Las relaciones institucionales constituyen una herramienta de suma importancia para impulsar una labor eficaz y colaborativa, acorde con las funciones y cometidos legalmente atribuidos a esta Institución en defensa y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia en Andalucía.
De este modo, dichas relaciones permiten un valioso intercambio de información, recursos y experiencias en la labor a favor de las personas menores de edad. Sirven, además, de puente entre la sociedad civil, las instituciones y la Defensoría, facilitando el trabajo conjunto para identificar y abordar los problemas que afectan a este sector vulnerable de la población.
Detallamos a continuación algunas de las principales actividades realizadas en este ámbito, tanto con los agentes sociales como con otras defensorías e instituciones dedicadas a la defensa de niños, niñas y adolescentes.
Durante 2024 se ha desarrollado un intenso trabajo colaborativo con entidades y organizaciones sociales con el objetivo de analizar y abordar de manera conjunta los principales problemas y retos a los que se enfrentan la infancia y adolescencia en la comunidad autónoma de Andalucía.
Un significativo número de entidades, asociaciones e instituciones universitarias han demandado en dicho ejercicio la presencia de la Defensoría, como garante de los derechos y libertades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en distintos eventos a fin de debatir temas de interés para aquellos y, además, con el propósito de que la Institución aporte su experiencia y criterio en diversos asuntos que atañen a este sector vulnerable de la sociedad.
Luchar contra la violencia ejercida sobre niños, niñas y adolescentes ha constituido una de las principales actividades en el ámbito que abordamos. No olvidemos que la lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos, y para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño es esencial asegurar y promover el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia y ejercida en cualquier ámbito (redes sociales, familia, escuela, sanidad, servicios sociales, justicia, deporte y ocio, etc.).
Otros asuntos que también han sido abordados y trabajados de manera colaborativa con los agentes sociales han sido los problemas de salud mental de la infancia y adolescencia, la situación de menores migrantes sin referentes familiares, el acceso a la pornografía, un uso inadecuado de redes sociales, o dificultades para el pleno ejercicio del derecho a la educación del alumnado con discapacidad.
Por otro lado, hemos de destacar la participación de la Defensoría en actos y eventos organizados o apoyados por las instituciones universitarias.
De entre todas las actividades, traemos a colación nuestra presencia en uno de los proyectos de la Red Europea de Apoyo a la Familia eurofamnet.eu (EurofamNet por sus siglas en inglés), coordinado por la Universidad de Sevilla, que tiene como objetivo informar de la política y la práctica de apoyo a la familia desde un enfoque basado en la evidencia y culturalmente sensible, para garantizar los derechos y el bienestar de niños, niñas y adolescentes, así como de sus familias.
En EurofamNet participan más de 170 investigadores de 35 países, uniendo esfuerzos con profesionales, gestores políticos y entidades del tercer sector enfocadas en la infancia y la familia a nivel europeo. La sinergia entre estas entidades representa un compromiso conjunto para abordar los desafíos actuales en materia de apoyo familiar.
Esta Red se fundó en 2019 como una Action COST coordinada por la Universidad de Sevilla y ha funcionado como tal hasta octubre de 2023. Durante los últimos cuatro años, la red ha trabajado para mejorar la investigación, las políticas y las prácticas de apoyo a las familias. Algunos de los resultados se han materializado y reunido en una caja de herramientas global que incluye informes políticos, resultados académicos, recursos prácticos y mucho más.
Desde noviembre de 2023, EurofamNet opera bajo una COST Innovators Grant, una iniciativa europea altamente competitiva respaldada por la European Cooperation in Science and Technology (COST). Se trata de la primera otorgada a un proyecto en ciencias sociales, marcando un hito y permitiendo a la red iniciar el proyecto de continuidad: QA[4]EuroFam que se centra en implementar un protocolo de garantía de calidad en los servicios de apoyo familiar, abarcando a 22 países europeos. El objetivo principal es desarrollar modelos basados en evidencias y culturalmente sensibles para la práctica profesional.
Tras diversos encuentros y jornadas de trabajo, en febrero de 2024 se presentó en el Parlamento Europeo, en Bruselas, los avances tanto del Protocolo de Garantía de Calidad como del diseño de los Planes Nacionales de Mejora planteándose un debate sobre los mismos. Esta ponencia llevó por título “Supporting families to meet children’s needs by making quality family support a right for all children”.
Con fundamento en diversos convenios de colaboración suscritos con Save the Children, anualmente venimos celebrando una jornada para abordar asuntos de interés y actualidad que afectan a la infancia y adolescencia.
En 2024 organizamos una jornada celebrada en Cádiz el 9 de octubre bajo el lema “Derechos en red: por un espacio digital seguro para la infancia y adolescencia”.
Ciertamente el uso saludable y responsable de las Tecnologías para la Relación, la información y la Comunicación (TRIC) constituye uno de los grandes desafíos a los que a día de hoy se enfrenta la sociedad y, especialmente, la infancia y adolescencia. El entorno digital representa un espacio vital para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, ya que les permite enriquecer su conocimiento así como sus habilidades y relaciones sociales.
Sin embargo, el uso de estas potentes herramientas no está exento de riesgos. Hablamos de divulgación de información personal, de contactos con personas desconocidas, de acceso a contenido inapropiado o perjudiciales para su desarrollo. No podemos olvidar tampoco el ciberacoso o ciberbullying, la adicción a Internet o la suplantación de identidad cuando los datos personales de las personas menores de edad son utilizados por terceros para crear perfiles falsos o cometer fraudes en línea en su nombre.
Promover un entorno digital seguro para la infancia y adolescencia pasa por entender su gran potencial y no permanecer ajenos a sus riesgos, cuestiones ambas que reclaman nuestra atención y proactividad. También es necesario el compromiso de algunos actores claves: la educación para contribuir con el desarrollo de las competencias digitales y ciudadanas; las administraciones públicas con la creación de un espacio normativo protector y garantista; y la industria con una conciencia responsable a la hora de desarrollar servicios y productos.
En este contexto, la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía y Save The Children organizaron el mencionado evento con el propósito de crear un espacio de encuentro entre profesionales de distintos ámbitos, responsables de políticas públicas y familias.
La celebración de la jornada permitió, además, crear un punto de diálogo para que todas las partes que intervinieron en el acto pudieran expresar sus criterios, sus preocupaciones y necesidades en torno a este aspecto que se ha hecho tan importante en nuestras vidas como es la utilización de las Tecnologías para la Relación, la Información y la Comunicación (TRIC).
En otro orden, como miembro del Foro Profesional de la Infancia, la Institución ha participado en las jornadas celebradas en Sevilla el pasado mes de mayo de 2024 que han llevado por título “Caminando hacia un nuevo contrato social: Del debate a la acción” .
Este encuentro supuso una gran oportunidad para avanzar hacia este pacto social a partir de las propuestas de la comunidad dedicada a la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una reunión de profesionales que a diario protegen y garantizan el bienestar de esta población y cuyas aportaciones solo se pueden calificar como necesarias.
Así se puso de manifiesto por colegios profesionales, asociaciones, universidades, academias, administración autonómica, entidades provinciales y locales, instituciones públicas, observatorios, federaciones y sindicatos, y esta Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía. Todas las partes intervinientes tuvimos la oportunidad de demandar políticas públicas y establecer estrategias ante uno de los mayores retos de esta sociedad: la pobreza infantil, generadora de situaciones de desigualdad y vulnerabilidad.
Si en la primera edición de este encuentro de primavera, bajo el título “Abriendo camino hacia un nuevo contrato Social”, del que ofrecimos detalle en el informe de 2023, tuvimos la oportunidad de debatir sobre el devenir -a veces desesperante- de los trámites administrativos para la garantía y protección de los derechos de las personas menores de edad, en esta ocasión, como ha recogido con acierto el nuevo título, pasamos a la acción.
Las conclusiones de este evento han sido recogidas en una publicación.
En el ámbito de la colaboración con otras defensorías y organismos públicos, hemos de señalar, a nivel internacional, nuestra participación en diversas actividades de ENOC. La Red Europea de Defensorías de la Infancia (ENOC, por su siglas en inglés) se constituyó en 1997 e integra en la actualidad a organismos de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes de países de Europa, entre las que se encuentra la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.
Sus principales objetivos son promover la aplicación lo más completa posible de la Convención sobre los Derechos del Niño, dar soporte a la acción colectiva para hacer presentes los derechos de niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas de los países europeos, compartir información, enfoques y estrategias, y promover el desarrollo de oficinas independientes eficaces para los niños, niñas y adolescentes.
ENOC dispone de un órgano de participación de los niños y niñas denominado ENYA (European Network of Young Advisors), ofreciendo a aquellos la oportunidad de ser escuchados y de elevar su opinión y propuestas más allá de sus propios países. El contenido de esta labor queda recogido en el capítulo 5 de este informe dedicado a actividades de promoción y divulgación de derechos.
Los países y regiones participantes de ENOC se reúnen una vez al año en asamblea general y trabajan alrededor de temas y contenidos propuestos y acordados por sus miembros. Aprovechando el momento de la asamblea anual, las defensorías prolongan su encuentro para compartir, dialogar e intercambiar experiencias.
El tema elegido para ser trabajado a lo largo de 2024, compartido con el resto de defensorías de la infancia europeas (de la Red ENOC) en el marco del proyecto ENYA, ha sido la protección y promoción de los derechos de los niños en cuidados alternativos de protección (Protecting and Promoting the Rights of Children in Alternative Care).
Los miembros que integran la mencionada organización, antes de la celebración de la reunión anual y de la asamblea debieron cumplimentar un amplio cuestionario que explora la situación actual de los derechos de los niños que se encuentran en sistemas de protección en los Estados miembros de ENOC, para apoyar la elaboración de la declaración de posicionamiento de ENOC para la protección y promoción de los derechos de los niños en los sistemas alternativos de protección. El cuestionario se envió a las defensorías de la infancia de las instituciones de los Estados miembros participantes.
Posteriormente, en septiembre de 2024, se celebró la reunión anual y la asamblea general de ENOC en Helsinki (Finlandia). En esta última se aprobó la Declaración final sobre el asunto trabajado previamente y debatido en dicho acto.
La Declaración se basa en el entendimiento general de todos los miembros de ENOC de que, aunque las personas menores de edad en acogimiento alternativo se encuentran entre el grupo de niños y niñas más vulnerables e invisibles, sus derechos siguen siendo menoscabados de forma considerable. Existe una preocupación general por el hecho de que las personas menores de edad que se han visto privadas del cuidado de sus progenitores, porque estos no pueden satisfacer sus necesidades, no siempre reciben del Estado un entorno suficientemente propicio, seguro y enriquecedor.
También es preocupante que las niñas, niños y jóvenes en acogimiento alternativo sufran estigmatización y prejuicios, con bajos niveles de comprensión entre la población general.
Con esta declaración, las Defensorías de Infancia, miembros de ENOC, se esfuerzan por prestar especial atención a la aplicación de las disposiciones consagradas en la Convención de los Derechos del Niño. No obstante, se acordó no incluir en esta declaración las experiencias de menores refugiados y solicitantes de asilo o de menores en otras formas de cuidados o atención, como en servicios psiquiátricos hospitalarios, atención segura o entornos similares.
Los miembros de ENOC, conscientes de que deben garantizar, a través de sus competencias institucionales y compromiso, la protección y promoción de los derechos de las personas menores de edad que viven en acogimiento alternativo; también tienen el deber de exigir responsabilidades a las autoridades competentes cuando no se satisfagan los derechos y necesidades de este grupo de niñas, niños y adolescentes. Las niñas y niños que han sido alejados del entorno familiar se encuentran en una situación especialmente vulnerable y su seguridad y bienestar son responsabilidad inherente de las autoridades.
En este contexto, la Red Europea de Defensorías de Infancia (ENOC), instó a los Estados, a las autoridades nacionales y regionales, pero también a las organizaciones europeas e internacionales pertinentes, a que cumplan con sus obligaciones mediante la aplicación de las siguientes recomendaciones:
RECOMENDACIONES ENOC
1. Garantizar el derecho de las niñas y niños a expresar libremente sus opiniones y a que éstas se tengan en cuenta, de acuerdo con la evolución de sus facultades, así como a participar en la toma de decisiones relacionadas con su vida y sus condiciones de vida en acogimiento alternativo, tal como exigen las normas internacionales sobre los derechos de la infancia y la adolescencia:
- Aumentar la concienciación sobre los derechos de la infancia y la adolescencia en general y, más concretamente, sobre el derecho a participar entre los niños, niñas y adolescentes que viven en acogimiento alternativo y entre las personas profesionales que trabajan en este ámbito mediante programas de formación adecuados y continuos;
- Proporcionar a los niños, niñas y adolescentes información y materiales adecuados a su edad y adaptados a sus necesidades sobre sus derechos y el derecho a participar, que les permitan expresar sus opiniones con conocimiento de causa; proporcionar esta información y materiales en diversos formatos, como libros ilustrados, vídeos y aplicaciones móviles;
- Organizar periódicamente talleres y sesiones informativas para educar a niñas, niños y adolescentes sobre sus derechos en un entorno propicio e interactivo;
- - Crear un clima de confianza con la persona menor de edad, ofrecer transparencia a lo largo de todo el proceso y asegurarse de que ésta se siente lo suficientemente cómoda como para compartir sus opiniones y que entiende el proceso y sus consecuencias;
- Establecer procedimientos y recursos para que la participación de niñas, niños y adolescentes sea una práctica habitual en los procesos de toma de decisiones;
- Implicar sistemáticamente a las personas menores de edad en todas las fases del proceso de atención, incluso en la toma de decisiones que las conciernen individualmente y en el diseño del sistema. Deben adoptarse medidas especiales para garantizar la participación significativa de los niños más pequeños, los niños con discapacidades y los niños con necesidades especiales;
- Establecer mecanismos y órganos de participación más permanentes (consejos, grupos de discusión, clubes juveniles, etc.) apoyados por las autoridades, con la participación de niñas y niños que están o han estado en acogimiento alternativo, donde puedan expresar libremente sus opiniones, compartir sus experiencias y contribuir a la mejora de la prestación y la calidad de los cuidados;
- Garantizar legalmente el derecho a participar y a ser escuchados, y supervisar periódicamente su implementación;
- Proporcionar recursos efectivos y acceso a la justicia para la infancia y la adolescencia si no se les concede el derecho a participar.
2. Apoyar los esfuerzos para mantener a las niñas, niños y adolescentes bajo el cuidado de su familia, o devolverlos a ella, cuando ello redunde en el interés superior de la persona menor de edad:
- Desarrollar y aplicar políticas y programas sociales orientados a la familia, incluido el apoyo psicológico gratuito, para prevenir la separación de las personas menores de edad de sus progenitores y promover y reforzar la capacidad de éstos para cuidar de sus hijas e hijos;
- Ofrecer apoyo continuo a las familias durante la reunificación, incluidas visitas periódicas de seguimiento y supervisión del progreso de la reunificación, asesoramiento familiar y asistencia práctica, para ayudarles a recuperar la confianza, adaptarse y garantizar una transición satisfactoria;
- Proporcionar servicios integrales de apoyo a las familias, como clases de crianza, asesoramiento, ayuda económica o tratamiento de la drogodependencia, para abordar los problemas que llevaron a la medida de separación del menor y crear un entorno familiar seguro;
- Utilizar múltiples canales para difundir información sobre la disponibilidad de servicios de apoyo a progenitores e hijos e hijas, incluidos los medios sociales, la televisión y la radio, sitios web, material impreso, líneas directas, actividades de divulgación en la comunidad, escuelas, guarderías y servicios sanitarios;
- Poner en marcha medios y procesos adecuados para garantizar la detección precoz de las personas menores de edad en situaciones especialmente vulnerables, incluyendo evaluaciones periódicas de su salud y bienestar, formación para las personas cuidadoras y el personal que trabaja con niñas y niños, programas de apoyo para progenitores y personas cuidadoras, y seguimiento centrado en la persona menor de edad;
- Proporcionar apoyo holístico y continuo a las familias necesitadas y facilitar la coordinación activa entre los servicios competentes;
- Abordar las causas subyacentes a la falta de cuidado familiar
- Proporcionar una evaluación multidisciplinar de la capacidad parental con vistas a salvaguardar la seguridad, el interés superior y las necesidades de las niñas y niños. La evaluación también debe incluir las opiniones de las personas menores afectadas, en función de su capacidad y madurez evolutivas;
- Fomentar una comunicación y colaboración sólidas entre los servicios sociales, las familias y otras partes interesadas para crear un enfoque coordinado de los esfuerzos de apoyo y reunificación familiar;
- Poner en marcha soluciones prácticas para mantener el contacto (llamadas telefónicas o videollamadas, cartas, regalos y recuerdos de la familia, etc.) siempre que el contacto físico no sea posible o no redunde en el interés superior de la persona menor de edad;
- Desarrollar y aplicar programas e intervenciones basados en evidencias;
- Para facilitar la reunificación familiar, proporcionar a los progenitores el apoyo y los servicios necesarios y evaluar periódicamente la necesidad de la medida de separación.
3. Garantizar las alternativas de acogimiento adecuadas a cada caso tras una minuciosa valoración individual:
- Garantizar la cuidadosa valoración de las alternativas disponibles, incluido el apoyo familiar, antes de tomar la decisión de separarla de su familia y siempre en función del interés superior de la persona menor de edad
- Evaluar las opciones de modalidades alternativas de cuidado, como familias de acogida y acogimiento residencial, para determinar qué tipo de acogimiento satisface mejor las necesidades e intereses individuales de la persona menor de edad, con preferencia por los acogimientos de tipo familiar y los entornos pequeños, similares a un hogar, para proporcionar un entorno de apoyo y estabilidad. El proceso de evaluación no debe ser excesivo en el tiempo;
- En la medida de lo posible, no alejar a la niña, niño o joven de su territorio o cultura una vez que forme parte del sistema de protección, con el fin de reducir la cantidad de cambios a los que tiene que hacer frente;
- Proceder a una evaluación individual y multifactorial (género, cultura, idioma, especial vulnerabilidad, etc.) de la situación personal del niño y la niña y de sus necesidades de atención y desarrollo a corto y largo plazo. La evaluación debe realizarla un equipo multidisciplinar, con la participación del niño o la niña y de otras partes interesadas, si procede (familia biológica, familia de acogida, etc.);
- Elaborar planes de atención individualizados para cada persona menor de edad con el fin de abordar sus necesidades e intereses específicos a lo largo de su trayectoria de atención, y revisar y ajustar periódicamente estos planes para garantizar que siguen siendo eficaces; garantizar que las preferencias y opiniones de la niña o niño y, si procede, las de otras partes interesadas, se tienen en cuenta durante el proceso de evaluación;
- Hacer obligatoria la prestación de apoyo psicológico a la persona menor de edad para ayudar en las dificultades emocionales o de otro tipo que pudiera presentar, incluso al entrar en un nuevo entorno;
- Garantizar que los profesionales del sistema de protección cuenten con el apoyo y la formación adecuadas para desarrollar diversas competencias que eviten que las niñas, niños y adolescentes sean derivados de un especialista a otro;
- La desinstitucionalización debe continuar donde no se haya completado, al tiempo que se reconoce la perspectiva de ENYA de que, en algunos casos, y en las circunstancias individuales específicas de un niño o niña, el acogimiento residencial puede ser la opción más adecuada para un niño, niña o adolescente;
- Garantizar un entorno de cuidado consistente y estable para que las personas menores de edad formen vínculos seguros, evitando cambios frecuentes en su cuidado;
- Proporcionar a las familias de acogida apoyo amplio y recursos suficientes para satisfacer eficazmente las necesidades de las niñas y niños a su cargo, y garantizar que los niños y niñas y las personas acogedoras tengan la oportunidad de conocerse antes de que se tome una decisión sobre su ubicación;
- Desarrollar un sistema de familias de acogida especializadas o, como último recurso y cuando redunde en el interés superior del niño, de acogimiento residencial, para satisfacer mejor las necesidades únicas y variadas de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento alternativo;
- Aplicar la Observación General n.º 14 del Comité de Derechos del Niño sobre el interés superior del niño y la niña en lo relativo a garantizar la experiencia de los y las profesionales que llevan a cabo la evaluación de la forma más adecuada de atención.
4. Garantizar un acogimiento alternativo de calidad:
- Reforzar la obligación y la responsabilidad de los Estados de proteger los derechos del niño, niña y adolescente y de proporcionar un acogimiento alternativo apropiado, dando prioridad a la acogida de tipo familiar a toda persona menor que lo necesite;
- Aplicar las normas (mínimas) de calidad previstas en la CDN y las Directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de la infancia, así como las previstas en la legislación nacional pertinente;
- Desarrollar y aplicar normas exhaustivas para los centros de acogimiento alternativo, que cubran aspectos como la seguridad, la salud, la educación y el apoyo emocional, para garantizar una atención coherente y de alta calidad. Aunque las necesidades de atención y apoyo cambiarán a medida que la persona joven se desarrolle y madure, las normas no deberían cambiar;
- Garantizar que la planificación de reformas en materia de acogimiento alternativo incluya soluciones estables y sostenibles en el tiempo, basadas en evidencias; que asegure la financiación a largo plazo; y que establezca sistemas sólidos de seguimiento y evaluación;
- Reforzar la colaboración y la inversión en y entre los proveedores de acogimiento alternativo, los servicios sociales y las organizaciones comunitarias para garantizar un planteamiento global de la satisfacción de las necesidades de las personas menores en acogida;
- Garantizar un entorno libre de violencia en el que niñas, niños y adolescentes se sientan queridos, cuidados y en el que se satisfagan sus necesidades individuales. Esto incluye reconocer y prevenir la explotación infantil.
- Priorizar continuamente el bienestar emocional, físico y psicológico de la infancia en acogimiento alternativo para favorecer su desarrollo general y su felicidad;
- Proporcionar todos los medios necesarios, incluidos los económicos, para garantizar la permanencia del personal profesional, especialmente en la atención residencial;
- Proporcionar apoyo adecuado y formación continua y multidisciplinar a las personas acogedoras y al personal de recursos residenciales para reforzar sus competencias profesionales;
- Garantizar la igualdad de acceso y de normas entre las zonas rurales y urbanas.
- Garantizar una supervisión y/o inspecciones periódicas, independientes y centradas en la persona menor de edad, que permitan a las personas jóvenes hablar libremente sin temor a represalias o consecuencias negativas. Esto puede incluir visitas sin previo aviso por parte de Instituciones Independientes de Derechos del Niño; garantizar el seguimiento de las conclusiones del proceso de supervisión y cualquier acción individual requerida.
5. Mantener la relación significativa de la persona menor de edad con su familia, otras personas cercanas y sus raíces étnicas, culturales, religiosas y lingüísticas:
- Apoyar activamente los vínculos de niñas, niños y adolescentes con su entorno cultural, étnico y familiar, garantizando que se respete y fomente plenamente su derecho a la vida familiar y a la identidad;
- Garantizar que las personas menores de edad en acogimiento alternativo tengan contacto regular con sus familiares y otras personas significativas en sus vidas, a menos que no sea en su interés superior. Abordar cualquier problema que surja para garantizar que estas relaciones sigan siendo positivas y beneficiosas.
