El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio para conocer las actuaciones que está llevando a cabo la Consejería de Educación ante la supresión del servicio de comedor escolar en 132 centros educativos de Andalucía.

En la queja de oficio remitida a la Consejería, el Defensor se interesa por el horizonte temporal previsto para poner en funcionamiento este servicio, suspendido desde el inicio del curso por renuncia de las empresas concecionarias que debían prestarlo durante el curso 2020-2021.

El Defensor del Pueblo mantuvo una reunión con la Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (Codapa) -que representa a 2.700 AMPA de Andalucía- que le advirtieron de esta situación, además de las informaciones de los medios de comunicación y las quejas recibidas en la propia Institución.

La suspensión se ha dado desde el primer día de clase en centros de infantil y primaria de nuestra comunidad autónoma, cuando los padres y madres fueron informados de que sus hijos e hijas no tendrían servicio de comedor escolar. Si bien dicha situación afecta a todas las provincias andaluzas, excepto Cádiz, la mayor parte de los centros docentes en los que no se está prestando el servicio se encuentran en Jaén y Málaga, suponiendo esto que 12.000 alumnos y alumnas no están recibiendo el servicio, con los graves perjuicios que ello está ocasionando para el alumnado que se beneficia de los planes de garantía alimentaria y para la conciliación de la vida laboral y familiar.

Según señalan los medios de comunicación que se han venido haciendo eco de las noticias, mientras que por parte del Gobierno andaluz se explicaba que la situación se ha debido a la quiebra de dos empresas adjudicatarias, las cuales habían comunicado sus problemas sin tiempo para poder resolverlo, ambas empresas aseguraban que podían empezar la actividad en cualquier momento, pero que la misma Junta de Andalucía les debía 1,5 millones de euros, por lo que no contando con esta importante suma no podían iniciar el servicio. No obstante, la Consejería de Educación y Deporte aseguró en aquel momento que la situación se arreglaría en dos semanas, aunque superadas con creces y no resuelto el problema, ahora no señala plazo alguno para la apertura de los comedores.

El Defensor del Pueblo ha subrayado que "esto nos hace temer -y a la comunidad educativa afectada también- que pudiera ocurrir lo que ya sucedió en el curso pasado en la provincia de Jaén, y que fue objeto de la tramitación, por parte de esta Defensoría". En aquella ocasión, la empresa adjudicataria del servicio de comedor escolar de 37 centros docentes de esta provincia, situados en 25 municipios, había anunciado a la Junta de Andalucía que a partir del día 15 de octubre dejaría de prestar el servicio, y así lo hizo. Si bien la Consejería de Educación había tratado de buscar una solución ofreciendo la actividad a otras empresas del sector -hasta a 60 de ellas- ninguna había aceptado por las condiciones en las que tenían que asumir el encargo. Lo cierto y verdad fue que los escolares afectados -2.000-, no volvieron a recibir el servicio de comedor hasta bien entrado el mes de febrero, es decir, cuatro meses después de que se produjera el conflicto.

A nuestro fundado temor basado en los antecedentes con los que contamos, se suma el que en declaraciones de la Consejería de Educación y Deporte, según se señala en las noticias, aunque obviamente se expresa que la intención es la de reponer el servicio lo antes posible, se advierte de la dificultad por el escaso atractivo que resultan los contratos propuestos. Como solución temporal, entonces y ahora, se ha puesto en marcha -y no aún en todos los centros docentes- las que se denominan “aulas de espera”, que si bien son gratuitas y cuentan con personal al cuidado del alumnado hasta la llegada de los padres y madres a las 16.00, el alumnado solo podrá comer un bocadillo o comida fría, ya que los monitores no cuentan con autorización para manejar alimentos. Además, lo que añade gravedad al problema, es que las “burbujas” del alumnado agrupado como grupo de convivencia estable se rompen, puesto que en esa situación se mezcla el alumnado de todas las edades.

Para empeorar aún más la situación, desde la Asociación empresarial de restauración colectiva de Andalucía (Aercan), se señala que esto es solo la punta del iceberg, y que “caerán” más empresas, puesto que el modelo de servicio de comedor escolar arrastra una delicada situación desde tiempo atrás, llegando a ser ahora insostenible. Subraya, además, que ellos no están obligados a contratar más monitores, ni a ofrecer medidas sanitarias al alumnado, como les han insistido desde la propia Junta de Andalucía, habiendo solicitado de esa Consejería que se modifiquen los contratos para cubrir los gastos extraordinarios, a lo que, según señalan, no han recibido respuesta.

