Alerta por correo electrónico de las novedades

La Administración informa que ya se realizó la transferencia de pago.

La persona interesada expresaba que llevaba cerca de 4 años esperando que resolviera la solicitud de ayuda por parto múltiple que presentó en 2013, aún habiendo recibido la aprobación de la solicitud.

Añadía que después de visitar en muchas ocasiones la Delegación para saber el motivo del retrase le comunican que existía un error en la base de datos donde figuraba su prestación como pagada, y que su prestación se encontraba en trámite de pago por parte de la Tesorería de la Junta de Andalucía.

La Administración informa ya le fue expedido el título de familia numerosa. Explica que la demora en la tramitación estuvo condicionada por el volumen de solicitudes gestionadas en relación con los efectivos de personal disponibles para su tramitación.

La persona interesada exponía que la expedición del carnet de familia numerosa llevaba un retraso de 5 meses mínimo. Y ello le causaba un perjuicio económico al no poder acceder a los descuentos y reducciones que genera dicho carnet.

La Administración informa se han ejercido todas las competencias que le corresponden en orden a evitar los contactos entre el menor y su madre y la pareja de esta, en interés superior de aquel.

La persona interesada expone que su familia tiene en acogimiento familiar permanente a un menor y solicita la intervención de esta Institución a fin de que se proteja al menor de los contactos y visitas no autorizadas que realiza su madre biológica, las cuales representan para el menor un grave riesgo por llevar su madre una pautas de vida inapropiadas, en ambientes relacionados con el consumo de drogas y prostitución.

La Administración informa que se procedió a la inspección del estado del parque, comprobándose que el pavimento estaba algo compactado e incluso con falta del mismo en la zona de caída de los juegos. Para subsanar dicha incidencia, se han trasladado indicaciones a la empresa concesionaria del Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines, para que proceda al esponjamiento del pavimento así como reposición de arena, al objeto de que se ajuste al cumplimiento de la actual normativa vigente sobre seguridad en los parques infantiles.

La persona interesada expone que el Ayuntamiento no ha actuado tras recibir la denuncia que presentó el pasado mes de septiembre por deficiencias e irregularidades en el parque infantil de su localidad en la provincia de Cádiz. En concreto denuncia que el parque infantil no dispone de suelo que amortigüe los posibles impactos de los menores con el suelo, tal como previene la reglamentación reguladora de tales instalaciones lúdicas.

Intervenimos ante Endesa para evitar que exijan a un ciudadano una deuda por fraude que no le correspondería.

Acudía a esta Institución un ciudadano exponiendo su disconformidad con la factura por importe de 1.159,68 euros más IVA que le reclamaba Endesa Distribución en concepto de enganche directo correspondiente a una vivienda en la que ni había residido ni era propietario.

Al parecer encontró casualmente la factura a su nombre en la escalera del bloque, pues es propietario de la vivienda sita en otra planta del mismo edificio, la cual venía arrendando desde hace años. El último inquilino, con el que mantenía contrato desde el año 2001, fue desalojado mediante proceso judicial en junio de 2016. Además, tendría constancia de que no había suministro eléctrico desde marzo de 2016.

Interesados ante la compañía eléctrica se nos informa que se han intentado poner en contacto con el afectado en diversas ocasiones para que facilite la documentación que permita su desvinculación del expediente en cuestión. Así, instaba Endesa al reclamante a que se pusiera en contacto con los responsables de la gestión del expediente y facilitase dicha documentación para proceder a desvincularle de la deuda existente asociada al mismo.

En consecuencia entendemos que el asunto objeto de queja se encuentra en vías de ser solucionado, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

La Agencia Provincial de Recaudación rompe el silencio y acepta tramitar compensación o devolución de lo ingresado indebidamente.

Una asociación de consumidores exponía que su asociado había solicitado devolución de ingresos indebidos, por un importe de 109,41 €, respecto de recibos cobrados por duplicado en concepto de IBI, mediante escrito presentado ante el 17 de agosto de 2015, sin que la Administración de gestión del tributo le devuelva el importe solicitado y adopte medidas para evitar la generación de nuevos recibos anuales por el referido impuesto.

Interesados ante el organismo afectado, recibimos informe en el que se nos indica que la parte interesada tiene un depósito de 109,41 €, del cual puede pedir la compensación con la deuda en voluntaria o la devolución de ingresos, debiendo realizar la petición al Servicio Provincial de Recaudación.

En consecuencia, dado que la presente queja se admitió a trámite únicamente a los efectos de romper el silencio administrativo existente al escrito formulado por la parte promotora de la queja, se entiende que el asunto está solucionado.

La Administración señala que dicho problema tendrá solución gracias a que se ha convocado concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a personal funcionario vacantes y dotados presupuestariamente, así como aquellos que resulten vacantes debido a la adjudicación a su titular de un nuevo puesto.

Es probable que tras resolverse este concurso se cubran, si no todas, gran parte de las plazas; no obstante, en tanto continúan los trámites de éste, atenderá como prioritaria cualquier propuesta que se realice desde la Consejería o la Delegación Territorial para dotar de recursos humanos este Servicio.

Un colectivo de personal que presta sus servicios en una Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en puestos de trabajo relacionados con la protección de menores, se quejan de una deficiente y permanente falta de cobertura de las plazas establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo, lo cual provoca una deficiente prestación del servicio que tienen encomendado con repercusión directa en los menores afectados.

La Delegación de Cultura de Cádiz nos informa, entre otros extremos, que:

- “Con relación a la documentación de las pinturas rupestres de la Cueva del Pajarraco se han iniciado conversaciones con la Universidad de Cádiz, en concreto el área de Prehistoria del Departamento de Arqueología, para que incluya en su calendario de investigación este abrigo. De momento, este contacto ha sido fructífero, teniendo el compromiso de iniciar la documentación de ésta cueva en breve incorporándola a un estudio de tesis doctoral”.

- “En relación a la protección, esta Delegación ha iniciado diligencias informativas al objeto de instar a las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, para que cumplan con el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores, de conformidad con el art. 14 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

No se tiene constancia, en los archivos de esta Delegación, de intervenciones arqueológicas en dicha cueva.

Asimismo, no hay constancia de calendario de intervenciones arqueológicas previas sobre tal yacimiento”.

- “En general, las medidas urgentes adoptadas a corto plazo han sido las instalaciones de rejas o vallados en las cuevas y abrigos objeto de agresiones, así como la realización de trabajos de limpieza y consolidación. Evidentemente, estas actuaciones conllevan la programación de las correspondientes partidas presupuestarias.

Lamentablemente, se tiene conocimiento de que algunas de estas rejas han sido violentadas, las pinturas restauradas han vuelto a ser agredidas, etc. etc.

Como se ha indicado anteriormente, y ya que es evidente que la principal amenaza de este patrimonio es la depredación humana, la mejor manera de protegerlas es mediante la no difusión de su ubicación.

Paralelamente, es fundamental la labor pedagógica en los centros de enseñanza desde las primeras edades, que mediante la educación y concienciación hagan para el futuro una ciudadanía culta y formada que sepa respetar el arte rupestre en todas sus manifestaciones.

Sólo desde el conocimiento y el respeto es posible proteger de manera eficaz este extenso patrimonio tan frágil y vulnerable”.

A la vista de la anterior información quedamos informados de las actuaciones de protección que se han puesto en marcha y de las medidas de tutela dirigidas a las entidades y particulares en cuyos terrenos se encuentran parte de estos restos y pinturas rupestres de indudable interés y valor.

Así mismo confiamos que los contactos con profesionales de la Universidad alcancen a programar de manera efectiva proyectos de investigación y estudio que redunden en la mejor preservación y tutela de estos restos.

Ver cierre de actuación de oficio

Actuamos con Endesa para agilizar los trámites de ampliación de potencia que impedían a una familia con menores disponer de luz en su vivienda.

El interesado acude a esta Institución por falta de potencia eléctrica en su domicilio habitual. Al parecer solicitó a su comercializadora un cambio de tarifa (de 2.0A a 2.0DHA), no un cambio de potencia, pero el formulario de gestión on-line por defecto le asignó la potencia menor. En la práctica no disponen de luz y sus hijos han tenido que ir a vivir a casa de la abuela. Tras solicitar una potencia normalizada de 3.45kW y transcurridos varios días no se habría solucionado la situación.

Tras interesarnos ante Endesa por la situación de esta familia se soluciona la duplicidad de solicitudes gestionadas para ampliación de potencia y como el suministro está telegestionado en el mismo día disponen de suministro eléctrico adecuado.

Considerando solucionado el asunto planteado, quedamos a disposición del interesado para el caso de que estime oportuna nuestra intervención en la reclamación planteada frente a su comercializadora, con la que tramitó la solicitud de modificación de potencia.

La Consejería de Cultura ha ofrecido un detallado y completo informe sobre la Biblioteca Pública del Estado en Málaga en el que, entre otros términos, explica:

“...En el año 2002 el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía culminaron el proceso emprendido con un acuerdo para la permuta del edificio de San Agustín de Málaga, que era de titularidad autonómica, por el edificio de la antigua biblioteca Alfonso XII de Sevilla, que era de titularidad estatal. Desde ese momento quedó el edificio de San Agustín en manos de la Administración central y el propio texto jurídico de la permuta condicionaba el uso de ese espacio a ser sede definitiva de la Biblioteca Pública del Estado en Málaga.

Aunque se realizaron estudios funcionales y se evacuaron distintos informes de la perentoria necesidad de proceder a dotar a esta Institución de una sede definitiva, ya que la ubicación provisional no se consideraba idónea por su ubicación, tamaño y distribución de espacios para un período tan prolongado como el que ya llevaba en aquellas fechas, la redacción definitiva de su proyecto constructivo se dilató en el tiempo. Finalmente no fue hasta 2007 que por parte del Ministerio de Cultura se sacó a concurso y licitó el contrato de asistencia para la redacción del proyecto, adjudicado en su momento a la empresa AEPO, S.A.,que entregó y visó el resultado de su proyecto y que tras negociaciones con el servicio de Patrimonio de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga y con la Gerencia Municipal de urbanismo se obtuvo por parte del Ministerio la preceptiva Licencia de Obra el 21 de abril de 2010.

Desde ese momento sólo quedó pendiente de dar el paso definitivo por parte de la administración estatal con objeto de sacar a concurso la licitación de la obra.

(…) Este proyecto en vigor contempla un presupuesto de ejecución material de 10.737.478,39 Euros, y un presupuesto de contrata de 14.822.015,16 Euros, aunque su precio definitivo sería en todo caso resultante de su adjudicación tras la correspondiente licitación, que aún no se ha producido.

Para la redacción de este proyecto sí que se contó con pormenorizados trabajos de evaluación y también con detallados estudios sobre las necesidades de la institución para que pudieran recogerse y resolverse en esa sede definitiva. Se aportaron estudios de necesidades funcionales a la administración estatal para tenerse en cuenta en la redacción del proyecto y hubo contactos entre el director de la Biblioteca y el equipo redactor del proyecto constructivo, además de con el personal técnico de la Gerencia de Infraestructura del Ministerio, con el objetivo de amoldar el antiguo colegio de San Agustín como sede definitiva a las necesidades de los servicios prestados por la institución.

En los últimos años, desde 2010 en adelante, se han evacuado de forma recurrente informes de evaluación o estudio sobre las carencias y necesidades de esta institución y la propia prensa ha recogido los desencuentros y falta de impulso del proyecto existente y que en breve cumplirá los siete años desde que cuenta con licencia de obras y que sin embargo no se ha iniciado la ejecución material de esa obra y se continua a la espera de su licitación.

Por otra parte, el hecho de que se esté a la espera de la licitación deseada de la nueva sede para que se resuelva la situación de falta de idoneidad de los espacios en los que se prestan los servicios en el corto plazo, aproximadamente cinco años, con la licitación del proyecto de San Agustín, que cuenta, tal como se ha indicado anteriormente, con licencia desde 2010, haría ilógico acometer gastos en una reforma de gran o incluso mediana envergadura en el edificio actual.

Además, hay que considerar el hecho de que el edificio no sea propiedad de la institución que debiera tener su titularidad, la administración central, lo que impide que desde el Ministerio se puedan acometer inversiones en esta sede, como sí realiza en el resto de las 51 sedes de las Bibliotecas Públicas del Estado de España. Esta situación de no ser los propietarios del inmueble imposibilita la realización de estas inversiones por parte de la administración autonómica, que hasta el momento soporta el coste de alquiler del inmueble, pero no puede hacer inversiones estructurales.

(...)Por tanto, la única salida viable para su mejora, por ser la única asumible, parece que es la licitación de la nueva sede y el traslado definitivo a un edificio que albergue a la institución de forma adecuada a sus necesidades y con carácter definitivo, que sea de titularidad del Estado, con lo que se garantice su mantenimiento y adaptación futura a las necesidades siempre cambiantes de una institución cultural tan básica como es una biblioteca pública”.

A la vista de esta información y de la definición de los proyectos realizados, que quedan a la espera de su ejecución, procede concluir los trámites de la presente queja de oficio, sin perjuicio de realizar las actuaciones de seguimiento que el asunto aconseje en un futuro.

Ver cierre actuación de oficio