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El Ayuntamiento de San Fernando acepta nuestra Sugerencia y va a agilizar los trámites para que entre en funcionamiento lo antes posible el punto limpio de Camposoto, terminado en 2011; entre tanto, va a adoptar las medidas necesarias para evitar su deterioro.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio para conocer las razones por las que el punto limpio construido en la zona de Camposoto, en el municipio gaditano de San Fernando, cuyas obras finalizaron en 2011, aún no había entrado en funcionamiento. En la misma formulamos, el 30 de Noviembre de 2015, Sugerencia dirigida al citado Ayuntamiento.

En respuesta a esta Sugerencia, la Delegación Municipal del Área de Desarrollo Sostenible nos responde que acepta la Sugerencia formulada y, en consecuencia, que van a agilizar los trámites para que “este equipamiento empiece a funcionar lo más pronto posible y, entre tanto, se adoptarán las medidas necesarias para su conservación”. Por tanto, hemos procedido a archivar esta actuación de oficio al entender que se ha aceptado nuestra resolución, aunque hemos instado al Ayuntamiento de San Fernando a que valore también la actuación de la empresa responsable de la ejecución a la vista del pliego de condiciones por si hubiera que exigir, de darse las circunstancias para ello, responsabilidad en los términos expuestos en nuestra sugerencia.

El Ayuntamiento de Sevilla anula un expediente sancionador de tráfico en el que el interesado, residente en la localidad zamorana de Benavente, había alegado que ni él ni su vehículo se encontraban en Sevilla en el momento de la sanción.

El interesado nos exponía que había recibido la notificación de una sanción de tráfico por la Agencia Tributaria de Sevilla, del Ayuntamiento de esta localidad. Siempre según el interesado, él no había estado, ni su vehículo, una moto, en la ciudad, pues era de Benavente (Zamora). Había recurrido la sanción, pero no había obtenido respuesta alguna:

“Desde mi localidad (Benavente, Zamora) a Sevilla hay una distancia de 596 km y les he solicitado que me demuestren que era mi moto, con alguna foto y que no han tenido ningún error en la toma de la matrícula cuando formularon la sanción, no he obtenido respuesta por parte de ellos.

Ruego me ayuden en ésta reclamación puesto que después de hacerles escritos directamente a ellos explicándoles lo anteriormente citado no me comunican resolución y siguen empeñados en que tengo que pagar esta multa, me parece injusta y personalmente ya me veo incapaz de demostrar que yo no he sido culpable, causándome ya este tema una preocupación fuerte”.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Sevilla, éste, en su respuesta, reconoció el error al tramitar el expediente sancionador que fue incoado al interesado, por lo que había sido dado de baja. Entendimos, por tanto, que se había solucionado el problema y procedimos al archivo del expediente de queja.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Sevilla devuelve la tasa cobrada indebidamente por retirada y depósito de vehículo.

El interesado nos exponía en su escrito de queja que en enero de 2013, la Policía Local de Sevilla formuló denuncia, inmovilizando su vehículo, que fue retirado por la grúa municipal, por carecer de seguro. Pasados unos días retiraron el vehículo del depósito municipal, teniendo que pagar 156,85 euros. En Febrero, su compañía de seguros notificó a la Jefatura Provincial de Tráfico que, en aquellas fechas, el vehículo contaba con el oportuno seguro, comunicándole esta Jefatura de Tráfico que el expediente “se da por terminado por sobreseimiento. Es decir, admiten nuestro recurso y nos dan la razón. Desde Tráfico nos indican que para recuperar el dinero de la retirada de grúa, debemos dirigirnos a la Agencia Tributara de Sevilla y así hacemos”. Presentó esta solicitud de devolución de la tasa de retirada y depósito del vehículo en febrero de 2013; al no recibir respuesta, acudieron a la Agencia Tributaria de Sevilla, que le remitió a la Policía Local y ésta a la empresa encargada del depósito municipal de vehículos; De allí, se le derivó a la Delegación Municipal de Tráfico y de aquí a la Agencia Tributaria de Sevilla “Allí conté todo lo anteriormente expuesto. Localizaron el expediente y toda la documentación aportada. Nos dijeron que esta archivado porque no tenían forma de solucionar el tema y nos volvieron a remitir a Tráfico”.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Sevilla, finalmente se nos comunicó que se había dictado resolución por la que se le reconocía al interesado el derecho a la devolución de la cantidad indebidamente ingresada en concepto de tasa por la prestación del servicio de retirada de vehículos, instando a la Tesorería municipal a que dicha devolución se efectuara en el plazo más breve posible.

Con ello, entendimos que el problema estaba solucionado, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones. Poco después, el propio interesado nos confirmó que ya había recibido la cantidad correspondiente a la devolución de la tasa municipal.

Tras la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Morón de la Frontera arregla el socavón en la calzada, que afectaba a la acera y a la seguridad de las personas.

La interesada nos exponía en su escrito de queja que desde había varios años existía, entre su vivienda y la colindante, un socavón en la calzada, junto a la acera, en el municipio sevillano de Morón de la Frontera. La primera vez que denunció los hechos en el Ayuntamiento rellenaron el socavón con alquitrán sobre el asfaltado adoquinado dónde apareció, pero transcurrido un tiempo el firme se empezó a hundir en la misma zona y a resquebrajarse el alquitrán. Había denunciado nuevamente los hechos en el Ayuntamiento pero, desde entonces, no habían vuelto a arreglar la zona: “El socavón ha ido hundiéndose más, con bastante profundidad y como consecuencia puede afectar a los cimientos de las casas, aparte del impacto estético que produce a la calle y el riesgo de caídas que puede producir para las personas”.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste nos comunicó que ya se había efectuado la reparación de la zona, que obedecía a que la acometida de agua de una de las viviendas presentaba fugas. Por tanto, dimos por concluidas nuestras actuaciones al quedar solucionado el problema que planteó la interesada.

Tras la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz y por vía de colaboración, la entidad ENDESA atiende la reclamación de un vecino de Sevilla que había remitido diversas comunicaciones a dicha empresa, sin que la valoraran debidamente, por el ruido generado por una estación eléctrica situada a poca distancia de su domicilio. A tal efecto, nos han comunicado que se están tomando las medidas oportunas para solucionar este problema de ruido y que una empresa homologada encargada de los trabajos ha firmado el primer semestre de 2016 como fecha para la corrección de las anomalías. Además, el Ayuntamiento de Sevilla nos ha comunicado que procedera igualmente a incluir esa instalación en la programación de inspecciones para proceder en función de sus resultados.

El interesado denunciaba en su escrito de queja que sufría en su vivienda los ruidos generados por un centro de transformación situado a poca distancia de su domicilio. Había reclamado en dos ocasiones a la empresa titular, ENDESA, sin que hubiera recibido más que una escueta respuesta de “procederán a atender su reclamación a la mayor brevedad posible”, aunque el problema persistía.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos tanto a ENDESA, por vía de colaboración, como al Ayuntamiento de Sevilla. En este sentido, ENDESA nos informó, en primer lugar, que “una empresa homologada está tomando las medidas oportunas para solucionar el problema planteado por el Sr. ... debido a que la medición del centro de transformación no cumplía con los límites establecidos según el Decreto 6/2012”. Igualmente, nos informa de que “la fecha estipulada para la corrección de las anomalías del centro de transformación es el primer semestre de 2016”. Entendimos, con ello, que este problema se encontraba en vías de solución.

No obstante, posteriormente, el Ayuntamiento de Sevilla nos ha informado que procederán a incluir esta instalación en la programación de mediciones para actuar en consecuencia con los resultados.

Con ello dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El Ayuntamiento de Sevilla comunica a una comunidad de propietarios la documentación necesaria para construir una rampa de acceso al edificio para personas con movilidad reducida.

La interesada nos exponía en su escrito de queja que era residente en Sevilla, con una enfermedad neurodegenerativa (esclerosis múltiple) y una discapacidad reconocida del 69 %. Tenía dificultades de movilidad (debía utilizar, incluso en su vivienda, un andador y cuando salía a la calle se movía con silla de ruedas o una moto eléctrica). El problema estaba en que los accesos de entrada y salida del edifico donde vivía no estaban adaptados para personas con discapacidad:

“El ascensor del bloque no llega hasta el garaje y para coger el coche hay que superar un tramo de escaleras, y yo no puedo. La salida directa a la calle tiene 2 escalones y mi familia tiene que ayudarme a subir y bajar”.

La instalación de un nuevo ascensor planteaba problemas técnicos y no era una solución rápida, pero sí una rampa en la fachada del edificio. Ya habían entregado el proyecto técnico para construirla pero el edificio colindante a su vivienda estaba catalogado como Bien de Interés Cultural y, aunque el proyecto no afectaba a este edificio, debía ser visado por el departamento autonómico de Patrimonio Histórico. Lo que solicitaba la interesada es que “agilizase los tramites referentes a Patrimonio Histórico, donde puede demorarse bastante, con el fin de poder salir de mi casa de forma independiente y volver a trabajar mientras la enfermedad me lo permita”.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Sevilla, éste nos comunicó, como también lo había hecho ya la propia interesada, que se había trasladado a los solicitantes de la licencia de obras la documentación requerida para poder acceder a la construcción de la rampa que, ocupando parcialmente la vía pública, pretendía instalar la Comunidad de Propietarios del edificio.

De acuerdo con ello, no consideramos procedentes nuevas gestiones por parte de esta Institución en torno a este asunto sin perjuicio de indicar a la interesada que, si estima conveniente nuevamente nuestra intervención, nos lo comunique a fin de poder prestarle nuestra colaboración a los efectos que procedan.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha concluido sus actuaciones cuando la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio nos ha comunicado que ha llegado a una acuerdo para la indemnización al interesado por los daños en su finca tras ocupar la misma.

El interesado nos indicaba en su escrito de queja que la, entonces, Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva inició un expediente para la expropiación y ocupación de unos terrenos de su propiedad, pero en noviembre de 2014, posteriormente reiterado en enero de 2015, tuvo que denunciar los daños que se estaban produciendo en sus dos fincas, sin que obtuviera respuesta alguna.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ésta nos expuso las razones por las que se habían desestimado las pretensiones del interesado de indemnización por los posibles daños en las fincas objeto de ocupación. De esta respuesta dimos traslado al interesado para que nos remitiera las alegaciones y consideraciones que estimara oportunas.

Tras recibirlas, nos volvimos a dirigir a la citada Consejería para que se pronunciara sobre ellas y, en caso de estimarlo procedente, reconsiderara la desestimación de las peticiones del afectado y estudiara la posible indemnización que debería serle reconocida, si se llegaba a la conclusión de que, finalmente, sí pudo darse una ocupación temporal y daños en su finca por parte de la empresa que ejecutó estas obras.

La Consejería nos indicó que, en relación con el objeto de esta queja, se le trasladó al interesado una propuesta de mutuo acuerdo para la fijación de un nuevo justiprecio por las afecciones que consideraba no contempladas, propuesta que había sido aceptada por éste. Así las cosas, ante el acuerdo que, al parecer, se había alcanzado entre ambas partes, consideramos que ya no eran necesarias nuevas gestiones en torno a este asunto, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.