El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado hoy la necesidad de contar con un sistema integral de acogida y acompañamiento para la adecuada atención de los colectivos vulnerables, de manera que “podamos salir todos a una” de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de COVID-19 y aprender lecciones de esta experiencia.

Tras la entrega del Informe Anual 2020 del Defensor del Pueblo andaluz a la presidenta del Parlamento andaluz, Jesús Maeztu ha reivindicado la construcción de un “verdadero sistema de protección” para los colectivos que necesitan de una ayuda pública, y ha puesto como ejemplo las personas necesitadas de unos ingresos mínimos o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; la intervención en barrios marginales; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados, o las personas que padecen una enfermedad mental. "Estos colectivos vulnerables necesitan de un sistema de primera acogida bien planificado que les marque un itinerario hacia la inclusión", ha señalado el Defensor.

Estas necesidades se han visto identificadas en el balance realizado por el Defensor del Pueblo andaluz en el Informe Anual 2020, en el que la Institución ha vuelto a superar sus registros históricos. En 2020 fueron 29.823 las actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía ejecutadas por la Defensoría. Estas se reparten entre la gestión de 12.573 quejas, de las que 8.752 fueron nuevas (8.665 a instancia de parte y 87 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores; la atención de 16.828 consultas, y 422 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc...). En total, fueron 35.146 personas las que requirieron en 2020 la intervención de este comisionado parlamentario.

El diseño de un sistema de protección público es una de las lecciones que el Defensor del Pueblo andaluz ha extraído de un año “que no debemos olvidar, para aprender de sus errores”. Jesús Maeztu ha destacado la urgencia de un reforzamiento de los servicios públicos. “Si una lección nos va a dejar esta pandemia, que es una crisis sanitaria, es la necesidad de un sistema sanitario y de servicios sociales de calidad", ha señalado.

Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que esta crisis supone una oportunidad para promover y consolidar una economía de cuidados, con los beneficios que conllevaría esta reorientación de las políticas públicas en la generación de empleo y en los cuidados tanto de personas mayores como de la infancia y la adolescencia, así como en el tratamiento de la salud mental, agravada por la COVID-19.

En el balance de un año marcado profundamente por la pandemia, el Defensor del Pueblo andaluz se ha referido, además, a la necesidad de mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, haciéndolos "más humanos". Las personas se han encontrado con el colapso o mala atención en los servicios de información o reserva de citas, lo que ha aumentado la desesperación de la ciudadanía y las demandas de ayudas y asesoramiento ante el Defensor del Pueblo andaluz. "Necesitamos de las administraciones que ofrezcan una información clara, coherente, sencilla, veraz e inequívoca", ha expuesto el Defensor, que ha sumado la brecha digital, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social.

En definitiva, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que todas las acciones por parte de las administraciones públicas deben ir encaminadas hacia la igualdad real de toda la ciudadanía, ya que el impacto de la pandemia ha incrementado el riesgo de pobreza y exclusión social, y la desigualdad existente en Andalucía.

“Valga este trabajo para analizar la evolución de aquellos problemas que ya teníamos diagnosticados y los nuevos retos como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria en nuestra sociedad, en respuesta a las demandas que nos sigue trasladando la ciudadanía”, ha concluido el Defensor del Pueblo andaluz.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha propuesto una serie medidas que puedan servir como guía y referente para enfrentar y solucionar el problema de los cortes de luz que se está produciendo en distintos barrios de Andalucía, “lo que está constituyendo un problema social grave para miles de personas”.

En varias resoluciones enviadas a a la Delegación del Gobierno en Andalucía; las Consejerías competentes en materia de energía y vivienda de la Junta de Andalucía; a la Fiscalía; a Endesa como principal empresa suministradora y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Defensor del Pueblo andaluz ha considerado que, “para la consecución real de este objetivo, no basta con una mera declaración de voluntad, sino que es necesario también adoptar un enfoque diferente del problema, que nos permita superar las carencias de las medidas y los planes actualmente en aplicación”.

En este sentido, el Defensor del Pueblo andaluz ha planteado que el abordaje de esta compleja situación requiere de una intervención coordinada de las distintas Administraciones competentes y de la empresa suministradora, y ha propuesto la inmediata puesta en marcha de un Plan de choque que ofrezca resultados en poco tiempo.

Un paso previo debe ser, en opinión de la Institución, la elaboración de un mapa de riesgos de las zonas y las localidades de Andalucía donde los cortes de luz se hayan convertido en un problema social grave. Una vez realizado, el Defensor ha planteado un plan de actuaciones singularizado y adaptado a cada zona, junto a la creación de equipos de intervención con técnicos de las administraciones implicadas. Entre otras medidas, el Defensor ha reclamado la adopción de cuantos medios y recursos sean necesarios, y el seguimiento y evaluación continua de las medidas.

Maeztu ha recomendado un modelo de intervención coordinada entre las administraciones y la empresa suministradora similar al que ya se viene trabajando en la Zona norte de Granada, pero evitando repetir los errores y disfunciones que han impedido la solución definitiva al problema. El Defensor del Pueblo andaluz ha comprobado in situ estas situaciones en la visita que realizó a Granada, en la que visitó viviendas de vecinos afectados, centros sanitarios y educativos, así como investiga las quejas de otros municipios andaluces.

Para el Defensor, se trata de una realidad insostenible y con serias consecuencias para la vida de las personas que residen en estos barrios andaluces, que exige garantizar el suministro a la población a la vez que luchar contra delincuentes y defraudadores para acabar con las situaciones de inseguridad y desprotección de las personas que sí cumplen con sus deberes para poder disfrutar de este servicio esencial.

“Se trata de un derecho básico, como es el derecho a disponer en los hogares de un suministro eléctrico en condiciones mínimas de seguridad y calidad, además de que concurren otras consideraciones como la lucha contra el tráfico de drogas o la prevención del fraude en los suministros, que no deben obviarse, pero sí afrontarse de otra forma. Por eso, pedimos medidas excepcionales y coyunturales, mientras se sigue librando la batalla de fondo contra delincuentes y defraudadores”, ha indicado el Defensor.

Entre las medidas que el Defensor del Pueblo solicita se encuentran las siguientes:

A la Delegación del Gobierno central en Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz ha propuesto el diseño y ejecución de un plan de intervención que permita, con la colaboración de Endesa si fuere necesario, identificar todas las viviendas en las que se realiza la actividad delictiva dedicada a plantaciones de marihuana en el interior de viviendas y proceder al desmantelamiento, tanto de las plantaciones, como de las instalaciones asociadas al cultivo (elementos de iluminación, calefacción, refrigeración y cableado eléctrico) que sirven de apoyo al cultivo y constituyen el principal factor de incidencia en la red eléctrica. También que las actuaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ejecución de dicho plan de intervención tengan el debido seguimiento en el tiempo para comprobar que las viviendas no vuelvan a albergar plantaciones de marihuana. Por último, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantengan una función de acompañamiento de los técnicos de Endesa y de los inspectores de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en su labor de vigilancia y control sobre el uso indebido de viviendas protegidas pertenecientes al parque público.

A la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), el Defensor del Pueblo andaluz ha planteado que desarrolle una regulación y control del parque público, además de planes de inspección específicamente dirigidos a intervenir en las viviendas públicas que se destinen a plantaciones ilícitas de marihuana y evitar nuevas ocupaciones o nuevos usos fraudulentos; y que inspeccione las viviendas públicas en las que se producen enganches ilegales al suministro eléctrico a fin de comprobar que mantienen unas condiciones de uso y habitabilidad conforme a las normas, especialmente por lo que se refiere a sus instalaciones de uso común y, en particular, las instalaciones eléctricas.

A la Dirección General de Energía, el Defensor ha pedido que impulse la realización en todas las zonas donde se produce en mayor medida este problema de los cortes reiterados y prolongados de luz, una auditoría externa para conocer el estado real de las redes eléctricas y de todas las instalaciones y equipamientos que intervienen en el suministro eléctrico. En función de los resultados obtenidos en estas auditorías, el Defensor ha reclamado que adopte las medidas necesarias para impulsar un plan extraordinario de renovación y mejora de las redes eléctricas de las zonas y barriadas que lo precisen.

A la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Defensor le ha solicitado que impulse ante los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales la actuación de los servicios sociales comunitarios en la búsqueda de soluciones que permitan la regularización del suministro de aquellas personas enganchadas ilícitamente por problemas de pobreza energética que residen en las zonas afectadas por el problema de los cortes de suministro, informe de las posibilidades que ofrecen el bono social y las ayudas sociales, y, en colaboración de la compañía suministradora, solvente el problema que para la normalización de los suministros enganchados conllevan los costes derivados del pago del fluido defraudado a la empresa suministradora, así como los costes de reconexión y los derivados del arreglo de las instalaciones y la colocación de nuevos equipos de medida.

A Endesa el Defensor del Pueblo andaluz le ha planteado que ponga los medios necesarios para que las zonas afectadas por los cortes de luz dispongan de potencia suficiente para que los cortes no se produzcan, y un plan especial y urgente de renovación y mejora de las redes e instalaciones eléctricas existentes en las barriadas y zonas donde se producen los cortes de luz. Asimismo, el Defensor ha sugerido a Endesa que ponga a disposición los medios necesarios para llevar a cabo una colaboración activa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la detección y erradicación de los enganches ilegales y de los destinados a actividades delictivas como el cultivo de marihuana; con AVRA en la detección y regularización de las instalaciones irregulares, y con los Ayuntamientos en la realización de labores de información sobre el bono social eléctrico y para conseguir la regularización de los suministros enganchados y el arreglo de las instalaciones y equipos en mal estado.

Por último, el Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado estas propuestas a la Fiscalía para que las tome en consideración, al tiempo que ha pedido una colaboración efectiva con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con las prácticas delictivas vinculadas al cultivo de marihuana, no solo mediante el ejercicio de las oportunas acciones penales, sino también adoptando medidas que ayuden a facilitar la labor policial contra esta lacra e incrementen el efecto punitivo y disuasorio sobre las mafias al encarecer el coste de desarrollar estas prácticas ilícitas en estas zonas.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha transmitido su pésame a los familiares y amigos de Xabier Markiegi, quien fuera Ararteko entre 1995 y 2000. A mediados de la década de los 90, Markiegi coincidió con el actual Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, que se encontraba en funciones en un anterior mandato.

Las relaciones entre ambas instituciones de País Vasco y Andalucía siempre han sido ejemplares, caracterizadas en este periodo por la colaboración y el trabajo que desempeñaron juntas. Una relación entre los titulares de las Defensorías que se mantuvo en los términos de amistad, respeto y colaboración una vez tanto Maeztu como Markiegi cesaron en sus responsabilidades, dejando su trabajo como legado.

Markiegi falleció este pasado domingo en su domicilio de Aguadulce (Almería) a la edad de 82 años. Compartimos el pronunciamiento del Ararteko, Manuel Lezertúa, de que el mandato de Markiegi se recuerda como el de la consolidación de esta institución y la apertura a la sociedad con las oficinas de Bilbao y San Sebastián.

Descanse en paz.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido hoy con la directora general de Políticas Migratorias de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, María del Mar Ahumada. El Defensor del Pueblo andaluz ha conocido el proyecto de Estrategia en materia de políticas migratorias del Gobierno autonómico.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha trasladado hoy a la compañía Endesa su preocupación por el grave problema social que genera en los derechos de los consumidores los continuos cortes de luz que se están produciendo en distintos barrios de Andalucía. Esta Institución ha gestionado quejas por este problema en las provincias de Granada, Jaén, Sevilla y Cádiz, recientemente.

El Defensor del Pueblo andaluz ha firmado hoy con el director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, Rafael Sánchez Durán, un protocolo general de actuación ante el interés mutuo “en la búsqueda de soluciones que permitan mejorar la protección de las personas consumidoras y usuarias que acceden a sus servicios en el ámbito de Andalucía”. El protocolo firmado hoy con Endesa renueva un convenio de colaboración cuya adaptación ha sido necesaria debido a cambios normativos, y tiene como objeto definir el marco de colaboración y cooperación entre las partes firmantes que permita al Defensor del Pueblo Andaluz atender y gestionar cuantas quejas, reclamaciones, sugerencias, propuestas o solicitudes de información le sean dirigidas por la ciudadanía en relación con la prestación de servicios por parte de Endesa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En relación a estas actuaciones y durante la reunión mantenida tras la firma de este protocolo, el Defensor del Pueblo andaluz ha expuesto a Endesa el trabajo desarrollado por la Institución desde 2015 sobre los cortes de luz en distintos puntos de Andalucía, así como se ha interesado por los planes de Endesa para garantizar este derecho de los consumidores y usuarios, siendo conocedores de que la compañía es parte afectada por esta problemática.

Jesús Maeztu ha demandado de las distintas partes afectadas una actuación global y coordinada y, tras la comunicación a Endesa como principal suministradora, ha avanzado que se va a dirigir a la Delegación del Gobierno del Estado en Andalucía; las Consejerías competentes en materia de energía y vivienda; a la Fiscalía; a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y a los Ayuntamientos afectados. Para el Defensor del Pueblo andaluz, “se trata de un derecho básico, como es el derecho a disponer en sus hogares de un suministro eléctrico en condiciones mínimas de seguridad y calidad”.

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, en el desempeño de su función como garante de los derechos reconocidos a la ciudadanía en la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, considera especialmente necesario salvaguardar los derechos de las personas consumidoras y usuarias en relación con el acceso a los servicios de interés general.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido hoy con el recién elegido director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez López, en la que hemos reafirmado la colaboración con este organismo público ante la importancia de la transparencia en el ejercicio de las políticas públicas.

La Institución del Defensor del Pueblo andaluz, pionera en introducir la mediación administrativa en las Defensorías, celebra este jueves 11 de marzo la primera sesión de los Diálogos de Mediación (#MediacióndPA) con el fin de abordar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad a la hora de resolver los conflictos entre la ciudadanía y las administraciones.

Esta primera sesión abordará las ventajas de la mediación entre la ciudadanía y las administraciones públicas en un debate entre el catedrático de Resolución de Conflictos de la Universidad del País Vasco, Ramón Alzate Sáez de Heredia, y el Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.

Estos diálogos se retransmitirán en streaming a través de esta misma página web o en nuestro canal de youtube a las 17:00 horas. Al final de cada sesión habrá un debate abierto donde los ponentes responderán a las preguntas de los asistentes, que se realicen en esta página web, en la casilla donde se escriben los comentarios.

Recomponer los desequilibrios de la relación entre las partes en conflicto, mejorar el diálogo, favorecer la participación y tener siempre presente el anclaje legal constituyen las claves que subyacen en cada uno de estos Diálogos de Mediación del Defensor del Pueblo andaluz, siempre con el horizonte de contribuir a construir sociedades más participativas y democráticas.

Los Diálogos de Mediación del dPA nacen este año con el compromiso de celebrar uno por trimestre y tocará temas como las ventajas y peculiaridades de la mediación; aspectos controvertidos de la mediación administrativa y los retos de la mediación en la era post-COVID-19.

Por primera vez, las quejas presentadas por mujeres superan a las presentadas por el sexo masculino

Los servicios sociales, la vivienda y la educación han sido los asuntos que mayor preocupación han generado a las mujeres que acudieron al Defensor del Pueblo andaluz durante 2020. Este año, por primera vez en la historia de esta Institución, las mujeres superaron a los hombres en cuanto a la presentación de quejas (52%), algo que ya venía sucediendo en cuanto a las consultas de información y asesoramiento ante este comisionado parlamentario (60%). En definitiva, el 57% de las personas que acudieron al Defensor fueron mujeres.

Estos datos pertenecen a un anticipo del Informe Anual 2020 de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de marzo. Las conclusiones de este Informe aportan que los asuntos relacionados con la igualdad de género, la vivienda o los servicios sociales son mayoritariamente abordados por las mujeres a diferencia de los hombres. En cambio, los asuntos que más han preocupado a los hombres son, al igual que a las mujeres, los servicios sociales y a continuación los asuntos relacionados con el personal del sector público y la vivienda. Asimismo, las quejas y consultas sobre agricultura, ganadería y pesca; cultura y deportes, y seguridad ciudadana son los asuntos sobre los cuales los hombres reclaman en mayor número una actuación a diferencia de las mujeres.

Esta Defensoría está implicada desde hace años en la reivindicación de la igualdad de género. Este año, si cabe, con mayor énfasis, ya que tanto los organismos internacionales como nacionales, han llegado al consenso de que el impacto de género que ha producido la crisis sanitaria ha alcanzado en diferente medida a mujeres y hombres.

