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ANTECEDENTES

Ver asunto solucionado o en vías de solución

I. La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, recibió la queja que se tramita en relación con la petición de disponer de unas instalaciones adaptadas a las necesidades de climatización de los espacios del centro educativo CEIP (Centro de Educación Infantil y Primaria) de la Provincia de Sevilla.

En su día esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo, se hizo eco del caso y con fecha 15 de mayo de 2023 nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla y ante el ayuntamiento, para conocer la situación expresada en la queja; y así solicitamos ante dichos organismos la necesaria información sobre el caso.

II.- Los servicios de la Delegación han enviado informe con fecha 27 de junio. El informe señala lo siguiente:

“La Delegación Territorial de Sevilla, siendo conocedora de la necesidad de dotar al centro de zonas de sombra, ha propuesto la ejecución de dicha actuación a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, puesto que este es el órgano responsable de la aprobación de las actuaciones de infraestructuras. A fecha de hoy, dicha propuesta continua en estudio por parte de la Consejería referida.

En relación con la climatización de las aulas del edificio indicar que, la instalación de aires acondicionados no es de obligada ejecución en los centros educativos, de acuerdo a la Orden de 24 de enero de 2003 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se aprueban las “Normas de diseño y constructivas para los edificios de uso docente” .

Al objeto de paliar las deficiencias de esta norma en materia de climatización, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional aprobó un programa en 2021 para dotar a centros educativos de un sistema de climatización adiabática, financiado con Fondos Europeos.

Actualmente, este programa solo está actuando en edificios localizados en aquellos municipios categorizados como zona de severidad climática 4 (según CTE-HE1). La localidad de Utrera se encuentra en zona de severidad climática 3, por lo que ningún centro de la localidad se va a dotar, de momento, con este sistema de climatización”.

Por su parte, el ayuntamiento nos informaba con fecha 20 de junio de 2023 sobre la cuestión:

“Según la Ley de Bases de Régimen Local las competencias en materia educativa se limitan a las relacionadas con la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros públicos de educación infantil, primaria o educación especial, la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y la cooperación con las Administraciones educativas en la obtención de suelos para la construcción de nuevos centros educativos.

La Ley de Educación establece que las Administraciones Educativas competentes en materia educativa son los órganos de la Administración General del Estado y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, definiéndose por tanto estas administraciones como las que deben soportar el peso de las competencias en materia educativa. En el caso de Andalucía las competencias en materia educativa están transferidas a la Junta de Andalucía en base a nuestro Estatuto de Autonomía.

La Junta de Andalucía redactó y aprobó en el año 2020 la Ley 1/2020 para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces y a pesar de las exigencias legales actualmente vigentes en materia de necesidades climáticas, la Junta de Andalucía continúa sin presupuestar ni acometer ni el plan ni las inversiones que tan necesarias son en los centros educativos para desarrollar la mencionada Ley. Así mismo, recoge que, cuando se trate de actuaciones tendentes a la rehabilitación energética, al uso de energías renovables y al cumplimiento de los objetivos climáticos de los edificios educativos, los municipios y la Junta de Andalucía podrán cofinanciar el presupuesto de la actuación. Dicha inversión vendrá instrumentalizada por Convenio financiero entre la Administración titular del centro y la Junta de Andalucía. Las cuantías incentivables por la Junta de Andalucía podrán ascender al 100% del presupuesto de la actuación” (...).

Por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 11 de mayo de 2023, se aprobó en por unanimidad de los asistentes lo siguiente:

ACUERDOS

1.- Instar a la Junta de Andalucía a proporcionar a los centros educativos los recursos necesarios para la completa atención al alumnado con NEE y NEAE.

2.- Instar a la Junta de Andalucía a dotar de personal de apoyo administrativo a tiempo completo a los centros educativos.

3.- Instar a la Junta de Andalucía a presupuestar y ejecutar las inversiones necesarias para climatizar y dotar de recursos de sombra a todos los centros de infantil, primaria y secundaria.

4.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Educación y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía”.

Desde el Ayuntamiento se han venido realizando gestiones con empresas del sector para tener conocimiento del coste medio que supondría la instalación de sombras en los centros educativos y se ha destinado a un trabajador de este Ayuntamiento a la realización del estudio y proyecto de sombras para cada uno de los centros educativos.

Así mismo y en previsión a la culminación de estas labores y a lo establecido en la Ley 1/2020 para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, en el presupuesto municipal 2023, se ha incluido una aplicación presupuestaria destinada a “Plan de sombras en los colegios de Utrera” con una dotación de 110.000,00 €”.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos en la tramitación de la queja, se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El marco normativo aplicable al asunto que nos ocupa viene fijado por el art. 25.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) al establecer que el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de «(...) conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial».

Por otro lado, el artículo 27.3 LRBRL establece que «con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: (...) e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil». En el mismo sentido, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) prevé, en su Disposición Adicional las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las haciendas locales en esta materia.

Igualmente, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), en su artículo 9.20.c) reconoce como competencia propia municipal en materia educativa «la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación especial, así como la puesta a disposición de la Administración educativa de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos».

Por último, la propia Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación en Andalucía indica «...la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial dependientes de la Administración educativa corresponderán al municipio respectivo».

Resulta evidente que las tareas relacionadas con la conservación y las labores de mantenimiento de estos edificios escolares corresponden a los municipios en los tipos indicados de centro. La cuestión, pues, no es tanto identificar una competencia en estas tareas —claramente atribuida al ámbito de la administración local— sino discernir la naturaleza de otras intervenciones que por su entidad y funcionalidad parecen no encajar en estas nociones de mera gestión y sostenimiento de estos edificios.

Segunda.- Como explicamos en las motivaciones de tramitar la presente queja, estos servicios educativos tienen como principales protagonistas en el ámbito local a los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) cuya «conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios» corresponde a sus respectivos ayuntamientos.

Debido a estos condicionantes, y con motivo de otras intervenciones, desde esta Defensoría hemos tenido la oportunidad de estudiar un aparente de dilema competencial con motivo de otra actuación de oficio, la queja 20/8282, tramitada para estudiar las medidas fijadas en los centros educativos con motivo de la pandemia de Covid-19 y centrada en los municipios de menor entidad poblacional sobre los que pesaba la gestión de estas acciones que afectaban, propiamente, a las actividades de mantenimiento, vigilancia y limpieza de los centros. Y, también, de manera más específica esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía acometió de oficio la queja 21/8804 referida a la situación de climatización en un importante número de centros educativos ubicados en la ciudad de Córdoba.

Ahora, y con motivo de necesidades habitacionales y de climatización, se vuelve a reproducir esta habitual discrepancia a la hora de asumir tales intervenciones entre la administración autonómica y la local que se expresa de manera ciertamente contrapuesta entre la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el ayuntamiento de Utrera.

De un lado la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Sevilla señala “la instalación de aires acondicionados no es de obligada ejecución en los centros educativos, de acuerdo a la Orden de 24 de enero de 2003 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se aprueban las “Normas de diseño y constructivas para los edificios de uso docente”.

Y el ayuntamiento, de manera perfectamente opuesta, expone “La Junta de Andalucía redactó y aprobó en el año 2020 la Ley 1/2020 para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces y a pesar de las exigencias legales actualmente vigentes en materia de necesidades climáticas, la Junta de Andalucía continúa sin presupuestar ni acometer ni el plan ni las inversiones que tan necesarias son en los centros educativos para desarrollar la mencionada Ley”.

Ciertamente esta polémica suele ser recurrente. Las cargas de gestión y, sobre todo, las habituales limitaciones presupuestarias explican las dificultades para ejercer estas competencias y se propicia con frecuencia una posición inhibitoria argumentada en la responsabilidad ajena. De otro lado, resulta igualmente llamativo la alusión que se advierte entre las manifestaciones de ambas administraciones respecto de la Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables.

Dicha Ley señala en su Disposición Final Primera: «Artículo 171. Edificios destinados a centros docentes públicos.

1. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial dependientes de la Administración educativa corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la Administración educativa.

2. No obstante lo anterior, cuando se trate de actuaciones tendentes a la rehabilitación energética, al uso de energías renovables y al cumplimiento de los objetivos climáticos de los edificios educativos, los municipios y la Junta de Andalucía podrán cofinanciar el presupuesto de la actuación. Dicha inversión vendrá instrumentalizada por Convenio financiero entre la Administración titular del centro y la Junta de Andalucía. Las cuantías incentivables por la Junta de Andalucía podrán ascender al 100% del presupuesto de la actuación (…)».

Entendemos que esta norma resulta perfectamente adecuada al caso que nos ocupa con la mera lectura de su exposición de motivos al recoger que «la finalidad perseguida por la Ley no es otra que la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos públicos andaluces, mediante el desarrollo de determinadas actuaciones que contengan la aplicación de técnicas bioclimáticas y de energías renovables, en coherencia con los objetivos de calidad en la enseñanza, reglamentación laboral y adecuación a los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos por la legislación andaluza, estatal y europea».

Como se deduce de su breve articulado, se mantiene esa atribución competencial a los ayuntamientos respecto de las labores para la conservación, el mantenimiento y la vigilancia, (art. 171.1 de la Ley de Educación de Andalucía), pero añadiendo que las intervenciones de rehabilitación energética, uso de energías renovables y cumplimiento de los objetivos climáticos de los edificios educativos permitirán una financiación compartida añadiendo un apoyo autonómico (171.2).

Con todo, creemos que esta dualidad de posiciones competenciales entre la administración autonómica y local debe hallar un espacio común para posibilitar el más eficaz cumplimiento de las exigencias definidas para la adecuación de los centros educativos adscritos a los municipios gracias a la disponibilidad de vías presupuestarias autonómicas y locales; una previsión expresamente recogida por la Ley 1/2020 y que parece no haber sido aplicada en el curso de la programación acometida para los centros educativos en Utrera.

Afortunadamente, podemos reconocer la puesta en marcha de alguna medida por el Ayuntamiento que ha asumido ―limitadamente― actuaciones en el centro educativo afectado.

Tercera.- Podemos añadir igualmente que, con la finalidad de volver a tomar el pulso a esta medida legal recogida en la Ley 1/2020, la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, ha acordado incoar una nueva queja de oficio 23/4455. Dicha queja se ha planteado ante la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional solicitando en junio de 2023:

“La función protectora y garantista otorgada a la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía se dirige, específicamente, ante la posibilidad de que se estén afectando los derechos fundamentales establecidos en los artículos 15 y 27 de la Constitución (derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente), así como los derechos reconocidos en los artículos 1.a, 112 y 122 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 d e Mayo, de Educación (derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones).

Desde luego, citamos igualmente la Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables. Nos encontramos, pues, ante unas situaciones que motivan una actuación por propia iniciativa de esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz; todo ello de conformidad con el art. 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz en concordancia con el artículo 24 de la Ley 4/2021, de la Infancia y la adolescencia en Andalucía, reguladora de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía.

Y, en concreto es nuestra intención conocer la situación en la que se encuentran los centros educativos en cuestión y, en su caso, las medidas que, de forma urgente, se hayan adoptado, o se adoptarán, al objeto de solucionar el problema señalado.

En consecuencia, a fin de dar a esta queja el trámite oportuno, en base a los artículos 18.1 y 19.1 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos interesar de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional la emisión del preceptivo informe, adjuntando la documentación que estime oportuna para el esclarecimiento del asunto en cuestión”.

Confiamos poder ofrecer pronto resultados de esta actuación de oficio para lograr una valoración general de este importante problema de los recursos educativos e infraestructuras en Andalucía ante los retos climáticos que se avecinan.

Cuarta.- A modo de análisis más concreto al caso, la correcta dotación de las instalaciones de climatización de los centros escolares adquiere una importancia singular. Ya la ostentan en circunstancias normales, cuánto más a partir de una situación de los impactos que provocó la pasada pandemia que ha generado un ejercicio de análisis y de adecuación de las condiciones de los centros educativos.

Y, de hecho, esta Institución ha recibido las dificultades de muchos municipios para asumir los sobre-costes de las variadas acciones de respuestas ante la emergencia que supuso en su día la situación de pandemia y que, en buena medida, han hecho aflorar otras carencias o mejoras en las infraestructuras educativas y, en particular, en las condiciones de climatización de muchos colegios.

Estas carencias hemos querido acogerlas en la medida en que, más allá de argumentos competenciales inhibitorios, merecen una respuesta colaborativa entre todas las administraciones. Esta actitud fue ciertamente reconocible en aquella ocasión de urgencia sanitaria gracias a una suma de esfuerzos y responsabilidades compartidas, y que deben proseguir avanzando en experiencia y eficacia en otros escenarios de cooperación.

Y, más en particular, se hace necesario recordar la importante iniciativa de esta Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables. Una ley que ya exige medidas más ágiles y tangibles de aplicación para responder a las importantes necesidades de las infraestructuras educativas que, con seguridad, van a incrementarse en tiempos venideros. Por ello, consideramos necesario contar con todas las previsiones de financiación para estas actividades reforzadas de climatización de los centros educativos acometidas a través de una programación firme y comprometida.

Aun cuando confiamos poder realizar una valoración más generalizada de la situación en el curso de la queja de oficio 23/4455, que hemos citado, resulta oportuno promover un impulso de medidas para el caso particular analizado en la presente queja.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con el artículo 24 de la Ley 4/2021, reguladora de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, se formula a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla y al Ayuntamiento de Utrera la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA, a fin de que la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla y el Ayuntamiento de Utrera dispongan de las vías de apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos para atender las necesidades de climatización de los centros educativos y, en particular, en el CEIP.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

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Recordamos al Ayuntamiento de Córdoba el deber legal de prestar el servicio mínimo obligatorio de alumbrado público en el municipio y le recomendamos que se dé instrucciones a los Servicios Técnicos municipales para que se dote del alumbrado público necesario al Parque Miraflores del municipio de Córdoba.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 5 de agosto de 2020, fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía escrito por el interesado, a través de la cual nos exponía que en el Parque de Miraflores de la ciudad de Córdoba, existe una ausencia de alumbrado público.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración nos informará a los efectos oportunos de las actuaciones realizadas en la tramitación del expediente.

III. Con fecha 25 de mayo de 2021 recibimos informe del Ayuntamiento de Córdoba de la Jefatura de alumbrado público sobre el estado de tramitación del proyecto de iluminación de puntos de luz solares en la zona este del parque, en el cual nos manifiesta resumidamente lo siguiente:

"....

Es un parque que se encuentra sin iluminación artificial, es decir, los aparatos que deben de aportar iluminación artificial se encuentran instalados, lo que ocurre es que están dañados por la acción del hombre, se encuentran robados y la instalación de electricidad también ha sido robada. Es decir, la iluminación artificial del Parque Miraflores es inoperativa, NO EXISTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL que haga aprovechable este espacio en las horas en las que el sol no incide.

.....

Se ha procedido a realizar el replanteo de la obra arriba reseñada, con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, y que ha sido adjudicada a la empresa APINEL S.L. La obra esencialmente consiste la remodelación de la instalación de alumbrado de dos espacios bien diferentes. Uno el alumbrado paralelo al cauce del río, formado por pequeñas balizas que discurren a lo largo del camino peatonal y que emiten una iluminación rasante al suelo y el otro que consiste en la iluminación de las diferentes terrazas existentes así como los accesos a ellas, produciendo una iluminación frontal bañando los muros en los que están ubicadas estas pequeñas luminarias. En la fecha actual, en la que se está realizando el replanteo previo a la inicialización de la obra, nos encontramos que las circunstancias de la estructura de la instalación eléctrica de la obra en cuestión, ha recibido modificaciones sustanciales que impiden realizar la obra en idénticas condiciones que se establecieron en el Proyecto redactado.

A la vista de lo expuesto, se entiende que no es posible materializar la totalidad de lo que estaba previsto realizar en el Proyecto aprobado, porque entre lo destrozado por las inundaciones y lo robado, duplica ampliamente el importe del Presupuesto consignado. Se propone por consiguiente dos soluciones, quedando como opción válida la de realizar la totalidad de la instalación de alumbrado de las terrazas, a los precios lógicamente establecidos en el Proyecto, pero modificando el número de unidades de obra que se verán incrementados, consecuencia de los robos establecidos y dejar de realizar la instalación de las balizas paralelas al cauce del río. Entendemos que con el Presupuesto aprobado hay consignación suficiente para realizar toda esta instalación.

El pasado día 20 de diciembre de 2010, se terminó y se procedió a la recepción de las obras de instalación de alumbrado público en Parque Miraflores (expediente 74/10) correspondiente Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local por un importe de 231.999’77 €. El día 13 del presente mes, se ha detectado que han sustraído más 300 metros de conductor y 38 luminarias de balizamiento. Se quitaron los peligros y se dejaron en funcionamiento una parte de la instalación. Al día siguiente se ha comprobado que han seguido robando, debajo del puente de Miraflores, aumentando la cantidad de luminarias robadas a 49 y aumentado el conductor robado y dejando la instalación fuera de servicio con conductores desnudos en tensión.

A la vista del historial de robos y vandalismos que sufría que la instalación, y que prácticamente ha impedido su funcionamiento desde su misma terminación, fue decisión de la Delegada de Infraestructuras, Dña. Laura Ruiz, que por parte del que suscribe se redactara proyecto de iluminación del citado Parque, pero utilizando farolas solares en lugar de las convencionales, en la esperanza de que las mismas serían más respetadas al carecer de elementos accesibles a nivel de suelo, ya que toda su instalación (batería, regulador, placa fotovoltaica y luminaria) se encontraría en la parte alta de la columna, inaccesible sin utilizar medios de elevación.

........

Es en 2017 cuando se vuelve a intentar iniciar la licitación por la Delegación,asignándole el número de expediente de contratación 124/17. Se inicia con informe propuesta de 29 de junio de 2017. El 28 de julio se recibe oficio desde contratación para subsanación de documentación. Con fecha 30 de agosto se vuelve a remitir la documentación ya subsanada. Por último, el 8 de noviembre del mismo año desde Contratación se remite a la Dirección General informe de disconformidad emitido por la Intervención General Municipal, el cual se fundamenta en que “Obra en el expediente documento contable RC que acredita la existencia de crédito en el ejercicio 2017. Sin embargo, atendiendo a la duración del presente contrato (3 meses, acontar desde la fecha del acta de comprobación de replanteo, según la cláusula 7ª del PCAP) y a la fecha en la que nos encontramos, es obvio que aún tramitando el expediente de contratación por el procedimiento de urgencia, la mayoría o todo el gasto se imputaría al ejercicio 2018, en virtud del principio de temporalidad de los créditos recogido en el art. 176 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Por este motivo, tratándose de créditos que no amparan un proyecto financiado con ingresos afectados, no queda acreditada la existencia de crédito presupuestario en el ejercicio 2018”. Este es el último documento que consta en el expediente existente sobre este particular. No le consta al que suscribe que en el momento de emitir el presente informe, se esté ejerciendo actuación alguna para volver a poner en marcha nuevo expediente de licitación por parte de la Delegación u otra clase de actuación alternativa".

IV. Al respecto se le dio traslado del citado informe al interesado para formular las alegaciones que estimase oportunas, así con fecha 6 de julio de 2021, en el ejercicio del derecho al citado trámite, nos expone:

"El documento de respuesta del Ayuntamiento de Córdoba detalla la cantidad de problemas que ha tenido la instalación de alumbrado público de la zona, desde el año 2003 prácticamente fecha de su inauguración, que ya conocíamos por otra parte.

En ningún caso se menciona que la competencia y responsabilidad de reparar, reinstalar o reponer la instalación a una situación viable, que evite los riesgos de tener esa zona sin alumbrado tanto para la integridad física de las personas, con el riesgo de caídas, o de deterioro de la seguridad ciudadana en la zona, en la que se han producido ya intentos de robo y de violación, aprovechando la falta de iluminación, es del Ayuntamiento que no está atendiendo las obligaciones que por ley le corresponden.

Se omite pronunciarse sobre cuándo o cómo se soluciona un problema que persiste de una u otra forma desde 2003, recordando que estamos a julio de 2021, y a este paso llegaremos a los veinte años esperando soluciones.

Es bastante lamentable que la dejadez de las administraciones públicas en solucionar lo que les compete por ley derive en estos problemas para la ciudadanía, que si paga sus impuestos, incluidos los municipales. Por todo lo expuesto, considero que no se ha contestado debidamente a la cuestión planteada, ya que parece, que con decir que la instalación fue robada en su día y por eso no hay iluminación artificial en la zona, ya está todo solucionado, obviando que el responsable por acción o por omisión de que no esté reparada y funcionando es el propio Ayuntamiento de Córdoba, que no ejerce sus competencias y cumple con sus obligaciones".

En el presente caso, la ausencia de actuaciones conocidas por parte del Ayuntamiento supone grandes problemas de seguridad pública para los vecinos de la zona, debido a la ausencia de alumbrado público. En base a los referidos antecedentes y alegaciones tras analizar toda la información, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

I. El alumbrado público como servicio mínimo obligatorio en los municipios.

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, por ello los Ayuntamientos como entidades locales y entes de los que emanan poder público se sujetan a las obligaciones que les señala la ley.

Igualmente en su concepto de Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, todo ello bajo los principios de autonomía local y suficiencia financiera amparados en nuestra Norma Suprema y en el Estatuto de Autonomía andaluz.

En virtud de los citados principios, a los Ayuntamientos se les asignan unas competencias y unos servicios públicos que deben ejercer y prestar. Así el artículo 92.2 letra d) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que los Ayuntamientos tienen competencias propias sobre la ordenación y prestación de los siguientes servicios básicos: abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales; alumbrado público, entre otros.

Igualmente la Ley 7/1985, de dos de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone en su artículo 25.2 en relación con el artículo 26.1.a) como competencias propias municipales la materia de infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad, siendo el alumbrado público objeto de la misma y servicio mínimo obligatorio de prestación en todos los municipios. Así la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía dispone para los municipios la competencia de ordenación, gestión y prestación del servicio de alumbrado público.

Los principales objetivos que debe cumplir el servicio de alumbrado público son: garantizar la seguridad y el confort de los usuarios que desarrollan su actividad en la zona, incrementar la actividad comercial y turística, reducir el número de accidentes y mejorar la estética del paisaje. La necesidad de iluminar convenientemente las vías y espacios de un núcleo de población es, actualmente, una necesidad incuestionable.

No podemos olvidar que los municipios son los responsables de facilitar las condiciones necesarias para desarrollar la vida ciudadana, pues institucionalizan y gestionan los intereses propios de las correspondientes colectividades.

Por todo ello, cabe concluir que los municipios, y en nuestro caso en particular el Ayuntamiento de Córdoba debe prestar y garantizar el servicio de alumbrado público en el Parque Miraflores, para ello puede elaborar un plan director u ordenanzas cuyo objeto sea conformar un conjunto de instrumentos técnicos y normativos (como ejemplo podemos citar la Ordenanza Municipal de alumbrado público y contaminación lumínica en el término municipal de Ayamonte) , estableciendo unos patrones con la finalidad de ordenar la implantación de las nuevas instalaciones, o modificar las existentes, y regular todas las condiciones para su explotación, garantizando, en todo momento, la calidad del servicio y la sostenibilidad y eficiencia energética.

El Ayuntamiento de Córdoba debe prestar el servicio mínimo y obligatorio del alumbrado público, garantizando la seguridad pública, minimizando los riesgos de accidentes y actos vandálicos, fomentando el tránsito y acceso peatonal por sus vías urbanas, por ello debe dotar de la iluminación necesaria el Parque Miraflores de su municipio.

II. El alumbrado público su reflejo en el presupuesto municipal.

El presupuesto en un ayuntamiento es un instrumento que goza de gran importancia como elemento de planificación.

El presupuesto municipal clasifica sus ingresos y gastos en función de su naturaleza económica, y funcional para estos últimos también, de conformidad con el artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Así el servicio de alumbrado público, conforme a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, tiene su reflejo como gasto para un Ayuntamiento en la clasificación económica:

1. Capítulo 2: Gastos Corrientes en bienes y servicios (operaciones corrientes), como es el suministro de energía eléctrica y de su material, como por la reparación, mantenimiento y conservación de infraestructuras e instalaciones que comprende los gastos en los que incurran o prevean incurrir las entidades locales o sus organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable.

2. Capítulo 6: Inversiones Reales (operaciones de capital) que abarcan inversiones en nuevas infraestructuras, como en la reposición de las mismas y en bienes.

   Sin perjuicio de su reflejo igualmente en el Capítulo 1 por el gasto de personal que en dichas labores conllevaría.

   1. En la clasificación funcional se encuentra en el Programa 1 denominado Servicios Públicos Básicos, Subprograma 16 Bienestar Comunitario, que comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general. Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario. Se tipifican seis grupos, siendo el 165 el que obedece al alumbrado público.

Por tanto, podemos concluir que el alumbrado público es un servicio que tiene una repercusión en el presupuesto de una entidad local, y debe contar con la financiación necesaria procedente bien de ingresos corrientes o por ingresos de capital, respetando siempre el principio presupuestario de no afectación y el principio de especialidad cualitativa, así como las excepciones que ellos contemplan.

Así, podemos concluir, que el Ayuntamiento de Córdoba en la elaboración de su presupuesto anual, debe prever ingresos que financien el gasto del servicio mínimo y obligatorio de alumbrado público en el Parque Miraflores, para su reposición y mantenimiento, estudiando posibles modificaciones presupuestarias o empleando remanente de tesorería para ello.

Todo ello, sin perjuicio de poder acudir a subvenciones o ayudas previstas en planes para la renovación del alumbrado público, procedentes de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, cumpliendo con la previsiones del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1. - del deber legal de prestar el servicio mínimo obligatorio de alumbrado público en el municipio, de conformidad con el artículo 25.2 en relación con el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de dos de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, garantizando así el servicio al ciudadano de una forma eficaz y eficiente .

RECORDATORIO 2. - del deber legal de prever los ingresos necesarios en la planificación de su presupuesto municipal para financiar los gastos que en la prestación del servicio de alumbrado público se derive, no sólo de reposición y mantenimiento, sino de nuevas instalaciones que conlleven una mejora y eficiencia energética del mismo.

RECOMENDACIÓN de que, sin nuevas demoras, esa Alcaldía dé instrucciones a los Servicios Técnicos municipales para que se dote del alumbrado público necesario al Parque Miraflores del municipio de Córdoba que al respecto demanda la ciudadanía, y nos indique las actuaciones y el plazo aproximado en que podrían acometerse para solucionar tales deficiencias.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz