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El Defensor del Pueblo Andaluz conoce las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Málaga para la limpieza del cauce urbano del río Guadalmedina a su paso por la ciudad, así como para la vigilancia policial en orden a disuadir de comportamientos incívicos que redunden en acumulación de residuos en este espacio.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio para conocer las medidas que se hubieran adoptado ante la situación, según los medios de comunicación, de suciedad y acumulación de basuras en la que se encontraba un tramo del cauce urbano del río Guadalmedina a su paso por Málaga, afectando negativamente a la imagen turística de la ciudad.

Después de dirigirnos al Ayuntamiento de Málaga, hemos conocido que la Policía Local ha puesto en marcha planes específicos de vigilancia en diversas zonas y que, en concreto, ya se cuenta con un seguimiento periódico en la zona en cuestión tanto por la Policía de Barrio del Distrito Centro, como por el Grupo de Protección de la Naturaleza, a fin de evitar que los vertidos y depósitos de basura se sigan repitiendo y denunciar a los autores de las conductas incívicas, realizando la vigilancia a diferentes franjas horarias y utilizando para ello, incluso, unidades de paisano cuando el servicio lo permita.

Con ello, consideramos que uno de los problemas, la necesidad de vigilar la zona y disuadir a los usuarios de comportamientos incívicos que aumentan la suciedad y acumulación de basuras, estaba en vías de solución, pero seguíamos sin conocer otras cuestiones como quién asume la limpieza de este espacio en los residuos que se acumulan en el mismo.

En su nueva respuesta, el Ayuntamiento de Málaga, a través de un informe emitido por LIMASA, empresa municipal encargada de la limpieza, recogida y tratamiento de residuos de Málaga, nos informaba que habían procedido a la limpieza de la zona hormigonada del cauce, incluyendo los espacios destinados para ser utilizados como fuentes, escaleras, puentes, etc.; también habían procedido a la retirada de muebles y enseres. Nos daban cuenta de la programación de limpieza para el año 2016, en la que se incluía la limpieza del cauce, el baldeo de escaleras y la retirada de muebles, así como las bases previstas para definir estos trabajos de limpieza y la posible intervención de limpieza en caso de que se pusiera en marcha el proyecto de vía ciclista.

Con estas actuaciones entendimos que el problema estaba en vías de solución y procedimos al cierre de esta actuación de oficio, aunque comunicamos al Ayuntamiento que considerábamos necesaria una adecuada coordinación entre las distintas áreas municipales, junto con la policía local de la ciudad, para garantizar que tales medidas eran suficientes no solo para mantener una frecuencia de labores de limpieza del cauce, sino también para disuadir, en la medida de lo posible, de conductas ciudadanas contrarias a las normas de civismo, convivencia y limpieza de la ciudad.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Nerja se compromete a estudiar con los vecinos colindantes a los terrenos donde se instala la feria, la adopción de medidas para reducir la contaminación acústica que genera su celebración.

Este queja venía motivada por el elevado nivel de ruido generado por la celebración de un festival de rock en el recinto ferial del municipio malagueño de Nerja, al parecer autorizado por el Ayuntamiento, durante cinco noches consecutivas. En el escrito de queja, la interesada indicaba que el ruido era insoportable, pero ese año, 2015, la carpa se situaba dentro del recinto, pegada a las viviendas: “El nivel de ruido y vibraciones se ha elevado a niveles inadmisibles, cinco noches de festival de rock a escasos 2 metros de viviendas. Los jóvenes que no entraban, hacían el botellón en los aledaños, en nuestras puertas, sin vigilancia, ni seguridad ninguna. Los cristales de las ventanas iban a estallar. El nivel de decibelios que aguantamos fue inhumano para los vecinos (…) Aún están las calles y plaza de alrededor llenas de vidrios. No es legal y no hay derecho”.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Nerja, éste nos comunicó que no había autorizado la realización de ningún tipo de festival rock en dicha carpa y que las únicas actuaciones autorizadas fueron las relacionadas con el ambiente ferial. De esta información dimos traslado a la interesada a fin de que nos remitiera sus consideraciones al respecto.

Una vez que recibimos las mismas, en las que la interesada replanteaba el objeto de la queja no tanto en el ruido generado por esas actuaciones musicales sino por la ubicación del recinto ferial en sí mismo y en el que cabían destacar las siguientes apreciaciones:

- Que la ubicación del recinto ferial está rodeada de viviendas y hoteles, por lo que la repercusión acústica de ese evento en los moradores de aquellos es altísima, especialmente en horario nocturno.

- Que desde la ubicación de la feria en este recinto, desde hace más de 15 años, se vienen produciendo quejas y reclamaciones de personas residentes en la zona, con motivo de los ruidos ocasionados por las instalaciones feriales y los eventos que se celebran.

- Que del informe del ingeniero técnico municipal se desprende que no se produce control alguno en cuanto al problema del ruido de la feria, o que se tomen medidas correctoras.

- Que, por tanto, la queja viene motivada no tanto por los ruidos en sí de la pasada feria 2015 sino por la inadecuada ubicación de la misma, así como por la ausencia de medidas correctoras de ruidos y molestias a vecinos, sin que parezca que se tenga en consideración este ruido y sin que se tomen medidas para paliar este problema.

En un informe complementario, el Ayuntamiento se comprometía a tomar medidas correctoras y, entre ellas, ya se había puesto en contacto con los vecinos de la zona para mantener una reunión con ellos y estudiar cambiar el formato de la feria para que el descanso vecinal y el ocio puedan coexistir en armonía.

Entendimos, por tanto, que no eran necesarias nuevas actuaciones, mucho más cuando la propia interesada nos manifestó que esperaba que las medidas puestas en marcha surtieran efecto y, en tanto, consideraba finalizada la queja. Por tanto, procedimos a su archivo.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, una asociación ecologista accede a la información y documentación medioambiental solicitada en un proyecto de duplicación de una carretera.

En su escrito de queja, una asociación ecologista de la provincia de Cádiz nos indicaba que en Enero de 2015 habían dirigido escrito a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz solicitando “ser admitidos con la condición de interesado del art. 31.b) y c) en el mencionado expediente del proyecto complementario nº 1 de la duplicación de la calzada de la A-491 del P.K. 15 al 24 Clave 02-CA-1428-0.0-C-1-ON, así como en el contrato público de obras de ejecución del citado proyecto con efectos desde esta solicitud, y obtener copia de la documentación que se solicite". De esta solicitud no obtuvieron respuesta, por lo que contactaron telefónicamente con la Delegación Territorial y tras ello, aunque consiguieron una cita personal con el técnico encargado del proyecto, no pudieron acceder al expediente pues debía ser autorizado por los servicios centrales de la Consejería.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos a la Consejería de Fomento y Vivienda, conocimos, en un primer momento, que ya se habían puesto en contacto con la asociación ecologista para informarle que aún no se habían ejecutado “las fases de marcado carácter medioambiental (vía verde y carril bici), se ha trasladado su petición a la Dirección General de Infraestructuras (…) la cual nos informa que deberá presentar la documentación pertinente que acredite su condición de interesado en este expediente” aunque estaba prevista una reunión con la asociación en fechas próximas a la del informe que nos fue enviado.

Dimos traslado de esta información a la asociación proponente de la queja y esta nos informó, 3 meses después, que aún no habían mantenido esa reunión, por lo que volvimos a dirigirnos a la Consejería de Fomento y Vivienda que nos informó que tras diversas vicisitudes, la reunión tuvo lugar en Mayo de 2016, en la que se dio respuesta a todas las dudas de la asociación ecologista en el referido expediente de obras y, además, se le había facilitado copia digital del proyecto.

De acuerdo con esta información, entendimos que habían sido atendidas las peticiones de la asociación ecologista, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda da respuesta expresa a una solicitud de información medioambiental de una asociación ecologista.

Acudió a esta Institución una asociación ecologista para denunciar la falta de respuesta a una petición de solicitud de información y datos de carácter medioambiental que habían dirigido al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en Diciembre de 2014. La información en cuestión, concretada en el mencionado escrito, eran los documentos citados en la Resolución de 12 de Marzo de 2010 de la Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz por la que se otorgaba al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda la autorización de vertido de aguas residuales urbanas al dominio público marítimo terrestre a través de emisario submarino y cuatro estaciones de desagüe.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, éste nos comunicó que en Junio de 2016 había dado respuesta a la solicitud de la asociación ecologista, poniendo así fin a la situación de silencio administrativo que había motivado esta queja.

El Ayuntamiento acepta la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, para el establecimiento de bonificaciones en el IBI a viviendas de protección oficial.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución al Ayuntamiento de Yunquera por la que recomendaba que se proceda a la revocación de los actos y acuerdos desestimatorios de la solicitud formulada por el particular interesado el 24 de febrero de 2012, instando el reconocimiento y aplicación de la bonificación prevista en el artículo 2.2, a) de la entonces vigente Ordenanza Fiscal del IBI, concediendo la misma en los ejercicios no prescritos.

Asimismo, sugería que para la resolución de la concreta solicitud de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, se proceda a la valoración de la misma y a determinar -en ejercicio de las potestades, competencias y autonomía municipales- si procedería el establecimiento en la Ordenanza Fiscal correspondiente de la bonificación que demanda la Agencia, notificando la Resolución a la misma en debida forma.

Al efecto, se recibe informe indicando la consideración de la resolución formulada, y que dará traslado a los servicios municipales oportunos para que se estudie la posibilidad de iniciación de los correspondientes expedientes administrativos.

Logramos que el Ayuntamiento desbloquee solicitud de acceso a información y documentación en el ámbito de la transparencia.

La parte promotora de la queja exponía que en fecha 1 de junio de 2016 presentó solicitud de acceso a información y documentación de archivo no atendida, al amparo de la normativa de transparencia y buen gobierno, sin que transcurrido el plazo establecido en la normativa de aplicación se le haya respondido.

Interesados ante la administración, se nos remite Decreto por el que resuelve estimar la solicitud de acceso a la información pública formulada y la remisión de la documentación al respecto.

Dado que el asunto objeto de la queja ha quedado solucionado, damos por concluidas nuestras actuaciones en el expediente.