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En esta Institución se tramita expediente de queja promovido a instancia de parte relativo a la demora en la resolución de una solicitud de Pensión No Contributiva de Jubilación.

Tras haber analizado en profundidad la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en los siguientes

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 20 de enero de 2020, la persona interesada se dirige a esta Institución y plantea que “he solicitado en los Servicios Sociales Comunitarios de Coín (Málaga) una Pensión No Contributiva de Jubilación el 20 de Septiembre de 2018 y hasta hoy no recibido ninguna comunicación de aprobación, ni denegación. He preguntado por mi solicitud en la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y me han comentado que está en trámite, y que están resolviendo por el mes de agosto 2018.

Como persona en exclusión social y ciudadano usuario de los servicios públicos, acogiéndome a los derechos que me puedan corresponder, creo que una demora de más de 15 meses en la tramitación y sin saber cuándo se va a conceder la Pensión No Contributiva de Jubilación, es demasiado tiempo para una persona que no tiene medios de para cubrir el alquiler de la vivienda y las necesidad básicas de la vida diaria, estando pidiendo ayudas a los Servicios Sociales Comunitarios, y dinero a familia y amigos”.

II.- Tras la admisión a trámite de la queja, se solicitó el correspondiente informe a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga.

Con fecha 27 de abril de 2020, tiene entrada en esta Institución escrito de la Viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, remitiendo informe de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributiva relativo a la presente queja, del que interesa reseñar lo siguiente:

“Constatados los datos que figuran en el sistema Integrado de Servicios Sociales (SISS), se comprueba que (...), presentó la solicitud de pensión no contributiva, modalidad de Jubilación, el 20/09/2018, siendo grabada en el sistema el 11/10/2018.

En la tramitación y despacho de los expedientes se guarda, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común delas Administraciones Publicas, el orden riguroso de incoación de los asuntos, salvo situaciones de especial vulnerabilidad debidamente acreditadas, mediante informe de asistente social o documentación específica remitida a estos efectos que puedan motivar orden en contrario, las cuales no constan en el caso que nos ocupa.

En caso de que reuniera todos los requisitos necesarios y se resuelva la concesión del derecho a la pensión no contributiva, ésta surtirá efectos desde el día 1 del mes siguiente a la fecha de entrada en registro de la solicitud. La resolución dictada recogerá, en su caso, el importe de los atrasos que deberá percibir”.

En base a los referidos antecedentes y normativa que resulta de aplicación, consideramos preciso formular a esa Administración, Resolución concretada en los términos siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la necesidad de una eficaz y eficiente gestión de los expedientes de Pensiones no Contributivas.

Como se contempla en la propia exposición de motivos de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, la ampliación de la protección social a la que trata de dar respuesta dicha Ley es una aspiración social de solidaridad dirigida a “asegurar a los ciudadanos, particularmente a quienes se encuentran en estado de necesidad, unas prestaciones mínimas”.

Estas situaciones de necesidad, no suficientemente cubiertas por los mecanismos asistenciales, vienen a ser satisfechas de forma más segura jurídicamente y con mayor grado de suficiencia protectora con las nuevas modalidades no contributivas de las pensiones de invalidez y jubilación que dicha Ley establece, y que garantiza a personas mayores o con enfermedades invalidantes, que les impiden el desempeño de cualquier posible trabajo, su derecho a obtener unas prestaciones mínimas para afrontar sus necesidades básicas. Lo que constituye un objetivo básico de la Comunidad Autónoma andaluza, de acuerdo con lo establecido en el art. 10.3.14º del Estatuto de Autonomía para Andalucía y concretado en los artículos 19 y 24 del mismo.

Como esa Administración ha tenido oportunidad de comprobar, con motivo de los numerosos expedientes de queja tramitados por las continuas demoras que se están produciendo en la gestión de los expedientes de PNC, muchas de las personas que se dirigen a esta Institución nos ponen de manifiesto, como la interesada en la presente queja, su situación de extrema necesidad, bien por tener cargas familiares que no admiten demora, bien por ser personas que no tienen a ningún familiar que las auxilien y carecer, en todo caso, de los recursos mínimos para subsistir. Cuestiones que entendemos no pueden demorar su resolución y deben ser atendidas con la urgencia que la cuestión demanda.

Ante estas situaciones, los retrasos en el reconocimiento de estas Prestaciones destinadas a la cobertura de necesidades básicas tienen efectos muy perjudiciales para las personas beneficiarias de las mismas, que ven cómo se pasa el tiempo y se sigue demorando el acceso a unos recursos básicos para su subsistencia.

Por ello, aunque valoramos muy positivamente las medidas que nos comunican que se tienen previsto adoptar para la agilización de la gestión de estas pensiones, en la línea de lo ya comunicado en otras ocasiones, y dado que dichas situaciones no sólo no se solventan, sino que por las quejas que venimos recibiendo apreciamos que van en aumento, se hace preciso que por parte de esa Administración se adopten de forma efectiva y urgente las medidas oportunas para garantizar la resolución de los expedientes de solicitud de Pensiones No Contributivas, con la celeridad que exige este tipo de procedimientos, en el plazo legalmente establecido, como así se había recomendado por esta Defensoría en la Resolución de la queja de oficio 19/1559, y que fue aceptada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Segunda.- Del derecho de la ciudadanía a una buena administración.

El art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

En la misma línea, el art. 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

Con carácter general, en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, apartados 2 y 3, se establece que la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la norma reguladora del correspondiente procedimiento, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

En el caso que aquí nos ocupa, el plazo específico se determina en el Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, por el que se establece la duración de los plazos para la resolución de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de prestaciones en materia de Seguridad Social, estableciéndose en su Anexo, como plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los procedimientos relativos a Pensiones no Contributivas, un plazo de 90 días.

Resulta evidente, por tanto, que en el expediente analizado en la presente queja, el procedimiento administrativo no ha sido resuelto en el plazo establecido, como tampoco en un tiempo razonable, toda vez que ha transcurrido más de un año sin respuesta administrativa especifica a la reclamación realizada y, por consiguiente, tampoco el abono de las cuantías económicas correspondientes.

Ante esta situación, cabe recordar que el art. 29 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, preceptúa que los plazos señalados en ésta, y en las demás leyes, obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

Tercera.- La necesidad de una adecuada ordenación de los recursos para la eficaz prestación de los servicios públicos.

La prolongada situación de retraso en la resolución de los expedientes de PNC que se viene produciendo en esa Delegación Territorial, y la falta de adopción de las medidas necesarias que permitan la tramitación de estos expedientes en los plazos legalmente previstos, hace preciso extremar el cumplimiento por parte de esa Administración de los Principios Generales que está obligada a observar en su actuación.

En este sentido, el art. 103.1 de la Constitución Española establece que las Administraciones públicas en su funcionamiento deben actuar, entre otros, de acuerdo con el principio de eficacia. De igual modo, el art. 133.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Administración de la Junta de Andalucía debe actuar, entre otros, conforme a los principios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa.

Asimismo, el art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, dentro del derecho a una buena administración, establece también que la actuación de la Administración será proporcionada a su fines.

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece, en su art. 3.1, que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación, entre otros, los principios de: d) racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; g) planificación y dirección por objetivos; h) eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

Dichos principios igualmente se contemplan en el art. 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, estableciéndose, en su art. 4, que la organización y funcionamiento de dicha Administración se articulará de forma que se garantice la eficacia y diligencia máximas en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios, así como que la actuación coordinada de dichos órganos y entidades se articulará mediante la planificación de la actividad dentro de cada Consejería, estableciendo objetivos comunes a los que deben ajustarse los distintos centros directivos, órganos, entidades y delegaciones territoriales.

De modo más concreto, el art. 69.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles, así como que las Administraciones públicas podrán aprobar planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan alguna de las medidas previstas en el apartado 2 del citado precepto.

En definitiva, estas normas imponen a esa Administración, en su funcionamiento, la obligación de ordenar adecuadamente sus recursos, en orden a la prestación eficaz y eficiente de los servicios que tiene encomendados.

A tenor de la situación existente en esa provincia con respecto a la tramitación de los expedientes de PNC, y las circunstancias que nos expone en su informe, por parte de la Administración de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía deberán adoptarse sin más dilación las medidas extraordinarias que procedan con el fin de revertir esta situación y asegurar la resolución de los expedientes de solicitud de Pensiones no Contributivas en el plazo establecido en las normas reguladoras de este procedimiento y evitar la acumulación de retrasos en su resolución.

Más aún, en las actuales circunstancias, ante la necesidad urgente de acceder a estas prestaciones por parte de muchas personas para poder atender necesidades básicas de subsistencia y que, previsiblemente, se van a ir incrementando en los próximos meses como consecuencia de los muy negativos efectos que va a traer consigo la pandemia que estamos viviendo.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que el art. 17.2 de la Ley 6/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que esta Institución velará para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados, y de conformidad con lo establecido en el art. 29 de dicha Ley, nos permitimos trasladar a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, y a la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales: De los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN: Para que, a la mayor urgencia posible, se adopten las medidas de racionalidad organizativa que sean necesarias para la resolución del expediente de Pensión No Contributiva de Jubilación de la persona promotora de la presente queja, así como para la puesta al día de los expedientes relativos a solicitudes de dichas Pensiones en esa provincia y garantizar la resolución de los mismos en el plazo legalmente establecido.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Recomendamos al Ayuntamiento de San Fernando que estudie la alternativa ofrecida por una comunidad de propietarios para la ubicación de los contenedores de residuos urbanos y, en caso de que considere que no es viable, facilite una respuesta debidamente argumentada y justificada, exponiendo las razones que impidan el cambio propuesto.

ANTECEDENTES

I. Con fecha de junio de 2019 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por la representante de una comunidad de propietarios de un inmueble sito en San Fernando (Cádiz), en la que manifestaba que habían solicitado, en reiteradas, ocasiones a dicho ayuntamiento el cambio de ubicación de unos contenedores de recogida de residuos urbanos situados junto al edificio, sin que sus peticiones hubieran sido atendidas.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar al Ayuntamiento de San Fernando el informe correspondiente.

III. En respuesta se recibe comunicación de dicha Corporación Local por la que se nos traslada informe del Servicio Jurídico de Medio Ambiente exponiendo, en síntesis, lo siguiente:

- Que el asunto ha sido objeto de análisis en anteriores ocasiones.

- Que los contenedores que se encuentran en la calle ... no solo prestan servicios a la comunidad de propietarios reclamante, sino que también prestan servicios a toda la zona.

- Que no existen motivos técnicos para su traslado ya que este afectaría a la recogida de residuos en la zona.

CONSIDERACIONES

Primera.- Sobre el derecho a una buena administración.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

A su vez, el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, incluye entre los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones públicas el siguiente: «e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones».

Por su parte la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, incluye entre los principios generales que han de regir el actuar administrativo los siguientes:

«a) Servicio efectivo a los ciudadanos.

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos».

Si aplicamos estos principios al supuesto planteado en el presente expediente y analizamos en particular la atención dispensada por ese ayuntamiento a las peticiones cursadas por la comunidad de vecinos promotora del expediente de queja, resulta difícil concluir que estemos ante un ejemplo de buena administración. Tampoco podremos afirmar que se hayan dado facilidades a los vecinos para el ejercicio de sus derechos, ni, menos aun, que la actuación administrativa haya estado presidida por los principios de servicio efectivo o proximidad a los ciudadanos.

Así, comprobamos del relato de hecho de la queja y de la documentación aportada por los promotores de la misma, que vienen desde el año 2017 solicitando reiteradamente del ayuntamiento el cambio de ubicación de los contenedores situados junto al edificio en que residen, alegando las molestias y olores que los mismos provocan y argumentando razones de higiene y salubridad.

Estas peticiones se han reiterado en numerosas ocasiones y por diferentes vías a ese ayuntamiento, acompañando las mismas de propuestas sobre la posible ubicación de los citados contenedores junto a una parcela ubicada en la acera de enfrente del edificio, que se encuentra desocupada.

Como respuesta a estas peticiones, el servicio correspondiente del Ayuntamiento se ha limitado a contestar a las primeras cursadas indicando que los contenedores “no pueden ser trasladados a otra ubicación” o “no es viable el traslado de dichos contenedores dado el servicio que prestan en la zona”. Cuando dichas respuestas han sido cuestionadas por los vecinos de forma argumentada e insistiendo en sus peticiones de traslado a la acera de enfrente, la contestación ha sido “esta incidencia ya ha sido objeto de valoración, no cambiando las circunstancias por las que no es posible el traslado de los contenedores”.

Ciertamente no parece que la petición de los vecinos, correctamente argumentada y debidamente motivada, haya obtenido una respuesta similar del ayuntamiento.

Entendemos que lo correcto hubiera sido que por los servicios municipales se ofreciera a los vecinos una respuesta debidamente argumentada y motivada, explicando por qué “no es viable el traslado” que proponen y en qué medida podría afectar el cambio de los mismos a la acera de enfrente al “servicio que prestan en la zona”.

El hecho de que esta petición de los vecinos venga siendo reiterada una y otra vez, año atrás año, y que la misma se base en cuestiones de higiene y salubridad, creemos que hubiera merecido de una respuesta mas proporcionada por parte de ese ayuntamiento, que incluyera una motivación mas completa y adecuada de las razones que impiden aceptar la misma.

Segunda.- Del deber de la ciudadanía de soportar determinadas cargas como consecuencia de la prestación de servicio públicos.

Creemos que la ciudadanía debe soportar determinadas cargas en beneficio del interés general y, entre esas cargas están las relacionadas con la prestación de los servicios públicos de recogida de residuos que exigen de la ubicación en la vía pública de los contenedores de basuras, lo que, por regla general, provoca molestias e inconvenientes a los vecinos afectados mas directamente por el lugar elegido para dicha ubicación.

No obstante, el deber jurídico de soportar estas molestias e inconvenientes que recae sobre todos los vecinos de un municipio puede devenir en injustificado y arbitrario si existiendo una alternativa a la ubicación determinada que, a priori, resultase menos gravosa y posibilitase la adecuada prestación del servicio, la misma no fuese valorada debidamente por el ayuntamiento.

En el presente caso, los vecinos proponen el traslado de los contenedores objeto de reclamación a una parcela ubicada frente a sus viviendas y actualmente desocupada, lo que, en principio, cabe pensar que no afectaría a la correcta prestación del servicio e impediría la afectación a otras personas.

Sin embargo, las respuestas obtenidas del Ayuntamiento a esta propuesta, lejos de valorar adecuadamente la misma, se limitan a reitera su inviabilidad, sin ofrecer un argumento lógico y debidamente razonado que explique porque la misma resulta de imposible cumplimiento.

Cabe a este respecto reseñar que son varias las Sentencias en las que los Tribunales concluyen la necesidad de que por los ayuntamientos se valoren ubicaciones alternativas que minoren la carga soportada por determinados vecinos, sin afectar a la adecuada prestación del servicio.

Por todas ellas nos permitimos reseñar la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sala de lo contencioso-administrativo, sección 3ª, de 30 de enero de 2014, que condena al Ayuntamiento de Valladolid a reubicar una batería de contenedores soterrados situados junto a la fachada de un local comercial, y que resuelve lo siguiente:

“(...) a la hora de conjugar tanto el interés público como el interés particular, han de tenerse en cuenta razones de peso como son las de utilidad pública, como también otra serie de razones de interés particular, y aunque resulta innegable la prevalencia del interés público el mismo ha de ejercerse de manera que pueda inferir con la menor intensidad posible en los intereses particulares. Efectivamente han de soportarse por los ciudadanos los inconvenientes que pueda suponer en este caso la existencia de contenedores de basuras cerca de las edificaciones, sin embargo ha de tratarse de lograr una mínima afección a los intereses particulares en contraposición. Esta conjugación ha de posibilitar soluciones que compaginen los mismos, pues efectivamente se puede apreciar que en la ubicación actual los contenedores ocupan casi la totalidad de la fachada del local del recurrente (...) por lo que tratándose de dos bloques de contenedores perfectamente independientes, se considera más adecuada a la defensa de todos los intereses en juego la reubicación de uno de los bloques de contenedores instalados en la C/ Fray Luis de León de manera que se deje expedita al menos de la mitad de la fachada del local del recurrente (...)”.

Esta Sentencia de Castilla y León concluye estimando que ha existido una actuación arbitraria, y señala: “(...) que tras ponderar y valorar los intereses en juego, tanto los públicos como los privados, ha habido un exceso injustificado en el sacrificio de los privados, por lo que debe reubicarse una parte de los contenedores en otro lugar”.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del derecho a una buena administración previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de las obligaciones de las Administraciones públicas de dar facilidades a los vecinos para el ejercicio de sus derechos y acomodar sus actuaciones a los principios de servicio efectivo o proximidad a los ciudadanos, contemplados en la Ley 39/2015 y 40/2015, respectivamente.

RECOMENDACIÓN para que se estudie la alternativa ofrecida por la comunidad de vecinos reclamante para ubicar los contenedores en la parcela situada frente a la vivienda y, en caso de resultar la misma viable y no afectar a la correcta prestación del servicio, se acepte y ejecute la misma y, en caso contrario, se facilite a los interesados una respuesta debidamente argumentada y justificada exponiendo las razones que impiden su aceptación.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo formula Resolución ante el Servicio Andaluz de Salud, recomendando que se reconsidere el caso planteado por la parte promotora de la queja y se autorice para su hija la atención médica e intervención quirúrgica en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, como centro nacional de referencia en microtia.

ANTECEDENTES

Como recordará, le planteábamos la situación que nos transmitía Dña. (...) quien comparecía en su propio nombre y en representación de su hija menor de edad, (...).

La interesada nos exponía que su hija (...) nació con una malformación congénita llamada microtia unilateral derecha de la que ha venido siendo tratada en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada, cuyo servicio de otorrinolaringología recomendó su derivación a un centro nacional de referencia en la patología apuntada.

Conforme a tal opinión especializada, la interesada solicitó la derivación al servicio de prestaciones de ese hospital y, conforme nos dice, tras varias negativas y gestiones se le autorizó únicamente la posibilidad de valoración en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, como centro nacional de referencia en microtia, debiendo continuar la asistencia en el SSPA.

En la valoración realizada en Barcelona se le recomendó una revisión cada año y medio, hasta que la menor alcance la edad de 10 años, que es el tiempo a partir del cual podrá tener lugar la operación que precisa. No obstante, nos traslada, que la asistencia y seguimiento en el hospital catalán le ha sido denegada, con el argumento de que la intervención puede realizarse en Granada.

Esta negativa no es comprendida por la interesada, ya que no se explica cómo los diferentes especialistas (cirujanos y otorrinos) del centro sanitario del sistema sanitario público andaluz que tratan a su hija recomiendan la derivación a Barcelona, al tratarse de una cirugía que precisa un alto grado de especialización, que no puede abordarse en Andalucía, pero sí en el aludido centro de referencia que incluso tiene una unidad de microtia, y, en cambio, la Administración sanitaria funda en lo contrario su decisión.

Pues bien, analizada y admitida a trámite la queja, esta Institución solicitó a ese esa Dirección General, la emisión del correspondiente informe para el esclarecimiento del asunto en cuestión.

En respuesta a nuestra solicitud, el 13 de octubre de 2020, se recepciona el informe solicitado en el que se nos dice que dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía, tanto el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla, como el Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada, incluyen en sus Carteras de Servicios los procedimientos necesarios para la reparación quirúrgica de la malformación que padece la menor y que al ser su hospital de referencia el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, se decide que su seguimiento y posterior tratamiento quirúrgico se realizara en dicho hospital.

Aluden en este sentido a la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el artículo 15.2, que establece que “el Ministerio de Sanidad y Consumo acreditará servicios de referencia, a los que podrán acceder todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de los servicios especializados de la comunidad autónoma donde residan”.

Así, concluyen que en el Sistema Sanitario Público de Andalucía se dan las condiciones asistenciales óptimas, tanto para el tratamiento, como para el seguimiento de la paciente y se informa del ofrecimiento del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada a intervenir a la menor, por lo que consideran la improcedencia de derivar a la hija de la promotora a ningún otro centro situado fuera de la comunidad autónoma de Andalucía.

En esta tesitura, y en el marco del contexto descrito, procede efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

Se plantea en la sustanciación de la presente queja el derecho de la interesada a que su hija sea tratada de la patología congénita que padece en un centro de referencia nacional, que se encuentra fuera de la comunidad autónoma de su lugar de residencia, concretamente solicita su derivación al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, puesto que cuenta con una unidad específica para el abordaje de la microtia, la Unidad Funcional Integral de Microtia (UFIM), patología descrita en la menor.

Prima facie, conviene reflexionar en este punto sobre el derecho de los pacientes a ser tratados en un centro hospitalario que no se encuentre dentro de su comunidad autónoma de residencia.

Para ello, invocamos el articulo 43.2 del texto de la Constitución española, como norma suprema, que reconoce que el derecho a la salud deberá hacerse efectivo a través de las medidas, prestaciones y servicios necesarios.

Igualmente hay diversos preceptos de leyes de ámbito nacional que conviene resaltar, en la medida que consagran el referido derecho. Así el artículo 3.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que garantiza la igualdad efectiva en la prestación de servicios sanitarios; el artículo 1 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que establece como objeto de la Ley el establecer el marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias, en el ejercicio de sus respectivas competencias, de modo que se garantice la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, así como la colaboración activa de este en la reducción de las desigualdades en salud y el artículo 28 de esta Ley, en el que se establecen las garantías de calidad y servicios de referencia.

En este contexto normativo, y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 26 de noviembre de 2008, se dicta el procedimiento para la efectividad de este derecho, concretamente para la derivación de pacientes para ser atendidos en un centro, servicio o unidad de referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR), definiéndose los mismos como centros que deben dar cobertura a todo el territorio nacional y atender a todos los pacientes en igualdad de condiciones independientemente de su lugar de residencia.

Asimismo, en el ámbito andaluz, conocemos las Instrucciones publicadas de fecha 30 de julio de 2015 en el Servicio Andaluz de Salud sobre derivación de pacientes desde centros del Sistema Sanitario Público Andaluz, en el que se articula este tipo de procedimiento, aludiendo a que este tipo de asistencia a pacientes debe ser excepcional, en los supuestos en los que se acredite la imposibilidad de realizar la asistencia en un centro sanitario, público o concertado, del SSPA; o se justifique adecuadamente la conveniencia de efectuarla en un centro ajeno determinado. Así enumera, entre estos supuestos, la no disponibilidad, o disponibilidad limitada, de un procedimiento por complejidad tecnológica, o porque requiera alta especialización facultativa. Otro supuesto es la baja prevalencia de la patología, que haga ineficiente la prestación de asistencia con medios propios del SSPA.

Tendremos más adelante ocasión de exponer la prevalencia de la enfermedad y la alta especialización que requiere la misma, lo cual sustentaría la acción de derivación pretendida por la interesada, que asimismo se encuentra avalada en los textos legales anteriormente aludidos y que encajaría dentro del procedimiento aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Pues bien, sentada la existencia del derecho, indagamos en los motivos de elección del centro Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona por la promotora de la queja y su consideración como centro, servicio o unidad de referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR).

De la documentación que obra en el expediente, el que se trate de un centro de referencia nacional, es un reconocimiento no cuestionado, así lo avala la derivación que al mismo se realiza por parte diferentes especialistas (cirujanos y otorrinos) del centro sanitario del sistema sanitario público andaluz que vienen tratando a la menor, su reconocimiento por la Asociación española de Microtia, y sin lugar a dudas, su designación por el Ministerio de Sanidad desde el año 2008, como centro de referencia. Prueba de la constatada experiencia del centro, es la aprobación con fecha 10 de julio de 2018, por el Servicio Andaluz de Salud, en escrito suscrito por la persona titular de la Subdirección Accesibilidad y Continuidad Asistencial, de la valoración de la menor por el mencionado centro, sin que se alcancen a comprender bien las razones de la negativa posterior para el seguimiento y ulterior intervención quirúrgica.

En cuanto a su consideración como centro, servicio o unidad de referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR), consultada a estos efectos la pagina oficial del Ministerio de Sanidad, (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/CentrosDeReferencia/docs/ListaCSUR.pdf), concretamente la relación publicada de dichos Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud designados por Orden de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial, para la atención o realización de las patologías o procedimientos que se indican, entre los que se encuentra la reconstrucción del pabellón auricular, aparecen unicamente dos centros de referencia, el elegido por la promotora, Hospital Sant Joan de Déu, calificado como tal desde el 26.12.2008, para niños y el Hospital Vall D'Hebron desde 21.12.2012, ambos pertenecientes a la comunidad autónoma de Cataluña.

Así las cosas, podemos afirmar que la elección pretendida por la interesada encuentra aval y resulta más que comprensible, puesto que su hija se enfrenta a una patología que se engloba dentro de las enfermedades raras, que afecta a 1 de cada 5000-7000 nacimientos, es decir, nos ocupa una enfermedad con una baja prevalencia: 1-5/10 000, según datos ofrecidos por la Asociación española de Microtia, y que requiere de una alta especialización, con lo que que resulta perfectamente comprensible y razonable que la promotora ejercite y reivindique este derecho en el marco legal descrito, y encontrándose dentro del contexto descrito en las Instrucciones dictadas por el Servicio Andaluz de Salud, antes aludidas.

Llegados a este punto de las consideraciones expuestas, y ateniéndonos a la posibilidad que a esta Institución confiere el art. 29.1 de su Ley reguladora (Ley 9/83, de 1 de diciembre), hemos decidido formular la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: Que se reconsidere el caso planteado por Dña. (...) y se autorice para su hija la atención médica e intervención quirúrgica en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, como centro nacional de referencia en microtia, en el marco del contexto legal descrito.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz