Servicios sociales, vivienda e información y atención ciudadana han sido las materias con mayor demanda

Una de cada cuatro solicitudes de actuación presentadas por la ciudadanía ante el Defensor del Pueblo andaluz en el año 2020 estuvo directamente relacionada con la pandemia por coronavirus (SARS COVID-19). En concreto, fueron 2.128 quejas de las 8.752 iniciadas este año y 4.275 de las 12.573 consultas gestionadas.

Este impacto de la pandemia en las actuaciones del Defensor del Pueblo andaluz lo ha destacado hoy el titular de la institución, Jesús Maeztu, en la presentación del Informe Anual 2020 ante la Comisión de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones celebrada en el Parlamento andaluz.

Fueron 35.146 personas las que requirieron la intervención de este comisionado parlamentario. De ellas, 8.665 presentaron quejas, lo que sumadas a otras 87 que abrimos de oficio, hicieron un total de 8.752 quejas. A estas sumamos 3.821 procedentes de años anteriores, lo que hizo un total de 12.573 quejas gestionadas. En cuanto al número de consultas, fueron 16.828. Este número de quejas y consultas, sumadas a las 422 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc) ofrecieron un balance total de 29.823 actuaciones.

Estos registros han sido históricos en la Institución. Las demandas de información y asesoramiento de la ciudadanía como consecuencia de la pandemia decretada por la extensión de la COVID han elevado un 25% tanto el número de quejas como el de consultas con respecto al informe del año anterior, 2019. Servicios sociales, vivienda, información y atención ciudadana, educación, empleo público, menores y salud han sido las materias más demandadas por la ciudadanía.

Jesús Maeztu ha señalado que “2020 ha sido el más duro y difícil de cuantos recuerda en los casi cuarenta años de historia de esta Institución”, si bien también “un año para no olvidar” en cuanto a las lecciones que se deben extraer de esta experiencia con un objetivo: avanzar hacia la igualdad real.

Jesús Maeztu ha expuesto que en el Informe Extraordinario Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia presentado por la Institución el pasado noviembre se recogen 13 retos para dar respuesta a las necesidad más urgentes y perentorias que está trasladando la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo andaluz ha condensado esos 13 retos en cuatro, como aportaciones o lecciones que nos está dejando la COVID, desde la perspectiva de la Institución como garante de los derechos y libertades de la ciudadanía.

La primera lección sería la necesidad de un reforzamiento de los servicios públicos, en cuanto a los servicios sanitarios y de servicios sociales, con un nuevo modelo de gestión de las residencias de mayores.

En segundo lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que esta crisis supone una oportunidad para promover y consolidar una economía de cuidados, que cuide a los más desprotegidos, entre ellos, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, al tiempo que ha dedicado una atención especial a la salud mental.

En tercer lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha indicado que urge la mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, ante la necesidad de mejorar y humanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas. Ello incluye la brecha digital como un ejemplo de esa imposibilidad de acceso a los servicios públicos, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social.

En cuarto y último lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que supone una tarea inaplazable contar con el diseño de un sistema de acogida y acompañamiento para colectivos de especial vulnerabilidad. Entre otros, este sistema debe dar acogida a las personas necesitadas de unos ingresos mínimos o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; la intervención en barrios marginales; las garantías de suministros mínimos de luz y agua; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados; las personas que padecen una enfermedad mental, o los sistemas de empleo, ha concluido el Defensor del Pueblo andaluz.

El pasado 15 de abril de 2021el Congreso de los Diputados aprobó el poyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia a la Adolescencia. Desde el Defensor del Menor de Andalucía, como garante de los derechos de la infancia y adolescencia, valoramos muy positivamente su aprobación. Durante la entrega del XIII Premio del Menor, el pasado 16 de abril, el titular Jesús Maeztu expresó la importancia de visibilizar los casos de violencia y proteger a los niños y las niñas con todas las herramientas posibles. “La sociedad y los poderes públicos debemos trabajar para proteger a muchos niños y niñas de todas aquellas situaciones de violencia que ponen en peligro su vida y que, sin duda, pueden condicionar su desarrollo en el futuro, como en el caso de agresiones físicas, abusos sexuales, maltratos, acoso escolar o bullying”.

El trabajo que viene realizando esta Institución como Defensor del Menor de Andalucía, junto con el Ararteko y el Síndic de Greuges , ha merecido el reconocimiento como agentes que han contribuido con su trabajo a la aprobación del Proyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia.

Compartimos el enlace y artículo de Pepa Horno titulado “Celebración y memoria de la aprobación de la LOPIVI”, donde se mencionan las áreas de Infancia de nuestras tres defensorías.

Desde el Defensor del Pueblo Andaluz como Defensor del Menor de Andalucía requeríamos una Ley como esta, con una protección integral del menor que sufre violencia y que promueve, aún más, su interés superior. Felicitar a todas las Organizaciones implicadas y a las Defensorías que como el Defensor del Menor de Andalucía trabajamos e impulsamos esta iniciativa.

· El Defensor citará a la administración que no colabore a comparecer en la Institución a partir del trámite de Advertencia

·Esta medida contribuye a consolidar otros derechos como la buena gobernanza, la transparencia, la participación, o el acceso a una información clara

El Defensor del Pueblo andaluz ha puesto en marcha una nueva medida en su proceso de tramitación de quejas para mejorar la colaboración con las Administraciones públicas en su deber de atender y responder las reclamaciones de la ciudadanía.

Se trata de un nuevo procedimiento en la Institución que persigue la necesaria colaboración de las Administraciones Públicas con esta Defensoría, con el fin de evitar declaraciones de actitud entorpecedora o la remisión de expedientes a Fiscalía por parte de este organismo supervisor. A juicio del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, “es inadmisible la no respuesta por parte de algunas administraciones. La falta de atención de los poderes públicos, al no contestarnos, o respondernos tarde, dificulta que podamos atender a las personas que acuden a nuestra Institución, lo que constituye una clara vulneración de sus derechos”.

La principal valoración es el normal desarrollo, en la mayoría de los casos, de los cauces de colaboración. En una media de los últimos años, en un 75% de los expedientes las Administraciones Públicas respondieron a las peticiones de informe del Defensor del Pueblo andaluz en la primera petición o al primer reitero. En concreto, en 2020, de 5.088 peticiones de informe, solo hubo que recurrir a un segundo reitero en 1.328 casos (26,1%) y en 61 (solo el 1,2%) ocasiones ha sido necesario dirigir escritos de Advertencia ante la persistencia en no enviar la información. En total, en 1.389 casos, el 26%, el retraso de las administraciones públicas en el cumplimiento de sus deberes de informar, retrasa o impide poder actuar ante el problema que nos hace llegar la ciudadanía.

El Defensor andaluz considera que los retrasos e incumplimientos de algunas administraciones ante los reiteros y petición de informes de la Institución suponen una vulneración del derecho de auxilio al Defensor para su labor de garante de derechos. Con esta nueva medida se quiere corregir esta falta de respuesta de las administraciones a la ciudadanía y evitar que cualquier autoridad o funcionariado obstaculice la investigación del Defensor.

De esta manera, se convocará una citación personal para comparecer en la Institución a partir del trámite de advertencia. Para el Defensor del Pueblo andaluz esta medida de persuasión supone una mejora del servicio que presta la Institución para la atención y protección de los derechos de la ciudadanía, además de favorecer y contribuir a la consolidación de derechos como la Buena gobernanza, la Transparencia, la participación, o el acceso a la información clara, entre otros.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha considerado hoy “necesaria” la Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía, cuyo proyecto se debate en el Parlamento andaluz, desde la certeza de que el fraude y la corrupción determinan una desigual protección pública de los derechos fundamentales.

En su comparecencia ante la comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del Parlamento en el marco de la tramitación de este proyecto de ley - que el pasado mes de marzo superó su debate de totalidad en el Pleno de la Cámara autonómica-, Jesús Maeztu ha valorado favorablemente que Andalucía disponga también de mecanismos adicionales a los actuales para la lucha contra este problema, "especialmente teniendo en cuenta los procesos relacionados con la corrupción que se han venido produciendo en los últimos años, la alarma social generada, y el rechazo y desconfianza provocado en la ciudadanía tanto hacia sus gobernantes como hacia las instituciones públicas”. Para el Defensor del Pueblo andaluz, esta ley “coadyuva a la Institución en la defensa de los derechos y libertades”, misiones que tiene encomendadas el Defensor del Pueblo andaluz.

Entrando en el contenido del texto propuesto, el Defensor del Pueblo andaluz ha considerado un acierto la adscripción de la Oficina al Parlamento de Andalucía a fin de dotarla de autonomía e independencia, y la previsión de que el mandato sea por cinco años.

Jesús Maeztu ha considerado conveniente incluir entre los principios rectores la buena fe de la persona denunciante, ya que es necesaria también la prevención para disuadir la posibilidad de llevar a efecto actividades corruptas. Entre otras medidas, Jesús Maeztu ha propuesto un nuevo Código Ético y de Conducta para cargos públicos; la gestión del Registro de actividades e intereses; la elaboración de informes o programar acciones formativas y de sensibilización en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción.

También el Defensor ha planteado un análisis y gestión de riesgos previos de corrupción en actividades y procedimientos más expuestos a estas prácticas, así como se ha preguntado por las acciones previstas para la participación de la sociedad civil en este proceso. El Defensor del Pueblo andaluz ha valorado el apartado específico previsto para la protección de la persona denunciante, y la regulación de un marco específico para quienes presten sus servicios en el sector público andaluz con el fin de que se les pueda conceder un traslado provisional a otro puesto de trabajo. No obstante, el Defensor ha encontrado indefinición en qué sucede si la Oficina terminara una investigación sin concluirse la comisión de un acto contrario a derecho y el denunciante vuelve a su puesto de trabajo, con las consecuencias que eso puede tener en las relaciones laborales posteriores.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo andaluz ha estimado que convendría reflexionar sobre la posibilidad de incluir en el articulado la presentación de denuncias anónimas, tal y como durante la tramitación del Proyecto de Ley se ha propuesto por el Consejo General del Poder Judicial en trámite de audiencia y por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en su informe preceptivo. Salvo el caso de Aragón, ninguna otra autonomía de las que han legislado contra el fraude y la corrupción en nuestro Estado, prohíbe la denuncia anónima, ha señalado el Defensor, que no considera extrapolable la previsión que tiene la propia Institución sobre la prohibición de quejas anónimas, puesto que los bienes jurídicos a proteger normalmente no son coincidentes. Por último, este comisionado parlamentariado ha valorado la presentación de una memoria anual y la elaboración de informes especiales y recomendaciones por parte de esta Oficina.

El Defensor del Menor deAndalucía, Jesús Maeztu, ha entregado hoy el XIII Premio del Menor 'Así veo mis derechos' en la modalidad de vídeo al Colegio de Educación Especial San Juan de Dios - Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

En el acto de entrega del premio, Jesús Maeztu ha subrayado que "la pandemia no ha podido frustrar el Premio del Menor", que ha agradecido especialmente el trabajo a los profesionales y educadores que lo han hecho posible. A todos ellos, el Defensor del Pueblo ha transmitido "mi cariño, apoyo y simpatia, especialmente a las más de diez batas blancas que se ven por aquÍ" en alusión al trabajo de estos profesionales.

En la modalidad de vídeo, el jurado del Premio del Menor ha distinguido un vídeo sobre el derecho a la integración titulado “Calcetines de colores” realizado por el alumnado de Educación Especial del colegio San Juan de Dios -Nuestro Padre Jesús del Gran Poder- de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. El accésit ha recaído en un vídeo sobre el derecho a la educación y el juego presentado por los alumnos y alumnas de Primero de la ESO del colegio Nuestra Señora del Rocío, en Villamanrique de la Condesa, Sevilla.

Próximamente el Defensor del Menor entregará el premio en la modalidad de dibujo. El jurado ha galardonado a una alumna de Sexto de Primaria del Colegio Nuestra Señora de la Expectación, de Encinas Reales, en Córdoba, por un dibujo sobre el derecho a la igualdad. Asimismo, el jurado ha reconocido con un accésit a un grupo de alumnos y alumnas, que cursan Primero de Educación Especial en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Eduardo Lucena de Córdoba, por un dibujo sobre el derecho a la integración.

En total, a esta edición se han presentado 113 obras -86 dibujos y 27 vídeos-, de centros educativos de Primaria, Secundaria y Educación Especial en Andalucía, con obras que pretenden promover que los niños y niñas conozcan sus derechos y fomentar la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección.

El Premio del Menor de Andalucía es una invitación directa a todos los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, con el objetivo de promover que conozcan sus derechos y fomentar la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Para el Defensor del Menor esta cita anual es posible gracias a la implicación directa del profesorado de los centros educativos y de la Dirección. Cuenta también con la colaboración de organizaciones como Save the Children y Unicef y el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor del Menor en Andalucía

El Defensor del Menor de Andalucía, como garante de los derechos de la infancia y adolescencia, ha valorado hoy muy positivamente la aprobación del proyecto de ley de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia.

En la entrega del XIII Premio del Menor, Jesús Maeztu ha expresado la importancia de visibilizar los casos de violencia y proteger a los niños y las niñas con todas las herramientas posibles.

La sociedad y los poderes públicos debemos trabajar para proteger a muchos niños y niñas de todas aquellas situaciones de violencia que ponen en peligro su vida y que, sin duda, pueden condicionar su desarrollo en el futuro, como en el caso de agresiones físicas, abusos sexuales, maltratos, acoso escolar o bullying.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, han mantenido hoy la primera de las sesiones de trabajo acordadas para la coordinación y el seguimiento de los asuntos competencia de ambas instituciones, con el fin de avanzar en mecanismos de colaboración y coordinación, así como para el intercambio de información.

Estas reuniones periódicas, tres al año, fueron acordadas el pasado noviembre entre Jesús Maeztu y Juan Marín con el objetivo de mantener líneas de colaboración que deriven en una correcta labor de supervisión en defensa de los derechos de la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo andaluz ha informado al vicepresidente de la Junta del balance y principales conclusiones del Informe Anual 2020 de la Institución, presentado en el Parlamento de Andalucía la pasada semana, y en el que se recogen 30.000 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía ejecutadas por la Defensoría. Fueron más de 35.000 personas las que requirieron el pasado año la intervención de este comisionado parlamentario.

Entre otros asuntos a tratar, el Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado al vicepresidente andaluz los trabajos que viene realizando para garantizar el derecho a unos suministros básicos en Andalucía. La Defensoría está interviniendo ante las distintas partes implicadas para afrontar el problema social de los cortes de luz en distintos barrios andaluces. Maeztu ha propuesto a las distintas administraciones y a la compañía suministradora, Endesa, una serie de medidas que puedan servir como guía y referente para enfrentar este problema que afecta a miles de familias, entre ellas, la inmediata puesta en marcha de un Plan de choque que ofrezca resultados en poco tiempo.

Asimismo, Jesús Maeztu ha informado al vicepresidente de la Junta de Andalucía de la aprobación de un nuevo procedimiento en la Institución que persigue la necesaria colaboración de las Administraciones Públicas con esta Defensoría, con el fin de evitar declaraciones de actitud entorpecedora o la remisión de expedientes a Fiscalía por parte de este organismo supervisor. Maeztu también ha expuesto la oportunidad de una coordinación con la Consejería de Justicia en los procesos de mediación que está desarrollando la Institución, un procedimiento para la resolución de conflictos pionero en el conjunto de la Defensorías.

En estos despachos entre el Defensor del Pueblo andaluz y su interlocutor directo en la Junta de Andalucía se abordan asimismo posibles anomalías en el funcionamiento de organismos públicos, desde el análisis de quejas o consultas recibidas por el Defensor del Pueblo andaluz; cuestiones de carácter general que reclamen la intervención o interés del Defensor del Pueblo andaluz, o casos concretos de intervención en defensa de derechos humanos vulnerados o en riesgo grave.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, con el objetivo de reforzar los cauces de comunicación y colaboración de la Institución con el Ayuntamiento de la capital hispalense.

El Defensor del Pueblo andaluz ha agradecido la disponibilidad del alcalde a su solicitud, así como la voluntad de colaboración manifestada para la resolución de los problemas de la ciudadanía y la garantía de sus derechos. La provincia de Sevilla y, en concreto, su capital, encabezan cada año la estadística de quejas y consultas presentadas ante esta Institución, según se recoge en el Informe Anual 2020 entregado al Parlamento andaluz el pasado martes.

Entre otros temas, el Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado al alcalde de Sevilla su intervención ante las distintas partes implicadas para afrontar el problema social de los cortes de luz en distintos barrios andaluces, una situación a la que esta ciudad no es ajena. Maeztu ha propuesto a las distintas administraciones y a la compañía suministradora, Endesa, una serie de medidas que puedan servir como guía y referente para enfrentar este problema que afecta a miles de familias, entre ellas, la inmediata puesta en marcha de un Plan de choque que ofrezca resultados en poco tiempo.

Asimismo, debido a la situación de pandemia mundial en la que nos encontramos, Jesús Maeztu ha trasladado al alcalde de Sevilla algunos problemas sociales que está trasladando la ciudadanía, como la necesidad de una agilización y mayor colaboración en la respuesta o remisión de informes requeridos a los centros de servicios sociales. La ciudadanía está informando de dificultades en el acceso al asesoramiento de los servicios sociales y a la efectiva intervención de sus profesionales. Además, Maeztu está tratando con otros ayuntamientos y así se lo ha hecho saber al alcalde de Sevilla su preocupación por las posibles soluciones habitacionales alternativas ante desahucios administrativos en el parque público de vivienda de Andalucía, la insuficiencia de este parque público, y la necesidad de intervención social integral en barrios marginales. El alcalde ha transmitido al Defensor su preocupación por la resolución de problemas relacionados con las personas sin hogar y nos ha reclamado nuestra intervención para obtener la colaboración de otras administraciones.

Por último, Jesús Maeztu ha informado a la primera autoridad de la ciudad de la aprobación de un nuevo procedimiento en la Institución que persigue la necesaria colaboración de las Administraciones Públicas con esta Defensoría, con el fin de evitar declaraciones de actitud entorpecedora o la remisión de expedientes a Fiscalía por parte de este organismo supervisor. Igualmente, Maeztu ha agradecido la aceptación con carácter general a las convocatorias para participar en las mediaciones que está llevando a cabo el Defensor del Pueblo andaluz, institución pionera entre las Defensorías en la implantación de un área de mediación en la resolución de conflictos. Han sido 14 expedientes en 2020 en materia de seguridad ciudadana, servicios sociales y medio ambiente. Maeztu ha animado a reforzar esta colaboración y a participar en el informe especial que la Defensoría está realizando sobre los servicios de mediación existentes en Andalucía.