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Con base en el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución al Ayuntamiento de Úbeda en el sentido de que se adopten las medidas oportunas para que se ponga en funcionamiento efectivo el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, requiriendo de ser necesario a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén la asistencia necesaria para ello, conforme al artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de del Régimen Local, y al artículo 23 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 1 de julio de 2020 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por Dª. ... con DNI ... y domicilio en … .

En la misma nos trasladaba que había recibido comunicación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) con relación a un procedimiento de desahucio por ocupación de vivienda titularidad de dicha Agencia sin título habilitante. La interesada nos indicaba que residía en dicha vivienda con su pareja y sus tres hijos y que los ingresos familiares eran muy limitados. Refiere que tenía adjudicada una vivienda de AVRA a cuya renta de alquiler no podía hacer frente, por lo que renunció a esta y se trasladó a otra vivienda de AVRA cuyos anteriores inquilinos le ofrecieron, asumiendo ella el coste del alquiler, que era mucho más bajo, de 40 euros.

Refería que puso estas circunstancias en conocimiento de la citada Agencia mediante escrito de 15 de julio de 2020. Asimismo, se dirigió a los servicios sociales, donde le indicaron que elaborarían el correspondiente informe de exclusión social cuando fuese requerido por AVRA.

II. Estudiada la comunicación de la interesada, procedimos a admitirla a trámite como queja ya que consideramos que, en principio, reunía los requisitos establecidos en la Ley reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz (Ley 9/1983, de 1 de Diciembre). En consecuencia, solicitamos a AVRA información sobre el procedimiento de desahucio iniciado y las posibilidades para regularizar la estancia de la familia en esta vivienda, habida cuenta las singulares circunstancias del caso planteado por la interesada, que era adjudicataria de otra vivienda pública.

III. En la respuesta de dicho organismo se indicaba que el pasado 13 de agosto de 2020 AVRA había remitido escritos, tanto al Ayuntamiento de Úbeda como a los Servicios Sociales municipales, solicitando informe de valoración de la unidad familiar por si pudiera encontrarse en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo,con el fin de que en base a ese informe, se pueda determinar si es posible emitir la correspondiente resolución de excepcionalidad en la adjudicación de la vivienda por parte del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Con fecha 21 de agosto de 2020, se había recibido informe social del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Úbeda en el que se determina que la situación económica de la unidad familiar es muy inestable y precaria, pero no se había recibido la correspondiente resolución de excepcionalidad por parte del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Úbeda.

IV. En consecuencia, procedimos a iniciar actuaciones con ese Ayuntamiento, solicitando que se informase sobre la cuestión planteada por AVRA con relación a la resolución de excepcionalidad del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Úbeda.

V. Con fecha 29 de octubre se recibió informe de ese Ayuntamiento, en el que se indicaba literalmente lo siguiente: “Que por parte de este Ayuntamiento se han llevado a cabo los trámites necesarios (informe de la trabajadora social, propuesta de alcaldía y certificado de que el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida no está operativo) para la concesión de la mencionada vivienda por AVRA, estando a la espera de que esta emita resolución”.

En consecuencia, se estimaba que la cuestión planteada por la interesada se encontraba en vías de solución, si bien por lo que respecta al Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida conviene realizar a esa Administración las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, desarrolla, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Constitución y en el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el derecho a una vivienda digna y adecuada.

A estos efectos, la Administración de la Junta de Andalucía y las administraciones locales, en el marco del principio de subsidiariedad, dentro de los ámbitos competenciales correspondientes determinados en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y demás legislación aplicable, promoverán el acceso a una vivienda digna y adecuada a través de una política de actuaciones en materia de vivienda protegida y suelo y de apoyo a la conservación, mantenimiento, rehabilitación y calidad del parque de viviendas existente.

En este sentido, ha de recordarse que el artículo 4 de la citada ley dispone que la actividad que realicen las administraciones públicas andaluzas en desarrollo de la misma deberá dirigirse a hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada, mediante:

1. El ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, de manera que posibilite el acceso a la vivienda de promoción libre para aquellas personas que tengan recursos económicos suficientes.

2. El ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, la promoción y acceso a una vivienda protegida, en propiedad o en arrendamiento, a las personas titulares del derecho que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 5 de la presente ley.

3. El favorecimiento del alojamiento transitorio.

4. La promoción de la rehabilitación y conservación del parque de viviendas existente.

5. El ejercicio de las potestades de inspección administrativa y sancionadora en materia vivienda.

6. Actuaciones de fomento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas.

Para facilitar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda se recogen en el Título II de la citada Ley los instrumentos de las administraciones públicas andaluzas. Particularmente, el artículo 16 recoge que los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida son los instrumentos básicos para la determinación de las personas solicitantes de la vivienda protegida. Por ello, conforme establece el artículo 16.2, los ayuntamientos están obligados a crear y a mantener el registro de manera permanente, en las condiciones que se determinen reglamentariamente. Asimismo, se prevé que los ayuntamientos deberán facilitar información mediante copia electrónica del registro a la consejería con competencias en materia de vivienda.

Mediante el Decreto 1/2012, de 10 de enero, se aprobó el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, dando así cumplimiento a la Ley 1/2010, estableciendo la regulación general de carácter mínimo de los mismos, y fijando el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las bases reguladoras de cada registro municipal, en relación al procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida.

Dichos registros son, por tanto, instrumentos fundamentales para el conocimiento de las personas solicitantes de vivienda protegida y las necesidades de vivienda existentes en cada localidad, determinante de la política municipal de vivienda, que tendrá su reflejo en los planes municipales de vivienda y suelo, tendentes a la satisfacción del derecho a una vivienda.

Se establece así que los citados registros públicos municipales tendrán carácter municipal, siendo gestionados por cada municipio de forma independiente. Las bases reguladoras de los registros, así como sus modificaciones, deberán ajustarse a lo establecido en el referido Reglamento Regulador, debiendo ser informadas por la consejería competente en materia de vivienda y aprobadas por el correspondiente Ayuntamiento del que dependa el registro.

Asimismo, el artículo 23 de la Ley 1/2010 prevé que la Administración de la Junta de Andalucía establecerá, en la forma que se determine reglamentariamente, un sistema de ayudas a los ayuntamientos para la elaboración, aprobación y revisión de los planes municipales de vivienda y suelo, así como para la creación y el mantenimiento de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida.

Segunda. A pesar de dicha obligación de los ayuntamientos de crear y mantener sus registros municipales de vivienda protegida, en vigor desde el año 2010, todavía nos encontramos con municipios, normalmente de pequeño tamaño, que carecen o no tienen en funcionamiento efectivo este instrumento básico de la política de vivienda.

En el caso de Úbeda, la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal De Demandantes de Vivienda Protegida se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén Nº 57, de 11 de marzo de 2010. Sin embargo, el Ayuntamiento informa que el mismo no se encuentra operativo, desconociendo si ha llegado alguna vez a estarlo.

Como hemos expuesto en la primera consideración, los registros son instrumentos fundamentales para el conocimiento de las necesidades de vivienda y la política municipal de vivienda. Por ello, no se puede alegar como excusa que no haya vivienda pública disponible, pues es precisamente la obligación de las administraciones públicas promover el acceso a una vivienda digna y adecuada a través de una política de actuaciones en materia de vivienda protegida y suelo y de apoyo a la conservación, mantenimiento, rehabilitación y calidad del parque de viviendas existente.

Tercera. En relación con las dificultades que puedan tener los municipios, la normativa prevé diversos mecanismos de asistencia y ayudas para que los Ayuntamientos puedan desempeñar adecuadamente sus competencias.

Así, el artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de del Régimen Local señala que, entre otras, es competencia propia de la Diputación la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.

El apartado 2 de este precepto legal dispone asimismo que la Diputación garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les da soporte para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.

Asimismo, el artículo 23 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía prevé que la Administración de la Junta de Andalucía establecerá, en la forma que se determine reglamentariamente, un sistema de ayudas a los ayuntamientos para la elaboración, aprobación y revisión de los planes municipales de vivienda y suelo, así como para la creación y el mantenimiento de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que, por parte del Ayuntamiento de Úbeda, se adopten las medidas oportunas para que se ponga en funcionamiento efectivo el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, requiriendo de ser necesario a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén la asistencia necesaria para ello, conforme al artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de del Régimen Local, y al artículo 23 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Marbella a nuestra petición de que se nos mantuviera informados de la resolución que se dictara ante el recurso de reposición interpuesto y en caso de desestimación, si, en el plazo establecido por el Ayuntamiento, el infractor procedió a solicitar licencia de demolición o, de no ser, si se tenía previsto iniciar el proceso de imposición de multas coercitivas o proceder directamente a la ejecución subsidiaria de dichas obras de demolición, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que las denuncias de posibles irregularidades urbanísticas formuladas sean objeto del debido impulso en su tramitación.

ANTECEDENTES

1.- La reclamante nos exponía que, con fecha de 3 de noviembre de 2017, presentó denuncia ante ese Ayuntamiento por obras ejecutadas sin la preceptiva licencia municipal en la vivienda sita en Urbanización ..., finca colindante con otra de su titularidad. Afirmaba que la mayoría de las obras denunciadas estaban ejecutadas sin respetar la correspondiente distancia a lindero privado, establecida en la ordenanza urbanística de aplicación.

Añadía que, en el mes de diciembre posterior, se personó la Inspección Urbanística y levantó Acta de Inspección, tomando fotos desde su domicilio dando lugar al inicio del Expediente ..., pero a la fecha de la presentación de la queja seguía pendiente la incoación del correspondiente Procedimiento Sancionador y el de Restablecimiento de la Legalidad Urbanística, alegando falta de personal.

Por estas razones, con fecha 4 de marzo de 2019, se admitió a trámite la queja e interesamos a ese Ayuntamiento que nos indicara el estado de tramitación del expediente de procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística ..., así como de las causas por las que el mismo, al parecer, no se estaría tramitando con el necesario impulso y eficacia.

2.- En respuesta, se nos remitió comunicación de la Jefa del Negociado de Infracciones Urbanísticas señalando que, con fecha 27 de febrero de 2019, se iniciaron los correspondientes procedimientos de reposición de la realidad física alterada y sancionador (Expte. ...). Dado que la denuncia de la interesada versaba sobre obras que incurrirían en presunta infracción urbanística y que fue formulada en noviembre de 2017, pedimos en una nueva petición de informe conocer las razones por las que no fue hasta febrero de 2019 y tras nuestra intervención cuando se iniciaron los procedimientos de reposición de la realidad física alterada y sancionador antes mencionados. Tampoco nos constaba que, desde la fecha de incoación hasta el mes de junio de 2019, se hubieran llevado a cabo nuevas actuaciones. Por ello, interesamos que se nos indicaran las causas de los retrasos que se advertían en la tramitación de este asunto.

3.- Tras ello, se nos informó del estado de tramitación del Expediente ..., dándonos cuenta del Decreto ... de … de 2019 por el que, en síntesis, se ordenaba la reposición de la realidad física alterada y la demolición de lo ilegalmente construido. En consecuencia, interesamos que se nos indicara si, en el plazo establecido por ese Ayuntamiento, el infractor había procedido a solicitar licencia de demolición o, de no ser, si se tenía previsto iniciar el proceso de imposición de multas coercitivas o proceder directamente a la ejecución subsidiaria de dichas obras de demolición.

4.- A raíz de ello, se nos informó nuevamente del estado de tramitación del Expediente ..., dándonos cuenta del recurso de reposición formulado contra el Decreto ... de ... de 2019 por el que, en síntesis, se ordenaba la reposición de la realidad física alterada y la demolición de lo ilegalmente construido.

De acuerdo con ello y con objeto de poder dictar una resolución definitiva en este expediente de queja, interesamos, ya con fecha 26 de septiembre de 2019, que se nos mantuviera informados de la resolución que se dictara ante el citado recurso de reposición y, tras ello y en caso de desestimación, acerca de si, en el plazo establecido por el Ayuntamiento, el infractor procedió a solicitar licencia de demolición o, de no ser, si se tenía previsto iniciar el proceso de imposición de multas coercitivas o proceder directamente a la ejecución subsidiaria de dichas obras de demolición.

5.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas 30 de octubre de 2019 y 14 de febrero de 2020, pero ello no ha motivado que nos sea remitida, ni siquiera tras contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal el pasado 21 de septiembre de 2020, privándonos de conocer si, finalmente, ha quedado restaurada la legalidad urbanística en este asunto.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Cuarta.- Ante su ausencia de respuesta ignoramos si están siendo impulsados debidamente el expediente de protección de la legalidad urbanística incoado en su día por ese Ayuntamiento. Es decir, no podemos constatar que ese Ayuntamiento esté ejerciendo debidamente sus competencias en materia de disciplina urbanística en estos casos.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del deber legal de observar el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3 del deber legal de observar los artículos 181, 182, 183 y 184 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que regulan los procedimientos de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado y de sus concordantes 36 y ss. del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo.

RECOMENDACIÓN para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que las denuncias de posibles irregularidades urbanísticas formuladas por la interesada, sean objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo a las lógicas expectativas de una ciudadana que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística.

Ello supone que esa Alcaldía debe implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo formula Resolución ante la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, del Servicio Andaluz de Salud recomendando que se reconsidere la posibilidad de realizar el diseño de un duplicado de la tarjeta sanitaria individual que incorpore los datos de los usuarios del SSPA que sean menores de edad, y se emitan instrucciones para su expedición, previa solicitud, a los progenitores separados o divorciados que no dispongan de la tarjeta original, a fin de facilitar el acceso a la asistencia sanitaria de aquellos, en los períodos de convivencia con dicho progenitor y, o en su defecto, que se valore la inclusión de la firma de ambos progenitores para la expedición y duplicados de las tarjetas de menores de edad o bien se acredite que el progenitor solicitante de la misma ostenta la guarda y custodia.

ANTECEDENTES

La compareciente se dirige a esta institución para relatarnos las dificultades que se le plantean como consecuencia de la anulación de la tarjeta sanitaria de sus hijos menores de edad por el hecho de haber sido renovadas por el padre de los mismos, quien no ostenta la guarda y custodia.

No es la primera vez que nos preocupamos por este asunto, y así se lo trasladábamos a la promotora de la queja y a ese mismo centro directivo al pedir información al respecto, aclarándole a aquella que desde la Administración sanitaria, con ocasión de quejas anteriores, se había aseverado que la asistencia sanitaria se encuentra plenamente garantizada, ya que no se exige la presentación de la tarjeta para ser atendido, e igualmente se le informaba de la posibilidad de un acceso excepcional desde la oficina de farmacia, que permite dispensar recetas médicas electrónicas a través de una central de incidencias dispuesta al efecto por cada Colegio Oficial de Farmacéuticos provincial.

No obstante ello, y dada la problemática que se viene planteando con relación a este asunto, se admitió la misma a trámite y se instó la petición de informe a esa Administración, para abundar y conocer la formula más adecuada y factible que permita garantizar que la persona que ejerza la guarda y custodia, y por tanto, pase el mayor número de tiempo con los menores de edad, sea la que, por razones lógicas y operativas, ostente las tarjetas sanitarias de los mismos y cómo evitar que dichas tarjetas sean objeto de anulación por el progenitor, no custodio, habida cuenta las dificultades que nos relataba la interesada.

Igualmente, nos interesaba conocer qué documentación se exige a los progenitores para obtener una nueva tarjeta sanitaria de sus hijos menores de edad y si se comprueba, a estos efectos, si además de la patria potestad ostentan la guarda y custodia de estos.

Recibido el informe de ese Centro Directivo, se ratifica en el contenido del informe que fue emitido con ocasión de la Recomendación que desde esta Defensoría se emitió con ocasión de la tramitación de la queja 14/3494, insistiendo en que no es posible que haya dos tarjetas vigentes, residenciando la solución del problema en conseguir que la tarjeta la custodie el progenitor que en cada momento se encuentre con los hijos.

Sobre las cuestiones concretas que se le planteaban, sostiene en la misma línea de lo anterior que para garantizar que la persona que ejerza la guarda y custodia ostente las tarjetas sanitarias, habrá que estar a un acuerdo entre los progenitores, en la medida que no puede el SAS funcionar a modo de oficina administrativa investigando en cada caso quién ostenta la guarda y custodia, e igualmente se nos informa que para la expedición de las referidas tarjetas bastaría la identificación del padre o de la madre, sin exigirse más requisitos.

A la vista de los antecedentes expuestos, desde esta institución se efectúan las siguientes

CONSIDERACIONES

De forma preliminar hay que decir que la problemática de estos casos estriba en gran medida en la falta de entendimiento entre los progenitores, por lo que residenciar la solución del problema en un acuerdo entre los mismos, deviene en gran medida en una opción infructuosa, lo que nos obliga a explorar vías de solución, que podrían venir dadas por su inclusión entre las medidas del convenio regulador que los progenitores establezcan para el cuidado de sus hijos.

No obstante ello, desde esta institución apreciamos que por encima de la buena voluntad de los progenitores y los acuerdos a que lleguen los mismos, se encuentra la prevalencia del superior interés del menor y el derecho a un acceso inmediato a la asistencia sanitaria y prestación farmacéutica de forma directa. No en vano, es un tema que se ha venido planteando en otras comunidades autónomas, accediéndose a la emisión de duplicados de las tarjetas sanitarias de los menores en otras partes del territorio de la Nación, como sucede en la Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Cataluña y más recientemente en la de Castilla y León, que en el año 2014, rechazo una Recomendación (Queja n.º 14003455) del Defensor del Pueblo en este sentido, arbitrando finalmente la solución del duplicado de la tarjeta.

Tras una valoración de la respuesta que sobre las cuestiones que nos preocupaban se hace por la Administración, resulta que se crea una dependencia total de un progenitor respecto de las decisiones y buena voluntad del otro, que debe entregar la tarjeta sanitaria, hasta el punto que pueda anularla o no entregarla, como nos contaba la compareciente, viéndose en última instancia perjudicados los menores que penden de la necesidad de recurrir a medidas excepcionales para la atención sanitaria y dispensación farmacéutica que fuera precisa; circunstancia que podría verse agravada en el caso de residir los progenitores en diferentes comunidades autónomas. Sobre este particular, nos contaba la compareciente que había vuelto a solicitar una nueva tarjeta para solventar el problema que se le planteaba, pero nos aclaraba que no todas las farmacias te entregan la medicina con la posología y sin tarjeta sanitaria, por lo que el derecho puede verse restringido sin justificación.

Conviene por ello abundar en el derecho que los menores tienen para el acceso a la tarjeta sanitaria individual y valorar la existencia de limitación legal que impida su duplicado, como ya en su momento hicimos.

A este respecto, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establece, en su artículo 57, que “el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el Sistema Nacional de Salud se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual, como documento administrativo que acredita determinados datos de su titular […] incluirá, de manera normalizada, los datos básicos de identificación del titular de la tarjeta, del derecho que le asiste en relación con la prestación farmacéutica y el servicio de salud o entidad responsable de la asistencia sanitaria”.

Sobre este asunto, ya se ha pronunciado el Defensor del Pueblo estatal, señalando que el hecho de que la Tarjeta Sanitaria sea personal e intransferible no impide, en modo alguno, la emisión de una copia o duplicado de esta tarjeta, en la medida en que no se trata de modificar los datos en ella consignados, sino de reproducir los reflejados en la original.

Esgrimía la Administración sanitaria en respuesta a nuestra anterior Recomendación, emitida en el año 2014, dificultades fundamentalmente con la aplicación informática para la emisión de los duplicados de las tarjetas sanitarias. Como quiera que han transcurrido unos años desde nuestra anterior Recomendación y es un tema recurrente en el que valoramos nuevas circunstancias como la posibilidad de que cualquiera de los progenitores pueda anular la tarjeta y el hecho que nos informaba la compareciente de que no todas las farmacias te entregan la medicina con la posología y sin tarjeta sanitaria, desde esta institución entendemos que procede reconsiderar la posibilidad que en su momento ya instábamos a la emisión de los duplicados de las tarjetas sanitarias, e igualmente establecer medidas de comprobación que permitan garantizar que la persona que ejerza la guarda y custodia, y por tanto, pasa el mayor número de tiempo con los menores de edad, sea la que, por razones lógicas y operativas, ostente las tarjetas sanitarias de los mismos.

A la vista de lo expuesto, y en uso de las atribuciones que a esta Institución confiere el art. 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, hemos decidido elevar a esa Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: Que se reconsidere la posibilidad de realizar el diseño de un duplicado de la tarjeta sanitaria individual que incorpore los datos de los usuarios del SSPA que sean menores de edad, y se emitan instrucciones para su expedición, previa solicitud, a los progenitores separados o divorciados que no dispongan de la tarjeta original, a fin de facilitar el acceso a la asistencia sanitaria de aquellos, en los períodos de convivencia con dicho progenitor y, o en su defecto, que se valore la inclusión de la firma de ambos progenitores para la expedición y duplicados de las tarjetas de menores de edad o bien se acredite que el progenitor solicitante de la misma ostenta la guarda y custodia.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz