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Responsables de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz han mantenido una reunión de trabajo este miércoles 15 de marzo con responsables de Endesa, para el seguimiento del convenio de colaboración donde tratamos las quejas que los ciudadanos y ciudadanas nos han remitido.
En el transcurso de la reunión se debatió la iniciativa del Defensor del Pueblo Andaluz para la puesta en marcha de medidas destinadas a luchar contra la pobreza energética en todo el territorio andaluz (queja 15/3016).
El Defensor del Pueblo Andaluz ha reivindicado el papel de los y las profesionales que actúan en el ámbito de la intervencion social, durante la celebración del Día Internacional del Trabajo Social, que se ha celebrado hoy en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO), organizado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla y la Facultad de Ciensas Sociales de la UPO.
Jesús Maeztu ha recordado que son muchos los sectores que requieren de una atención especial y de medidas de apoyo y de promoción que posibiliten una verdadera igualdad de oportunidades, en un momento en el que, como Institución, constatamos cómo los problemas sociales se han ido agudizando, al tiempo que se han visto mermadas algunas conquistas sociales.
Es por ello que ha animado a estos profesionales a “huir de la inercia y a trabajar, pensando en la persona”. El Trabajador Social debe acompañar a la persona en su proceso de cambio. “El protagonismo lo tiene la persona desde su dignidad”, ha dicho.
También ha pedido vocación y compromiso al profesional del Trabajo Social: Abordar los procesos desde los valores que prioricen la dignidad de la persona por encima de otras cuestiones.
Para el Defensor del Pueblo Andaluz es necesario poner el punto de mira en la transformación social, así como explorar las posibilidades que, desde el trabajo social, se hace como profesionales de la Intervención Social para promover la dignidad y el valor de las personas.
La Adjunta al Defensor del Pueblo Andaluz y personal de su equipo del Área de Menores asisten a esta reunión de trabajo.
El Defensor del Pueblo Adaluz, Jesús Maeztu, participa en la inauguración del Día Internacional del Trabajo Social organizado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla.
La Dirección General de Justicia Juvenil informó que la escolarización de la menor para la continuidad de sus estudios de tercero de ESO, quedó solventada. No obstante, en aras de profundizar en las causas que pudieron motivar la demora -cercana al mes y medio- en la incorporación de la menor al instituto, continuamos con la tramitación de la queja y solicitamos la emisión de un informe a la Delegación Territorial de Educación sobre las incidencias acaecidas en el mencionado procedimiento de escolarización, con especial referencia al protocolo establecido para la escolarización de menores internados en centros de internamiento de menores infractores.
La Administración educativa justificó que la escolarización se produjo tras pedirlo el Juzgado de Menores.
La interesada es abuela de una menor interna en un centro de responsabilidad penal de menores. Expresa su preocupación porque el centro no viene garantizando la continuidad de los estudios de su nieta, de 15 años de edad, y por tanto dentro del tramo de edad de escolarización obligatoria. Refiere que ingresó en el centro en junio y que a primeros de octubre sigue seguía sin acudir al Instituto, y a pesar de haberlo preguntado en el centro no le facilitan información acerca de las actuaciones que vienen realizando para garantizar que su nieta realice el curso académico con normalidad.
La Institución media entre el Ayuntamiento de San Fernando y la Junta de Andalucía, con objeto de que ésta afronte el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza tributaria y otros recursos públicos adeudados al municipio.
En la presente queja, la Alcaldía del Ayuntamiento de San Fernando nos trasladaba Acuerdo Plenario exigiendo a la Junta de Andalucía la rectificación urgente y pago inmediato al Ayuntamiento de la cantidad que adeuda por importe de 748.175,25 euros, que mantiene en vía ejecutiva referida al periodo 1996-2013. Exigiendo, de igual manera, que no se retrase en el pago de sus obligaciones tributarias.
Asimismo, exige de la Junta de Andalucía que haga frente al pago pendiente de las subvenciones por importe de más de 1,6 millones de euros, y que corresponden a sufragar los gastos referidos a sectores sociales muy necesitados.
Por nuestra parte, solicitamos a la Alcaldía promotora de la queja ampliación de información sobre concreción y desglose de cantidades a que estaban referidos los importes totales que hacía mencionaba el Acuerdo Plenario que nos había sido trasladado; informando al efecto que la deuda reclamada a Administración de la Junta de Andalucía corresponde a ingresos de carácter tributario, así como deudas de carácter no tributario, correspondientes a sanciones por infracciones de tráfico.
Se añadía en la respuesta obtenida que la deuda reclamada se encuentra en periodo ejecutivo de pago y corresponde a los ejercicios de 1996 a 2013. Se habrían incluido así mismo los recibos generados en el año 2014, ya que los mismos -indicaba la Intervención citada- corresponden a ingresos de notificación colectiva y cobro periódico, que se generan anualmente. Concluía el escrito de la Intervención afirmando que revisados y actualizados los importes, la cantidad reclamada por el principal de la deuda al día de la fecha asciende a la cantidad de 1.040.050,16 euros.
A la vista de lo que el Ayuntamiento manifestaba, el Defensor del Pueblo Andaluz solicitó información a la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública.
En el informe recibido al efecto, se nos indica que desde la Dirección General de Patrimonio se ha solicitado información al Ayuntamiento afectado para detalle de las deudas pendientes, con indicación de las que corresponden a obligaciones tributarias y obligaciones derivadas de carácter no tributario.
La Administración autonómica indica que mantiene un fuerte compromiso con sus obligaciones económicas de toda índole y en especial con las de carácter tributario, de manera que se haga uso eficiente de los recursos públicos orientados a la eficacia, la eficiencia y la calidad, por lo que asegura que una vez analizada la información que se reciba, se dará traslado de la misma a los Departamentos responsables, con el fin de que se proceda a hacer efectivo el importe de las cantidades reclamadas y reconocidas a la mayor celeridad posible.
Dado que de la información recibida de la Administración se evidencia que desde la Consejería se mantiene diálogo fluido con la Corporación municipal, y que el asunto planteado en la presente queja se encuentra en vías de ser solucionado tan pronto sean aclarados los aspectos técnicos pendientes, damos por concluidas nuestras actuaciones y se procede al cierre del expediente.
Esta Institución considera que el sistema de estructuras tarifarias que contempla el número de personas que habitan en la vivienda objeto del suministro es el sistema más justo y más acorde con el principio de que quien contamina paga, que se recoge en la Directiva Marco del Agua y con los objetivos de fomento del consumo responsable y eficiente que contempla la legislación en materia de aguas vigente en nuestra Comunidad Autónoma.
Nos parece una medida acertada que antes de acometer el cambio al sistema de tarificación por habitante exista un compromiso de la entidad local y la empresa suministradora de compensar los excesos de recaudación que puedan producirse reajustando las tarifas cobradas a los colectivos que resulten mas perjudicados por el nuevo sistema.
También consideramos necesario que el proceso de implantación del nuevo sistema tarifario se haga de forma paulatina, con un periodo de información previa a los usuarios suficientemente dilatado y constituyendo un organismo dedicado específicamente a solventar las dudas y a dar respuesta a las situaciones especiales que puedan plantearse.
Defensor del Pueblo Andaluz
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