Teniendo en cuenta, pues, los antecedentes expuestos, de conformidad con el art. 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora de esta Institución, y a tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, consideramos procedente iniciar la presente actuación de oficio, por lo que, en consecuencia, en base a los artículos 18.1 y 19.1 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, nos hemos dirigido a la Consejería de Educación y Deporte solicitando información sobre qué actuaciones que se están llevando a cabo para solventar el grave problema planteado, así como qué horizonte temporal se prevé para poder darle solución.

Las instituciones del Defensor del Pueblo se configuran como instituciones idóneas para el impulso de la mediación. Esta es una de las 17 conclusiones del Simposio internacional sobre Mediacion y Tribulanes que celebró su cuarta edición el pasado mes de septiembre, del 21 al 25,  organizado por GEMME España.

Ha sido la primera vez que este congreso se desarrollaba en modo virtual, debido a las restricciones por el coronavirus. La acogida por parte de los profesionales llamados a participar: jueces y magistrados, abogados, mediadores, psicólogos, docentes y otras profesiones con interés en los métodos alternativos de resolución de conflictos, ha superado todas las expectativas, registrándose casi 700 asistentes. Su presidenta, Rosalía Fernández Ayala, cerró el acto con un mensaje que resume las conclusiones del Simposio "Otra justicia es posible. Confiamos en la madurez de la ciudadanía. Y la ciudadanía quiere diálogo y necesita paz"

Como colofón de las cinco jornadas que han integrado el simposio, se han presentado 17 conclusiones. 

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha cifrado hoy en más de 5.000 actuaciones las gestionadas específicamente a causa de la COVID-19. En concreto, han sido 1.606 quejas y 3.474 consultas las tramitadas a fecha de 30 de septiembre consideradas como específicas de COVID-19, y que se añaden a las restantes demandas de la ciudadanía trasladadas a este comisionado parlamentario.

En su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo andaluz y Peticiones para el debate del Informe Anual 2019, Jesús Maeztu ha incorporado a la presentación de la memoria sobre las gestiones realizadas en el año de referencia una lectura sobre cómo están evolucionando a causa de esta crisis sanitaria los derechos de la ciudadanía, cuya defensa y garantía están encomendadas a esta Institución, y a la espera de un análisis más exhaustivo que contendrá un informe extraordinario que este comisionado espera presentar en el Parlamento en noviembre.

Jesús Maeztu ha señalado que la vulnerabilidad económica y social continuaba amenazando a una buena parte de los andaluces a finales de 2019 y que, ante la irrupción de la pandemia,” esas circunstancias no han hecho más que agravarse”. “La irrupción de la COVID ha vuelto a amenazar esta estabilidad”, ha señalado el Defensor del Pueblo, quien ha destacado la vulnerabilidad de los trabajadores pobres; los niños y niñas que sufren pobreza infantil; las personas mayores de 65 años en un evidente riesgo de vulnerabilidad; las personas migrantes, con un riesgo enorme de caer en la pobreza; la vulnerabilidad de familias con hijos dependientes o mujeres solas con hijos, y de las personas necesitadas de vivienda, entre otras.

“La COVID ha certificado la vulnerabilidad de los grupos citados, y otro tipo de violencias. Y sin un escudo social que garantice unas mínimas condiciones a estas personas en situación de vulnerabilidad volveremos a presenciar el mismo escenario que hace una década con la crisis financiera. Esta intervención de los poderes públicos deberá tener una misión esencial: debe estar destinada a corregir un efecto intrínseco de todas las crisis, la desigualdad”, ha señalado Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz ha proporcionado a la comisión algunas lecciones que en opinión de la Defensoría está aportando la gestión de esta epidemia, algunas de las cuales ya estaban siendo detectadas a principios de año.

En primer lugar, Jesús Maeztu ha citado la vulnerabilidad de las personas mayores, “con quienes la crisis sanitaria de la COVID-19 ha evidenciado nuestras miserias, y su abandono, por la falta de recursos adecuados para atenderlas”. El Defensor ha citado los casos de muertes de personas mayores en las residencias, sobre quienes mantiene abierta una queja de oficio, ampliada tras detectarse nuevos casos de contagio.  El Defensor ha incidido en la necesidad “de un cambio en profundidad sobre el modelo de atención a estas personas, así como de un reforzamiento de los servicios sociales comunitarios”.

En segundo lugar, el Defensor del Pueblo andaluz se ha referido al derecho a una buena administración. Para el comisionado, la crisis de la COVID-19 ha demostrado que, ante una situación de grave desprotección, los servicios públicos provocan garantía de seguridad y de tranquilidad. Ha sido el caso para el Defensor de la sanidad, para la que ha pedido su reforzamiento. El Defensor ha resaltado la crisis en la atención primaria, para lo que ha abierto una queja de oficio, y la importancia de la salud mental.

• El plazo para participar es del 5 de octubre al 12 de noviembre, ambos inclusive
• El fallo de los premios será el 20 de noviembre, Día Universal del Niño

El Defensor del Menor de Andalucía ha puesto en marcha una nueva edición del Premio del Menor “Así veo mis derechos”. En concreto, la Institución dirigida por Jesús Maeztu celebra la décimo tercera edición de este concurso.
 

Este Premio va dirigido a los centros educativos -todos los de Primaria, Secundaria y Educación Especial de Andalucía- y pretende promover que los niños y niñas conozcan sus derechos y fomentar la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección.

Para el Defensor del Menor, hoy más que nunca, es necesario escuchar la voz de los menores y cómo están viviendo sus derechos, y el Premio del Menor de Andalucía es una oportunidad única para que los niños y niñas andaluces, de la mano de sus educadores, conozcan un poco más sus derechos y deberes.

Con ese espíritu, tras el retorno de los niños, niñas y adolescentes a las aulas, la Institución ha querido recuperar el objetivo del Premio del Menor de Andalucía que desde hace ya 13 años organiza como Defensor del Menor de Andalucía, en estrecha colaboración con toda la comunidad educativa.

Para la Institución andaluza, la situación de excepcionalidad que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, que está marcando nuestra cotidianidad, no puede entorpecer esta importante cita anual.

El Premio del Menor de Andalucía es una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos. Entre ellos, derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc. Su objetivo es promover el conocimiento sobre los derechos entre el público infantil y adolescente y hacer valer sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias.

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la Dirección de los centros y consta de dos modalidades: dibujo, para Primaria y Educación Especial; y un vídeo, para Secundaria y Educación Especial. Cuenta también con la colaboración de organizaciones como Save the Children y Unicef y el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor del Menor en Andalucía.

El Defensor del Menor de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz convoca este certamen dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Universal del Niño.

Más información de la XIII edición del Premio del Menor en: http://www.asiveomisderechos.es

· Denuncia que personas carentes de recursos o ingresos se encuentran atrapadas en la maraña burocrática del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima andaluza, y lamenta la falta de información o el asesoramiento erróneo de las administraciones

· Solicita a la Consejería de Política Social que aclare cuál está siendo la práctica que se ha adoptado con los expedientes de renta mínima, en cualquiera de sus fases, tras la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, y el criterio adoptado para la suspensión del pago de la prestación que le trasladan las personas afectadas

· Se muestra convencido de la posibilidad de pervivencia de la prestación andaluza para dar amparo a todas las personas urgidas de protección social sin demora

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha vuelto a requerir a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales una respuesta ante su petición de que reconfigure la Renta Mínima de Andalucía para hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital y que ponga fin a los procedimientos que continúen abiertos desde la entrada en vigor de la prestación autonómica en 2018.

El Defensor andaluz ha lamentado la falta de respuesta sobre su último llamamiento realizado el pasado junio y ha advertido de la necesidad de conocer los planes de la Consejería ante “un agravamiento de la situación de las personas carentes de recursos o ingresos, que se encuentran atrapadas en la maraña burocrática del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima andaluza”. Entre otras cuestiones, Jesús Maeztu ha citado en su petición casuísticas como aquellas personas que han solicitado el ingreso mínimo vital y, sin llegar a obtener una respuesta, han dejado de percibir la renta mínima de inserción social en Andalucía sin notificación previa, así como otros que han tramitado la renovación de la renta mínima y pedido el ingreso mínimo estatal, sin que la Administración resuelva.

Del mismo modo, el Defensor denuncia la falta de información o el asesoramiento erróneo que desde cualquiera de las Administraciones implicadas (autonómica o local) se ofrece a las personas interesadas, “que las lleva a solicitar el ingreso mínimo vital y a desistir de la renta autonómica, a pesar de que esta última está en vigor y tiene un claro ámbito de cobertura legal, llamado a dar respuesta a todos aquellos a quienes se deniegue el primero y, muy particularmente, puede proteger a aquellos cuya solicitud de ingreso mínimo vital se desestime por tomar en consideración una capacidad económica desajustada con la realidad actual (por ir referenciada a 2019), en vez de contemplar la situación a la fecha de solicitud, como adecuadamente establece la renta andaluza”.

En definitiva, el Defensor le recuerda a la Consejería que la desinformación de la población andaluza, la casuística compleja y variopinta, el surgimiento del ingreso mínimo vital, el carácter subsidiario de la renta mínima, el retraso en la resolución de expedientes con una importante demora y la pluralidad de situaciones derivadas de las medidas extraordinarias de la renta mínima autonómica (renovaciones automáticas, prestaciones extraordinarias, plazos diversos de solicitud y percepción, así como de vigencia), hacen imprescindible que esa Consejería dé cumplimiento a todas y cada una de las Recomendaciones que le dirigimos el pasado 22 de junio y, en todo caso, que dilucide las complejidades expresadas. La Consejería tenía un mes para responder.

El Defensor solicita que se aclare cuál está siendo la práctica que se ha adoptado en relación con los expedientes de renta mínima, en cualquiera de sus fases, tras la entrada en vigor del ingreso mínimo vital y el criterio adoptado para la suspensión del pago de la prestación que nos trasladan las personas afectadas. Por último, el Defensor manifiesta su convencimiento de la posibilidad de pervivencia de la renta mínima de inserción social en Andalucía, ya que en su actual regulación presenta un ámbito de cobertura compatible con el ingreso mínimo estatal, cuya subsistencia permitiría dar amparo a todas las personas urgidas de protección social sin demora.

· Las quejas ciudadanas denuncian inaccesibilidad e inoperatividad

· Los profesionales advierten de desgaste y saturación

· La Institución del Defensor quiere conocer los criterios de reorganización y extraer posibles propuestas de mejora desde la perspectiva de los derechos de la ciudadanía

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio sobre la atención primaria ante la crisis sanitaria de la COVID-19, con el objetivo de analizar las posibles deficiencias de los protocolos y criterios adoptados para la dispensación de este servicio sanitario público y extraer conclusiones y posibles propuestas de mejora desde la perspectiva de los derechos de la ciudadanía.

En la atención primaria recae la responsabilidad de acometer el control inicial de los brotes víricos, además de continuar con las funciones propias de su cartera de servicios, de ahí que para el Defensor andaluz es fundamental “una adecuada prestación de este servicio público en un contexto como el que vivimos, así como su adaptación eficaz y eficiente a una realidad sanitaria de duración incierta, regida por nuevos parámetros”.

Las quejas recibidas en la Institución andaluza denuncian, entre otras causas, disfunciones e insuficiencias de la atención primaria de salud: falta de información suficiente y adecuada; dificultades para obtener cita, problemas para una atención presencial en centro de salud o insatisfacción con el resultado de la consulta telefónica; dificultades para la práctica de pruebas; criterios para la práctica de la PCR, excesiva demora en los resultados, etcétera. Por su parte, los profesionales de la atención primaria, atendiendo en estos casos a las manifestaciones públicas, denuncian saturación y advierten de un riesgo de colapso.

Para el Defensor estos testimonios evidencian, de una parte “que la atención primaria aparenta haber dejado de tener presencia en el día a día de quienes la precisan, por inaccesibilidad e inoperatividad” y, de otra, el desgaste de sus profesionales ante una nueva modalidad de atención sanitaria no presencial en la que han de conjugar la demanda ordinaria con “las labores sobrevenidas para hacer frente en este nivel a los brotes por coronavirus, que incluyen, entre otras, el rastreo, el control domiciliario de personas con síntomas y la cobertura a centros sociosanitarios y escolares”.

El Defensor andaluz es consciente del esfuerzo que supone la reorganización forzosa por la crisis sanitaria de este servicio de primer nivel de acceso al sistema sanitario público en Andalucía, con 1.517 centros de salud y consultorios en la 216 Zonas Básicas de Salud de nuestra Comunidad, pero, precisamente por el valor que la atención primaria ostenta como servicio sanitario público para toda la población, considera necesario analizar la dispensación de este servicio en el actual escenario de crisis sanitaria desde la perspectiva de la defensa de los derechos de la ciudadanía”.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio sobre los servicios de urgencias de atención primaria en los ámbitos rurales. La intención es conocer la reorganización de los mismos por la crisis sanitaria y la previsión temporal para la reanudación de su actividad.

En Andalucía existen 34 Distritos Sanitarios, y vamos a tomar como modelo la provincia de Huelva, en concreto, su Distrito Sanitario Condado-Campiña. Este distrito da cobertura a sus siete Zonas Básicas de Salud, todas ellas de naturaleza rural (La Palma del Condado, Gibraleón, Condado Occidental, Campiña Sur, Campiña Norte, Bollullos Par del Condado y Almonte).

El Defensor del Pueblo andaluz se ha decantado por esta zona tras la comparecencia ante esta Institución de representantes de las alcaldías de tres de los Ayuntamientos incardinados en este Distrito: San Bartolomé de la Torre, de la zona básica de Gibraleón, por un lado y Escacena del Campo y Paterna del Campo, de la zona básica de La Palma del Condado, por otro. Los representantes consistoriales concurrentes nos trasladaban la importancia que el servicio de urgencias dispensado en los centros de salud o consultorios referidos fuera del horario matutino ordinario y dotado con un vehículo tipo ambulancia, representa para sus respectivas poblaciones, por su ubicación y entorno y la elevada edad de sus vecinos, haciéndose eco del rechazo de estos frente a la suspensión de la actividad del punto fijo del servicio de urgencias de atención primaria, al haberse determinado concentrar la atención urgente en un solo centro dentro de la zona básica de salud.

• Un minuto de silencio desde la Institución en homenaje y reconocimiento a su labor construyendo los primeros pasos hacia la consolidación de la figura del Defensor del Pueblo Andaluz como garante de los derechos y libertades de nuestra ciudadanía 

Como Defensor del Pueblo andaluz, quiero transmitir mis condolencias y mi pesar a la familia y amigos de Manuel Conde-Pumpido (Caldas de Reyes, Pontevedra 1927), con quien tuve la suerte de trabajar en esta Institución en la década de los 90 tras ser nombrado su adjunto primero. La vida me ofreció la oportunidad de colaborar con él desde las instalaciones del Patio de Banderas y sustituirle en funciones en 1995 para volver a ser el titular de la Defensoría desde 2013, en sustitución de José Chamizo, hasta hoy. Las personas que hemos tenido el honor de representar esta figura hemos trabajado con un fin compartido: cumplir el mandato estatutario que nos obliga a defender los derechos de los andaluces y de los andaluzas, y ayudarles a resolver sus problemas y conflictos en sus relaciones con las administraciones públicas.

Manolo, como se le recuerda en la oficina, fue una referencia en cuanto a la interpretación jurídica de los problemas que nos trasladaba la ciudadanía. Su experiencia como jurista, tras obtener la Licenciatura de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, acreditó su valía para el desempeño de este comisionado parlamentario, en quien los andaluces confían como herramienta de diálogo, transparencia y cercanía. Tras una década como Defensor del Pueblo andaluz, dos mandatos desde 1984 a 1995, Conde-Pumpido se reincorporó a la carrera judicial. Finalizó su compromiso tras presentar un último informe en el Parlamento, sobre las barreras arquitectónicas, un nuevo ejemplo de meticulosidad, rigor y pedagogía, un sello en la manera de entender la función de esta institución que hemos tratado de conservar. Su sentido común a la hora de interpretar las inquietudes de la ciudadanía y su preocupación por cumplir con las expectativas de quienes se dirigen a nosotros en la búsqueda de una solución a sus problemas han sido su legado.

Hoy, rememoran conmigo muchos trabajadores que aún continúan en la Institución ese legado y su mérito construyendo los primeros pasos hacia la consolidación de esta figura como garante de los derechos y libertades de nuestra ciudadanía.

Gracias, Don Manuel por dejarnos una Institución que entronca con las aspiraciones y reivindicaciones de los andaluces y andaluzas, con honestidad, ejemplaridad y compromiso. Los comienzos siempre son difíciles y al recibir tu herencia y el trabajo posterior de José Chamizo, podemos hoy seguir cumpliendo con imparcialidad, compromiso y cercanía, tu esfuerzo y lucha por la igualdad, la justicia y la paz en conviviencia con toda la ciudadanía.

Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz.