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El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda al Ayuntamiento de Sevilla que los servicios técnicos municipales analicen las demandas de repavimentación de la calle Amargura, adoptando, en su caso, las medidas que resulten procedentes para solucionar los problemas de los que adolece, según los vecinos, la misma. Para esta Institución, actuando de esa forma se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa para garantizar el derecho a una buena administración, así como los principios de eficacia y sometimiento pleno a la ley y al derecho.

ANTECEDENTES

El interesado, que decía actuar en nombre la mayoría de los vecinos de la calle Amargura, de Sevilla, demandaba su arreglo ante el deteriorado estado que, a su juicio, presentaba. La calle era el acceso para los vehículos de los 27 garajes del edificio en el que residía. Solicitaron el arreglo en la Gerencia Municipal de Urbanismo, pero desde entonces lo único que habían conseguido era que una determinada empresa realizara el parcheo de la calle, pero, a su juicio, la habían dejado “en un estado lamentable y con una presencia igual o peor de la que tenía”.

Tas admitir a trámite este escrito de queja, recabamos informe al Ayuntamiento de Sevilla en Junio de 2015, solicitando que se nos indicara si compartía la opinión de los vecinos afectados en cuanto al mal estado que atribuían a la calle y, de ser así, que nos informaran si se tenía prevista la reparación de los desperfectos que presentaba, señalando el plazo aproximado en que podrían ejecutarse las obras necesarias a tal efecto.

En Noviembre de 2015 nos llegó respuesta del Ayuntamiento, en la que manifestaban, en síntesis, que un tramo de la calle se encontraba en un aceptable estado de conservación, mientras que el segundo tramo, debido a obras de edificación y canalización, presentaba numerosos parches de cemento y un aspecto degradado. Por ello, se exponía que se habían realizado obras de reparación y, en aquellos momentos, el pavimento no revestía peligrosidad para el tránsito peatonal o de los vehículos que accedían a los garajes a través de rampa de aglomerado asfáltico. Se concluía indicando que la repavimentación de la calle y construcción de un vado para el acceso de vehículos precisaría de un proyecto y la dotación presupuestaria correspondiente.

Dado el contenido del escrito recibido del Ayuntamiento, en una nueva comunicación, le rogamos al reclamante que nos indicara si estaba conforme con las reparaciones realizadas o seguía estimando urgente la repavimentación completa de la calle. En tal sentido, nos hizo llegar las siguientes alegaciones:

- Estaban de acuerdo en que la calle había sufrido muchos desperfectos por obras, por lo que demandaban que cuando finalicen las obras, las empresas que las realizan, o Urbanismo, se haga cargo del arreglo de las reparaciones de la calle en cuestión.

- Seguía sin arreglarse un badén existente en una calle anexa, por la que debían circular para acceder a la entrada de sus garajes.

- En su día se instalaron unos voladizos para separar la calle de los veladores de un establecimiento hostelero, que después quitaron, pero molestaban para la entrada y salida de los vehículos.

- No se respetaban las placas de prohibido aparcar, por lo que se encontraban innumerables obstáculos para salir, o entrar, a los garajes; además, era preciso instalar una zona de “carga y descarga”.

Trasladamos estas alegaciones del reclamante al Ayuntamiento en Febrero de 2016, interesando que se nos indicara si, con cargo al presupuesto municipal de ese año, resultaba posible atender algunas de las demandas del interesado para mejorar la situación de la calle Amargura; singularmente su repavimentación, instalación de vado, reposición de voladizos de separación con los veladores y mejora de la señalización.

Sin embargo, esta nueva petición de informe no obtuvo respuesta, a pesar de los requerimientos que realizamos, incluida una conversación telefónica que mantuvimos con personal del Ayuntamiento para ello, lo que nos privaba de conocer si, finalmente, se iba a atender favorablemente esta reivindicación vecinal o, de no ser así, las razones por las que ello se estimaba improcedente.

CONSIDERACIONES

Primera. - El silencio de esa esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de que, por parte de los Servicios Técnicos municipales, sean analizadas estas demandas vecinales, en especial, la posible repavimentación de la calle, adoptando en su caso las medidas que resulten procedentes para solucionar su deteriorada situación y demás problemas que, actualmente y siempre según los reclamantes, le afectan, concretando el plazo en que ello sería posible.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, se lograría garantizar en mejor medida el derecho a la buena administración, contenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la conveniencia de impulsar medidas para mejorar la situación que presenta en la actualidad el frente marítimo de la playa de La Carihuela del municiio malagueño de Torremolinos, atendiendo al interés general que ello conlleva, el Defensor del Pueblo Andaluz ha sugerido a su Alcaldía-Presidencia que, en el marco de las competencias que ostenta en materia de actividad urbanística y de su potestad de formulación y aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística, propicie una solución urbanística paralela, global y alternativa para el mencionado frente marítimo, resolviendo así, además, la problemática que afecta a algunos propietarios al no poder realizar obras de construcción o reforma.

ANTECEDENTES

El interesado, actuando en nombre y representación de una empresa de construcción, propietaria de una parcela que se emplaza en un pequeño porcentaje en zona de servidumbre de costas, nos exponía que se había dirigido al Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) planteando, en relación a dicha parcela, diversas cuestiones relativas a la aprobación de un Estudio de Detalle de la playa de La Carihuela, que incluía a su parcela. Añadía que la respuesta que había recibido acerca de esta petición por parte del Ayuntamiento había sido que “no consta continuación del procedimiento de trámite de aprobación del estudio de detalle referido. Sobre si se tiene previsto reiniciar o continuar dicha tramitación de estudio de detalle, superior criterio decidirá”.

Esta respuesta, siempre a juicio del interesado, venía a acreditar la inacción de el Ayuntamiento ante el problema que le suponía a la entidad que representaba la imposibilidad de construir en la parcela desde hace más de once años. Añadía que esta situación casi había llevado a la empresa a su ruina económica, al pretextarse que ocupaba parcialmente zona de servidumbre y no llevar a cabo las gestiones precisas para encontrar una solución en un frente de fachada que se encontraba totalmente construido. En definitiva, pedían una decidida acción municipal para que se impulse una alternativa ante los obstáculos que, hasta el momento, le impiden construir dicha parcela.

Tras la admisión a trámite de la queja del afectado, solicitamos informe al Ayuntamiento para que se nos indicara si, atendiendo a la pretensión de esta entidad mercantil, se tenía previsto impulsar las acciones necesarias que permitieran aprobar el estudio de detalle que, al parecer, resultaba indispensable para normalizar la situación urbanística de la parcela en cuestión y, asimismo, para que nos indicara las razones de la aparente inacción municipal durante todos estos años para abordar este problema.

En la respuesta que recibimos del Ayuntamiento éste defendía su falta de competencias en la concesión de la autorización, que correspondía a la Administración del Estado, que era la que ostentaba las competencias en materia de costas y que era la causa de la ausencia de aprobación de la propuesta de Estudio de Detalle, añadiendo que había informado de todo ello al interesado, dando respuesta a sus requerimientos, así como que había buscado una solución urbanística paralela, global y alternativa tanto para su caso, como para los de otros promotores en similares circunstancias.

De ello dimos cuenta al interesado para que, en caso de estimarlo conveniente, pudiera formular las alegaciones que tuviera por convenientes, de las que dimos traslado al Ayuntamiento interesando que nos concretara el posicionamiento municipal acerca de ellas, aclarando si, como solicitaba el interesado, se estaba preparando un nuevo Estudio de Detalle que permitiera dar solución a la obsolescencia de diversas construcciones situadas en primera línea de playa o, de no ser así, las razones por las que ello no se estimaba procedente. Igualmente pedíamos conocer las razones por las que no se impugnó en su día la inadmisión de la Demarcación de Costas o se atendieron los requerimientos que dicho organismo pudiera formular para completar el anterior estudio de detalle. Añadimos que parecía conveniente impulsar medidas para mejorar la situación que presenta en la actualidad un tramo de la citada primera línea de playa.

Pues bien, en una nueva resp+uesta, el Ayuntamiento nos manifestaba, adjuntando informe del Director de Urbanismo, que la Corporación Municipal redactó un Estudio de Detalle para resolver la problemática de los usos en la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre, sin que llegara a buen puerto, por distintas consideraciones, siendo la principal que los Técnicos de Costas no entendían que se intentara una vía excepcional para un frente marítimo tan extenso.

En todo caso, se reconocía por el Director de Urbanismo que efectivamente parecía conveniente impulsar medidas para mejorar la situación actual del frente marítimo de La Carihuela, añadiendo que nada impedía al particular la iniciación del trámite de un Estudio de Detalle referido a su parcela, para solventar la determinación de la trama.

CONSIDERACIONES

Primera.- Parece inviable que pueda prosperar el trámite de un Estudio de Detalle a instancias del afectado, dada la complejidad que el problema presenta al encontrarnos ante un extenso frente marítimo y al contar con el antecedente de que ese mismo Ayuntamiento ya fracasó anteriormente en dicho intento al considerar los Técnicos de Costas que la vía excepcional del estudio de detalle no resultaba adecuada para ordenar dicho frente marítimo. Es más dichos Técnicos han expresado al propio interesado que “nunca concederemos la autorización que nos solicitan”.

De todo ello, se desprende que la solución del problema no pasa por una iniciativa particular que, al parecer, no podría prosperar en ningún caso.

Segunda.- El caso es que, ante esta situación, la entidad reclamante, como ocurre al parecer con otros propietarios de parcelas en dicho frente marítimo, no puede construir, ni realizar obras en sus parcelas, lo que estaría propiciando un creciente deterioro de esta relevante zona del municipio al no poder conceder licencias de obras para realizar las mejoras necesarias. El propio Director de Urbanismo reconoce la conveniencia de impulsar medidas para mejorar la situación actual del frente marítimo de La Carihuela.

Tercera.- De acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la actividad urbanística es una función pública que comprende la planificación, organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, desarrollándose en marco de la ordenación del territorio y correspondiendo, en sus respectivas esferas de competencias, a la Administración de la Comunidad Autónoma y a los municipios. Para el desarrollo de la actividad urbanística se cuenta, entre otras, con la potestad de formulación y aprobación de los instrumentos de la ordenación urbanística.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA de que, por parte de ese Ayuntamiento, ante la conveniencia de impulsar medidas para mejorar la situación que presenta en la actualidad el frente marítimo de la playa de la Carihuela de ese municipio, atendiendo al interés general que ello conlleva, en el marco de las competencias que ostenta en materia de actividad urbanística y de su potestad de formulación y aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística, se propicie una solución urbanística paralela, global y alternativa para el frente marítimo de la Carihuela, resolviéndose así además la problemática que afecta, al no poder realizar obras de construcción o reforma, tanto a la entidad reclamante como a otros promotores que se encuentran en similares circunstancias.

Ver asunto solucionado o en vías de solución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra que dé instrucciones a los servicios técnicos municipales para que verifiquen el estado en que se encuentra la calle Ibn Said, sobre todo del acerado y bordillos de la escalera que la conforma y de la falta de barandilla en la que puedan asirse personas con movilidad reducida y, tras ello, nos indique, en caso de que así lo consideren, las actuaciones que se deban realizar y el plazo previsto para acometer las mismas, con objeto de solucionar todas las deficiencias que presenta la citada calle.

ANTECEDENTES

El interesado denunciaba en su escrito de queja la deficiente iluminación de un tramo de la calle Ibn Said del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra que, además tiene escaleras, por lo que existe un grave riesgo de caídas y accidentes.

El reclamante nos exponía que la calle Ibn Said comunica la calle Abderramán con la calle San José, resultando que, siendo escalonada, sin barandillas y en forma de L, solamente tenía, en aquellos momentos, dos farolas, una al comienzo de la misma (al final de la calle Abderramán) y otra al final (cerca de la calle San José). Ello determinaba que, por la noche, no se veía ni subir ni bajar, con el consiguiente peligro que ello conllevaba, puesto que las dos farolas alumbraban el principio y el fin de la calle, pero no el medio de la misma.

Añadía el interesado que, hacía tres años, el Ayuntamiento hizo una obra en una de las calles contiguas (calle San José) y cambió la ubicación del alumbrado público, poniendo las farolas en la ubicación en la que estaban actualmente. Antes, a juicio del interesado, la calle Ibn Said estaba suficientemente alumbrada, pero a raíz de dicha obra todo cambió para mal: se anularon farolas y se pusieron las nuevas en una mala ubicación, ya que no alumbraban el medio de esta calle.

Ante ello, señalaba que los vecinos que transitan esta calle y el propio reclamante habían puesto esta situación en conocimiento del Ayuntamiento en varias ocasiones, todas ellas sin éxito, durante tres años. Todo ello, singularmente a las personas mayores, les suponía un grave riesgo de caídas y, además, la oscuridad planteaba una situación de inseguridad. Por ello, pedía volver a habilitar dos farolas de la instalación antigua que ya estaban en la ubicación conflictiva (medio de la calle de Ibn Said) pero que estaban desconectadas (los cables estaban cortados) debido a la obra que se realizó en la calle contigua.

Tras la admisión a trámite de esta queja, en Noviembre de 2015, interesamos al citado Ayuntamiento que nos indicara si era posible acceder a la petición del interesado de que se repusiera el alumbrado en las dos farolas que señalaba y, de no ser posible, que nos expusiera las razones que lo impidieran y las medidas alternativas que podrían existir para que estuviera suficientemente iluminado este tramo de la calle.

Pues bien, del contenido del informe de la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos que recibimos, se desprendía efectivamente que el problema de alumbrado público que afectaba a la calle había quedado solucionado, actuación que valoramos positivamente. Sin embargo, en su escrito de queja inicial, el reclamante aludía asimismo a que la citada calle peatonal presentaba otras deficiencias, tales como el mal estado del acerado y los bordillos de la escalera y la carencia de barandillas a las que puedan asirse con seguridad personas con movilidad reducida.

Por ello, en Marzo de 2016, interesamos que se nos indicara si se tenía previsto abordar la solución de dichas deficiencias (mal estado de acerado y bordillos de la escalera y ausencia de barandillas) y, en tal caso, el plazo en que se procedería a ello o, de no ser así, las razones por las que no se consideraba procedente abordar los arreglos demandados.

Esta nueva petición de informe no obtuvo respuesta, a pesar de las dos ocasiones en que requerimos su contestación y del contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal en Noviembre de 2016. Ello había determinado que ignoráramos si el Ayuntamiento tenía previsto actuaciones para mejorar el mal estado del acerado y los bordillos de la escalera y la carencia de barandillas a las que puedan asirse con seguridad personas con movilidad reducida en la citada calle Ibn Said de esa población.

CONSIDERACIONES

Primera. - Debido a este silencio municipal, esa Alcaldía está incurriendo en incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- Debe tenerse presente que el artículo 103 de la Constitución Española determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

En línea con el precepto constitucional citado, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su apartado 1 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros principios, el de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Todo ello determina, en su conjunto, unos retrasos contrarios al principio de buena administración, previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende, entre otros, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

Tercera.- En el presente caso, la ausencia de actuaciones conocidas por parte de ese Ayuntamiento está pudiendo suponer problemas de seguridad para los vecinos de la zona, debido al mal estado del acerado y los bordillos de la escalera y la carencia de barandillas a las que puedan asirse personas con movilidad reducida en la citada calle.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, conforme a los cuales la actividad administrativa debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites.

RECOMENDACIÓN de que, sin nuevas demoras, esa Alcaldía dé instrucciones a los Servicios Técnicos municipales para que verifiquen el estado del acerado y los bordillos de la escalera y la carencia de barandillas a las que puedan asirse con seguridad personas mayores o discapacitadas en la citada calle Ibn Said de esa población y, en el caso de que se concluya la necesidad de abordar las mejoras que al respecto demanda la ciudadanía, nos indique las actuaciones y el plazo aproximado en que podrían acometerse para solucionar tales deficiencias.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz