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Concesión del Salario Social a una familia en situación de riesgo de exclusión social.

Una ciudadana, nos traslada que vive con tres hijos de 19, 17 y 12 años, que se encuentran a su cargo y sin percibir la pensión alimenticia del padre desde hace muchos meses debido a que se encuentra en paro desde hace  varios años. Mientras busca trabajo sin encontrarlo, ya que no tiene medios para subsistir.

Nos refiere que presentó la solicitud del Programa de Solidaridad el pasado 18 de febrero de 2012 en el Ayuntamiento de Los Palacios, sin haber recibido aún la Resolución del Programa o escrito de ampliación de documentación.

Ante la situación en la que se encuentra, nos refiere la posibilidad de que se le tramite su expediente por emergencia social, tal como recoge el artículo 20 del Decreto 2/1999.

Tras solicitar informe a la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, se nos informa que se ha resuelto conceder a la unidad familiar a que representa la parte promotora de la queja la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad, prevista en el art. 5, aptdo. a) del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los andaluces, que consistirá en una prestación económica mensual de 554,95€ durante seis meses.

Asimismo, nos informan que la Consejería de Hacienda y Administración Pública transferirá próximamente, el crédito correspondiente para hacer efectivos los pagos a las unidades familiares solicitantes del IMS, por lo que posteriormente esa Delegación Territorial procederá a ingresar a la parte promotora de la queja las cuantías correspondientes.

Se reanudan los pagos mensuales del Salario Social interrumpidos en enero.

Una ciudadana denunciaba que, teniendo reconocido el salario social por seis meses, actualmente solo le habían ingresado una mensualidad el 27 de diciembre de 2012, no habiendo percibido la mensualidad de enero del presente año, siéndole ello necesario para el sustento de su familia, compuesta de matrimonio y cinco hijos, así como para pagar el alquiler, los gastos de suministro de agua, luz, gas, etc.

Tras solicitar informe a la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Salud y Bienestar Social, se nos indica que tras tramitarse la Propuesta de Concesión, se aprueba por la Comisión Provincial de Valoración, emitiéndose posteriormente la correspondiente Resolución.

Respecto a los pagos, nos indican que se realizan transferencias a la cuenta bancaria que obra en el expediente de la parte promotora de la queja por importe de 641,40€ mensuales. A fecha del informe se habían realizado cuatro transferencias por dicho importe, indicándonos que el ingreso de la quinta mensualidad se realizará en fechas próximas.

El Servicio de Menores ha mantenido diversas entrevistas tanto con los acogedores como con la madre y con los equipos técnicos intervinientes. Se ha establecido un régimen de relaciones entre la menor y su madre, con acuerdo entre todas las partes y se ha solicitado informe de seguimiento sobre la situación de la madre y sobre el desarrollo del acogimiento.

Los tíos de una menor, a la que tenían en acogimiento familiar simple, se lamentaban del escaso seguimiento que venía realizando el Ente Público de Protección respecto de la situación de la niña, y que tal inactividad hubiera propiciado el que no se hubiera propuesto aún un cambio de medida más favorable para ella.

El asunto planteado quedó resuelto el 7 de mayo de 2010 que se dictó resolución acordando declarar la idoneidad de los tíos acogedores para el acogimiento familiar permanente, el 7 de junio de 2010 constituían las actas de acogimiento familiar permanente, en la cual dijeron que si todo iba correctamente se resolvería vía administrativa.

Con todo ello se procedió al cierre de la queja.

En 2013 volvimos recibir un nuevo escrito de queja de la misma familia acogedora manifestando que la madre biológica se opuso al acogimiento familiar permanente de su hija en primera instancia siendo desestimada su demanda por el Juzgado de Familia. A continuación presentó recurso de apelación siendo en este caso estimado por la Audiencia Provincial de Cádiz, fundamentando su decisión en el escaso seguimiento efectuado de la evolución de la madre biológica, sin que constasen informes que justificaran el cambio de la medida de acogimiento de simple a permanente.

En estos momentos la niña llevaba siete años de convivencia ininterrumpida con sus acogedores y así no se comprendía como no se había aportado al expediente informes suficientes para justificar el cambio de medida, tal como argumenta en su sentencia el tribunal.

De este modo, volvimos a admitir a trámite esta nueva queja, interesamos de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Cádiz un nuevo informe comprensivo del seguimiento efectuado tanto del acogimiento familiar de la menor como de la evolución de la madre, todo ello en relación con la propuesta de acogimiento familiar permanente de la niña.