Por materias, en empleo público han destacado las actuaciones del Defensor del Pueblo andaluz dirigidas a corregir y prevenir situaciones de desigualdad en estos ámbitos ante la persistencia de situaciones de discriminación al no quedar garantizado el principio de igualdad de género y no aplicarse las medidas de acción positiva que aseguren la efectiva igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos en estas materias.

En el ámbito de los servicios de interés general y consumo, es de destacar la incidencia que ha tenido la pandemia generada por la COVID-19, fundamentalmente relacionada con la prestación del servicio público domiciliario de agua potable, cuyo disfrute y prestación es imprescindible para garantizar la aplicación de las medidas sanitarias de higiene que han debido de reforzarse para contener la propagación del coronavirus. Han tenido especial incidencia en mujeres, titulares de familias monomarentales con personas menores a cargo, en situación de vulnerabilidad económica y social, algunas incluso víctimas de violencia de género, solicitando ayuda ante la interrupción, corte o amenaza de corte de este suministro básico por falta de pago de las facturas, al no haber podido afrontarlas a consecuencia de la escasez de sus recursos económicos.

Por otra parte, las cuestiones de género también están presentes en lo que atañe a la salud de las personas, ello explica que prestemos la necesaria atención a los tratamientos directamente relacionados con necesidades típicamente femeninas, como la fertilidad y la consecución de la gestación a través de técnicas de reproducción humana asistida. En la atención especializada constituye una peculiaridad la práctica de intervenciones quirúrgicas de reconstrucción mamaria, que aunque se ve afectada por las mismas demoras que afectan a otro tipo de operaciones, vienen siendo objeto de nuestro constante interés, al demandarlo así las mujeres afectadas.

En lo que respecta a las Políticas Sociales, la única peculiaridad ha venido de la mano de las reformas extraordinarias adoptadas en materia de ayudas de protección social de emergencia, a causa de la crisis social abierta por la pandemia. Las demoras muy acusadas en la resolución de expedientes de renta mínima de inserción social en Andalucía, a las que de forma recurrente nos referimos en todas nuestras últimas Memorias Anuales, han tenido que intentar remediarse recurriendo a normativa extraordinaria, generada ad hoc para procurar un sostén de apoyo a las familias con menores que, como decimos, son más abundantemente monomarentales.

Por lo que se refiere a las quejas en materia de menores, educación, cultura y deporte, el número de expedientes cuya temática, con carácter transversal, se encuentra relacionada -en mayor o menor medida- con cuestiones que inciden en el principio de igualdad de género, se ha duplicado respecto del ejercicio anterior. Como viene siendo práctica habitual, muchas de estas quejas están relacionadas con el fenómeno de la violencia de género: denuncias por ausencia de medidas cautelares en procesos de separación de mujer víctima de violencia de género; denuncias por la escasa protección para los hijos de la víctima; disconformidad con la valoración de riesgo de las mujeres víctimas y de sus hijos menores de edad; o demoras en los procedimientos de divorcio en los casos de violencia de género. La declaración del estado de alarma trajo consigo la aplicación de medidas muy severas de restricción de la libertad de movimiento y del desarrollo de las actividades cotidianas de toda la población. Y fueron los niños, niñas y jóvenes, uno de los colectivos más perjudicados.

En materia de violencia de género, hemos incoado queja de oficio ante las noticias de fallecimientos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas sentimentales, que han sido víctimas de este crimen machista en Andalucía durante 2020, cuya gran mayoría no había interpuesto denuncia previa.

Especialmente dramáticas son las quejas en materia de vivienda, tal como venimos reiterando año tras año. Muchas de estas quejas por necesidad de vivienda se presentan por familias monomarentales, mujeres-madres que asumen la crianza de sus hijos e hijas en solitario, que no cuentan casi con ningún recuso económico o con algunos de muy escasa cuantía, en situación de desempleo o con empleos precarios, siendo subsidiarias de prestaciones y ayudas sociales. Si a ello se le une además, ser o haber sido víctima de violencia de género o tener ellas o algún miembro de su familia una discapacidad o ser una mujer ya mayor, o haber nacido en otro país, añadiéndose el carecer de recursos económicos suficientes para poder satisfacer la necesidad de vivienda de ellas mismas y de sus familias, qué duda cabe que son factores de vulnerabilidad añadidos que las pone, las más de las veces, en verdaderas situaciones de exclusión social y económica o en riesgo de estarlo.