, hay que recordar en primer lugar, como así lo hace la jurisprudencia (por ejemplo, Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso-administrativo, de 23 de noviembre de 2010) que la consecuencia jurídica de la falta de licencia no puede ser otra que la clausura de la actividad, pues la apertura clandestina de establecimientos comerciales e industriales, o su ejercicio sin la necesaria licencia de actividades obliga a adoptar, de plano y con efectividad inmediata, la medida cautelar de clausurar el establecimiento o paralizar la actividad, con el fin de evitar que se prolongue en el tiempo la posible transgresión de los límites impuestos por exigencias de la convivencia social, hasta la obtención de la oportuna licencia que garantice la inexistencia de infracciones o la adopción de las medidas necesarias para corregirlas. De esta forma, la decisión de precinto y clausura adoptada constituye la medida de carácter cautelar y no sancionadora más apropiada para impedir la continuidad de una actividad clandestina, que se ejerce sin la preceptiva licencia y, por tanto, sin garantía para el superior principio de respeto a la seguridad de los ciudadanos.

Del mismo modo, recuerdan otras tantas Sentencias que el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad ha de atenerse a los límites configurados por el ordenamiento jurídico, de forma que ni el transcurso del tiempo ni el pago de tributos, tasas o impuestos, ni la tolerancia administrativa implican un acto tácito de otorgamiento de licencia, debiendo conceptuarse por ello la actividad ejercida sin licencia como clandestina e irregular, no legitimable por el transcurso del tiempo.

En consecuencia, mientras el establecimiento objeto de queja no esté legalizado, constituirá una actividad ilegal y clandestina que debe ser inmediatamente clausurada por ese Ayuntamiento.

Y por otra parte, hay que recordar que el artículo 181.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establecía que:

«4. El incumplimiento de la orden de suspensión, incluida la que se traslade a las empresas suministradoras de servicios públicos, dará lugar, mientras persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de 600 euros. Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda».

En este sentido, pese a que es notorio el incumplimiento, persistente y reiterado, de este establecimiento, ese Ayuntamiento se ha limitado a imponer solo una multa coercitiva en un lapso temporal de casi dos años. Y tras nuestra intervención, se ha propuesta imponer la segunda multa coercitiva.

Como hemos dicho en otras ocasiones, esta laxitud en el ejercicio de las competencias disciplinarias y de policía de actividades es, sin duda, facilitadora de la irregularidad pues resulta ridícula la sanción coercitiva en contraposición al beneficio económico que obtiene el infractor, lo cual no es solo contrario a los principios de buena administración, eficacia, servicio al ciudadano y confianza legítima, a los que queda sujeto ese Ayuntamiento, por cuanto le permite al infractor seguir incurriendo en una flagrante irregularidad; también es una circunstancia que confirma el desamparo de los ciudadanos cuyos derechos se ven afectados, especialmente en este caso por el ruido y otras incidencias, que una instalación de este tipo genera, por la afluencia de público que atrae, y ante lo que ese Ayuntamiento hasta el momento únicamente desarrolla lo que damos en llamar “mera apariencia” de actividad disciplinaria, meros trámites burocráticos sin más consecuencias que apercibimientos inocuos que generan en la ciudadanía sensación de indefensión y en cierto sector de la hostelería la percepción de que nada ocurrirá.

De hecho, la LOUA permitía imponer multas coercitivas sucesivas por periodos mínimos de diez días; sin embargo, se ha impuesto solo una en más de diez meses. Pocas dudas ofrece esta circunstancia en cuanto a su interpretación y a las conclusiones que puedan alcanzarse.

Por otra parte, también hemos dicho en reiteradas ocasiones que la imposición de multas coercitivas es una posibilidad que en modo alguno excluye la ejecución subsidiaria y, en este concreto caso, no nos cabe duda de que supone un medio absolutamente ineficaz e insuficiente para procurar el cumplimiento de la legalidad, dado que sin duda será mucho mayor el rédito generado por la irregular actividad mientras esté en funcionamiento, que el perjuicio sufrido en el eventual e hipotético caso de que se impusieran, y lograran cobrar, las multas coercitivas.

En consecuencia, consideramos que ese Ayuntamiento está incurriendo en la vulneración del derecho a una buena administración, también considerado como principio -que ya se ha apuntado-, que figura en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, así como en la vulneración de los principios que deben regir la actividad de la Administración Pública, singularmente los de legalidad, eficacia, agilidad de los procedimientos administrativos, que se desprenden de los artículos 9.1 y 103.1 de la Constitución y 3 de la Ley 40/2015, antes del artículo 3 de la Ley 30/1992.

A la vista de cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber de sujeción de ese Ayuntamiento, en su actividad, al principio de buena administración que figura en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, así como a los principios de legalidad, eficacia y agilidad de los procedimientos administrativos, que se desprenden de los artículos 9.1 y 103.1 de la Constitución y 3 de la Ley 40/2015.

RECOMENDACIÓN. - para que, si a fecha de recepción de esta Resolución persistiera el desarrollo de la actividad principal (de bar) de forma ilícita, esto es, sin contar con autorización municipal, se proceda sin más demora a la ejecución forzosa de la clausura del establecimiento por medios municipales, a fin de no demorar más tiempo de forma injustificada una situación infractora que dura ya más de dos años, generadora de ruidos denunciados por personas afectadas, dándose cuenta al Ministerio Fiscal en caso de persistir, tras la clausura forzosa, en el desarrollo de la actividad.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz