La Carta de Servicios y buena práctica administrativa del Defensor del Pueblo Andaluz establece los principios generales que rigen la actuación de la Institución, los derechos de las personas usuarias y los compromisos de calidad adquiridos por la Institución para procurar la mejora periódica de los servicios que tiene encomendados.

El compromiso del Defensor con los principios y objetivos que inspiran la Carta de Servicios y buena práctica administrativa se mantiene firme a pesar de la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma en todo el territorio nacional y se establecen medidas extraordinarias para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Se mantienen también los compromisos de calidad en la tramitación de los expedientes de queja. Así se lo ha comunicado el Defensor al personal de la Institución, que sigue desempeñando sus funciones a pleno rendimiento mediante la fórmula del teletrabajo. De hecho entre el 16 y el 27 de marzo, es decir, las dos primeras semanas laborables del periodo de confinamiento, se han atendido 401 quejas nuevas,

Ello no obstante, debe tenerse en cuenta que las circunstancias excepcionales en que nos encontramos pueden dificultar la respuesta de las Administraciones Públicas a las que se dirige el Defensor del Pueblo Andaluz en el marco de la tramitación de un expediente de queja, por lo que se está priorizando el impulso de los expedientes de queja que por sus características requieran una solución urgente. Y es que una gran parte de los recursos humanos y materiales de las Administraciones Públicas están ahora mismo destinados a combatir la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

En cuanto a otros compromisos afectados por el estado de alarma cabe destacar la decisión de posponer, hasta que finalice este periodo extraordinario, la presentación del informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz al Parlamento de Andalucía. Esta presentación, de acuerdo con lo previsto en la Carta de Servicios y buena práctica administrativa, debía llevarse a cabo en el primer trimestre del año.

Igualmente, durante el estado de alarma el Defensor del Pueblo Andaluz no puede ofrecer el servicio de atención presencial a la ciudadanía, dadas las restricciones de movilidad impuestas, aunque se mantiene en su totalidad el servicio de atención telefónica, así como la atención a las consultas a través de la sede electrónica y redes sociales. Cabe destacar en ese sentido la atención de 627 consultas entre el 16 y el 27 de marzo.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, hace un llamamiento humanitario ante la grave situación que atraviesan las personas mayores residentes en centros privados, públicos o concertados en Andalucía y pide respuesta a esta emergencia social ante los casos de infectación y fallecimientos de personas mayores que se están sucediendo en estas residencias, al igual que en otros puntos del territorio español.

La envergadura de este problema y su dimensión humanitaria hacen necesaria una investigación de oficio de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz para acceder a la información que permita analizar el cumplimiento de las competencias y obligaciones por la Administración pública andaluza, siempre desde la perspectiva de la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.

A raíz de la ingente información pública conocida y de las denuncias que han llegado a la Institución, el Defensor del Pueblo Andaluz considera que es imperiosa la necesidad de extremar las precauciones y medidas de protección de las personas mayores que viven en residencias, como colectivo de especial vulnerabilidad por la limitación de sus capacidades y su exposición al contacto humano, al depender absolutamente de él para su supervivencia ordinaria.

De la misma forma, también considera que es prioritario que las administraciones se coordinen para resolver las dificultades de organización y de respuesta para afrontar las situaciones de riesgo generadas por la falta de equipos de protección y abordar las pruebas de detección de la enfermedad.

Son muchas las denuncias públicas que han llegado a la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz por la falta de los equipos de protección a los profesionales para atender a estas personas, con riesgo de contagio mutuo; el desconocimiento de a quién deben instar su aprovisionamiento; la omisión de la práctica de la prueba de coronavirus a residentes mayores que en estos días han sido ingresados en hospitales por neumonía o pudieran padecer la enfermedad por sus síntomas; la carencia de espacios para el aislamiento de los contagiados o residentes con sospecha de afectación vírica; la falta de personal por las bajas sobrevenidas, entre otras.

También hemos prestado especial atención a las declaraciones publicadas de la Administración sanitaria, alusivas a la cuantificación en 700 de las residencias, públicas y privadas, existentes en nuestra Comunidad Autónoma, a sus 45.000 residentes, a los intentos de aislamiento de los casos positivos detectados, a la revisión de las condiciones higiénicas y sanitarias de los inmuebles y al contacto con fines de coordinación con la Consejería de Igualdad. Así como conocido, la labor de desinfección de la Unidad Militar de Emergencias en diversas Residencias de mayores.

Es por ello, que tras el análisis de toda esta información y del manejo respetuoso y objetivo de la misma, nos hemos dirigido a la Consejería de Salud y Familias y a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía para conocer las medidas específicas adoptadas para la salvaguarda de la salud de las personas mayores residentes en los centros de Andalucía, cualquiera que sea su titularidad, frente al riesgo de contagio por COVID-19, la previsión para realizar las pruebas de detección diagnósticas específicas, además de las actuaciones de coordinación realizadas para garantizar su atención y protección.

Esta situación es la que motiva la preocupación del Defensor del Pueblo Andaluz y su actuación para la protección del colectivo de personas mayores, considerado el más vulnerable de esta crisis sanitaria y de emergencia social, la situación en la que se encuentran tras la declaración de la pandemia internacional del COVID-19.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu muestra su preocupación por la situación concreta de la vivienda en el caso de muchas familias andaluzas.

Para el Defensor andaluz, el derecho a la vivienda, en las actuales circunstancias, es uno de los más afectados, ya que el no poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada dificulta el ejercicio de otros derechos fundamentales, entre ellos el propio derecho a la salud.

Es por ello que se ha dirigido a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio interesándose por las medidas concretas que se están poniendo en marcha para garantizar este derecho entre los colectivos con mayores necesidades de vivienda.

La Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19, en lo que respecta a los servicios declarados en materia de Vivienda se contemplan: coordinación Área de vivienda; gestión de pagos a promociones de viviendas en alquiler, a promotores de viviendas y a obras en ejecución; coordinación Ayudas Rehabilitación Edificios y Viviendas y control de aprobación del Plan.

Para el Defensor del Pueblo Andaluz es preciso una mayor concreción de estos servicios, que responda a las necesidades específicas de vivienda de una parte importante de la población andaluza. Es el caso de las ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde al ya extraordinario retraso que vienen sufriendo ahora se añada “la posible paralización, si quiera transitoria, del procedimiento de resolución y pago, especialmente de las solicitudes formuladas por los colectivos que se consideraron prioritarios, por no haberse considerado por la administración autonómica la prestación de este servicio como esencial”.

El Defensor del Pueblo Andaluz es consciente de que en el actual contexto de emergencia sanitaria y de confinamiento de la población pierden validez los parámetros de tiempos ordinarios pero considera importante recordar que precisamente los defectos procedimentales que se vienen arrastrando en la gestión de estas ayudas -al igual que alertó hace unos días sobre la renta mínima-, con retrasos y demoras considerables, colocan a estas personas, ya en situación de vulnerabilidad, en una situación aún mayor de necesidad.

En la misma línea, el Defensor quiere conocer si se van a poner en marcha otras medidas específicas en materia de vivienda por parte de nuestra Comunidad Autónoma.

Hasta la fecha, el paquete del Gobierno de la Nación de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 contempla asegurar la protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria, a fin de garantizar su derecho a la vivienda.

Asimismo, otras comunidades autónomas han llevado a cabo otro tipo de iniciativas encaminadas a paliar los efectos de esta crisis sanitaria, adoptando medidas tales como la moratoria del pago del alquiler de las viviendas sociales de su patrimonio residencial, mientras dure la misma.

La profunda brecha que la crisis sanitaria abre en nuestro país está golpeando con más virulencia a las personas en situación de exclusión social por lo que deben ser especialmente contempladas como destinatarias de medidas que mitiguen este impacto. Ello genera la obligación en los responsables públicos de adoptar medidas extraordinarias, aplicando criterios de justicia social.

Desde que se declarara el estado de alarma, han sido más de medio centenar las personas que han acudido al Defensor del Pueblo Andaluz para manifestar su temor y su desolación, a través de las redes sociales, y de las consultas a la Oficina de Información o mediante la forrmalización de su queja vía telemática, por la preocupación ante la falta de ingresos y el pago de las ayudas del alquiler, la necesidad de vivienda de personas con menores y los desahucios que se estaban tramitando, entre otros asuntos.