Alerta por correo electrónico de las novedades

Ver asunto solucionado o en vías de solución

El Defensor del Pueblo formula Resolución ante el Hospital Virgen de las Nieves, recomendando que se revisen los casos y patologías atendidos por urgencias, susceptibles de sectorización hospitalaria por no requerir continuidad asistencial, y en caso de ser necesario, se revisen los criterios aplicados para los traslados de pacientes que puedan verse afectados por las mismas.

ANTECEDENTES

Como recordará, el interesado D. (...), dirige una queja a esta Institución para relatarnos que el día 18-02-2019 a las 18:23 horas acude al centro de salud con dolor de garganta que refería desde hacía cuatro días, con sensación febril y malestar, además de no poder hablar bien, sensación de bola en la garganta y dificultad para respirar, donde es atendido y se le indica que haga lavados nasales y tome paracetamol, lo cual venía haciendo sin mejoría.

Al día siguiente, persistiendo el malestar, acude de nuevo al referido centro de salud, donde se le prescribe Ibuprofeno y se le remite a su casa. Esa misma madrugada, ante el empeoramiento, nos relata que se desplaza al Hospital Virgen de las Nieves, por ser el más cercano a su domicilio, en el que nos refiere que le administran de forma intravenosa antibiótico, urbasón y calmantes y permanece en espera desde el ingreso del día 20.02.2019 a las 03.44 horas, hasta las 10:00 horas del mismo día, para ser examinado por especialista en ORL, donde es diagnosticado de un posible flemón periamigdalino izquierdo. De allí, ese mismo día es derivado al Hospital San Cecilio en el campus de la salud, con la medicación intravenosa puesta y por sus propios medios, donde le diagnostican un absceso periamigdalino izquierdo, y le realizan drenaje extrayendo 15 centímetros cúbicos de pus, permaneciendo ingresado hasta el día 23.02.20, y precisando tras el alta de tratamiento antibiótico y corticoides.

Admitida a trámite la queja, por parte del centro hospitalario Virgen de las Nieves se emite informe, a instancias de esta Institución, en el que se nos da cuenta de la atención prestada al paciente en el dispositivo de urgencias el día 20 de febrero de 2019 a las 03:44 horas hasta el alta hospitalaria a las 10:22 horas con destino a otro centro hospitalario por sectorización, como, conforme se explica en la respuesta, ocurre sistemáticamente con todos los pacientes que no requieren continuidad asistencial inmediata en el centro o ingreso hospitalario por la naturaleza de su patología.

Nos indican que este criterio se aplica en cuanto a la continuidad asistencial, desde la aplicación por normativa de la sectorización hospitalaria producida en ese centro hospitalario en el ejercicio 2018.

Igualmente se nos explica el motivo de la consulta de urgencia, exploración, interconsulta realizada, medicación administrada y evaluación posterior del servicio de Otrorrinolaringología, refiriéndonos que se acuerda la derivación a su hospital de referencia para valoración por Otorrinolaringología, teniendo en cuenta el buen estado general que presentaba el paciente, aunque sin describir o aludir a ninguna circunstancia referente al traslado o medicación intravenosa que portaba el interesado a la salida del centro hospitalario.

Por parte del interesado, sin embargo, se sostiene que el traslado que tuvo que realizar por sus propios medios, en transporte público y en las condiciones en que se encontraba, con una vía puesta y sin acompañante, le expuso a un gran riesgo, sin que respecto a estas circunstancias nada se informe por el centro hospitalario informante, afirmando igualmente que en el centro hospitalario de destino, San Cecilio, los facultativos que le atendieron se alarmaron de esta forma de proceder, hasta el punto -nos traslada-, que sobre estos hechos formularon incluso una reclamación interna al Hospital Virgen de las Nieves.

Pues bien, a la vista de los hechos expuestos, procede formular las siguientes

CONSIDERACIONES

Esta queja se motiva por una parte, por la demora en el diagnóstico de la patología padecida por el interesado, ya que nos refería que había precisado acudir por más de una vez al centro de salud, hasta que decide acudir a Urgencias del Hospital Virgen de las Nieves donde es derivado para plan terapéutico a San Cecilio y, por otra parte y fundamentalmente, en cuanto a las competencias encomendadas a esta Defensoría, por el funcionamiento anómalo que, a su juicio, se produce en la derivación desde el centro hospitalario Virgen de las Nieves a su hospital de referencia San Cecilio, en condiciones de riesgo para su salud y sin acompañante.

