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En el año 2016, a la vista de las numerosas quejas que se vienen recibiendo año tras año en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, se incoó una queja de oficio sobre el procedimiento para el reconocimiento de la discapacidad en Andalucía y el funcionamiento de los Centros de Valoración y Orientación (CVO). Tras valorar la información recibida de la administración, en virtud del artículo 29 de nuestra ley reguladora se formula a la Dirección General de Personas con Discapacidad Resolución en el sentido de que se dé prioridad a la elaboración de una norma específica con rango de Decreto, se continúen las actuaciones para la mejora de los Centros de Valoración y Orientación de Andalucía, se clarifiquen y homogeneicen las actuaciones a llevar a cabo en todos los CVO en algunos casos particulares.

Una vez más nos ponemos en contacto con usted en relación con la queja de oficio iniciada en esta Institución con el número de referencia arriba indicado y referente al procedimiento para el reconocimiento de la discapacidad en Andalucía y el funcionamiento de los Centros de Valoración y Orientación.

Analizado detenidamente su último informe, consideramos preciso formularle Resolución concretada en lo siguiente

ANTECEDENTES

1. El reconocimiento de la discapacidad permite el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los beneficios, derechos económicos y servicios que los organismos públicos prevén para garantizar sus derechos y libertades y asegurar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de la población.

2. El Defensor del Pueblo Andaluz recibe con mucha frecuencia quejas de personas con discapacidad alusivas al procedimiento de reconocimiento de la misma o a la concesión de tarjeta de estacionamiento. De dichas quejas se desprende una sensación de malestar en los afectados, en particular por el carácter excesivamente formalista con el que se desarrolla el procedimiento, que para muchos es poco garantista de los derechos de las personas con discapacidad.

3. Existe una regulación general del procedimiento de reconocimiento del grado de discapacidad, con validez en todo el territorio del estado, recogida en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Además, algunas comunidades autónomas han desarrollado de forma específica este procedimiento. En Andalucía, el Decreto 258/2005, de 29 de noviembre, regula la organización y funciones de los Centros de Valoración y Orientación de personas con discapacidad de Andalucía, pero no incluye una regulación específica sobre el procedimiento de reconocimiento de la discapacidad en esta comunidad autónoma.

4. El actual procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad debe adecuarse a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF/OMS-2001). Según constaba a esta Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad había creado tres grupos de trabajo con expertos en la valoración de la discapacidad de las comunidades autónomas y del Imserso, que comenzaron a estudiar, en 2009, una propuesta para la adecuación y actualización del referido procedimiento.

5. Por otra parte, esta Institución tenía conocimiento de la existencia de una propuesta de las organizaciones del sector de la discapacidad para que se asimilase legalmente la valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima del grado de discapacidad, modificando a tal efecto el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, a fin de que se considerasen personas con discapacidad a las personas a las que se les hubiese reconocido oficialmente una situación de dependencia en cualquiera de sus grados.

6. Por todo ello, al amparo de la posibilidad que otorga el artículo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, este Comisionado del Parlamento de Andalucía acordó iniciar una queja de oficio sobre las cuestiones expuestas.

7. En el primer informe de la Dirección General de Personas con Discapacidad, por lo que respecta a una regulación andaluza del procedimiento del grado de discapacidad se señalaba que con la regulación general quedan suficientemente garantizados los derechos de las personas con discapacidad, si bien se comprometía a, una vez aprobada la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, regular y desarrollar mediante una norma específica el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, en los términos aprobados por el Parlamento de Andalucía.

8. Asimismo, se daba traslado de la participación de tres profesionales de los Centros de Valoración y Orientación (CVO) de Andalucía en los grupos de trabajo constituidos para la revisión de los baremos vigentes para la calificación del grado de discapacidad a fin de adaptarlos a la CIF/OMS-2001, trabajo que finalizó en el año 2015. Según se señalaba, el Imserso encargó al Instituto de Salud Carlos III que elaborase un informe sobre la propuesta técnica realizada y Andalucía fue una de las seis comunidades autónomas que colaboró en el desarrollo de un “pilotaje” aplicando la propuesta de los nuevos baremos y comparando sus resultados con los de los baremos vigentes. En octubre de 2016 el citado Instituto emitió un informe favorable.

9. En cuanto a los Equipos de Valoración y Orientación, se daba traslado del “Plan de mejora de los CVO de Andalucía 2014-2016” (PLACEVO) y las actuaciones emprendidas para adecuar la organización de los centros y mejorar la calidad de las actuaciones y servicios que se prestan a las personas con discapacidad. Se comprometía la Dirección General a elaborar un segundo plan que permitiese seguir avanzando en la mejora de los recursos humanos, materiales y los procedimientos.

10. El 25 de septiembre de 2017 se aprobó la Ley 4/2017, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. En su artículo 36.3 se establece que por vía reglamentaria se desarrollarán la organización y funciones de los CVO, así como el procedimiento administrativo de reconocimiento de grado de discapacidad. Transcurrido un tiempo prudencial, se estimó oportuno solicitar un nuevo informe a la Dirección General de Personas con Discapacidad con respecto a:

11. Las previsiones respecto a la elaboración de una norma específica que desarrolle el procedimiento para de reconocimiento del grado de discapacidad en Andalucía.

12. Información actualizada con relación a la definitiva aprobación de los nuevos baremos de valoración de la situación de discapacidad.

13. La evaluación de los resultados del primer PLACEVO.

14. La aprobación y contenido del previsto segundo PLACEVO.

12. En su último informe, fechado en diciembre de 2017, la Dirección General se comprometía a iniciar en el mismo 2017 la elaboración de una norma específica con rango de Decreto donde se regulase y desarrollase el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

13. En cuanto a la aprobación de los nuevos baremos de valoración de la situación de discapacidad, se informaba que el 26 de abril de 2017 el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordó un grupo de trabajo con la participación de personal técnico de las comunidades autónomas y del Imserso, así como las entidades más representativas del sector, el Consejo Estatal de Trabajadores Sociales, la Federación Española de Municipios y los agentes sociales, con el objeto de revisar la propuesta técnica, simplificar en algunos casos los procesos de evaluación del grado de discapacidad y proponer las actuaciones necesarias para intentar aunar en un único procedimiento la valoración de la discapacidad y de la situación de dependencia. El 23 de noviembre de 2017 se elevó la nueva propuesta técnica para su aprobación por la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.

14. Por último, se daba traslado de la evaluación de los resultados del primer PLACEVO y se informaba que la aprobación del II Plan de Mejora era inminente. Como avances logrados, se resaltaban los relativos a la mejora de la atención a la ciudadanía, la formación al personal de los CVO o la mejora de la organización (facilitando el acceso de los profesionales de los CVO a la historia de salud única en la plataforma DIRAYA del SAS, mejorando los procesos y procedimientos, estableciendo un sistema de priorización de las demandas, evitando las valoraciones presenciales innecesarias, etc.), entre otros. Respecto a la adecuación de la relación de puestos de trabajo (RPT) a las necesidades de los CVO, uno de los objetivos de mayor importancia, se indicaba que se había elevado para su tramitación una nueva RPT y que la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública había atendido la solicitud de incorporación de personal del área de administración mediante personal funcionario interino.

CONSIDERACIONES

Primera.- Del informe de la Dirección General se desprende que sólo recientemente se han iniciado los trabajos para la elaboración de una norma específica para el reconocimiento del grado de discapacidad en Andalucía. Aunque la ausencia de dicha norma se venga supliendo con la regulación estatal de carácter general y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es de esperar que la regulación específica se adapte mejor a las particularidades de este procedimiento concreto y resulte así más garantista de los derechos de las personas con discapacidad.

Segunda.- Se agradece la información facilitada y se valora positivamente la participación que ha tenido la Dirección General en los grupos de trabajo constituidos para la revisión de los baremos vigentes para la calificación del grado de discapacidad y en el “pilotaje” realizado. Aunque excede de las competencias de la Dirección General, esta institución espera que la aprobación de la propuesta técnica definitiva se produzca lo antes posible.

Tercera.- Igualmente debe valorarse el compromiso e interés demostrados por la Dirección General de Personas con Discapacidad y la Secretaría General de Políticas Sociales en la mejora de la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de los CVO, plasmados en la elaboración y desarrollo del primer PLACEVO y en los avances obtenidos.

Cuarta.- En la evaluación de resultados, sin embargo, se aprecia una escasa mejoría en los tiempos de respuesta a la ciudadanía, lo cual es objeto de queja frecuente a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Preocupan en particular el tiempo medio de citación de 132 días y el tiempo medio para la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad, si bien se desconoce el dato concreto, a pesar de haberlo solicitado expresamente, así como tampoco se proporciona el número de reclamaciones presentadas por disconformidad con las resoluciones de grado de discapacidad y el porcentaje de estas que fueron admitidas, o el número de dictámenes técnico facultativos emitidos para el acceso a prestaciones, servicios o medidas de protección social.

Quinta.- Una de las causas identificadas de la demora en la tramitación de los expedientes es la falta de adecuación de la RPT a las necesidades de los CVO. En el primer PLACEVO se analizaban los recursos humanos de los que disponen los CVO, resultando una ratio de 3,74 profesionales por cada 100.000 personas. Teniendo en cuenta los datos estadísticos referentes a la discapacidad en Andalucía y que, como se expone en la Memoria de resultados, el número de solicitudes presentadas ante estos centros ha ascendido de las 68.972 registradas en 2013 a las 81.297 de 2016 (un incremento del 17,86%), ha de concluirse que la RPT actual de los CVO resulta claramente insuficiente.

Sexta.- En la Instrucción 1/2014, de 2 de julio, se establece para situaciones en las que de la documentación aportada o consultada a través del DIRAYA quede constancia fehaciente de que la persona tiene un grado de discapacidad superior al 75% por deficiencias físicas o psíquicas, que se podrá emitir resolución de grado sin necesidad de valoración presencial. Sin embargo, en la propia Memoria de resultados del primer PLACEVO se apunta que en la instrucción no se hace ninguna referencia al baremo de movilidad reducida ni a la concesión de la tarjeta de aparcamiento en estos casos. Lo anterior puede dar lugar a disfunciones como la que fue puesta de manifiesto en una queja recibida en esta institución, en la cual se exponía que en la resolución de reconocimiento de un grado de discapacidad del 77%, que se había realizado sin valoración presencial, no se había reconocido a movilidad reducida a una persona diagnosticada con, entre otras patologías, tetraparesia (disminución de la movilidad en las cuatro extremidades).

Séptima.- Las cuestiones planteadas son de la máxima importancia pues, como se ponía de manifiesto al inicio de este escrito, el reconocimiento de la discapacidad es imprescindible para el acceso a múltiples beneficios, derechos económicos y servicios fundamentales para garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones con el resto de la población. Debe presidir toda la actuación de las administraciones públicas en este sentido la previsión recogida en el artículo 4.1.a) de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuya virtud los Estados Parte deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención, y la del artículo 49 de la Constitución española, que obliga a los poderes públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, a las que prestarán la atención especializada que requieran y ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I otorga a toda la ciudadanía.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN 1. Que por parte de Dirección General de Personas con Discapacidad se dé prioridad a la elaboración de una norma específica con rango de Decreto donde se regule y desarrolle el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en Andalucía, de forma que se adapte mejor a las particularidades de este procedimiento concreto y resulte más garantista de los derechos de las personas con discapacidad.

RECOMENDACIÓN 2. Que por parte de Dirección General de Personas con Discapacidad se continúen las actuaciones para la mejora de los Centros de Valoración y Orientación de Andalucía, en particular por lo que respecta a la reducción de los tiempos de respuesta a la ciudadanía, analizando las posibles causas y adoptando las medidas necesarias en consecuencia.

RECOMENDACIÓN 3. Que por parte de Dirección General de Personas con Discapacidad se clarifiquen y homogeneicen las actuaciones a llevar a cabo en todos los CVO en aquellos casos contemplados en la Instrucción 1/2014, de 2 de julio, para las situaciones en las que se pueda emitir resolución de grado sin necesidad de valoración presencial, en cuanto al baremo de movilidad reducida y a la concesión de la tarjeta de aparcamiento.

RECOMENDACIÓN 4. Que por parte de Dirección General de Personas con Discapacidad se elabore una propuesta de revisión de relación de puestos de trabajo de los Centros de Valoración y Orientación de Andalucía adecuada a sus necesidades, teniendo en cuenta el alto índice de personas con discapacidad en esta comunidad autónoma y el significativo incremento del número de solicitudes presentadas ante estos centros en los últimos años, y bajo la premisa de que el aumento de personal resulta fundamental para la reducción de los tiempos de respuesta a la ciudadanía, muy elevados actualmente, y, por tanto, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz recuerda al Ayuntamiento de Canena su deber de observar y hacer cumplir la normativa de protección contra el ruido y, singularmente, la relativa a pubs y bares con música, a los que no se les permite contar con terraza de veladores. Se le recomienda, por ello, que sin perjuicio de apercibir a los establecimientos que incumplen la normativa, debe también incoar los expedientes sancionadores a que haya lugar, además de revocar las autorizaciones concedidas en contra de la normativa. Finalmente, le recomienda que se produzca un proceso de diálogo entre vecinos y vecinas afectados y Ayuntamiento de cara a prever las máximas cautelas para proteger el descanso de quienes residen en el entorno donde se celebran las fiestas patronales.

ANTECEDENTES

En su escrito de queja, un grupo de vecinos del municipio jiennense de Canena nos decían que, hartos de sufrir año tras año graves molestias por ruidos excesivos durante la noche, decidieron, después de quejarse varias veces de palabra ante el Ayuntamiento, presentar un escrito para que pusieran los medios necesarios y así compatibilizar el ocio nocturno con su descanso. Citaban, como ejemplo de lo que venían soportando, lo siguiente:

“- Durante los fines de semana del verano hay un pub situado en … que saca veladores y pone música en la calle, no respetando horario de cierre ni normativa andaluza sobre prohibición de consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. La plaza es un parque infantil.

- Durante las fiestas patronales de San Marcos el Ayuntamiento instala la feria en nuestra calle, con casetas de vino y carruseles a escasos metros de nuestras viviendas, 23-26 de Abril.

- Durante las fiestas de Agosto, del 14 al 25, el Ayuntamiento permite instalar toldos y equipos de música en el parque, por supuesto solo de palabra, pero a sabiendas de que se infringe la ley, puesto que el propio Alcalde y concejales hacen uso de esas instalaciones.

No sigo porque sería interminable el número de días al año que no podemos descansar, habiendo gente que incluso durante esas fechas se tiene que ausentar de su casa, porque no hay manera de descansar ni de día ni de noche”.

Pues después de hacer las quejas oralmente año tras año y fiesta tras fiesta, el Ayuntamiento no pone los medios para compatibilizar el ocio nocturno con el descanso, y nos pone en la tesitura de tener que enfrentarnos a los propietarios de los locales, que en algunas ocasiones, lo que hacen es subir el volumen cuando se les recrimina algo. El Ayuntamiento fomenta el enfrentamiento, no asumiendo su obligación de hacer cumplir la ley”.

Sin embargo, de este escrito que presentaron en el Ayuntamiento no habían obtenido respuesta, por lo que se dirigieron a esta Institución.

Tras dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste nos comunicó, en síntesis, lo siguiente:

1.- Que en Canena la vía que acoge más establecimientos es la ..., con dos bares, una terraza de verano, un pub y esporádicamente un “disco-pub”. Además, en dicha vía es donde tradicionalmente y desde hace años se viene instalando las casetas y carruseles durante la celebración de las fiestas patronales.

2.- Que los establecimientos de referencia cuentan con sus correspondientes licencias de apertura, si bien, algunos de estos establecimientos, “... aún no se han adaptado a algunas de las formas contempladas en el nomenclátor (bares y similares)”.

3.- Que la plantilla del cuerpo de la policía local de Canena está integrada por una agente de policía local que desarrolla sus funciones en horario de mañana, lo que imposibilita poder realizar un seguimiento y una vigilancia exhaustiva del grado de cumplimiento de la normativa aplicable a la materia; y que ante esa carencia de medios, la vigilancia nocturna se realiza gracias a la colaboración de la Guardia Civil mediante una patrulla itinerante, constando a esa Alcaldía que ya ha visitado en varias ocasiones a estos establecimientos.

4.- Que con base en lo anterior, por parte de ese Ayuntamiento “se adoptarán las medidas necesarias para evitar que los pubs y bares con música dispongan de terrazas de veladores, así como para evitar que estos establecimientos y el resto de bares dispongan de música en las terrazas de veladores, prestando especial atención para que se respeten los horarios de cierre establecidos en la Orden de 25 de marzo de 2002, de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía”.

5.- Que para lograr ese objetivo, desde Alcaldía se iba a remitir una circular informativa a los propietarios y titulares de este tipo de establecimientos recordándoles la obligación que existe de cumplir la normativa que resulta de aplicación, bajo apercibimiento de sanción y cierre cautelar en caso de reiteración de incumplimiento, si así no se hiciese.

6.- Que por lo que se refiere a las fiestas patronales, se intentará en la medida de lo posible alejar la instalación de los carruseles de las viviendas colindantes lo máximo posible y establecer un horario de cierre para las casetas y puestos de venta, con el fin de poder compatibilizar la celebración de las mismas con el descanso de quienes residen cerca del lugar donde se celebran.

7.- Que “de las medidas que se vayan adoptando sobre el asunto planteado se dará traslado a esa Institución para su conocimiento y efectos que procedan”.

De esta información dimos traslado al interesado que nos remitió, como alegaciones, lo siguiente:

1.- Que aunque sea él el firmante de la queja, detrás del problema hay un escrito presentado en el Ayuntamiento por veinte vecinos, escrito que a día de hoy sigue sin ser respondido, y que la única pretensión es mover al Consistorio a exigir el cumplimiento de la normativa de actividades que les permita descansar en sus domicilios.

2.- Que en cuanto a las fiestas patronales, que son los primeros en entender que son días puntuales, pero que no pueden permitir “que esta situación se generalice a todos los fines de semana, fiestas de despedida de soltero, fiestas de la primavera, fiestas del verano, uno de mayo, cumpleaños, etc. porque al final el problema es diario durante los meses de verano y la mayoría tenemos que madrugar para ir a trabajar”.

3.- Que los vecinos no entienden que por vivir en esa zona “estemos condenados a sufrir constantemente las molestias y tener que resignarnos, ya que los derechos fundamentales deben ser garantizados a toda la población, independientemente del lugar donde resida”.

A la vista de estas alegaciones y del informe que en su momento nos envió el Ayuntamiento, interesamos nuevo informe al Ayuntamiento para conocer cuáles habían sido las medidas que se habían ido adoptando para dar una solución al problema de fondo planteado, si se había incoado algún expediente administrativo sancionador con motivo de incumplimientos a la normativa, así como para que se valorara por el Ayuntamiento si era conveniente mantener una reunión con una representación de los vecinos y vecinas afectadas, a fin de conocer de primera mano el asunto y poder poner en común medidas que ayudaran a solventarlo o al menos a disminuirlo.

En su nueva respuesta, el Ayuntamiento nos indicaba, también en síntesis, lo siguiente:

1.- Que los establecimientos de ocio de la localidad contaban con terraza de veladores, comenzando a ejercer su actividad en el periodo primavera-verano de cada año, y que con carácter previo al inicio de su actividad, la Alcaldía había programado celebrar una reunión con los propietarios y titulares de estos establecimientos en el mes de marzo, para informarles detalladamente de la normativa aplicable y cuáles con las condiciones, limitaciones y prohibiciones establecidas para el desarrollo de las actividades, así como las consecuencias jurídicas que pueden acarrearse tras su incumplimiento, especialmente en materia de ruidos, instalación de equipos musicales y horarios de cierre.

2.- Que la Alcaldía, consciente de la problemática que ocasionalmente genera la concurrencia de la actividad que desarrollan los establecimientos de ocio, está muy interesada en buscar una solución que sea capaz de compatibilizar el derecho al descanso de los vecinos con el desarrollo de las actividades hosteleras y el ocio de los clientes.

3.- Que, de momento, era imposible para el Ayuntamiento habilitar un espacio alternativo que evitara estos inconvenientes en el Paseo de Andalucía por la instalación de casetas y atracciones que se instalaban en dicha vía durante las fiestas locales en los meses de abril y agosto.

4.- Que se insistía en la falta de medios personales, agentes de policía local, para prestar un servicio de vigilancia nocturna, en la que presta su colaboración la Guardia Civil.

5.- Que del resultado de esa reunión con propietarios y titulares de locales y de las medidas que se fueran adoptando, se daría cuenta a esta Institución.

Del contenido de este informe dimos traslado al promotor de la queja, que nos formuló las siguientes alegaciones que a continuación destacamos:

- Que hay un establecimiento que ha vuelto a instalar en sus aledaños una carpa con aparatos para la emisión de música a gran volumen, desde el 21 al 29 de abril. Al parecer, no consta autorización por escrito para dicha carpa, solo verbal. Al respecto, parece que este establecimiento goza de terraza de veladores, además de esta carpa, y no respeta el horario de cierre. En este sentido, dice el promotor de la queja, sobre esta terraza, que el problema es que empieza a funcionar prácticamente cuando tendrían que recogerla, es decir, a la 1.30-2 de la madrugada, estando abierta hasta las 4 horas o más durante los meses de verano.

- Que es habitual que todos los locales de la zona del Paseo de Andalucía dispusieran de terraza de veladores permitida directa o indirectamente por el Ayuntamiento, al margen de que tengan o no música.

A la vista de lo anterior, interesamos nuevamente la colaboración del Ayuntamiento en aras de conocer el número de establecimientos de hostelería que se habían autorizado en la zona del Paseo de Andalucía y actividades conforme al Nomenclátor (Decreto 78/2002) para las que están autorizados en concreto; cuáles de esos establecimientos tienen o no autorizada expresamente la terraza de veladores y, en su caso, en qué número (mesas y sillas) y disposición en la vía pública.

A la vista de la última respuesta que nos trasladó el Ayuntamiento, esta Institución le trasladó las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- Consideramos que en lo que concierne a la celebración de las fiestas patronales, efectivamente, con motivo de eventos de esta naturaleza se producen situaciones excepcionales respecto del nivel de emisión de contaminación acústica que la normativa permite.

En este contexto es preciso tener en cuenta que el art. 9, apdo. 1, de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido, establece que «1. Con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, las Administraciones públicas competentes podrán adoptar, en determinadas áreas acústicas, previa valoración de la incidencia acústica, las medidas necesarias que dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a aquéllas».

De acuerdo con esta normativa es lógico, como esa Alcaldía apunta en sus escritos, que se flexibilicen los horarios y la aplicación de las normas sobre contaminación acústica, pero creemos que tal flexibilidad se debe llevar a cabo con criterios de ponderación y proporcionalidad. Singularmente, cuando estos eventos, que inevitablemente generan una importante contaminación acústica, tienen lugar en espacios colindantes o muy cercanos al uso residencial.

Con objeto de hacer una ponderación del grado de permisividad de estas actividades, parece lógico, en un municipio pequeño, que se intente llegar por vía de participación y consenso a acuerdos con los distintos sectores representativos de los intereses de la población. En este sentido, tal vez la autorización de instalación de una carpa que funciona como discoteca durante 5 días seguidos hasta las 6, 7 u 8 horas de la mañana, junto a un suelo residencial pueda resultar excesivo para la vecindad.

2.- Consideramos que respecto del cumplimiento de la normativa por parte de los locales de hostelería es claro que los establecimientos que están calificados como “pub o bar con música”, ademas de estar insonorizados y no poder emitir música con un nivel superior a 90 decibelios (dB), no pueden tener instaladas mesas y sillas en el exterior, siendo los ayuntamientos los responsables de que se cumplan estas normas.

3.- Consideramos que respecto del respeto de los locales de hostelería calificados como bares, restaurantes, etc., en principio, no hay inconveniente alguno el que cuenten con sus terrazas en el exterior, con sillas y mesas, según la autorización otorgada y siempre que cumplan los horarios de cierre fijados por la comunidad autónoma y no emitan música pregrabada o en vivo en el exterior.

De acuerdo con todo ello y en conclusión, las tres cuestiones de fondo planteadas no son otras que la conveniencia de, no obstante su excepcionalidad, regular de alguna manera los horarios y otras cuestiones relativas a la celebración de las fiestas de ese municipio, la necesidad de hacer cumplir las normas respecto de los establecimientos de hostelería según la categoría que ostente, así como, en todo caso, hacer respetar los horarios de cierre aprobados.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deber legal de que ese Ayuntamiento observe, y haga observar, la normativa contenida en el art. 9.1 de la Ley de Ruido, del Decreto 78/2002, de 26 de febrero, singularmente, del apdo. 3.2.8.f, pubs y bares y de la Orden de 25 de marzo de 2002 sobre regulación de horarios.

RECOMENDACION 1 para que, por parte de ese Ayuntamiento, se adopten las medidas que correspondan a fin de que los distintos locales de hostelería cumplan con las normas mencionadas, no solo citándolos, como efectivamente ha hecho ese Ayuntamiento para informarles de ello, sino adoptando, previos los tramites legales oportunos, las normas sancionadoras que correspondan a fin de hacer respetar la normativa mencionada. En particular, debe revocarse la autorización para terraza de veladores que se hayan concedido a los pubs y bares con música ya que no pueden disponer de ella.

RECOMENDACION 2 para que impulse un proceso participativo que facilite el que una representación de los vecinos y de los empresarios reunidos con el Gobierno Local permita a éste regular de manera consensuada la forma en que se vayan a desarrollar las ferias y otras actividades de análoga naturaleza que tengan lugar en ese municipio.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz