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Se recibía en esta Institución escrito de una persona en representación de su madre, vecina del núcleo de Torre de Benagalbón, formulando queja por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria a un escrito de la interesada presentado en fecha de octubre de 2021, solicitando expresamente: "el traslado de una estación depuradora de aguas residuales, ubicada en una antigua estación de ferrocarril, a escasos metros de nuestras viviendas, en pleno casco urbano y en primera línea de playa rodeada de chiringuitos".

A dicho escrito acompañaba un listado de firmas vecinales, con un total de 39 vecinos adheridos a su petición.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado ayuntamiento respondiera expresamente al escrito de la interesada, informándonos de ello.

El ayuntamiento nos informó que la instalación a la que se refería el escrito no era una estación depuradora sino una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR), que se sitúa desde hace décadas en el extremo sur del Carril de la Estación, por motivos geométricos y topográficos.

Además, se nos informaba de que existen estaciones similares en los núcleos de La Cala del Moral y Rincón de la Victoria, también ubicadas en zonas costeras y en la parte baja de los núcleos urbanos.

Esta EBAR, seguía el informe, constituía una infraestructura básica municipal pues a la misma llegan aguas fecales de la red de alcantarillado de la localidad y otras provenientes de la EBAR de Rincón de la Victoria, siendo todas ellas bombeadas hacia la Estación Depuradora de Aguas Residuales municipal.

Finalmente, se informaba que todos los colectores que llegan a esta EBAR lo hacen por gravedad, por lo que el cambio de ubicación de la misma supondría tener que rediseñar prácticamente todo el sistema de alcantarillado municipal con un coste económico tan elevado y una repercusión tan grande que puede considerarse inviable.

Consideramos que con este informe se daba expresa respuesta al escrito presentado en su momento por la interesada y se motivaba la razón por la que no podía acogerse lo pretendido, por lo que dimos por terminada nuestras actuaciones en este expediente de queja y procedimos a su archivo.

En el curso de un expediente anterior iniciamos actuaciones con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en relación con el retraso en la devolución de la fianza depositada en AVRA.

En el informe que nos remitió AVRA se nos trasladaba lo siguiente:

“(...) Una vez solventadas las circunstancias anteriores y en relación con la solicitud de devolución de fianza presentada el 13 de enero de 2021, mediante documento nº ..., siendo arrendadores D. ..., D. ... y D. ..., se informa que con fecha 4 de junio de 2021 se ha procedido a la materialización del pago reclamado, en la cuenta corriente designada en el citado documento … .

En cuanto a los intereses de demora solicitados por el Sr. ... en su escrito de fecha 22 de abril de 2021, mediante Resolución de liquidación de intereses de demora se procederá al reconocimiento del abono del importe correspondiente, de conformidad con el artículo 83,2, in fine, que dispone que, transcurrido el plazo establecido (un mes desde la fecha de la solicitud de devolución) sin que se haya procedido a la devolución del depósito, se devengará el interés legal correspondiente. Una vez emitida dicha Resolución, le será notificada al interesado. (...)”.

Sin embargo, la persona interesada volvió al contactar con esta Institución porque, transcurrido siete meses, aún no se había emitido la resolución correspondiente ni procedido al abono de los intereses de demora, incurriendo en un nuevo y prolongado retraso.

En este sentido, debimos recordar una vez más a la citada Agencia su obligación de respetar los plazos establecidos en la legislación tanto para la devolución de la fianza como para el abono de los intereses de demora, como por otra parte se exigía a los ciudadanos y ciudadanas que se habían de relacionar con la Administración.

Admitimos a trámite esta nueva queja y solicitamos informe a AVRA, recibiendo respuesta de la Viceconsejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en la que se manifestaba que, de conformidad con el artículo 8. 2 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, que establece la obligación de indemnizar al administrado por el retraso en el pago de la devolución del depósito, se había dictado Resolución de abono de intereses en fecha 8 de marzo de 2022, por importe de 5,75€ euros, en concepto de interés legal por el retraso en el pago del importe parcial de fianza. El cálculo del referido interés se hizo sobre el período de retraso en el abono de la solicitud de devolución parcial del depósito, esto es, desde el 13 de febrero hasta 4 de junio de 2021, ambos inclusive.

A la vista de ello, puesto que el asunto planteado se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona promotora de la queja manifestaba que tenía tres hijos a su cargo, uno había padecido leucemia y tenía revisiones. No tenía ingresos, y solicitaba nuestra intervención para parar el desahucio previsto para el 17 de diciembre de 2021.

Aportaba numerosa documentación sobre el procedimiento judicial, así como sobre sus ingresos (percibía 147€ de prestación por hijo a cargo y su pareja 271,55 € de subsidio por desempleo), pero no precisaba que atención le estaban dispensando en los Servicios Sociales Comunitarios y si había acudido a la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV), por lo que nos dirigimos a dicho organismo solicitando información sobre si ya se les había abierto expediente.

Respondieron afirmativamente y que se llegó a un acuerdo con la propiedad para facilitar el alquiler social a la familia, para ello, solicitaron a la OMDV el informe de vulnerabilidad de Servicios Sociales, se tramitó y remitió a la persona de contacto en la entidad bancaria hacía unas semanas. Estaban esperando contestación al respecto, por lo cual quedamos a la espera de un nuevo informe.

En el nuevo informe recibido se nos indicó que mediante contacto telefónico con la persona afectada ésta les había confirmado que le habían renovado el contrato pagando 100 € durante 7 años, por lo que desde la OMDV se iba a proceder a cerrar el expediente.

Con esta información nosotros también dimos por concluidas nuestras actuaciones al considerar que el asunto planteado se encontraba solucionado.

La persona reclamante nos exponía textualmente lo siguiente:

“(...) Se trata de que hace un año, la policía local vino a mi casa para corroborar la solicitud que presenté para solicitar la plaza de aparcamiento en la puerta de mi casa. La policía hizo el informe favorable ya que tengo el 51% por ciento de minusvalía y movilidad reducida debido a la esclerosis múltiple que padezco. Bien, de eso hace un año y unos meses y no hay resultados, se lo dije en 2 ocasiones al Alcalde y me respondió que lo tiene en mente, pero como digo, hace un año y meses que lo tengo aprobado.

Por otro lado, los minusválidos no tenemos acceso al Ayuntamiento ya que no tiene rampa, solo escaleras, la oficina de la vivienda tampoco ya que está en un primero y sin ascensor. La oficina de la orientadora social tampoco, ya que está en un primero, aquí sí hay ascensor, pero hace más de 2 años que no funciona. Por otro lado, solo hay zona de aparcamiento para minusválidos en la calle del Ayuntamiento, no tenemos en ningún lugar de instituciones públicas.

En urbanismo que también está el Guadalinfo tampoco, es más, si nos ve la policía nos echa, y si no nos ve nos multa. En el consultorio médico tampoco, hay un aparcamiento público pero de piedras. Los que vamos en silla de ruedas y/o con muletas estamos inseguros, ya que las sillas no ruedan con facilidad y con muletas se corre el riesgo de caerse y hacerse más daño del que ya tenemos. En el único lugar donde hay fácil acceso es en asuntos sociales. Ni siquiera la policía local tiene.”

Admitida la queja a trámite interesamos del Ayuntamiento de Villaverde del Río que nos indicara la resolución que se adoptara en torno a la solicitud de la persona reclamante de instalación de una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida en las cercanías de su domicilio, señalando las causas del retraso en dictar la resolución que procediera ya que, según mantenía la persona afectada, hacía un año y meses desde que fue presentada.

En cuanto a las barreras que presentaban ese Ayuntamiento y otros edificios públicos de esa localidad, deseábamos conocer las actuaciones previstas.

En la respuesta emitida se nos informó que la solicitud referente a la plaza de minusválidos, había sido atendida y que dicha plaza ya se encontraba señalizada en el suelo a falta de colocar la señalización vertical de la misma.

En cuanto a la accesibilidad de las personas de movilidad reducida a los edificios municipales, manifestaban que había sido siempre una prioridad y muestra de ello era que en la actualidad se encontraba en trámite poder adjudicar antes de final de mayo, la construcción de un nuevo edificio consistorial que, a medio plazo, unificaría todos los servicios en un sólo edificio totalmente accesible.

Considerando aceptada la pretensión de la persona reclamante, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona afectada manifestaba lo siguiente:

“Yo vivo enfrente de una cabecera de línea del nº15, Plaza de las Brigadas Internacionales, por la noche no siempre hay algún autobús que se queda por la noche encendido y molesta. Ahora no tanto, por el simple hecho que en esta época del año las ventanas están cerradas, pero para renovar el aire del interior de la vivienda al abrir se escucha el runruneo toda o casi toda la noche.

Mandé un correo a la Empresa de Transporte de la EMT de Málaga, me respondieron diciendo que no puede estar más de 5 minutos el autobús y que si fuera más de esos 5 minutos que apuntara la matricula. Cosa que no veo lógico si uno está descansando ir a la calle y apuntar la matricula. Cosa que ahora está prohibida por el Toque de Queda.

Como vi que ese medio no iba a funcionar puse una instancia en el Ayuntamiento de Málaga, a las pocas semanas me mandan una carta Certificada, por parte del Servicio Jurídico-Administrativo, la respuesta que dan ellos es que van hacer una toma de medida de ruido en menos de 20 días hábiles, estos 20 días hábiles ya han pasado.

Hay menor ruido por la sencilla razón que les habrá dicho su jefe a los conductores que no pueden estar el día de la toma de ruido si es que hubo. Yo solo pido que no estén más del tiempo permitido, es decir, máximo (5) cinco minutos. Y que se instale una cámara con micrófono para comprobar, que esté apagado el autobús, donde lo normal es que estén en el garaje/depósito de autobuses de la EMT de Málaga.”

Admitimos la queja a trámite y solicitamos información al Ayuntamiento del Málaga sobre la posibilidad de limitar a 5 minutos el tiempo de parada del autobús, así como la instalación de medidores acústicos que ayudaran a la comprobación de las medidas correctoras que se adoptaran.

Según la respuesta municipal el servicio de transporte urbano de Málaga, empresa de titularidad municipal, operaba íntegramente con autobuses homologados de acuerdo a la legislación vigente, todos los autobuses pasaban la ITV cada 6 meses, y también eran revisados en sus talleres por personal especializado, por lo que la utilización de este tipo de vehículos en la vía pública cumple con todos los preceptos, reglamentos y ordenanzas vigentes.

En particular, la cabecera de la línea 15, en la Plaza de las Brigadas Internacionales, estaba situada en una plaza muy amplia, por lo cual los autobuses estaban a bastante distancia de las viviendas. No obstante, a solicitud de la persona reclamante, procedieron a evaluar en más de una ocasión si algún autobús en concreto emitía ruidos por encima de los niveles máximos autorizados, y no habían encontrado nada anormal.

Por otro lado, mantenían una instrucción de trabajo emitida a todos los conductores de la empresa, para que apagaran los motores en caso de que tuvieran la necesidad de permanecer más tiempo del debido en la cabecera de línea, por ejemplo, si tenían que regular tiempos de espera.

Por último, indicaban que la empresa estaba renovando la flota de autobuses, incluyendo, entre otras tecnologías, híbridos y eléctricos, que eran silenciosos.

De esta información dimos traslado a la persona afectada para que formulase las alegaciones y consideraciones que estimara oportunas. De las formuladas dimos traslado al Ayuntamiento para que nos informara sobre la posibilidad de incorporar autobuses eléctricos a la línea 15.

En la contestación municipal se reflejaba que la empresa ya había comenzado a adquirir autobuses eléctricos, de los cuales tenían en licitación pública las primeras diez unidades. Aunque su precio era muy superior a otras tecnologías, con la ayuda de los Fondos Europeos Next Generation estaban construyendo unas nuevas cocheras en Málaga, y pretendían migrar toda la flota a tecnología eléctrica.

No obstante, indicaban que todos los autobuses de 18 metros que estaban adquiriendo eran híbridos, que reducían el ruido de forma notable. Las últimas diez unidades puestas en servicio eran de esa tecnología, y tenían otras 12 unidades en fabricación, que entrarían en funcionamiento este año.

Concluían que los autobuses de la línea 15 serían eléctricos, pero era imposible precisar por el momento cuándo, ya que la implementación de estas tecnologías más costosas era cuestión de años. En cualquier caso, los nuevos autobuses híbridos adquiridos y en fabricación reducían de forma sustancial el ruido.

Ante esta información, considerando que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Se dirigió a nosotros la familia extensa de una menor, tutelada por la Junta de Andalucía, quejándose porque no habían obtenido respuesta a la solicitud que presentaron para volver a tener a su nieta en acogimiento familiar, fundamentando su solicitud en que en esos momentos habían variado sustancialmente las circunstancias que motivaron la extinción del acogimiento familiar, resultando por tanto beneficioso para la menor volver con su abuelos, con quienes seguía manteniendo vínculos afectivos.

En relación con esta cuestión la Delegación Territorial nos informó que si bien no se les dio respuesta escrita, los solicitantes habían sido atendidos telefónicamente y conocían la situación jurídica del expediente por lo que se estimaba que su insistencia en obtener respuesta escrita carecía de fundamento.

La Administración dio respuesta favorable a nuestra resolución, asumiendo su contenido y procediendo a comunicar por escrito a la familia extensa de la menor la resolución motivada emitida en respuesta a su petición, que en este caso fue en sentido negativo, por considerar que no existían elementos que hicieran necesario modificar la medida acordada en protección de la menor.

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz tramita la presente queja, relativa a las medidas de conservación y protección de las instalaciones de recreo para menores en un parque infantil en la ciudad de Cádiz.

En su día esta Defensoría se hizo eco de la situación del parque infantil y nos dirigimos ante el ayuntamiento de la ciudad. El ayuntamiento señaló sobre la cuestión:

“En lo que respecta a los daños en el juego GERBE y en el poste informativo, habiéndose recibido el informe favorable de la inspección de rutina tras el correo en el que se denunciaba el estado del parque infantil, se consideró erróneamente que durante el plazo de remisión de la denuncia se habían solventado las deficiencias.

Una vez detectado el error, gracias al escrito recibido del Defensor del Menor de Andalucía, se han iniciado las gestiones y los trabajos necesarios tanto para la subsanación de las deficiencias como para la mejora de los procedimientos establecidos con el fin de evitar se vuelvan a producir.

Independientemente de las obras de adecuación en el pavimento de caucho ya realizadas, una vez se adjudique el contrato de “Adecuación y Mejora de los Parques Infantiles” cuyo expediente se ha iniciado, se procederá a la sustitución completa de la totalidad de la superficie de absorción tal y como se tenía previsto”.

Así pues, creemos deducir que las autoridades se han mostrado receptivas para abordar las peticiones del interesado y podemos, pues, colegir los trámites realizados que pretenden superar esa situación y avanzar en la resolución próxima con las actuaciones que se anuncian. Por tanto, y aun cuando esta conclusión está pendiente de producirse, hemos de tomar en consideración tal compromiso y ofrecer el plazo necesario hasta su definitiva resolución que, confiemos, no se demore en beneficio de los menores y familias usuarios del parque infantil.

Así pues, podemos considerar que al día de la fecha el asunto que motivó la intervención sobre la presente queja se encuentra en vías de solución, dando por finalizadas nuestras actuaciones sin perjuicio de desplegar las actividades de seguimiento y control que el caso merece.

En el expediente de queja, con el número arriba indicado, D. (…) concejal no adscrito del Excmo. Ayto. de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), pide amparo a esta Defensoría ante la imposibilidad de poder ejercer la labor de oposición en el mencionado Consistorio por la falta de respuesta a las preguntas y ruegos que este Concejal cursa por el registro del Ayuntamiento y que reitera en las sesiones plenaria al actual equipo de gobierno, lo que impide como oposición ejercer su responsabilidad y la obligación, que es la de velar por los intereses del municipio y sus vecinos. Nos traslada que como concejal debe de disponer de los medios necesarios para poder ejercer sus funciones.

Tras instar al Ayuntamiento que de respuesta expresa a la solicitud de información respecto al número de viviendas que dispone la administración municipal, nos remite copia de la resolución emitida con fecha 7 de septiembre de 2022, en la cual se resuelve expresamente dicha cuestión.

Al haberse puesto fin a la situación de silencio administrativo por la que tramitamos la queja, procede que demos por terminada nuestra intervención en la misma y dictemos su archivo.

En el expediente de queja, con el número arriba indicado, nos trasladan la falta de información sobre el motivo del veto en las redes sociales del Ayuntamiento de Carboneras, así como el levantamiento del mismo, que impide poder expresar su opinión o trasladar propuestas.

Tras instar al Ayuntamiento la necesidad de resolver expresamente, sin más dilaciones, escritos presentados, nos comunican que se ha procedido a informar al ciudadano sobre Ia cuestión planteada, adjuntando el informe emitido por el Delegado de Hacienda, Función Pública, Personal, Comunicación y Nuevas Tecnologías, en el cual manifiesta que no se le impide el acceso y consulta de la información publicada, igualmente señala que en los perfiles institucionales del Ayuntamiento de Carboneras en Instagram y Twitter no existe ninguna restricción que afecte al interesado, dado que no ha actuado alentando a la desinformación en las mismas. En ningún caso, existe tampoco restricción alguna en las redes sociales institucionales de la administración mencionada para los perfiles oficiales del partido Ciudadanos Carboneras, del que es miembro.

Por todo ello, entendiendo que la cuestión por la que tramitamos la queja ha sido solventada, procede que demos por terminada nuestra intervención en la misma y dictemos su archivo.