La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Queja número 21/7272

Comparecía en esta Institución una vecina de Sevilla exponiendo que, desde el mes de noviembre de 2020, venía recibiendo facturas estimadas en el suministro eléctrico de su vivienda, mostrando su disconformidad con la facturación la cual considera sobrestimada respecto de la real, llegando a pagar en torno a 80€ por el consumo correspondiente a cinco días.

La distribuidora le había comunicado que su suministro estaba afectado por una incidencia en el proceso de comunicación del sistema de telegestión y, mientras tanto, se pasaba a tomar lectura real en campo de forma manual o, para mayor seguridad, que ella misma facilitase los datos de lectura de su suministro.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la compañía eléctrica que nos informó de que se había procedido a realizar visita de campo para la toma de lecturas reales con el objeto de facturar el suministro correctamente.

También se nos informaba de que en nueva visita al suministro de la interesada se comprobó que el contador estaba bloqueado, por lo que se procedió a su sustitución.

Según indicaba el informe en ese momento se tomó lectura real, quedando el nuevo contador programado correctamente y precintado.

Entendimos que el problema planteado en el escrito de queja se había solucionado y procedimos al cierre del expediente de queja.

Queja número 22/3095

Comparecía en esta Institución una vecina de Córdoba, mediante escrito que en el que exponía que, desde que recibieron carta de su comercializadora Energía XXI, de fecha 31/01/2022, informándole de las opciones para acogerse a contrato de autoconsumo no habían podido completar la contratación al encontrar múltiples dificultades.

Acudieron a la oficina comercial y con su asesoramiento firmó solicitud de contrato con fecha 8/02/2022 (Tempo Solar Autoconsumo 2.0TD). Transcurridos 20 días contacta con la comercializadora que le deriva a distribuidora. Ésta le remite por correo indicación de la documentación que debe cumplimentar, lo cual hizo.

Con fecha 25/02/2022 firma contrato-solicitud y la distribuidora le sigue pidiendo documentación que envía a través del correo electrónico además de abonar 121 euros en concepto de estudio técnico (aunque no habría recibido factura que acreditase haber pagado).

Con fecha 7/03/2022 la distribuidora le envía escrito informativo de obtención de permisos de acceso y conexión.

A continuación, con fecha 23/03/2022 le remiten nuevo contrato-solicitud que firma ese mismo día (en esta ocasión sí a nombre de Energía XXI, producto Turdd EEXXI 2.0TD).

Al detectar que el contrato no adjuntaba anexo de precios acude de nuevo mediante cita previa a la oficina comercial el día 25/03/2022. Le indicaron que no podían acceder a dicha solicitud y debía firmar una nueva, generando contrato-solicitud (Tempo Solar Autoconsumo 2.0TD).

Seguidamente, con fecha 30/03/2022 recibe llamada de la comercializadora Endesa solicitando documentación que ya había presentado. Ese mismo día recibe un correo electrónico indicándole que remiten a distribuidora su solicitud de contratación, que no se corresponde con ninguno de los firmados por ella.

Con fecha 12/04/2022 recibe correo indicando que no han podido completar la solicitud de alta de contratación al no disponer de la documentación necesaria, pero no le indican cuál es la que falta.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de Endesa, cuya distribuidora nos informó de que se recibió en fecha 11.02.2022 y en fecha 25.03.2022 por parte de la comercializadora, ENDESA ENERGIA SAU, solicitudes de cambio de comercializadora con modificaciones en el contrato de acceso, siendo dicho cambio la modalidad de autoconsumo con excedentes y compensación individual.

Ambas solicitudes fueron rechazadas por parte de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U, por “Falta documentación técnica de baja tensión”.

Por otra parte, informaba de que se comprueba a través de la referencia catastral del suministro que la instalación está ubicada en un suelo rústico. Es por ello, que al tratarse de una instalación de autoconsumo con excedentes en dicho suelo, de acuerdo al RD 244/2019, se debe formalizar un contrato técnico de acceso (CTA) para su instalación de generación con la Empresa Distribuidora.

En este sentido, se indicaba que si la reclamante deseaba contratar dicha modalidad podía ponerse en contacto con la dirección ATR-generadores.edistribucion@enel.com. para realizar la gestión del CTA.

Una vez resuelto lo indicado anteriormente la interesada debería realizar una nueva contratación a través de su comercializadora, presentando la documentación correcta, para poder reflejar en el mismo la nueva condición de autoconsumo.

De todo ello dimos traslado a la promotora de la queja y, entendiendo que el asunto que motivó este expediente de queja se encontraba en vías de ser solucionado, procedimos al archivo del mismo.

Queja número 22/1378

En esta Institución se ha tramitado expediente de queja a instancia de parte referente a disconformidad con la situación que vienen sufriendo los profesionales del SAS de distintas categorías, al no poder progresar en la Carrera Profesional.

Recibido el informe solicitado a la Dirección General de Personal del SAS, ésta nos comunicaba que el interesado, que ocupaba el puesto de Administrativo clasificado como Personal de Gestión y Servicios en un Hospital andaluz, se encontraba entre el personal para el que no se contaba con una norma que estableciera su acceso a la Carrera Profesional. No obstante, el proceso de negociación para la extensión del modelo de Carrera Profesional a todos los profesionales ya se culminó con acuerdo, y el pasado 19 de abril fue ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Desde ese momento, la Dirección General de Personal está trabajando con la mayor celeridad posible para que el acceso a la Carrera de todos los profesionales a los que corresponda, sea una realidad en el más breve plazo posible.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 22/1897 dirigida a Viceconsejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda

Con base en el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Viceconsejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en el sentido de que, atendiendo al derecho de la ciudadanía a una buena Administración, se proceda de forma inmediata a efectuar la revisión del expediente de la persona interesada en la presente queja y a notificar su resultado a esta Defensoría.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 11 de marzo de 2022 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por D. ..., con DNI ... y domicilio en el municipio de ..., exponiendo que solicitó la ayuda para el alquiler el día 13 de diciembre de 2018, conforme a la Orden de 30 de octubre de 2018, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la cual le fue estimada mediante Resolución de 5 de noviembre de 2020, concediéndole una subvención de 1600 euros y aportando toda la documentación necesaria. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido no se le había abonado la citada subvención.

2.- Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar informe a esa Viceconsejería.

3.- Con fecha 27 de junio de 2022 recibimos respuesta de esa Viceconsejería informando que, en virtud de la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, sobre la comprobación de requisitos para la concesión de ayudas al alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, la ayuda de la persona interesada había sido objeto de comprobación con posterioridad a su resolución de concesión, habiéndose detectado causa para iniciar un procedimiento de pérdida de derecho.

También se nos informaba que este procedimiento sería masivo y próximo a iniciarse, y que se indicaría claramente la incidencia que se diera en cada una de las ayudas objeto del mismo y se garantizaría la audiencia a todas las personas interesadas.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De los principios rectores de la actuación administrativa y el perjuicio causado por la Administración pública.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza en su artículo 31 el derecho a una buena administración, el cual comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Asimismo, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, la Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Dichos principios también se recogen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, cuyo artículo 3 dispone que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.

Los mismos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

Asimismo, el artículo 69.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles.

En definitiva, estas normas imponen a esa Administración, en su funcionamiento, la obligación de ordenar adecuadamente sus recursos en orden a la prestación eficaz y eficiente de los servicios que tienen encomendados.

Segunda.- Sobre las presentes ayudas para el alquiler.

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, tiene por objeto garantizar el derecho consagrado en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía a una vivienda digna y adecuada, estableciendo que la gestión de recursos económicos de la Administración de la Junta de Andalucía, incluida la gestión de ayudas estatales, dará preferencia, en el marco establecido en los planes de vivienda, a los grupos de especial protección con menor índice de renta.

Asimismo, tanto el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, regulado por el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, como el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado por el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, establecen programas de ayudas al alquiler de vivienda a personas con ingresos limitados.

Con esta base se aprobaron en Andalucía la Orden de 17 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas para el alquiler de viviendas a personas en situación de especial vulnerabilidad o con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 30 de octubre de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018 estas ayudas.

El objeto de estas ayudas es, por tanto, la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes. Se trata por lo general, como hemos visto en anteriores convocatorias y en la presente, de familias que no pueden con sus propios medios acceder a una vivienda en el mercado libre, ni en la mayoría de los casos, pese a reunir los requisitos para poder acceder a una vivienda protegida, logran acceder a una de ellas con la urgencia que demanda su situación habitacional, debido a la insuficiencia del parque público de viviendas para satisfacer la demanda, ni siquiera a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y emergencia habitacional.

El plazo para resolver y notificar la resolución era de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, esto es, el 8 de febrero de 2018.

Al ser numerosas las quejas planteadas manifestando el retraso que afectaba a la tramitación de esta Convocatoria para el ejercicio 2018 de ayudas para el alquiler de viviendas esta Institución procedió en su día a iniciar la queja de oficio queja 19/2709.

Posteriormente, ante la situación de Estado de Alarma por el COVID-19 nos dirigimos a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a fin de recabar información por las medidas concretas que se estuviesen poniendo en marcha para garantizar el derecho a la vivienda y, en particular, respecto a las ayudas para el alquiler de vivienda habitual, por las posibles dilaciones que podrían añadirse al ya extraordinario retraso que venía sufriendo el procedimiento de resolución y pago. (queja 20/1927).

Por parte de esta Defensoría continuaremos la tramitación de las referidas actuaciones de oficio hasta la finalización de la Convocatoria 2018 de ayudas al alquiler, momento en el cual efectuaremos una valoración final de la misma.

En cualquier caso, la demora administrativa producida en la resolución de esta convocatoria de ayudas al alquiler ha vulnerado la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía.

Asimismo, podemos afirmar que los retrasos excesivos que han afectado a la tramitación, conclusión y materialización de estas ayudas, han distorsionado la finalidad para la que fueron creadas. De hecho, la anómala situación en su tramitación ha provocando que muchas familias hayan tenido que verse envueltas en un procedimiento de desahucio o, en evitación de dicho procedimiento, hayan abandonado o renunciado a su arrendamiento.

Por ello, con independencia de la valoración que se efectúe en la citada queja de oficio de la tramitación general de la convocatoria, debemos hacer referencia a las vicisitudes particulares producidas en algunos expedientes tramitados individualmente, como en el presente caso. Así, como exponíamos en el apartado relativo a los antecedentes, además del retraso de casi dos años en la resolución de su solicitud de forma favorable, la interesada lleva desde noviembre de 2020 a la espera del abono de la subvención, retraso al que ahora se añadirá el procedimiento de revisión del expediente y de cumplimiento de los requisitos.

Sin perjuicio de que se trate de un trámite legal, y también necesario para garantizar el principio de igualdad en la concesión de las ayudas, lo cierto es que las personas afectadas por esta última revisión, van a sufrir además de la posible denegación de la ayuda que ya se le había reconocido, una nueva dilación en la finalización de sus expedientes, con el consiguiente perjuicio después de las lógicas expectativas creadas tras las resoluciones estimatorias recaídas a finales del año 2020.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos citados en el cuerpo de la presente resolución.

RECOMENDACIÓN. - para que, atendiendo al derecho de la ciudadanía a una buena Administración, se proceda de forma inmediata a efectuar la revisión del expediente de la persona interesada en la presente queja y a notificar su resultado a esta Defensoría.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Queja número 21/7264

La persona reclamante exponía lo siguiente:

Buenos días; Me pongo en contacto con el Defensor del Pueblo Andaluz para intentar buscar una solución para mi problema; los daños que está sufriendo nuestra vivienda debido al lamentable estado en que se encuentra la calle de ..., situada en el pueblo de Mojácar (Almería). Hay varias zonas de la calle en las que se está hundiendo el terreno, hay socavones y agujeros (algunos de gran tamaño) y esto está afectando gravemente a nuestra vivienda, situada en la esquina de calle de ... con la calle ..., nº … . Algunos de estos socavones, se encuentran al lado de la fachada lateral de la vivienda y esto está provocando unas grietas en la vivienda de un tamaño considerable. Cada vez que se producen roturas y fugas de las tuberías de Galasa (Gestión de aguas del Levante Almeriense) o cada vez que llueve, este agua entra directamente a las paredes de la vivienda, ya que ese lateral de la casa está construido por debajo del nivel del suelo. Otra zona hundida está en la misma entrada del inmueble, habiendo afectado a la estructura de la terraza provocando grietas y desprendimientos. Estamos realmente preocupados por el estado de la casa porque las grietas son cada vez mas preocupantes. Consideramos que es una irresponsabilidad, ya no solo por dejar que se estén viendo afectadas propiedades particulares, sino por el serio peligro que intuimos respecto a los cimientos y estructura de la vivienda, sobre la que, además, se sustentan cuatro inmuebles más en la parte superior. Esta calle lleva en muy malas condiciones hace bastantes años, pero la situación actualmente es ya insostenible, a parte de que los vecinos tenemos un acceso a nuestras casas muy peligroso. He entregado un escrito en el Ayuntamiento de Mojácar, en Galasa y en la diputación de Almería, (adjuntando fotografías) hace un mes y sigo sin obtener respuesta. Adjunto fotografías de dichos registros. Y del estado de la calle a día de hoy y de los desperfectos de nuestra casa.”

Admitida la queja a trámite solicitamos informe al Ayuntamiento de Mojácar, y de su respuesta se deducía que el asunto planteado se encontraba en vías de solución al habérsenos manifestado que los daños de la calle se ocasionaron a consecuencia de averías continuas en las infraestructuras públicas de canalización de agua que discurrían bajo ella, habiéndose reparado por la compañía titular del servicio las roturas en las tuberías, para lo que hubo de abrirse parcialmente zanjas en la calle para llegar hasta las tuberías y rellenar después con arena. Posteriormente se acometieron las reparaciones del pavimento y próximamente se llevarían a cabo las obras de adecentación de la calle, con las que se dispondrá de pretiles de protección, arreglos de las escaleras existentes con disposición de pasamanos, pavimentado de hormigón en ensanches y manos de pintura.

Queja número 22/0606

Se recibía en esta Institución escrito de queja de una vecina de Úbeda en el que exponía, en esencia, que en agosto de 2021 había presentado a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Úbeda un escrito con el que formulaba la siguiente petición expresa relativa a un sauce sito en un jardín municipal en la pedanía de San Miguel, de Úbeda:

"Que se proceda por parte del Ayuntamiento de Úbeda al debido mantenimiento sobre el árbol sito en el jardín municipal señalado, igual que se hace con el resto de jardín, procediendo a su poda y debido cuidado puesto que las ramas crecen sin control sobre la terraza de mi vivienda con grave riesgo de caída con el consiguiente daño que ello podrían producir sobre los bienes y/o personas".

Sin embargo, seis meses después de aquella petición seguía sin tener respuesta a la misma y tampoco se había llevado a cabo trabajo alguno sobre el árbol en cuestión, cuyas ramas, según nos aseguraba: "crecen sin control sobre la terraza de la vivienda de mi propiedad suponiendo un grave riesgo para mi vivienda y para los viandantes".

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Úbeda rogándoles se atendiera esta petición y, si era cierto el estado que se denunciaba de este ejemplar de árbol y, sobre todo, si eran ciertos los riesgos a que se aludía, pedíamos que se procediera a en consecuencia a realizar los trabajos de poda y/o mantenimiento que precisase, informándonos al respecto.

En respuesta recibimos oficio y dos informes del Ayuntamiento de Úbeda y de los que cabía destacar lo siguiente:

"Con fecha 10/09/2019, ya se emitió informe técnico en relación al estado del árbol en cuestión, Salix Babylonica (sauce llorón), sito en el poblado de San Miguel, por realización de obras en el acerado de la calle (...) y tras haber realizado la inspección del árbol, se concluye: “no encontrar ningún problema grave o muy grave que comprometa el estado del mismo” (se adjunta copia).

Con fecha 09/08/2021, tiene entrada por Registro en éste Ayuntamiento, escrito de Dña. … , en el que se solicita: “Que se proceda por parte del Ayuntamiento de Úbeda al debido mantenimiento sobre el árbol sito en el jardín municipal señalado, igual que se hace con el resto de jardín, procediendo a su poda y debido cuidado puesto que las ramas crecen sin control sobre la terraza de mi vivienda con grave riesgo de caída con el consiguiente daño que ello podrían producir sobre los bienes y/o personas”. Ante dicha solicitud, se gira visita por parte del capataz encargado de mantenimiento de jardines, realizando una valoración de lo expuesto por la Sra. … , concluyendo que el árbol en cuestión no invadía propiedad, sin que se advirtieran riesgos provocados por un mal mantenimiento del árbol.

Con fecha 4/03/2022, se vuelve a girar visita por parte del servicio técnico de jardines y la Sra. Alcaldesa-Pedánea del poblado de San Miguel, para volver a realizar una evaluación del los posibles riesgos y peligro que pudiera estar causando el árbol en cuestión, así como las necesidades de mantenimiento que se demandaran de forma urgente. Se verifica “in situ” la no existencia de riesgos ni de peligro alguno ni para la integridad de las personas ni de las cosas y se propone para la realización de poda ligera de las ramas más cercanas a las viviendas, que en ningún caso llegan a invadir.

Con fecha 21/04/2022, se traslada una dotación del equipo de jardineros municipales al poblado de San Miguel y se procede a la poda de mantenimiento del ejemplar, conforme a las necesidades de desarrollo del árbol, verificando la no invasión de éste en ninguna propiedad colindante".

Por otra parte, en el mismo informe se incluía un apartado de conclusiones sobre la queja y el árbol que la motivaba:

"1º.- Desde el Servicio de Jardines de éste Ayuntamiento, se han realizado y se realizan, todas las labores de mantenimiento de todos los parques, jardines y arbolado públicos del municipio, incluidos los de la pedanía de San Miguel. Con respecto al caso planteado, se han realizado las distintas podas necesarias para el buen desarrollo y mantenimiento del individuo, adecuadas a su especie Salix Babylonica (sauce llorón).

2º.- Ante las distintas alegaciones presentadas por la Sra (…) , se han realizado las visitas técnicas oportunas para la valoración del árbol en cuestión, resultando que, a nuestro juicio, no existe presencia de riesgos ni peligro alguno ni a la seguridad de las personas ni a las cosas.

3º.- El árbol objeto de este informe se encuentra ubicado en acerado público, siendo la distancia al vallado del inmueble más cercano de más de 5,5 m, sin que, en ningún caso, las ramas sobrepasen la línea de fachada. Se ha de añadir, que las ramas más cercanas, son ramas de crecida del año, con un grosor de escasos centímetros, flexibles y con tendencia a colgadura vertical hacia el suelo. Se adjuntan fotografías realizadas en distintas fechas, en las que se puede apreciar lo expuesto en éste informe.

No obstante, y teniendo en cuenta la morfología de ésta especie (de ramas colgantes, largas y flexibles que caen hasta el suelo), se ha realizado una ligera poda de aquellas ramas más cercanas al inmueble colindante.

4º.- Desde que se ha tenido constancia de la reclamación realizada por Dña. (…( , el Área de Jardines del Ayuntamiento de Úbeda ha prestado atención a la misma de forma inmediata, realizándose las visitas necesarias para tomar las medidas que se han llevado a cabo de poda y mantenimiento adecuadas a las necesidades específicas de éste ejemplar."

En definitiva, de este informe se desprendía que la situación del árbol, a 5,5 metros de la vivienda, no presentaba riesgos ni peligro alguno, pese a lo cual se había llevado a cabo una poda de mantenimiento de las ramas más cercanas al inmueble, por lo que cabía entender atendida la pretensión principal en este asunto, con lo que dimos por terminadas nuestras actuaciones en el mismo y procedimos al archivo de la queja.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 19/3422 dirigida a Ayuntamiento de Alhama de Granada (Granada)

Instamos al Ayuntamiento de Alhama de Granada a considerar como foco ruidoso susceptible de control municipal, a un conjunto de vehículos y maquinaria pesada destinada a la construcción civil, que se aparcan, lavan y mantienen en un solar ubicado en un entorno residencial, generando elevados niveles de ruido a la entrada, salida y operaciones de limpieza y mantenimiento.

ANTECEDENTES

El 26 de junio de 2019 nos trasladó la Sra. ... queja en los siguientes términos:

Después de varias quejas y reuniones en la alcaldía sobre este asunto, recurro a esta Institución a fin de que nos ayuden a solucionar una situación este asunto.

En la zona de mi vivienda hay un solar dedicado a aparcamiento de camiones. Esto ocasiona molestias y contaminación a toda la vecindad que rodea dicho solar. Ruidos, polvaredas que obligan a mantener cerradas todas las ventanas de las casas. Además, se utiliza como lavadero de los camiones de hormigón y a veces como escombrera.

Esto fue objeto de una queja específica al Ayuntamiento y reunión con el alcalde en un intento de solución amistosa, pero no ha tenido efecto.

En las horas y días no laborables se acumulan multitud de camiones, maquinaria pesada y demás equipos propios de la empresa dedicada a la construcción de carreteras, y diariamente soportamos el tráfico de salida y entrada de dichos vehículos al solar. Empiezan a salir a las seis de la mañana provocando ruidos propios de los camiones. A la llegada lo mismo y en este tiempo se añade las polvaredas que generan estos vehículos.

Esta actividad se ha ido generando poco a poco y no me consta ni a mi ni a ningún otro vecino que tenga licencia para dicha actividad, al menos no se nos ha comunicado por el Ayuntamiento.

Esperamos de su colaboración a fin de solucionar una situación ya insostenible”.

Esta queja fue admitida a trámite y con fecha de 22 de julio de 2019 enviamos a ese Ayuntamiento petición de informe, reiterada posteriormente mediante escritos enviados con fechas 24 de septiembre y 12 de noviembre de 2019, 4 de junio y 29 de diciembre de 2020, 16 de abril de 2021, así como mediante llamadas telefónicas de fechas 19 de febrero de 2020 y 23 de marzo de 2021.

El informe de respuesta lo hemos recibido el 13 de octubre de 2021, esto es, más de dos años después, plazo de tiempo fuera del más mínimo estándar de la colaboración debida a esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.

Del citado informe cabe destacar lo siguiente:

1.- Que el Ayuntamiento: “tomó conocimiento de la queja referenciada y ha mantenido contantes reuniones con la propiedad del terreno, a cargo de la empresa constructora (...)”.

2.- Que en el emplazamiento, una vez trasladada a otra zona una antigua cooperativa y desmanteladas sus instalaciones, quedó “un solar (…) sin actividad económica, que actualmente se utiliza como aparcamiento de la referida empresa” y que, por tanto, “no existe en dicho solar una actividad económica sobre la que el Ayuntamiento, en ejercicio de sus competencias sobre intervención en actividades, puede ejercer una actividad administrativa de intervención o de control”.

Y ello, con base en los artículos 84 de la Ley de Bases del Régimen Local, 4 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público y 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, así como teniendo en cuenta la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, que no contemplan, a juicio de ese Ayuntamiento, como actividad sujeta a tramitación “un solar que utiliza una empresa para aparcamiento privado”.

3.- Que, debido a lo anterior, “este Ayuntamiento entiende que la naturaleza de la queja proviene de un conflicto privado entre particulares”; pero que, ello no obstante, “se han efectuado reiteradas reuniones entre las partes indicadas, habiendo demandado a la empresa en cuestión que atienda la convivencia en la zona y tenga en consideración las adecuadas relaciones de vecindad, para evitar molestias que podría generar el aparcamiento de los vehículos de la empresa”.

4.- Que “las molestias que se puedan producir en la vecindad, a la que alude la queja ante el Defensor, provienen, por tanto, del uso como aparcamiento privado de vehículos, respecto de los cuales la autoridad estatal le compete el control de su uso y condiciones mediante la normativa sectorial aplicable a los mismos, mediante su intervención en la matriculación y permiso de circulación, con arreglo al RD 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos y resto de normativa concordante”.

5.- Que al objeto de agotar todas las posibilidades de intervención, se ha solicitado asistencia técnica a la Diputación Provincial de Granada para realizar una medición, dado que el Ayuntamiento carece de medios para ello.

Recibido este informe, dimos traslado del mismo a la promotora de la queja en trámite de alegaciones, habiendo formulado las siguientes (se adjunta copia del escrito):

... lo manifestado por el ayuntamiento en su último escrito no es más que echar balones fuera y mirar a otro lado. En conversaciones verbales nos dicen que han hablado con los dueños para que mitiguen las molestias, lo cual indica que son conscientes de que las mismas existen. Constan más quejas en el ayuntamiento de otros vecinos, y si no hay más, es debido a que, como suele ocurrir en los pueblos nadie quiere dar la cara, ya que es una empresa con muchos trabajadores y de una u otra forma hay relaciones personales que hacen que la gente no quiera destacarse.

En la fecha del inicio del expediente, acudimos al ayuntamiento varias personas a hablar con el Alcalde. Es un solar rodeado de bloques de pisos y viviendas. Alguna de ellas en representación de una comunidad de propietarios.

En definitiva que el solar se utiliza para aparcamiento de camiones y maquinaria de la empresa y de otras personas ajenas a la misma. Esta actividad molesta y mucho al vecindario: ruidos al amanecer, polvaredas en el verano, lavan los camiones del hormigón, a veces ha llegado el operario al mediodía, ha dejado la hormigonera arrancada y se ha marchado a comer, etc.

Que el Ayuntamiento manifieste que no hay ninguna actividad nos parece una tomadura de pelo a los vecinos. Ha solicitado a la Diputación técnicos para medir los ruidos, solo esperamos que dichos técnicos vengan a las 6.30 de la mañana que es cuando arrancan los motores y salen del recinto, de lo contrario no verán nada. En definitiva decir que la actividad continúa y por tanto las molestias, por lo que le solicitamos continúe las gestiones en nuestra defensa”.

Junto a este escrito nos aporta la reclamante sendas fotografías en las que se puede apreciar un total de diez camiones de distinto tipo (varios de tipo hormigonera, remolques cargados, una grúa).

CONSIDERACIONES

Esta Institución no puede compartir las conclusiones a las que llega ese Ayuntamiento y que plasma en su informe, como a continuación se motivará. Por otra parte, dado el tiempo que se ha tardado en respondernos a nuestra petición de informe (más de dos años), consideramos oportuno formular Resolución directamente en lugar de requerir un nuevo informe, en previsión de que pueda volver a incurrirse en un nuevo retraso añadido al que ya acumula el expediente.

En primer lugar, consideramos que la actividad que se desarrolla en el solar ciertamente no es en sí la actividad principal (construcción) de la empresa propietaria del solar, pero no cabe duda de que se trata de una actividad necesaria, complementaria o adyacente, pues los camiones, hormigoneras, grúas, furgonetas, etc. deben guardarse en algún sitio y deben mantenerse en las debidas condiciones para su correcto funcionamiento.

En este sentido, el artículo 5.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, define el concepto de actividad económica como «la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios».

No cabe duda de que los medios de producción de una empresa constructora son, entre otros, los camiones-hormigonera, las grúas, etc. y que se dispone de éstos con la finalidad de intervenir en el desarrollo de su actividad.

En segundo lugar, es cierto que se trata de “un solar que utiliza una empresa para aparcamiento privado”, pero cuyo propietario no es una persona física particular, sino que es una empresa constructora que, además de para el aparcamiento, utiliza el lugar para lavar los vehículos, algunos de ellos (camiones-hormigonera), generan ruidos de consideración como es de general y público conocimiento, por el funcionamiento propio del tambor al girar constantemente para mezclar los componentes, o hacer que el agua limpie el interior.

En tercer lugar, el simple hecho de que este solar sea propiedad de una empresa constructora, que lo utiliza para actividades complementarias de su actividad principal, descarta que la problemática se reduzca a un conflicto entre particulares o a un conflicto vecinal. Dicho de otra forma: el aparcamiento de maquinaria de construcción, camiones-hormigonera, furgonetas, etc, su lavado, entrada y salida, no son actividades domésticas o vecinales. De hecho, en el informe se dice textualmente que “se han efectuado reiteradas reuniones entre las partes indicadas, habiendo demandado a la empresa en cuestión que atienda la convivencia en la zona y tenga en consideración las adecuadas relaciones de vecindad, para evitar molestias que podría generar el aparcamiento de los vehículos de la empresa”. Repárese en el reconocimiento de que el aparcamiento es de los vehículos “de la empresa”.

En cuarto lugar, el hecho de que en la normativa sectorial no esté comprendida esta actividad entre las que están sujetas a tramitación ambiental previa (especialmente en los anexos de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía), no impide que sea considerada de pleno derecho como emisor acústico o foco ruidoso en los términos del artículo 2 del Decreto 6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía (en adelante, RPCAA), que más adelante se reproduce, y por tanto, sujeto al control del municipio.

En quinto y último lugar, no se entiende de ninguna manera la alusión al Reglamento General de Vehículos, como argumento para eludir la competencia del control del ruido en este asunto. Es más, si se quiere valorar la legislación de tráfico, no se puede perder de vista que el artículo 104.1 h) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que: «1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas podrán proceder a la inmovilización del vehículo, como consecuencia de presuntas infracciones a lo dispuesto en esta ley, cuando: h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el tipo de vehículo». Obviamente es a la policía local a quien corresponde esta competencia dentro del núcleo urbano.

Analizados esos cinco puntos del informe, debemos acudir al artículo 2 primer párrafo del RPCAA, según el cual: «El presente Reglamento será de aplicación a cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyecto de construcción, así como a las actividades de carácter público o privado, incluidas o no en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones ...».

Consideramos que el foco de ruido objeto de esta queja queda incluido en el ámbito de aplicación del RPCAA, pues no admite duda cuando se refiere el artículo 2 a cualquier maquinaria o instalación, ya sea actividad de carácter público o privado, ya esté o no incluida en el anexo de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, siempre que produzca o sea susceptible de producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones, como es el caso.

Consideramos igualmente que es acertado el hecho de haber solicitado asistencia técnica a la Diputación Provincial de Granada, sin embargo no desde la perspectiva con la que se ha enfocado desde el Ayuntamiento (como conflicto vecinal o ruido de procedencia doméstica), sino como actividad ruidosa al margen de que no esté sometida a trámite ambiental en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. Por ello, los resultados que se obtengan deben aplicarse a una actividad económica, no a un comportamiento vecinal.

En otro orden de cosas, debe también plantearse en este asunto otra circunstancia que influye muy directamente en la generación de un ruido: el posible incumplimiento del deber de edificación del solar utilizado como aparcamiento de esta maquinaria, cuyo plazo suponemos deberá estar previsto en la normativa urbanística municipal.

En cuanto a uno de los concretos focos ruidosos objeto de queja, los camiones-hormigonera, debe tenerse en cuenta el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Esta Real Decreto remite el funcionamiento de los camiones-hormigonera, en lo que al aspecto acústico se refiere, a la norma EN ISO 3744:1995 (UNE-EN ISO 3744:1996). No obstante, se trata del funcionamiento en desarrollo de la actividad propia de la maquinaria y en los lugares donde puntualmente se ejecutan obras, o por las vías donde se transporte el hormigón, es decir, no prevé el supuesto de que habitualmente, varios días de la semana, o prácticamente todos los fines de semana, se ponga en funcionamiento en el mismo sitio, abierto completamente y sin barreras físicas, en un entorno residencial.

Al ruido propio de la maquinaria de la hormigonera en funcionamiento sobre un camión, y la limpieza, debe añadirse la entrada y salida de estos vehículos pesados y de otros, la más que probable carga y descarga, la polvareda que levantan y otras incidencias acústicas que, en conjunto, determinan un nivel que, a salvo de los valores exactos que arroje un ensayo acústico, parece a priori incompatible con el derecho al descanso de las personas que residen en el entorno, especialmente si se trata de horario de descanso, a primera hora de la mañana, a última del día, o en fines de semana.

En conclusión, consideramos que la actividad y maquinaria objeto de queja son un foco ruidoso múltiple susceptible de ser controlado por ese Ayuntamiento, en ningún caso una actividad doméstica que provoque un conflicto vecinal.

En vista de los antecedentes y consideraciones expuestos, y al amparo del artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1. - del artículo 2 primer párrafo del RPCAA, según el cual dicha norma será de aplicación a cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyecto de construcción, así como a las actividades de carácter público o privado, incluidas o no en el Anexo I de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones.

RECOMENDACIÓN 1. - para que las instalaciones y maquinaria objeto de esta queja no sean consideradas como un foco ruidoso de tipo doméstico o vecinal, sino como una actividad adyacente o complementaria de otra de tipo económico y, por tanto, susceptible de ser controlada por ese Ayuntamiento en ejercicio de sus competencias de protección contra el ruido.

RECORDATORIO 2. - de los niveles acústicos que figuran en el RPCAA a los efectos de determinar si se incumplen los objetivos de calidad acústica en el asunto objeto de queja.

RECOMENDACIÓN 2. - para que, bien por la vía de la asistencia técnica de la Diputación Provincial de Granada (a la que ya se ha acudido), bien por la vía de la actuación subsidiaria de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Granada (si la Diputación no prestara la asistencia), se lleve a cabo un ensayo acústico en los horarios y condiciones que denuncia la promotora de esta queja y, según parece, otras personas residentes en la zona y potenciales afectados por el ruido en cuestión, y se atiendan las medidas correctoras que se propongan en caso de obtenerse resultados desfavorables.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Queja número 20/3698

La persona reclamante exponía, textualmente, lo siguiente:

Soy propietaria de una vivienda en el edificio sito en C/ ... de Málaga. Al lado del mencionado edificio, se encuentra situada una "Chimenea Industrial" que tiene otorgada una protección especial por su valor histórico en el planeamiento de Málaga, aunque no tiene la categorización de BIC.

El estado de abandono en el que se encuentra la misma es absoluto, existiendo varios ladrillos desprendidos, así como grietas a lo largo de su estructura. Además, la suciedad que se observa en el entorno en el que se ubica, es también digna de reseña.

Por ello, el 13 de septiembre de 2018, solicité información ante la Gerencia de Urbanismo de Málaga sobre las actuaciones de conservación que se estaban realizando en relación con la Chimenea.

Dado que a pesar de la gravedad de los hechos relatados, no recibí contestación, el 27 de noviembre de 2018, de nuevo tuve que formular reclamación ante la mencionada Gerencia. Debe hacerse notar que la Chimenea se encuentra ubicada en uno de los Paseos Marítimos de Málaga, en el que el paso de personas es constante y entre dos edificios que se sitúan a muy escasos metros. Esto supone que ante un posible derrumbe o desprendimiento de alguna parte del bien, podrían provocarse daños de considerable importancia.

Finalmente, ante las reclamaciones formuladas, recibí el informe que se adjunta a la presente queja.

A pesar de todo lo descrito y del tenor literal del informe, no habiéndose realizado ninguna actuación en la Chimenea, por la Comunidad de Propietarios en la que resido, el 23 de enero de 2020, se ha vuelto a formular queja por el estado de la misma, sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, a fecha de la presente, no se ha recibido ninguna respuesta y el estado de dejadez del bien continúa siendo el mismo.

Por todo ello,

Solicito que por parte de la Gerencia de Urbanismo se dé contestación al último escrito formulado con fecha de 23 de enero de 2020. Asimismo, se solicita que se proceda a efectuar una intervención integral de reparación de la Chimenea, debiendo llevarse a cabo cuántas actuaciones de conservación y limpieza sean necesarias a tal fin, así como un informe técnico sobre el estado de conservación de la edificación, solicitando expresamente, se nos traslade copia del mismo.”

Admitida la queja a trámite, nos dirigimos al Ayuntamiento de Málaga interesamos que nos informara de la respuesta que se emitiera ante el escrito dirigido por la Comunidad de Propietarios del inmueble donde residía la persona reclamante, señalando las actuaciones que, en su caso, se hubieran impulsado para garantizar la seguridad y estabilidad de la chimenea en cuestión.

En la comunicación municipal se aportaba informe del Coordinador General de Urbanismo y Vivienda indicando que el Servicio de Conservación del Departamento de Licencias iba a iniciar expediente para la contratación del proyecto de rehabilitación de la chimenea.

A la vista de ello, con fecha 3 de noviembre de 2020, solicitamos que nos indicara el plazo aproximado en que se estimara que podría estar contratado dicho proyecto y, en consecuencia, podrían dar comienzo las obras de rehabilitación de la chimenea.

En la respuesta recibida se nos indicaba que, con fecha 9 de diciembre de 2020, se había iniciado expediente de contratación para realizar una diagnosis del estado de la antigua chimenea que evaluara sus condiciones de estabilidad, posibles lesiones, patologías y composición materia, tras cuya finalización y estudiadas sus conclusiones, se podría iniciar la redacción del correspondiente proyecto de rehabilitación.

Dejado transcurrir un tiempo, con fecha 13 de abril y 28 de diciembre de 2021, nos dirigimos nuevamente al Ayuntamiento solicitando la emisión de un informe actualizado con los resultados de dicha diagnosis.

Al respecto, se nos comunicó que en el Diagnóstico emitido en mayo de 2021 por la empresa contratada al efecto, tras la inspección y toma de muestras, a modo de conclusión se establecía que la chimenea no presentaba signos de patologías por fallo de la estabilidad global de la estructura, ni ningún indicio que pudiera hacer suponer o intuir un fallo en la cimentación o unas condiciones deficientes de la misma, por lo que manteniéndose las condiciones de los materiales no existía riesgo de fallo estructural o colapso de la chimenea, bajo las acciones y combinaciones de aplicación según la normativa actualmente en vigor.

En el Informe-Diagnóstico se adjuntaba una propuesta de medidas correctoras para las patologías observadas: reparación y tratamiento superficial; instalación de un conjunto de flejes de acero galvanizado tesados; retirada/limpieza y pasivado de los anillos metálicos interiores; refuerzo del acceso interior a la chimenea.

Estas medidas tenían que ser validadas y desarrolladas mediante el correspondiente Proyecto de Ejecución, el cual fue contratado y ya estaba en ejecución.

Puesto que de esta información se deducía que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Queja número 19/5185

La persona reclamante, en su condición de Presidente de una Comunidad de Propietarios, exponía textualmente lo siguiente:

«Con fecha 13/03/2018, sobre las 16h.30m se detecta que en el jardín del propietario de la vivienda sita en C/..., número ..., Portal ..., …, le han construido un muro de separación entre jardines por la parte del vecino de enfrente cuya dirección es la siguiente C/ ... número ..., Portal ..., …, Edificio … . Un muro construido con bloques de hormigón y con una altura estimada de unos 3 metros, sobresaliendo por encima de la verja separadora de ambos jardines.

Se avisa al propietario para que paralice la obra, haciendo caso omiso y terminando la construcción del mismo. Dicho propietario carece de permiso tanto de su comunidad como de esta comunidad demandante para realizar la obra. Por supuesto desconocemos pero intuimos que no tiene permiso de obra ya que incumple a todas luces la Normativa Urbanística de Sevilla en su capítulo VI: Condiciones particulares de la ordenación de ..., artículo 12.6.4 PUNTO B.

El mismo día 13/03/2018 se interpone denuncia en la Policía Local de Sevilla Distrito Sur con número de registro … . (...). El día 19/03/2018 se interpone denuncia en la Gerencia de Urbanismo de Sevilla con número de expediente … . Estamos a 30/09/2019, por lo que ha pasado más de un año sin que se tenga noticias al respecto, y con el consiguiente peligro para las personas que habitan en esa vivienda por caída por efecto vela de dicho muro. Al ir a la GMU lo único que nos dicen es que solo hay cuatro técnicos para toda Sevilla y que se verá cuando se pueda.»

Admitimos la queja a trámite y solicitamos del Ayuntamiento de Sevilla que nos indicara si las obras objeto de denuncia contaban con la preceptiva licencia municipal y se ajustaban a la misma. De no ser así, deseábamos conocer las actuaciones llevadas a cabo en orden a la restauración de la legalidad urbanística.

Como respuesta se nos dio cuenta en el informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo que se acompañaba, de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente de protección de la legalidad urbanística incoado tras la denuncia de la comunidad de propietarios reclamante.

A la vista de las actuaciones realizadas, interesamos del Ayuntamiento que nos mantuviera informados de los sucesivos trámites que se efectuaran a fin de conocer si, finalmente, quedaban legalizadas las obras ejecutadas o, por el contrario, se ordenaba la reposición a su estado original.

En el siguiente informe que nos remitieron se recogía que con fecha 23 de junio de 2021 se dictó resolución por la que se disponía iniciar procedimiento administrativo para la restitución de la realidad física alterada por la ejecución de obras sin licencia y conceder al interesado un nuevo plazo de audiencia de diez días para que en dicho plazo pudiera examinar el expediente y presentar cuantas alegaciones y justificaciones estimara convenientes en defensa de sus derechos, con carácter previo, en su caso, a la propuesta de restitución de lo construido no legalizable.

Con esta información consideramos que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Queja número 21/5952

Comparecía en esta Institución un vecino de El Puerto de Santa María, exponiendo que no había podido registrar su contrato de luz como suministro no cortable, pese a haber aportado en la tramitación de su bono social la documentación acreditativa de las circunstancias definidas en el artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 20, párrafo 2º, del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

Con la ayuda de su hermana había realizado reclamaciones a su comercializadora, tanto en la oficina de El Puerto de Santa Mª como a través del correo electrónico de atención al cliente, pero le habían respondido que ya tenía contrato con Curenergía con bono social activo desde agosto de 2021, con grado de vulnerabilidad severa por renta, por lo que disponía de un margen bastante amplio ante cualquier deuda con respecto a los plazos para llevar a cabo el corte.

Se trataba de una persona con discapacidad psíquica del 66% y con unos ingresos correspondientes a una pensión no contributiva muy reducidos, habiendo sufrido ya un corte de suministro eléctrico por impago de deuda atrasada antes de contar con bono social.

Aunque conocía que contaba con la garantía frente a los cortes de suministro que otorga actualmente el bono social, así como con la posibilidad de aplicación del suministro mínimo vital aprobado por Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, acudía a esta Institución para que se le reconociera la garantía adicional que supone la consideración como “suministro esencial” para colectivos con discapacidad y vulnerabilidad social acreditada por los servicios sociales, de acuerdo con los preceptos antes indicados de la Ley del Sector Eléctrico y del Real Decreto de bono social.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la compañía Iberdrola, que finalmente nos informó de que habían registrado el punto de suministro del promotor de la queja como esencial, lo que significaba conforme a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que en ningún caso podrá suspenderse por impago el suministro de energía eléctrica a su vivienda.

Por tanto, entendimos que el problema se había solucionado y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

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