- Asegurarse de que se buscan activamente y se toman en serio las opiniones de las personas menores de edad sobre el mantenimiento de las relaciones con sus familiares, haciéndoles partícipes de todas las decisiones pertinentes;
- Proporcionar y fomentar múltiples formas para que las niñas y niños mantengan un contacto regular con sus progenitores, hermanos, hermanas, parientes y amistades, garantizando que se mantengan y apoyen estas importantes relaciones;
- Proporcionar formación y orientación a las familias de acogida para preparar y animar a los niños y niñas a mantener el vínculo con sus familias biológicas cuando proceda. Proporcionar apoyo a los progenitores para que mantengan una relación con sus hijas e hijos;
- Diseñar y ofrecer programas especializados y apoyo a las personas acogedoras y otros cuidadores para ayudar a las personas menores de edad a mantener sus raíces;
- Diseñar e impartir programas especializados que ayuden a las personas acogedoras y otros cuidadores a preservar y alimentar los vínculos culturales, étnicos y familiares de las personas menores;
- Formar a las personas cuidadoras para que respeten e integren los orígenes étnicos, culturales y lingüísticos de las niñas y niños en sus cuidados diarios.
6. Preparar sistemáticamente a las personas menores de edad en acogimiento alternativo para la vida independiente y la integración en la comunidad:
- Ayudar a las personas jóvenes que dejan de estar tuteladas a desarrollar un programa o planes profesionales y personales evaluando su situación y orientándolas hacia la independencia. Tener en cuenta sus peticiones y necesidades y los recursos disponibles de los servicios pertinentes;
- Aumentar el apoyo a las niñas, niños y jóvenes para que elijan su trayectoria educativa y profesional en función de sus intereses. Dar prioridad a una preparación temprana y sostenida para su transición a la edad adulta, en lugar de iniciarla sólo un año antes de que alcancen la mayoría de edad;
- Garantizar la continuidad y la calidad de la atención realizando evaluaciones sanitarias para ofrecer apoyo individualizado y respuestas adecuadas en caso de problemas físicos o psicológicos;
- Considerar vulnerabilidades específicas, como la paternidad o maternidad tempranas, las discapacidades, los problemas de salud mental y la situación de las personas menores de edad no acompañadas. Centrarse en la prevención, incluidos los comportamientos de riesgo, la educación sexual y las adicciones;
- Proporcionar a las personas profesionales y cuidadoras las herramientas necesarias para apoyar a las personas jóvenes hacia la independencia, garantizando una coordinación eficaz con todos los agentes implicados, organizando los servicios y proporcionando áreas de apoyo específicas para los profesionales;
- Proporcionar una formación adecuada a las personas profesionales, especialmente a los psicólogos y trabajadores sociales, que incluya módulos especializados sobre los derechos de las personas menores de edad en acogimiento alternativo y el acceso a los servicios, para ayudar a las personas jóvenes que abandonan el acogimiento alternativo con los procedimientos administrativos;
- Informar a las niñas, niños y jóvenes y asegurarse de que comprenden plenamente sus derechos y la asistencia disponible, incluido el apoyo económico y psicosocial, cuando abandonan los mecanismos de protección de la infancia y el acogimiento alternativo, simplificando y facilitando el acceso a los recursos (vivienda, educación, formación profesional, becas, etc.);
- Promover y desarrollar vínculos emocionales, educativas y de apoyo, como programas locales de tutoría, con seguimientos regulares (reuniones, llamadas telefónicas, visitas a domicilio, etc.) después de que las personas jóvenes hayan abandonado el acogimiento alternativo, para establecer relaciones significativas con personas voluntarias adultas y ampliar las redes de apoyo y solidaridad;
- Crear un derecho de retorno que permita a las personas jóvenes ajustar o suspender la ayuda que reciben a medida que su situación se estabiliza tras abandonar el acogimiento alternativo, garantizando al mismo tiempo que puedan volver a acceder a ella si lo necesitan debido a contratiempos o cambios;
- Los Estados y todas las partes interesadas deberían adoptar todas las medidas, acciones, campañas de sensibilización, etc. adecuadas para prevenir y combatir la estigmatización de los menores que estén o hayan estado en acogimiento alternativo.
7. Reforzar la inspección y el control del acogimiento alternativo:
- Desarrollar y aplicar marcos reguladores claros que definan normas y procedimientos para inspeccionar y supervisar los centros de acogimiento alternativo, tanto en el sector público como en el privado;
- Garantizar la independencia de los sistemas de inspección recurriendo a organizaciones externas para su supervisión;
- Garantizar el cumplimiento de las normas mediante inspecciones periódicas y sin previo aviso de los centros de acogimiento alternativo. Las instituciones independientes de derechos de la infancia y la adolescencia también deben realizar visitas y formular recomendaciones de mejora;
- Proporcionar financiación y recursos suficientes a los organismos de inspección y control para permitir una supervisión exhaustiva y eficaz de los centros de acogimiento alternativo;
- Exigir a los servicios de atención a la infancia que presenten informes periódicos y detallados sobre su funcionamiento, prácticas de cuidado y bienestar de las personas menores de edad. Garantizar que las inspecciones den lugar a informes exhaustivos en los que se destaquen las repercusiones, las mejoras necesarias y la opinión de las personas menores;
- Implicar en los procesos de inspección y supervisión a partes interesadas de diversos ámbitos, como trabajadores sociales, trabajadores homólogos (interpares), psicólogos infantiles y personal jurídico. Garantizar la formación de las partes interesadas en los procedimientos de inspección y en la interacción con las niñas y niños en acogimiento alternativo para recabar información precisa;
- Crear canales seguros y anónimos para que las niñas, niños y jóvenes en acogimiento alternativo puedan dar su opinión sobre sus experiencias y condiciones de vida, garantizando que sus voces formen parte integral del proceso de supervisión;
Recopilar y analizar datos sobre el funcionamiento y las condiciones de los centros de acogimiento alternativo para fundamentar las decisiones políticas y mejorar las prácticas asistenciales;
Adoptar medidas proactivas, estratégicas y creativas para garantizar que las personas menores de edad en acogimiento alternativo tengan acceso a mecanismos de denuncia eficaces y adaptados a las niñas, niños y adolescentes para ofrecer reparación ante las vulneraciones de sus derechos.
Por otro lado, la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ostenta la representación de la zona europea en la Red de la Niñez y Adolescencia de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO), organización que representa a más de 100 defensorías del pueblo, procuradores, proveedores, comisionados y presidentes de Comisiones de Derechos Humanos de países iberoamericanos junto con España, Portugal y Andorra.
El objetivo de esta Red se centra en trabajar articulada y coordinadamente con el fin de contribuir a proteger y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes en temas de interés común de la Red de Niñez y Adolescencia. Y también fortalecer la institucionalidad de protección a la niñez y adolescencia dentro de los Ombudsperson miembros de la FIO.
El pasado mes de octubre de 2024 se celebró en Paraguay la XXIX Asamblea y XXVIII Congreso de la FIO donde se abordaron asuntos como el Derecho al Agua y la Protección de las Fuentes Hídricas, el Cambio Climático y los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos Originarios, y la Justicia para las Mujeres. A través de talleres, ponencias y mesas de trabajo, se generaron reflexiones y propuestas de acción en cada uno de estos ámbitos, renovando el enfoque estratégico para enfrentar los desafíos actuales en derechos humanos.
Por lo que respecta a la Red de la Niñez, en dicho Congreso, sus componentes abordaron específicamente el “Derecho de las infancias a un medio ambiente saludable y sostenible”.
Junto a esta labor, se ha publicado el segundo número de la Revista de la Red de la Niñez dedicada a la agenda ambiental; un derecho fundamental de las infancias y adolescencias que es necesario para el disfrute de otros derechos.
Este tema ha sido también de interés para el Consejo Consultivo de infancias de la FIO; además en las consultas realizadas por el Comité de los Derechos de Niñas y Niños de las Naciones Unidas para la elaboración de la Observación General Nº. 26. Asimismo en la Declaración Mundial de la Juventud de la COP282, niñas y niños de los diferentes países de la región y del mundo, expresaron su interés en el tema y su preocupación por los efectos negativos que esta problemática tiene para sus vidas y sus derechos.
En este contexto, el documento presenta diversas experiencias de participación de niñas, niños, adolescentes y juventudes en la defensa de su derecho a un medio ambiente saludable desde acciones comunitarias y participación en foros locales y mundiales, demandando la actuación urgente de los Estados y hasta su inclusión en los espacios de incidencia en las políticas ambientales.
Por otro lado, las instituciones que componen la Red Niñez y Adolescencia, en la XXVIII Congreso de la FIO, hicieron un llamamiento a los Estados para que se prioricen y lleven a cabo medidas urgentes que garanticen el derecho a la salud mental de las infancias y adolescencias:
DERECHO A LA SALUD MENTAL INFANTIL Y JUVENIL
- Generar espacios institucionales y comunitarios que permitan abordar la importancia del derecho a la salud mental, mediante la suma de esfuerzos que contribuyan a romper con mitos y creencias normalizadas que obstaculizan la prevención y la atención adecuada.
- Asegurar la disponibilidad de recursos e infraestructura orientadas a la atención oportuna, para que niñas, niños y adolescentes reciban el apoyo que necesitan.
- Ampliar la cobertura de los programas preventivos y educativos sobre salud mental, que respondan a las necesidades del contexto, sean accesibles y de calidad.
- Fortalecer la formación profesional de atención psicosocial y capacitación especializada que permita brindar una atención eficiente y pertinente.
- Adoptar medidas que permitan romper con visiones adultocéntricas y reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas sujetas de derechos, para que desde su participación protagónica puedan nombrar y visibilizar aquello que les afecta y preocupa, y sumar acciones en la defensa de su derecho a la salud mental.
- Generar mecanismos de consulta a fin de conocer las opiniones, percepciones y propuestas de las infancias y adolescencias respecto de la salud mental para que sean incluidas en la toma de decisiones y políticas públicas.
- Implementar medidas de apoyo a las familias, escuelas y comunidades, mediante la sensibilización y el fortalecimiento de los vínculos sociales positivos y la cultura de cuidado mutuo.
- Reconocer y fomentar el empoderamiento colectivo de las infancias y adolescencias que les permita tejer redes de apoyo entre pares y promover su bienestar en los distintos espacios en los que se desenvuelven.
- Fortalecer las políticas relacionadas con los sistemas de cuidados, los cuales son un pilar fundamental de protección y bienestar social. Invertir en estos sistemas permitirá sensibilizar a las familias, agentes educativos y a quienes cotidianamente conviven con infancias y adolescencias, sobre la importancia de la salud mental para el goce de una vida digna y plena.
Asimismo la Red destacó que el derecho a la salud mental de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad tanto en las agendas públicas como en las instituciones nacionales y locales de derechos humanos, estas tienen la importante labor de alertar continuamente sobre los hechos que puedan vulnerar el derecho a la salud mental, la vida y la integridad. Además de instar continuamente a los responsables de los diferentes mecanismos de decisión y de protección para que cumplan sus funciones de acuerdo con las normativas de cada país y se puedan fortalecer y robustecer las acciones de protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
A nivel nacional, destacamos la participación de personal técnico de la Institución en la elaboración del documento titulado “Detección y abordaje de las experiencias adversas en la infancia”.
Dicho documento está dirigido a los profesionales sanitarios, con los objetivos de incrementar el conocimiento y la sensibilización profesional sobre la naturaleza de la adversidad infantil y sus repercusiones en la salud física y mental, el desarrollo evolutivo y el bienestar y prosperidad a lo largo del ciclo vital; de mejorar la capacidad del sistema de salud para prevenir e identificar precozmente las experiencias adversas en la infancia, así como para desarrollar estrategias específicas de seguimiento y apoyo profesional bajo un modelo orientado al trauma; y de generar un programa de atención a la salud mental de adolescentes y personas jóvenes afectadas por experiencias adversas en la infancia.
Este trabajo surge tras la solicitud puesta de manifiesto por diversas asociaciones de familiares como Petales- Asociación de Ayuda Mutua, Adversidad Temprana y Apego, y AFA-SAF, la Asociación de familias afectadas por el síndrome alcohólico fetal, que se dirigieron a la Consejería de Salud solicitando el desarrollo de recursos específicos para la prevención y atención de problemas en el desarrollo afectivo y psicosocial de personas que han vivido situaciones de adversidad en la infancia (adopción internacional de diversos países donde la prevalencia de la ingesta de alcohol durante el embarazo es elevada, institucionalización, maltrato, procesos de separación de su familia biológica y de integración en familia sustituta...), eventos negativos relacionados entre sí, con carácter crónico o recurrente y efectos acumulativos, a los que se suman la insuficiencia de recursos individuales, familiares o ambientales para enfrentarlos y atenuarlos en forma satisfactoria.
Destacamos asimismo nuestra participación en el Comité asesor de un proyecto financiado por la Unión Europea cuyo objetivo es mejorar la prestación de servicios de salud mental y bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes que se llevará a cabo en España, (concretamente en Andalucía) Chipre, Italia y Eslovenia.
En Andalucía, el proyecto parte de la colaboración y participación coordinada de la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para proporcionar un conjunto de servicios completo y bien articulado orientados a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, riesgo y desamparo en el sistema de atención y protección.
El proyecto denominado «Prioridad al bienestar y salud mental de los niños, niñas y adolescentes: Abordaje de las necesidades de salud mental y bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes en el sistema de atención y protección en Andalucía» está impulsado por la lógica de que atender las necesidades de salud mental no es sólo tratar los trastornos, sino también crear entornos que fomenten la resiliencia, el bienestar emocional y la integración social. Esto requiere un cambio de paradigma hacia enfoques más integrados, colaborativos y centrados en la infancia y la adolescencia.
El proyecto se ajusta a las principales políticas e iniciativas nacionales y de la UE que subrayan la importancia de la salud mental en el desarrollo infantil y la necesidad de modelos de atención integrados. Esto incluye la alineación con la «Estrategia sobre los Derechos del Niño (2021-2024)» de la UE, que hace hincapié en el derecho de todos los niños y niñas a crecer en un entorno que favorezca su salud mental y física y su desarrollo social. Además, se ajusta a los objetivos fijados en el “Enfoque Integral sobre la Salud Mental”, que aboga por la prevención y la intervención precoz, unos sistemas de salud mental completos e integrados y el fomento de la salud mental en diversos ámbitos políticos.
Dicho trabajo pretende sentar las bases para que los niños, niñas y adolescentes del sistema de atención y protección de Andalucía tengan acceso al apoyo de salud mental que necesitan para prosperar, en la orientación hacia un futuro en el que el bienestar mental se reconozca como una piedra angular del desarrollo infantil.
En el próximo informe daremos cuenta del resultado final de este ambicioso proyecto así como de las actuaciones desarrolladas para su implementación.