En cuanto a la primera de las circunstancias, hemos de poner de manifiesto que esta Institución carece de medios técnicos para determinar la adecuación de la práctica médica, más que las referencias que sobre este aspecto se contienen en el proceso asistencial integrado Amigdalectomía y Adenoidectomía, y esta ausencia de medios técnicos nos impide un pronunciamiento en este extremo, puesto que ello requeriría la realización de un ejercicio de comparación, que exige la realización de pruebas y la emisión de dictámenes técnicos que esta Institución no puede prestar.

Ahora bien, en cuanto al segundo aspecto, y sin entrar en los que incumben a la estricta evaluación médica y a la medicación pautada por las razones antes dichas, nos preocupa que cuestiones organizativas, como las relativas a la sectorización hospitalaria, puedan entrañar algún riesgo en la atención sanitaria centrada en la persona enferma, de forma que esta deje de percibir un trato integral, que incluya aspectos emocionales y sociales, ya que el interesado que se encontraba solo en urgencias y sin acompañante, se tuvo que trasladar en transporte público y con una vía intravenosa, poniendo con ello en riesgo su salud, ya que es evidente la infección que presentaba, por la que finalmente precisó varios días de ingreso.

Sobre la sectorización de hospitales, no se nos ha ofrecido más información que es la que se sigue con todos los pacientes que no requieren continuidad asistencial inmediata en el centro o ingreso hospitalario por la naturaleza de su patología; concepto de “continuidad asistencial” cuyo contenido no alcanzamos bien a entender, por la intervención quirúrgica que precisó y fue realizada en el Hospital San Cecilio inmediatamente tras el ingreso el mismo día, pues realmente se encontraba en un centro hospitalario con atención especializada que a priori no precisaba de un nivel diferenciado de continuidad asistencial.

Asimismo, en cuanto al traslado entre hospitales del paciente, consideramos que las circunstancias sanitarias concurrentes en el interesado, febril y precisado de la intervención que a la postre le fue practicada en el hospital San Cecilio, dando lugar a su ingreso, así como el hecho de que hubiera acudido solo al servicio de urgencias, por no contar con familia en Granada, hacían preciso valorar la posibilidad de prescribir un traslado de aquél en vehículo de transporte sanitario y, en todo caso, ofrecerle la información y explicaciones pertinentes acerca de las precauciones oportunas, dado que, como decimos, el afectado se vio en la necesidad de realizar el desplazamiento en transporte público con la vía intravenoso, solo y con riesgo para su salud.

Sobre este aspecto queremos abundar, pues junto al aspecto asistencial hay que prestar atención a la consideración del estado emocional, social y familiar de los pacientes, que a su vez, nos conecta directamente con el principio de humanización de la relación asistencial que reclamamos en el ámbito sanitario, el cual implica la compatibilidad de la prestación médico-asistencial y técnicas organizativas con el respeto a los derechos humanos de los pacientes y el prestarles una adecuada información y atención en cada momento.

El examen de cada caso y el prestar una información adecuada y apropiada para cada paciente son aspectos esenciales que han de presidir la actuación médica, y poniendo en valor la labor de los profesionales sanitarios, en este supuesto, se mantienen las dudas en cuanto a la apreciación de la continuidad asistencial y en cuanto a la forma de proceder en la derivación al hospital de referencia y la oportunidad del mismo en la situación descrita.

A la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta los informes emitidos y las consideraciones realizadas, y de conformidad con lo previsto en el art. 29.1º de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución procede a formular a esa Dirección Gerencia del Hospital Virgen de las Nieves la siguiente

RESOLUCIÓN

- Que se revisen los casos y patologías atendidos por urgencias, susceptibles de sectorización hospitalaria por no requerir continuidad asistencial, y en caso de ser necesario, se revisen los criterios aplicados para los traslados de pacientes que puedan verse afectados por las mismas.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla que sin más dilación que la estrictamente necesaria para la comprobación de los datos y requisitos previstos en la norma, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 04/11/19 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía la comunicación remitida por Dña. (...), exponiendo y aportando justificante de entrada de la solicitud telemática que realizó el pasado día 18 de julio, de la Renta Mínima de Inserción Social en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y pide nuestra ayuda pues a la fecha no ha tenido noticias de su resultado.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración el preceptivo informe que ha sido registrado el 14/11/2019. En la respuesta, la Delegación Territorial refirió que la solicitud de la persona interesada tuvo entrada, el 18 de julio de 2019 y que “...Actualmente la solicitud se encuentra pendiente de resolución conforme el orden de presentación de solicitudes y siguiéndose el procedimiento regulado en el Capítulo IV del Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía”.

III. Tras trasladar el informe recibido a la promotora de la queja para que aportara las alegaciones que a su derecho conviniesen, nos reprodujo la pendencia del procedimiento, así como la persistencia de su necesidad de ver reconocido este derecho subjetivo.

A la vista de cuanto antecede, estimamos oportuno efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

Resulta de aplicación al presente caso, las siguientes normas de nuestro ordenamiento jurídico:

Primera.- El Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, dedicado a los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, contempla en su apartado 3, 14.º, como uno de ellos, la cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social.

Por otra parte, en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía, se contemplan los principios rectores de las políticas públicas, las cuales deben orientarse a garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos y alcanzar los objetivos básicos establecidos en el artículo 10, mediante la aplicación efectiva de tales principios, en particular, para el asunto que nos ocupa, art. 37, apartado 1, 7.º, la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.

De acuerdo con el apartado 2 del citado precepto estatutario, los anteriores principios se orientarán además a superar las situaciones de desigualdad y discriminación de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier otra forma de marginación o exclusión. Para ello, su desarrollo facilitará el acceso a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos, y establecerá los supuestos de gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables.

Finalmente, el art. 23.2 del Estatuto de Autonomía establece que todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

Segunda.- El derecho a una buena Administración.- El artículo 103.1 de la Constitución española establece que la Administración Pública debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia.

El artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, pretende garantizar a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena Administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable, debiendo ser también la actuación de la Administración proporcionada a su fines.

El artículo 5.1.d) de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

El artículo 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz establece que esta Institución vele para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

Tercera.- Normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.- El Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, tiene por objeto regular la prestación económica garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, incorporando un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción social.

Se constituye como instrumento para frenar e invertir los procesos de vulnerabilidad y exclusión social que conlleva a la población que se encuentra en dichas situaciones, a la incapacidad de ejercer derechos sociales.

Los fines de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía son reducir la tasa de pobreza y de exclusión social en Andalucía, especialmente la pobreza infantil; mejorar las posibilidades de inclusión social y laboral de las personas en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, especialmente aquellas que tienen menores a su cargo y teniendo en cuenta la diferente situación de los hombres y las mujeres; aumentar el grado de autonomía personal y familiar y atender la satisfacción de las necesidades básicas para una vida digna de la unidad familiar.

La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía consiste en una prestación económica mensual que se devenga a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, y su duración inicial será de doce meses.

En cuanto al procedimiento previsto para ello, en el artículo 32.2 de la Norma reguladora, se prevé que el plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver. Transcurrido el plazo para resolver sin haberse dictado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

Cuarta.- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante PACAP), conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, preceptúa que los plazos señalados en esta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

- El artículo 21, párrafo 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este tipo de procedimientos, como hemos visto, es actualmente de dos meses, a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, sin que el transcurso del plazo previsto, exima a la Administración de la obligación de dictar resolución expresa.

- El art. 21, párrafo 6, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, preceptúa que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento legal de dictar resolución expresa.

Por otra parte, y a mayor abundamiento, los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos (art. 20. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP).

La demora administrativa que se está produciendo en el reconocimiento y resolución de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, vulnera la normativa autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, citadas con anterioridad.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos citados en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin más dilación que la estrictamente necesaria para la comprobación de los datos y requisitos previstos en la norma, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz