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Tras la adquisición de su vivienda protegida en el año 2012 le fueron concedidas al interesado una serie de ayudas contempladas en el Plan de Vivienda y Suelo, no habiendo percibido aún las ayudas concedidas de 1200 y 5000 euros respectivamente, por lo que en junio de 2016 había dirigido una reclamación a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla.

Solicitamos informe al citado organismo, quien nos respondió que las ayudas a las que se refería el interesado eran ayudas solicitadas pero no resueltas de manera expresa por falta de disponibilidad presupuestaria, que en fechas recientes se habían remitido fondos a las Delegaciones Territoriales para que procedieran a la resolución y abono de las ayudas pendientes pero que no obstante, al existir un importante número de ayudas anteriores a la interesada, no era previsible que pudiera ser atendida en el ejercicio 2016.

Igualmente, el nuevo Plan de Vivienda y Suelo contemplaba créditos en ejercicios futuros que permitirían dar respuesta a estas ayudas.

Ante la aportación por parte del interesado, de Resolución de 13 de marzo de 2012 de la Delegada Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, reconociendo determinados derechos económicos con relación a la adquisición de su vivienda, solicitamos la emisión de un nuevo informe. Se nos contestó que las ayudas autonómicas reclamadas estaban solicitadas pero no resueltas y aludían al Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, disposición transitoria quinta y artículo 36.

Dado traslado de la información al interesado para alegaciones, éste nos reiteró su queja por la falta de abono de una ayuda que tiene concedida desde hace más de 4 años. En consecuencia, en virtud del artículo 29 de nuestra Ley reguladora, formulamos a la citada Delegación Territorial Resolución en el sentido de que adopte las medidas que estime adecuadas que le permitan ejecutar la Resolución aprobada en fecha 13 de marzo de 2012, en lo que se refiere a ayudas autonómicas para subsidiación del préstamo convenido para adquisición de vivienda.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente de queja que se tramita en esta Institución con la referencia del encabezamiento, Q 16/3323.

Una vez analizados los informes recibidos, puestos los mismos en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha 20/06/2016 recibimos escrito de queja, presentado por D. ..., con domicilio en … .

El promotor de la queja señalaba en la misma que tras la adquisición de su vivienda protegida en el año 2012 le fueron concedidas una serie de ayudas contempladas en el Plan de Vivienda y Suelo, dándose la circunstancia de que en la fecha de presentación de la queja aún no había percibido algunas de las ayudas concedidas, correspondientes a la Administración Autonómica.

Indicaba el interesado que esta circunstancia venía reconocida en el visado del contrato de fecha 13 de marzo de 2012, donde se especifican las ayudas a las que podía optar, sin que aún hubiera percibido las ayudas autonómicas de 1200 y 5000 euros respectivamente.

Señalaba finalmente que con fecha 20 de junio había dirigido una reclamación al respecto, a esa Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla.

Tras admitir a trámite la queja, esta Institución solicitó a esa Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en fecha 28/06/2016 la emisión del correspondiente informe para el esclarecimiento del asunto en cuestión.

2. En respuesta a nuestra solicitud, el pasado 25/08/2016 recibimos informe emitido por la Secretaría General de Vivienda, que le adjuntamos a este escrito, en el que se expresaba, en síntesis, que las ayudas a las que se refería el interesado eran ayudas solicitadas pero no resueltas de manera expresa por falta de disponibilidad presupuestaria, que en fechas recientes se habían remitido fondos a las Delegaciones Territoriales para que procedieran a la resolución y abono de las ayudas pendientes pero que no obstante, al existir un importante número de ayudas anteriores a la interesada, no era previsible que pudiera ser atendida en el ejercicio 2016.

Igualmente se hacía referencia a que el nuevo Plan de Vivienda y suelo contempla créditos en ejercicios futuros que permitirían dar respuesta a estas ayudas.

3. Una vez analizado el informe recibido, con fecha 13/09/2016 remitimos una nueva solicitud a esa Delegación Territorial, a la que adjuntamos copia de Resolución de 13 de marzo de 2012 de la Delegada Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, aportada por el interesado, mediante la que se le reconocen determinados derechos económicos con relación a la adquisición de su vivienda.

A la vista de dicha Resolución, le solicitamos que emitiera un nuevo informe, toda vez que se desprendía una posible contradicción con la afirmación que se realizaba en su informe en el sentido de que se trataba de ayudas solicitadas, pero no resueltas de manera expresa, por falta de disponibilidad presupuestaria.

4. Con fecha 4/11/2016 recibimos nuevo informe, que le adjuntamos, emitido de nuevo por la Secretaría General de Vivienda.

Por razones de economía nos remitimos a lo expresado en dicho informe, si bien destacamos que en el mismo se insiste en que las ayudas autonómicas que reclama el interesado están solicitadas pero no resueltas y se alude al Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, disposición transitoria quinta y artículo 36.

5. Trasladados los dos informes recibidos al interesado para que efectuara las alegaciones que estimase pertinentes, éste nos reitera su queja por la falta de abono de una ayuda que tiene concedida desde hace más de 4 años.

CONSIDERACIONES

Pese a la afirmación que se realiza en los dos informes que ha emitido la Secretaría General de Vivienda, lo cierto es que el interesado ha aportado copia de Resolución de 13 de marzo de 2012, de la entonces Delegada Provincial de Obras Públicas y Vivienda en Sevilla, en cuya parte dispositiva se resuelve, literalmente, lo siguiente:

“Primero.- Reconocer a ... el derecho a la obtención de un préstamo convenido, para la adquisición de la vivienda protegida a la que la presente se refiere, con las características recogidas en los artículos 12 y 42 del Real Decreto 2066/2008,de 12 de Diciembre, en redacción dada por el Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, así como el derecho a la subsidiación del mismo por importe de 100 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo, por un período de cinco años. prorrogable por otros dos periodos de igual duración.

Segundo.- Reconocer el derecho a un incremento de la citada subsidiación de 55 euros al año por cada 10.000 euros de préstamo, durante los primeros 5 años del período de amortización del préstamo convenido.”.

En definitiva, se reconocen y aprueban las ayudas a cargo de la Administración estatal (derecho al préstamo convenido y a la subsidiación estatal del préstamo) pero también se reconoce y aprueba el derecho al incremento de la subsidiación de 55 euros al año por cada 10.000 euros de préstamo, durante los primeros 5 años del período de amortización del préstamo convenido, ayuda ésta que corresponde a la Administración autonómica.

El acceso a las ayudas financieras se condiciona, exclusivamente, a que se hagan constar en la escritura de compraventa los mismos datos que figuran en el contrato de opción de compra/compraventa, que ha servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas aprobadas.

No se entiende por tanto que los informes emitidos se refieran a ayudas solicitadas y no resueltas, cuando existe Resolución expresa al respecto.

En este sentido cabe recordar que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo son ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (artículo 56), presumiéndose válidos y produciendo efectos desde la fecha en que se dicten (artículo 57.1). En el mismo sentido los artículos 38 y 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En caso de existir algún motivo de revisión del acto dictado, esa Administración debía haber acudido a los mecanismos previstos en los artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, y no dejar transcurrir el tiempo sin ejecutar la resolución, perjudicando al afectado que espera la ejecución de la resolución aprobada y no la prolongada inactividad administrativa que se ha producido.

Además, las previsiones del Plan de Vivienda 2016-2020 a las que alude en su informe tampoco van a resolver la cuestión planteada por el interesado, pues como el propio informe señala, la anualidad de 2016 previsiblemente solo llegará a las solicitudes presentadas en el primer semestre de 2010.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos formular a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que adopte las medidas que estime adecuadas que le permitan ejecutar la Resolución aprobada en fecha 13 de marzo de 2012, en lo que se refiere a ayudas autonómicas para subsidiación del préstamo convenido para adquisición de vivienda.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado el derecho a una buena administración que comprende, entre otros, el derecho de los particulares ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Habiéndose denunciado la vulneración reiterada de los derechos a la intimidad y la confidencialidad de las personas usuarias de los Servicios Sociales por parte del Ayuntamiento de Los Barrios, al exponerse públicamente fotos y vídeos, tanto en prensa como en redes sociales, con motivo de la entrega de ayudas económicas destinadas a familias en riesgo de exclusión social y aunque, al parecer, tras nuestra intervención se comenzó a solicitar autorización, a hacer las fotos de espaldas y a pixelar las imágenes. No obsante, en virtud de nuestra ley reguladora formulamos al citado Ayuntamiento Resolución en el sentido de que se adopten las medidas que estime convenientes para que se informe a las personas usuarias de la voluntariedad de la participación en cualquier acto de difusión de las ayudas sociales que se reconozcan por ese Ayuntamiento.

Nos ponemos en contacto con Vd. en relación con el expediente de queja que se tramita en esta Institución, con el número de referencia que figura arriba indicado.

Una vez analizados los informes recibidos, puestos los mismos en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1.- Mediante escrito fechado el 27/12/2016, la persona interesada en esta queja se dirigió al Defensor del Pueblo Andaluz, expresando que, a su juicio, se estaba produciendo una vulneración reiterada de los derechos a la intimidad y la confidencialidad de las personas usuarias de los Servicios Sociales por parte del Ayuntamiento de Los Barrios.

Señalaba que estas personas estaban siendo expuestas públicamente en fotos y vídeos, tanto en prensa como en redes sociales, con motivo de la entrega de ayudas económicas destinadas a familias en riesgo de exclusión social, lo cual contrastaba con la práctica que se había seguido por los Servicios Sociales Comunitarios con anterioridad, ya que siempre se había respetado la confidencialidad de las personas usuarias y se habían entregado las ayudas de manera discreta y profesional.

2.- Estimándose que esta queja reunía los requisitos formales establecidos en los arts. 10 y 11.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, procedimos a admitirla a trámite y solicitamos la emisión de informe a ese Ayuntamiento.

3.- Con fecha 04/04/2017 recibimos el informe solicitado, en el que se señalaba lo siguiente:

“Siempre que desde nuestro Ayuntamiento se han hecho entregas de ayudas económicas a vecinos en riesgo de exclusión social, se ha velado por mantener intactas la intimidad y confidencialidad de los mismos, respecto a su aparición en medios de comunicación y/o redes sociales.

Consideramos legítimo que desde la Corporación se de información sobre las ayudas prestadas, pues es un signo inequívoco de transparencia en la gestión de fondos públicos, pero siempre conjugamos el deber de información pública, con el derecho individual a la intimidad que asiste a cualquier usuario de los Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento.

Y en este sentido, es por lo que cada vez que se ha celebrado un acto de concesión de ayudas, en el que se realizan fotografías, se solicita autorización verbal a los vecinos destinatarios de aquellas antes de tomarlas, capturando normalmente las mismas a espaldas de ellos, para evitar que se vean rostros, y además para el caso en que algún rostro pudiera reconocerse se pixela antes de su publicación.

(...)”

4.- Trasladado este informe a la parte promotora, para que formulara las alegaciones que estimase convenientes, con carácter previo a la adopción de esta resolución, con fecha 17/04/2017 recibimos escrito en el que, en síntesis, además de una serie de consideraciones de carácter jurídico, se expresa que aunque en el informe emitido por ese Ayuntamiento se afirme que a estas personas se les solicita autorización verbal antes de realizar la fotografía y éstas se hacen de espaldas y se pixelan las imágenes, estas deferencias las está teniendo el Ayuntamiento tras la presentación de la queja y la investigación de la misma por parte del Defensor del Pueblo Andaluz.

Igualmente consideraba que las personas beneficiarias de las ayudas no tienen por qué aparecer en las fotografías ni, de hecho, tienen por qué reunirlas conjuntamente, ya que ni entre ellos mismos tendrían por qué conocer quiénes son beneficiarios de las ayudas económicas procedentes de los Servicios Sociales.

A la vista de los antecedentes descritos, le trasladamos las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.

Como señala la Exposición de Motivos de la recientemente aprobada Ley de Servicios Sociales de Andalucía, la Constitución española de 1978 compromete expresamente a los poderes públicos en la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas (artículo 9.2), así como en el cumplimiento de objetivos que hagan posible el progreso social y económico (artículo 40.1).

Todo ello, unido a la atención que presta a determinados grupos de población, como la juventud (artículo 48), las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica (artículo 49), las personas mayores (artículo 50), la familia, los hijos y las hijas (artículo 39.1,2 y 4), configura el soporte constitucional de un concepto amplio de servicios sociales susceptible de ser regulado y desarrollado por las comunidades autónomas, en virtud de la asunción de competencias que la propia Constitución posibilita a tenor de lo dispuesto en su artículo 148.1, reservándose en el artículo 149.1.1.ª, como competencia exclusiva del Estado, la regulación de las condiciones que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales.

En desarrollo de lo anterior, la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha dotado de competencias exclusivas en materia de servicios sociales, contemplando en el Título I del Estatuto de Autonomía, referido a los derechos sociales, deberes y políticas públicas, el reconocimiento del derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales (artículo 23.1), así como otra serie de derechos que guardan relación directa con las políticas sociales, como son el derecho a la igualdad de género (artículo 15), a la protección contra la violencia de género (artículo 16), a la protección de la familia (artículo 17), de personas menores (artículo 18), de personas mayores (artículo 19), de personas con discapacidad o dependencia (artículo 24) y a una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas (artículo 23.2).

Con esta habilitación constitucional y estatutaria, el Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, que viene a sustituir a la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, siendo competencia de las entidades locales la gestión de las prestaciones del catálogo al que alude el artículo 41 de la Ley, correspondientes a los servicios sociales comunitarios (artículo 51.1, letra e).

Esta Ley recoge en su artículo 9, letra a) el derecho de todas las personas, en su relación con los servicios sociales, al acceso universal a los servicios sociales en condiciones de igualdad, equidad, dignidad y privacidad.

Segunda.

Del análisis de la queja y los documentos incorporados a la misma concluimos que ese Ayuntamiento, de forma habitual, ha venido convocando a las personas que resultan beneficiarias de determinadas ayudas sociales, a actos de carácter público en los que se entregan o notifican las ayudas concedidas.

En su informe se justifica que se facilite información sobre las ayudas aprobadas con base en el principio de transparencia y se especifica que se conjuga el deber de información pública con el respeto al derecho a la intimidad de las personas usuarias. En este sentido, nos indican que se solicita autorización verbal a las personas usuarias para poder obtener su imagen, tratando además, cuando se publican estas imágenes, de que las personas no sean reconocibles, tomado las fotografías de espalda o pixelando las imágenes que lo requieran.

En este sentido, siendo razonable la apelación al principio de transparencia, así como la adopción de medidas para evitar que puedan ser reconocidas las personas beneficiarias cuando se publican las fotografías del acto, lo cierto es que el derecho a la intimidad de las personas usuarias de los servicios sociales queda comprometido cuando éstas han de acudir a un acto en el que se encuentran con las restantes personas beneficiarias de las ayudas, las cuales en ese mismo acto tienen conocimiento del carácter de usuario de las demás personas.

Esto podría evitarse notificando a las personas usuarias la resolución de concesión de la ayuda social siguiendo el procedimiento de notificación establecido en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que se pueda invitar a aquellas que resulten beneficiarias de una ayuda para su participación voluntaria en un acto público relacionado con la referida concesión de ayuda social.

De esta forma se conjugarían el interés de ese Ayuntamiento de publicitar las actuaciones que realiza en materia de servicios sociales con la necesaria protección del derecho a la intimidad de las personas usuarias.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento, en particular en lo que se refiere a la práctica de la notificación de las resoluciones administrativas.

RECOMENDACIÓN De adoptar las medidas que estime convenientes para que se informe a las personas usuarias de la voluntariedad de la participación en cualquier acto de difusión de las ayudas sociales que se reconozcan por ese Ayuntamiento.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado el derecho a una buena administración que comprende, entre otros, el derecho de los particulares ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz