La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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El Defensor del Pueblo andaluz se reúne con los alcaldes de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy un encuentro con los 19 alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz para conocer la problemática de la zona, en el marco del desplazamiento a la comarca que durante dos días ha realizado la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía de la Institución.

En concreto, a la reunión de hoy en la localidad gaditana de Villamartín han asistido los representantes municipales de Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra.

Los alcaldes de la zona han agradecido al Defensor el desplazamiento de la Oficina de Información para la atención personalizada a los vecinos y vecinas de la Sierra, al tiempo que le han trasladado diversas problemáticas.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, le ha indicado al Defensor el déficit en recursos sanitarios; la necesidad de mejoras en la red de transporte público; problemas de financiación de estas entidades locales, o la situación del medio ambiente. Asimismo, otros problemas que han destacado los alcaldes de la comarca han sido la necesidad de incrementar los recursos y los profesionales para atender a las personas mayores, así como el problema de la exclusión financiera con el cierre de entidades bancarias. En cuanto a la infancia y a la adolescencia, los alcaldes han demandado más recursos en educación y sanidad.

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz ha expuesto a los alcaldes los retos a los que se enfrenta la sociedad en estos momentos de pandemia y las prioridades que deben acometer las administraciones públicas, como son el reforzamiento de los servicios públicos, la atención a una economía de cuidados, la agilidad en los servicios de atención e información ciudadana, y la necesidad de coordinar bien los recursos y prestaciones sociales para que lleguen a los colectivos y personas más necesitadas. Jesús Maeztu también ha advertido sobre su preocupación ante el repunte de casos de salud mental, especialmente entre los niños y niñas, y sobre el agravamiento de la pobreza infantil.

El Defensor ha recordado su papel como Institución garante de derechos y ha mostrado su disposición a fortalecer la colaboración y las relaciones con los ayuntamientos para la protección de los derechos de la ciudadania.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz se ha desplazado a la Sierra de Cádiz durante dos días -el lunes a Villamartin y el martes a Arcos- para atender las quejas y consultas de la ciudadanía. En concreto, el equipo del Defensor ha atendido individualmente a una veintena de vecinos de comarca, que le han trasladado, entre otros asuntos, problemas de contaminación acústica, de carencia de aparcamiento en el caso histórico, de deficiencias de las comunicaciones y de retrasos en las prestaciones de renta mínima y ayuda al alquiler de vivienda, entre otros. También han mantenido encuentros con asociaciones de vecinos y con asociaciones de salud mental, de memoria democrática y de atención a menores. Finalmente han mantenido sendos encuentros con los servicios sociales de la zona que atienden a la población de dicha comarca.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

La situación del derecho de pase a 2ª actividad o servicios adaptados de las personas empleadas públicas de las Entidades Locales de Andalucía

El ejercicio de determinadas funciones públicas, requieren para su eficaz desempeño unas especiales condiciones y facultades físicas y psíquicas en sus integrantes que, ya por causa de la edad, o por otras causas sobrevenidas, pueden verse limitadas afectando a su efectivo cumplimiento. Ello ha determinado que en las dos últimas décadas se haya ido generalizando la inclusión en las normativas reguladoras de los colectivos de empleados públicos que tienen encomendado el desempeño de esas funciones -tanto a nivel nacional, como autonómico o local- la incorporación de una especial situación administrativa conocida como segunda actividad.

La situación de segunda actividad tiene por finalidad garantizar a determinado personal público -que suele prestar funciones eminentemente operativas y, en ocasiones, arriesgadas y peligrosas- una adecuada aptitud psicofísica para el desarrollo de su actividad profesional que puede verse afectada por diversas circunstancias, de edad o sobrevenidas, limitadoras de las mismas.

Nos encontramos, por tanto, ante un derecho de las personas integrantes de los colectivos de empleados públicos de la Administración Local que así lo tuvieran reconocido, por circunstancias que disminuyen sus aptitudes psicofísicas para el eficaz desempeño de sus funciones, y que se hará efectivo en el marco de las previsiones legales y reglamentarias que lo configuran y desarrollan.

El Defensor del Pueblo andaluz advierte ante el Pleno del Parlamento andaluz del deber de garantizar el cumplimiento de los derechos ante la Andalucía post COVID-19

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido hoy de que los representantes públicos tienen no solo el deber de garantizar el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía, sino también el de “enseñar y concienciar a la ciudadanía de la importancia crucial de asumir ese deber, para consigo misma, sus semejantes, su entorno y con el propio Estado”.

Jesús Maeztu ha estimado que este deber es necesario para mitigar el impacto de la pobreza y la desigualdad que sucede a todas las crisis, y ha revindicado que, una vez se vayan superando las crisis sanitaria y económica, “nadie se olvide de la crisis social, como sucedió en 2008, para que nadie vuelva a quedarse atrás”.

Ante el Pleno del Parlamento de Andalucía para la presentación del Informe Anual 2020 de la Institución, el Defensor del Pueblo andaluz ha reclamado que la ciudadanía no solo reivindique sus derechos, sino que cumpla con su deber en la defensa de esos derechos, y ha puesto como ejemplo, “oportuno a causa de la pandemia, nuestro deber de prevenir enfermedades y contagios, y de hacer un uso racional y responsable de los servicios de salud”.

La necesidad de defender los derechos humanos como un deber ciudadano viene recogida en la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, una suerte de reverso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que han estado trabajando expertos de todo el mundo, alentados por la Fundación Saramago e inspirados en un discurso del escritor con motivo del Premio Nobel logrado en 1998.

Jesús Maeztu ha señalado que “2020 ha sido el más duro y difícil de cuantos recuerda en los casi cuarenta años de historia de esta Institución”. De hecho, una de cada cuatro solicitudes de actuación presentadas por la ciudadanía ante el Defensor del Pueblo andaluz en el año 2020 estuvo directamente relacionada con la pandemia por coronavirus.

Fueron 35.146 personas las que requirieron la intervención de este comisionado parlamentario. De ellas, 8.665 presentaron quejas, lo que sumadas a otras 87 de oficio, hicieron un total de 8.752 quejas. A estas se suman 3.821 procedentes de años anteriores, lo que hizo un total de 12.573 quejas gestionadas. En cuanto al número de consultas, fueron 16.828. El aumento de actuaciones en quejas y en consultas fue de un 25%.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, 2020 debe ser también “un año para no olvidar” y del que extraer lecciones con un objetivo: avanzar hacia la igualdad real en una sociedad justa, igualitaria y cohesionada. En este sentido, el Informe extraordinario realizado en el confinamiento por la Institución llamado Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia recogió 13 retos que el Defensor ha condensado ahora en cuatro aportaciones o lecciones que está dejando esta pandemia.

La primera lección sería la necesidad de un reforzamiento de los servicios públicos, en cuanto a los servicios sanitarios y de servicios sociales, con un nuevo modelo de gestión de las residencias de mayores. El segundo reto sería la oportunidad de promover y consolidar una economía de cuidados, que cuide a los más desprotegidos, entre ellos, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, al tiempo que se requiere una atención especial a la salud mental.

Un tercer desafío sería la mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, ante la necesidad de rehumanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas. Ello incluye la brecha digital como un ejemplo de esa imposibilidad de acceso a los servicios públicos, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social. En cuarto y último lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que supone una tarea inaplazable contar con el diseño de un sistema de acogida y acompañamiento para colectivos de especial vulnerabilidad que, entre otros, ofrezca respuesta a personas necesitadas de unos ingresos mínimos, o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados; las personas que padecen una enfermedad mental, o los sistemas de empleo. En este punto, Jesús Maeztu ha reivindicado políticas de formación para la juventud.

Tras nuestra mediación, se acuerda la reapertura del mercadillo en las condiciones pactadas

Desde el mes de octubre, con motivo de la Pandemia COVID-19, el Ayuntamiento restringió la celebración del mercadillo semanal en el municipio, lo que está ocasionando un daño a los promotores, vendedores de venta ambulante, que resulta irreparable económicamente para el sector y las familias afectadas. Amén de ello se añade el perjuicio que se ocasiona a las personas consumidoras habituales de este tipo de mercados.

Código: 
20/7820
Respuesta: 
Fecha: 
Lun, 23/11/2020
Video (Incrustado): 
Provincia: 
ANDALUCÍA

Queja número 21/1235

La reclamante exponía que el día 24 de enero de 2020 había presentado solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia de su madre. Manifestaba que tras varios meses de espera, el pasado mes de diciembre contactó con personal de la Cádiz y le indicaron que la solicitud de su madre se registró de entrada en el mes de junio de 2020.

Ante esa información, contactó con el propio Ayuntamiento de Cádiz, informándole que efectivamente la remisión de la solicitud se había retrasado cinco meses a causa del confinamiento y teletrabajo del personal. La interesada nos trasladaba su impotencia ante la respuesta recibida ya que presentaron en el mes de enero la solicitud y el estado de alarma se decretó en el mes de marzo.

Destacaba que su madre precisa de la ayuda de tercera persona para la realización de las actividades básicas de la vida diaria y su cuidador principal es su padre con delicado estado de salud y un 20% de visión. Solicitaba se procediera a la valoración de la situación de dependencia de su madre.

Interesados ante la Administración y tras las actuaciones pertinentes, se nos participa que el día 7 de abril del corriente se realizó la valoración de la afectada, y se dictó la oportuna Resolución reconociéndole su situación de dependencia.

Quedando, en consecuencia, solucionado el asunto que la reclamante nos trasladaba, damos por concluidas nuestras actuaciones.

Queja número 20/6608

El Ayuntamiento de Tomares nos informa de la situación del expediente de responsabilidad patrimonial de la interesada y nos traslada el interés de que la resolución sea notificada a la interesada a la mayor brevedad posible.

En su escrito de queja la interesada exponía que no había recibido respuesta al escrito presentado en diciembre de 2018 solicitando la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Tomares por los daños derivados de una caída en la vía pública a consecuencia del mal estado del acerado público. pero no había recibido, a pesar del tiempo transcurrido, resolución sobre esta solicitud.

Tras admitir a trámite la queja solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Tomares con objeto de que resolviera esta solicitud.

En su respuesta el Ayuntamiento, en febrero de 2021, nos trasladó que con fecha 9 de noviembre de 2020 el expediente de responsabilidad patrimonial quedó totalmente sustanciado y solo pendiente de su resolución por el órgano municipal competente, en este caso, la Junta de Gobierno Local.

También nos informaba que dicha propuesta había sido incluida en la próxima sesión de la Junta de Gobierno Local de ese Ayuntamiento, con el objeto de que su resolución sea notificada a la interesada a la mayor brevedad posible.

Entendimos que el asunto que motivó la presentación de queja se encontraba en vías de solución y cerramos el expediente.

 

Queja número 21/1601

El promotor expone que se encuentra a la espera de una reintervención de fístula, previamente intervenida el pasado noviembre de 2019.

Sostiene que, a la fecha, no tiene estimaciones de cuándo se podrá producir y cada vez está peor.

Aporta copia de la inscripción en el Registro de Demanda Quirúrgica de fecha 1/10/2020.

Interesados ante la Administración se nos indica que el paciente se ha operado con fecha 13/04/2021, tras mejorar la situación que se ha vivido por la pandemia actual y reactivarse la actividad quirúrgica no neoplásica.

Asimismo informan que durante el periodo previo a su cirugía se ha mantenido Informado al paciente, que ha estado seguimiento por el equipo quirúrgico responsable y que el pasado 16/11/2020 se le había planteado ser operado en un centro concertado, habiendo declinado esta opción.

Así las cosas, y dado que ha sido intervenido, concluimos las actuaciones.

Queja número 21/1649

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente al mal funcionamiento de red y arquetas de saneamiento y conducción de aguas pluviales del Mercado de Abastos del Cerro del Águila, el Ayuntamiento de Sevilla nos traslada :

En relación a la queja Q21/1649 registrada en esta Institución con motivo de la comunicación de D. Xxx acerca de los problemas que se vienen produciendo en el local comercial de su propiedad como consecuencia del deficiente estado de la red de saneamiento del Mercado de Cerro del Águila, colindante con dicho local, y atendiendo en especial al requerimiento realizado por el Defensor del Pueblo, adjunto se acompaña la respuesta ofrecida al Sr. (...) como consecuencia de la reclamación dirigida al Ayuntamiento para que se subsanen dichas deficiencias.

Indicar asimismo que desde el pasado 28 de abril se está actuando en la red de saneamiento del Mercado para solucionar las deficiencias apreciadas.”

En dicho informe la Administración nos indica que con fecha 27 de abril pasado le fue notificada la resolución dictada en respuesta a la reclamación formulada con fecha 8 de enero de 2020.

En consecuencia, dado que la presente queja se admitió a trámite únicamente a los efectos de romper el silencio administrativo existente a la referida reclamación, a la vista de la información recibida, nos vemos obligados a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

Queja número 20/4327

La promotora de la queja exponía que el 4 de septiembre de 2019 había solicitado en el Centro de Valoración y Orientación de Málaga, el reconocimiento de su situación de discapacidad, para poder así acceder en condiciones de igualdad a las oposiciones que se está preparando, sin que le hubieran asignado fecha de cita para la valoración, por lo que pedía nuestra ayuda.

Efectuada la oportuna investigación, la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, nos traslada la realización de valoración de la afectada y la pendencia únicamente de la emisión de la resolución correspondiente y su posterior notificación.

Queja número 20/2678

En esta Institución se ha tramitado expediente de queja, sobre la situación de los profesionales de Enfermería durante los primeros meses de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

Con fecha 8 de enero de 2021 formulamos Resolución a la Viceconsejería de Salud y Familias.

Con fecha 5 de febrero de 2021, hemos recibido respuesta de la citada Viceconsejería, en la que se nos comunica expresamente que: “aceptamos las dos recomendaciones trasladadas, en el bien entendido que ha sido nuestro proceder desde el inicio de la pandemia de acuerdo con nuestra capacidad de actuación y del conocimiento disponible”.

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