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El Defensor del Pueblo Andaluz tramita la presente queja relativa a las peticiones dirigidas sobre la adecuada conservación de los valores paisajísticos y contemplativos del Castillo de San Romualdo y sus entornos, en San Fernando.

Para conocer las circunstancias del caso, solicitamos con fecha 18 de julio de 2023 el necesario informe ante el propio ayuntamiento de la localidad y la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Cádiz. La queja fue concluida con fecha 10 de noviembre de 2023 en base a los términos que se recogieron en el escrito dirigido al promotor de la queja y a los organismos afectados. No obstante, se solicitó una nueva actuación para conocer el estado de situación sobre las medidas anunciadas

Para lograr esa actualización del caso, con fecha 28 de agosto de 2024 volvimos a solicitar información ante la Delegación Territorial de Cultura y Deporte y el propio ayuntamiento de San Fernando. Y así con fecha 30 de agosto de 2024 la Delegación señalaba:

“El 25 de agosto de 2024 tuvo entrada en esta Delegación Territorial (n.º registro 202499909095880) escrito de la Plataforma 3 R poniendo en nuestro conocimiento el deficiente estado de conservación del jardín vertical ubicado en el entorno de protección del Castillo De San Romualdo aportando fotografías del mismo, acreditando que no se ha procedido a la retirada del mismo por parte del Ayuntamiento de San Fernando.

Posteriormente el 30 de agosto de 2024 ha tenido entrada escrito del Defensor del Pueblo Andaluz en relación con la citada queja (Q23/6546) solicitando la remisión de un nuevo informe detallando la razones por las que no se habrían ejecutado las actuaciones para el mantenimiento y conservación del Bien de Interés Cultural referenciado así como las previsiones establecidas para la ejecución de las mismas.

Ante la información obtenida cabe informar de lo siguiente:

El 27 de agosto de 2024 se realiza un requerimiento al Ayuntamiento de San Fernando donde se solicita lo siguiente:

“Vista la documentación aportada en el citado escrito de 25 de agosto de 2024, se SOLICITA nos sea remitida información en el plazo de diez días, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el articulo 109.2. del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación con la supresión del jardín vertical conforme a lo comunicado a esta Delegación Territorial en escrito de 23 de octubre de 2023”

Dicho requerimiento con registro de salida 202427200001924 fue remitido al Ayuntamiento de San Fernando mediante el Sistema de Interconexión Registral el 28 de agosto de 2024, encontrándose dentro de plazo para la remisión de la información solicitada. Una vez sea respondido el citado escrito por parte del Ayuntamiento procederemos a su remisión al Defensor del Pueblo para dar contestación a la queja realizada”.

Por su parte del ayuntamiento de San Fernando informaba con fecha 25 de septiembre de 2024:

“En relación con la petición de informe relativo a la reapertura del expediente relativo a la queja tramitada por el Defensor del Pueblo Andaluz, relativo al mal estado de conservación del jardín vertical localizado en las inmediaciones del Castillo de San Romualdo, el técnico que suscribe tiene a bien informar:

Primero: con fecha 26 de septiembre de 2023 se realiza informe técnico 12/2023, en el que se viene a exponer la intención de la mejora de la estructura del jardín vertical y su mantenimiento tras la puesta en marcha del nuevo servicio de jardinería de la ciudad en octubre de 2023.

Segundo: durante el periodo de transición y puesta en marcha del referido nuevo contrato, se producen diversos acontecimientos que han condicionado la adopción de las medidas contempladas inicialmente y en concreto:

- Con fecha 11 de octubre de 2023 se reúne la comisión para la gestión de la sequía acordando la reducción del 20% del suministro de agua en alta para los municipios de la zona gaditana.

- Con fecha 27 de octubre de 2023 se publica orden de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, para la declaración de situación de excepcional sequía en zonas de la demarcación del Guadalete-Barbate.

Tercero: la declaración de situación excepcional de sequía ha requerido la aplicación del apartado 5.b del Decreto 178/2021, de 15 de junio, por el que se regulan los indicadores de sequía hidrológica y las medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos en las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía.

En concreto, en el Decreto 178/2021 de 15 de junio, por el que se regulan los indicadores de sequía hidrológica y las medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos en las demarcaciones hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía, se establecía lo siguiente:

“Capítulo II: Medidas en situación de sequía prolongada o excepcional sequía.

Artículo 5. Medidas aplicables en ámbitos territoriales con recursos regulados en situación de excepcional sequía.

2. En las unidades territoriales del Anexo I, con regulación superficial, o mixtas con prevalencia de recursos regulados que se encuentren en situación de excepcional sequía con escasez severa, serán de obligado cumplimiento, una vez dictada la resolución administrativa correspondiente, las siguientes medidas:

b) Se prohíbe la utilización de los recursos hídricos aptos para el consumo humano para los siguientes usos: baldeo de calles, llenado de piscinas privadas, riego de jardines, parques públicos y privados, campos de golf, lavado de coches fuera de los establecimientos autorizados, fuentes ornamentales que no dispongan de circuito cerrado de agua, duchas y surtidores públicos. El agua no apta para el consumo humano podrá utilizarse para el riego de supervivencia de jardines, parques públicos y campos de golf, quedando restringido a una dotación máxima de 200 metros cúbicos por hectárea y mes.”

Por tanto, encontrándose San Fernando en la Demarcación Hidrográfica del Guadalete–Barbate, se procede a aplicar las restricciones y la suspensión de las labores de riego en todas las zonas verdes de la ciudad, para lo cual con fecha 5 de diciembre de 2023 se procede a dictar un bando de municipal por parte de la Alcaldía sobre medidas urgentes ante la situación excepcional de sequía.

Cuarto: la falta de suministro de agua en las zonas verdes de la ciudad ha provocado una degradación de estos espacios, dentro de las que se incluye el jardín vertical objeto de incidencia. Posteriormente la obtención este verano de una autorización excepcional para el suministro de agua, ha permitido la aplicación de riegos y la recuperación de la mayoría de las zonas verdes de la ciudad.

Respecto al jardín vertical, la falta de agua durante este periodo ha impedido su recuperación prevista inicialmente, considerándose irrecuperable con su diseño actual.

Quinto: ante las circunstancias expuestas anteriormente, por lo parte de la Alcaldía–Presidencia y tras la valoración de las diversas opciones, se opta por su reconversión, y se encuentra pendiente de contratación la ejecución de un revestimiento metálico imitación a acero corten, en la línea del resto de herrajes del Castillo. No obstante, considerando la pérdida de la consideración de jardín, desde este servicio no se dispone de más información al respecto al día de la fecha ni detalles de la futura actuación”.

A modo de balance, podemos apreciar una actuación a cargo de los servicios de protección basándose en la identificación de algunos elementos complementarios y su adecuación a la normativa general urbanística, así como a las disposiciones que protegen el derecho contemplativo del patrimonio monumental.

Por tanto, hemos de considerar que los procedimientos de control se activaron en su día y persisten las actuaciones de seguimiento a través de la aplicación concreta de las medidas anunciadas desde la Delegación Territorial de Cultura y Deporte y la ejecución del propio ayuntamiento.

En tanto en cuanto, procede ratificar el sentido de la inicial conclusión del expediente puesto que procede considerar el asunto planteado en la queja en vías de solución. Desde luego, quedamos a la espera de las conclusiones definitivas de los trámites anunciados, de los que esperamos ser informados en su momento.

La promotora de la queja nos exponía que en fecha 12 de noviembre de 2019 presentó solicitud para la revisión de la situación de dependencia de su madre, de 94 años de edad. Explicaba que por Resolución del mes de enero de 2021 se le reconoció el Grado III, de Gran Dependencia y que desde entonces aguardaba poder disfrutar del recurso correspondiente a su condición de gran dependiente.

Interesados ante la Administración, hemos conocido que en fecha 4 de septiembre de 2023 se realizó la revisión de la cuantía de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Que en fecha 27 de septiembre de 2023 se ha dictado la propuesta de resolución, y fue remitida a la Intervención Provincial para su fiscalización el pasado 2 de octubre. Por ello, nos informaban que en un breve periodo de tiempo se emitiría Resolución aprobatoria del nuevo PIA de la persona dependiente.

Posteriormente, hemos conocido que en fecha 18 de octubre de 2023 se ha emitido la resolución aprobatoria de la revisión de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar de acuerdo a la situación de gran dependencia del afectado, por lo que el asunto objeto de la queja ha quedado solucionado, procediendo por tanto al cierre del expediente.

El promotor de la queja nos trasladaba su preocupación por la citación con especialista en Hematología y Hemoterapia para valoración de resultados, fijada para el 11 de enero de 2024, cinco meses después de la extracción de sangre que le realizarían el 28 de de agosto, a pesar de que, en función de los resultados, debería ser derivado cuanto antes al Servicio de Medicina Interna, para el estudio de trombofilia, tras sufrir en enero de 2023 un trombo en una pierna.

Refería el interesado que con 5 meses de retraso desde los análisis de sangre perdería tiempo para una posible reacción y tratamiento ante esa posible enfermedad, por lo que solicitaba que se agendase la cita en una fecha más próxima a la prueba que le fueran a realizar.

Interesados ante la Administración sanitaria, hemos sido informados de que a la vista de la situación descrita, habían adelantado la cita solicitada para el día 18 de septiembre de 2023.

La promotora de la queja nos trasladaba la demora que afectaba a la primera fase del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a la prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía de su madre.

Interesados ante la Administración, se nos participaba, en síntesis, que había sido asignado personal técnico valorador al expediente de dependencia y se pondría en contacto con la familia a fin de concertar fecha y hora para la valoración.

Así, le dábamos traslado de esta información a la promotora de la queja, sugiriéndole que dejase transcurrir el periodo de un mes a fin de conocer si el personal técnico valorador había realizado la valoración.

Al respecto, hemos conocido recientemente que en octubre se emitió Resolución, por la que se resuelve reconocer a la persona dependiente el Grado III, de Gran Dependencia.

Dado que el asunto planteado por la parte promotora de la queja ha quedado solucionado, damos por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente de queja.

La parte promotora de la queja exponía que, por Resolución de fecha 29 de marzo de 2023, se le había reconocido a su madre el Grado II, de dependencia severa. Explicaba que tras solicitar información sobre la segunda fase del procedimiento -elaboración y aprobación del Programa Individual de Atención -PIA-, le habrían indicado que esta fase se veía afectada por una demora aproximada de diez meses.

Interesados ante la Administración municipal por este expediente de dependencia, a fin de conocer si habría sido asignado personal trabajador social para la elaboración de la propuesta de PIA, se nos informa de que en agosto de 2023 se habría elaborado y validado tal propuesta, estando a la espera de que les fuera notificada por el organismo correspondiente la Resolución aprobatoria del PIA, para poder dar de alta e iniciar el servicio de ayuda a domicilio a la afectada.

Trasladada esta información a la parte promotora de la queja, esta nos ha informado de que su madre disfruta del servicio de ayuda a domicilio desde el pasado día 8 de noviembre.

Congratulándonos de la resolución satisfactoria del asunto que se nos encomendó, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones.

Recibimos queja de un vecino de Jaén en la que exponía, en esencia, que con fecha de 10 de noviembre de 2021 había presentado en el Ayuntamiento de esa ciudad, un escrito acompañado de diversas fotografías, denunciando la completa ocupación de los dos acerados de una calle, por los veladores de un bar sito en los bajos de su vivienda, del que decía que tenía terraza en ambas aceras de la calle y que ello incumplía los artículos 11, 12 y 25 de la Ordenanza de Veladores y Estructuras Auxiliares y los artículos 51.2 y 51.7 de la Ordenanza de Protección contra la contaminación acústica.

Se decía en la queja que estos veladores y sus clientes, impedían el tránsito por el acerado e incluso invadían parte de la calzada dificultando el tránsito de los vehículos, dando lugar a enfrentamientos verbales entre conductores y clientes, debido a la estrechez de la calle, provocando riesgo de accidente.

Por ello, la petición expresa que se formulaba en ese escrito del 10 de noviembre de 2021 presentado en el Ayuntamiento, era que se procediera "a prohibir la colocación de veladores en ambas aceras desde la calle [...] para poder circular con seguridad como peatón al igual que el resto de peatones, que en muchos casos son personas mayores...".

Sin embargo, casi 5 meses después de haber presentado aquel escrito, ni había tenido respuesta, ni tampoco el establecimiento había dejado de disponer veladores en ambas aceras de la calle, motivo por el cual había acudido en queja ante esta Institución.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Jaén para que nos informase si el bar objeto de esta queja disponía de licencia municipal para instalar veladores.

En respuesta, el Ayuntamiento de Jaén nos trasladó Resolución del Presidente del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de mayo de 2022, en virtud de la cual se le comunicaba al establecimiento motivo de queja el cese de la autorización de los veladores en su día otorgada, constando que desde dicha fecha habían sido retirados los mismos.

En dicha Resolución se hacía constar que la autorización para veladores se había concedido en su momento de forma extraordinaria con motivo de la pandemia del Covid-19 a fin de mitigar parte de las restricciones legalmente impuestas en cuanto a usos y ocupación. Dicha situación extraordinaria y de ampliación de superficie de terrazas temporales, había terminado el 30 de abril de 2022, por lo que se le había comunicado (al titular del establecimiento) el cese de las autorizaciones para la terraza de veladores y la prohibición de la ocupación de la vía pública con veladores.

Esta Resolución suponía la aceptación de la pretensión de esta queja, dándose además la circunstancia que el propio Ayuntamiento de Jaén comunicaba que desde el 24 de mayo estaban retirados los veladores. Por ello, dimos por terminada nuestra intervención en este expediente de queja y procedimos a su archivo.

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino de San Roque planteando queja por el ruido que generaba la actividad de una discoteca/terraza al airea libre con música en directo y equipos de amplificación, sita en la zona de Pueblo Nuevo de Guadiaro.

Nos aportaban copia del escrito que muchos vecinos de la zona afectada habían presentado en el Ayuntamiento en mayo de 2021, solicitando tener: "acceso y copia a los informes previos y cualquier otra documentación relativa a la puesta en funcionamiento de dicha actividad, incluyendo, en su caso, informes de la policía local o autoridad competente que haya comprobado el nivel de sonido emitido al exterior durante su actividad (...), así como el cumplimiento de las normativas en lo que a estado del local, aforos y a licencias de actividad se refieren".

Entre esos escritos había uno que detallaba que la problemática de este establecimiento ya se había dado los años 2014, 2015 y 2017; de hecho constaba un informe de Secretaría General, de noviembre de 2015, en el que se concluía que "actualmente existe en vigor un Decreto de Alcaldía donde se ordena el cierre de actividad y retirada de material afecto a la actividad ilícita de discoteca de exterior". Se adjuntaba también copia del Decreto.

En relación con este asunto ya se tramitó en esta Institución el expediente de queja 15/4259, archivado en su momento, en el que se emitió por el Ayuntamiento de San Roque informe, que era precisamente el informe de Secretaría General de noviembre de 2015, antes citado.

Sin embargo, parece que la problemática había vuelto a aparecer, aunque había que tener presente que, desde aquel expediente 15/4259, la normativa había variado, pues desde agosto de 2018 se encontraba en vigor el Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento para esclarecer la situación jurídica en la que se encontraba el establecimiento de discoteca-terraza de verano objeto de esta queja, si disponía de autorización conforme al referido Decreto 155/2018 y si se había practicado alguna actuación por parte de ese Ayuntamiento y, en su caso, si se había incoado algún expediente administrativo sancionador.

En respuesta recibimos informe del Ayuntamiento de San Roque del que se desprendían los siguientes extremos respecto de este establecimiento:

1.- Que disponía de licencia municipal de apertura para salón de celebraciones según Decreto de Alcaldía de febrero de 2020, conforme a la normativa del Decreto 155/2018. Por tanto, la licencia no era de discoteca ni de salas de fiestas.

2.- Que se tramitó calificación ambiental y se autorizó música pero sólo en el recinto cerrado que tenía habilitado para ello y con las condiciones establecidas en la licencia concedida, o sea, con el recinto totalmente cerrado y con el uso del limitador-controlador de potencia que se instaló en su momento. No pudiendo disponer de música en el exterior.

3.- Que posteriormente se solicitó por el titular del establecimiento, autorización para disponer de reproducción sonora, actuaciones en vivo y actuaciones de pequeño formato en la terraza del establecimiento, conforme a la disposición adicional cuarta del referido Decreto 155/2018.

4.- Que a fecha en que se aportaban actas de policía local de música en exterior, estaba en tramitación la licencia para música en exteriores, es decir, no tenía licencia para ello. Coincidía con las quejas de la promotora de este expediente, y de otros vecinos de la zona.

5.- Que girada visita de inspección el 15 de julio de 2021 se observó que se habían alterado las condiciones de la licencia original en cuanto a la música autorizada en el interior, por lo que no cumplía con las condiciones impuestas en la licencia concedida en cuanto a música en el exterior y sobre todo el aumento de aforo de 294 personas a unas 750 personas, por lo que se dictó Decreto de Alcaldía de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador por uso de música en exterior y aumento de aforo, y se ordenó la suspensión preventiva de la actividad.

6.- Que con fecha 10 de septiembre de 2021 se había emitido autorización para disponer de reproducción sonora, actuaciones en vivo y actuaciones de pequeño formato en la terraza del establecimiento, habiéndose aportado por el titular del establecimiento estudio acústico, informe del limitador-controlador de potencia y justificación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica.

7.- Que en el estudio acústico se partía de un aforo en el exterior (terraza) de 240 personas, y a partir de los niveles de inmisión de este aforo se ajustaba a los niveles del sistema de reproducción sonora, por tanto cualquier aumento de este aforo implicaría una modificación de las condiciones establecidas en los estudios acústicos aportados y por tanto de la autorización concedida.

En relación con esta información que se nos dio, nos parecía especialmente grave una de las dos infracciones que se le imputaban a este establecimiento: el aumento del aforo de 294 a unas 750 personas, por lo que podía suponerse en términos de seguridad y riesgo para los usuarios y asistentes. En este sentido, en el Decreto de inicio de expediente sancionador se decía, dentro del apartado "Informe Jurídico", que:

"Por lo que claramente se está produciendo un incumplimiento de las condiciones establecidas en esta Orden de 7 de Mayo, ya que casi triplica el aforo permitido 750 personas cuando el autorizado es de 294 personas, además de no cumplir distancia de seguridad, de no estar sentados en mesa etc. Suponiendo, por tanto, un riesgo elevado de transmisión del virus.

Según el Decreto-Ley 21/23020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19, en su Art. 7.1 b considera como infracción muy grave: "El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas permitido, en los establecimientos o en las actividades, cuando este pueda, directa o indirectamente, suponer un riesgo o daño muy grave para la salud de la población.

(...).

Por otro lado, este incumplimiento de licencia puede suponer una infracción tipificada como muy grave de conformidad a lo establecido en el art. 19.2 y 19.4 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. Ya que se ha de tener en cuenta, que este elevado aumento de aforo, no solo puede suponer un elevado riesgo por transmisión del Covid, sino también un serio riesgo de seguridad de las personas ante la necesidad de evacuación de emergencia en caso de accidente u otro tipo de emergencia".

En el Decreto de incoación de expediente sancionador, de septiembre de 2021, además se acordaba ordenar la suspensión preventiva de la actividad, como medida provisional. Sin embargo, parece que en la práctica se trató de una medida simbólica, pues mediante Decreto de 11 de septiembre de 2021, se levantó la suspensión por el supuesto daño irreparable por las actuaciones ya contratadas. No parecía por lo tanto que se hubiese materializado la suspensión preventiva, a pesar del grave riesgo generado al casi triplicar el aforo máximo autorizado.

En cualquier caso, nos parecía muy grave el aumento del aforo detectado, precisamente por lo apuntado en el informe, esto es, el riesgo ante posibles eventualidades. Además del ruido generado por la utilización sin licencia de música en exteriores. Debía impulsarse la tramitación del expediente sancionador para que no quedasen impunes estas conductas, una de ellas generadora de gran riesgo.

Sorprendía también que el Decreto de inicio de expediente sancionador, donde se ordenaba la suspensión preventiva de la actividad, fuese dejado sin efecto sólo un día después, en el cual se emitió Decreto de autorización para actuaciones de pequeño formato en exteriores.

En vista de ello, solicitamos nuevamente la colaboración del Ayuntamiento, haciéndole todas esas reflexiones anteriores, para que se nos remitiera copia de la resolución final del expediente sancionador incoado por esas dos infracciones detectadas, aumento del aforo casi triplicando el máximo autorizado, y disponer de música en exteriores; y segundo para que se nos informase si la sanción, en su caso, impuesta, se había abonado por el infractor o se había recurrido en vía administrativa o contencioso-administrativa.

En respuesta recibimos oficio al que acompañaba informe que únicamente aportaba, como novedad respecto del anterior informe emitido (que recibimos el 8 de octubre de 2021), que "al día de la fecha [25 de enero de 2022] el expediente está en trámite a la espera de la resolución final tras los trámites legalmente establecidos".

Es decir, que prácticamente cuatro meses después, no se había dictado resolución en el expediente sancionador incoado contra este establecimiento por dos infracciones de cierta gravedad. Por ello, tuvimos que volver a insistir, en consecuencia, ante el Ayuntamiento que cuando se emitiera, se nos remitiese copia de la resolución final del expediente sancionador.

Recibimos del Ayuntamiento de San Roque informe y documentos en los que se nos daba cuenta del último acto administrativo dictado en relación con la actividad de Salón de Celebraciones objeto de queja. En concreto, se trataba de Decreto de abril de 2022 con el que, después de todas las actuaciones previas y alegaciones del titular de la actividad, se acordaba:

• Acordar el levantamiento de la medida cautelar de suspensión preventiva de la actividad de salón celebraciones objeto de queja, advirtiendo que la licencia era de salón de celebraciones con aforo de 294 personas y que no se podía hacer uso de equipo de reproducción sonora en el exterior "hasta que posean una nueva autorización para uso de equipo de reproducción sonora y/o actuaciones de pequeño formato en terraza".

• Estimar parcialmente las alegaciones del titular de la actividad, puesto que alguna de las cuestiones objeto de queja era competencia de la Junta de Andalucía, a la que no obstante se había dado traslado de la incidencia.

A la vista de esta información y de las medidas adoptadas, habiendo quedado esclarecida la situación del establecimiento objeto de queja, consideramos que no procedían más actuaciones por nuestra parte en este expediente de queja, por lo que dimos por terminada nuestra intervención en el mismo y dictamos su archivo.

La promotora de la queja exponía que por resolución de fecha 20 de marzo de 2023 se le había reconocido a su padre el Grado III, de Gran Dependencia. Nos explicaba que a fecha de presentación de su queja ante esta Defensoría continuaba a la espera de que el personal trabajador social de los servicios sociales comunitarios acudiera a su domicilio de residencia para elaborar la nueva propuesta de PIA.

Interesados ante la Administración, y realizadas cuantas gestiones han sido necesarias, finalmente hemos tenido conocimiento de que se le ha notificado a la afectada Resolución por la que se le reconoce el derecho de acceso a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial para su padre.

Dado que el asunto que el interesado nos planteaba ha quedado resuelto, damos por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente de queja.