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Recordamos al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra los principios constitucionales y legales a los que queda sometido al haber dejado impune, por la derogación parcial de una ordenanza, la ocupación sin título con veladores del espacio público. Le recomendamos, a este respecto, que sin más demoras ni retrasos injustificados, se proceda previos los trámites legales que sean preceptivos, a la retirada de la terraza de veladores del establecimiento objeto de queja, una vez constatada que no tiene licencia. Finalmente, pedimos que se agilice en todo lo posible la aprobación de la nueva Ordenanza que evite la impunidad de conductas contrarias a la normativa que además son generadoras de ruidos y contrarias a la igualdad que deben fomentar las Administraciones Públicas

ANTECEDENTES

La promotora de este expediente exponía en su escrito de queja (del que en su momento enviamos copia a ese Ayuntamiento) los problemas que le estaba generando la terraza de veladores de un bar situado debajo de su vivienda, denominado bar (...). Dicha terraza de veladores, según decía, se situaba sobre una plataforma y, al respecto, había solicitado en ese Ayuntamiento varias veces, por escrito (de todos ellos enviamos copia a ese Ayuntamiento), conocer si estaba debidamente autorizada y, en su caso, en qué número de veladores, obteniendo como única respuesta el silencio.

En concreto, la reclamante nos aportó copia de un escrito presentado en ese Ayuntamiento el (...) de febrero de 2018, con el que solicitaba información sobre la instalación de veladores para el bar (…), sito en la calle (…), número (...). Asimismo, nos aportó copia de otro escrito presentado el (...) de abril de 2018, en el que exponía y explicaba su negativa a que se le autorizasen veladores a este bar. Junto con este escrito se acompañaba otro en el que se hacía una relación de las distintas situaciones y denuncias vecinales que este local había venido provocando en el tiempo, con incoación de expediente administrativo sancionador, según constaba en dicho escrito. Finalmente nos aportó un último escrito presentado el (...) de mayo de 2018, en el que se indicaba que este local no tenía licencia de veladores y se solicitaba al Ayuntamiento su retirada.

Admitida a trámite la queja e interesado el preceptivo informe de ese Ayuntamiento, hemos recibido a través de comunicación con registro de salida (…), de (...) de junio de 2020, informe de la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos, según el cual:

“Que la vigente ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público publicada en el BOP n.º 298 de 28 de diciembre de 2017 ha eliminado la tipificación como infracción de la utilización o aprovechamiento del dominio público local sin estar amparado en la correspondiente autorización, así como la determinación de sanciones.

La ausencia de normativa que tipifique la infracción y concrete la sanción aplicable, impide incoar procedimientos sancionadores sobre la instalación de veladores en el dominio público sin licencia.

Actualmente, se encuentra en trámite de información pública la aprobación de una Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación temporal de la vía pública con mesas, sillas, veladores y otras instalaciones análogas, que contiene un completo régimen sancionador que permitirá instruir y tramitar, una vez que entre en vigor, los expedientes sancionadores que sean necesarios”.

Además, también se nos ha enviado informe de la Sección de Licencias de Actividades, conforme al cual el establecimiento objeto de queja fue autorizado en su momento, bajo la vigencia del Decreto 78/2002, ya derogado, para bar con música y sin cocina, y que conforme al vigente Decreto 155/2018, “actualmente se asimilará al Epígrafe III.2.7.c)“Establecimientos Especiales de Categoría con música”, por lo que en relación con la terraza de veladores se estará a lo dispuesto en lo establecido en el articulo 11 del Decreto 155/2018 de 31 de Julio”.

En vista de estos informes, se hace preciso hacer las siguientes

CONSIDERACIONES

Esta Institución no puede sino mostrar sorpresa ante el reconocimiento expreso de que en la Ordenanza fiscal correspondiente se haya “eliminado la tipificación como infracción de la utilización o aprovechamiento del dominio público local sin estar amparado en la correspondiente autorización, así como la determinación de sanciones”. Ciertamente la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, Reguladora de los Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBELA) establece en su artículo 77.1 a) que «Serán sancionables en las ordenanzas locales las infracciones que supongan: a) Ocupar bienes sin título habilitante.»

Sin embargo, no se entiende bien cuál es la razón de eliminar tal infracción de la Ordenanza, pues no se nos dice, dado que ello supone permitir un escenario jurídico a partir del cual quedarán impunes conductas jurídicamente reprochables, no solo por lo que tiene de ocupación sin título de un espacio público, sino por lo que implica en términos de igualdad y competencia frente a titulares de establecimientos que sí abonan las tasas correspondientes por sus terrazas de veladores, y por último -y la razón de ser de esta queja- porque es el vehículo para la comisión de infracciones con incidencia acústica y con menoscabo de los derechos de terceras personas. Ello, por mucho que se quiera compensar esta situación con el hecho de que esté en trámite de información pública una nueva Ordenanza que sí contempla este supuesto como infracción administrativa.

Por otra parte, tampoco se nos facilita el dato de cuándo se produjo esa eliminación de la Ordenanza vigente de la infracción que nos ocupa, tiempo durante el cual se ha permitido una desigualdad de trato entre establecimientos, impropia de una Administración Pública de este tiempo, e impropia de un mínimo estándar de buena administración y de responsabilidad en la administración y gestión de los bienes públicos.

Esta situación necesariamente lleva a invocar el derecho a una buena administración del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA), aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que se ve incumplido a nuestro juicio, y que lleva también a provocar un incumplimiento del derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución (CE), en relación con el artículo 9.2 primer inciso de la Carta Magna que dice que «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas».

Además, esta sorprendente circunstancia de la que se nos informa, constituye la vulneración de los principios a los que debe someterse toda Administración Pública en su actuación, en especial los principios de eficacia, servir con objetividad los intereses generales, sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho, servicio efectivo a los ciudadanos, buena fe y confianza legítima, responsabilidad por la gestión pública, previstos en los artículos 9.3 y 103.1 de la CE, 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

Y por si todo ello no es grave, estos incumplimientos, que pueden incluso calificarse como alejados del buen gobierno, son el escenario perfecto para situaciones de irregularidad cometidas por particulares que a su vez redundan en la vulneración de derechos de terceras personas, como es el caso de la reclamante en esta queja, que pide que se respete su derecho al descanso, el cual no puede ejercer por el ruido que genera la disposición sin licencia de la terraza de veladores del bar que está justo bajo su vivienda.

Si todo esto sorprende, más lo hace que se dé por hecho que poco o nada se puede hacer hasta que no entre en vigor la nueva Ordenanza, lo cual no se sabe cuándo podrá acontecer. Sin embargo, ciertamente no se podrá sancionar esta conducta por no estar tipificada como tal en la Ordenanza vigente, pero ello no impide de ningún modo que ese Ayuntamiento, ante la constatación de que se está disponiendo del espacio público sin licencia, pueda evitar tal situación mediante la retirada de la terraza de veladores del establecimiento denunciado, logrando con ello dos objetivos: primero, impidiendo un uso gratuito del espacio público y defendiendo indirectamente a los hosteleros que sí tienen licencia y pagan las tasas correspondientes; segundo, evitando que a través de esas instalaciones se generen los ruidos que se denuncian, que es el origen de la queja que en su momento se nos presentó.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que del establecimiento objeto de queja se nos ha informado que pertenece a “Establecimientos Especiales de Categoría con música”, por lo que en relación con la terraza de veladores se estará a lo dispuesto en lo establecido en el articulo 11 del Decreto 155/2018 de 31 de Julio”.

El referido artículo 11 del Decreto 155/2018 establece lo siguiente:

«Artículo 11. Terrazas y veladores para el consumo de bebidas y comidas en establecimientos de hostelería.

1. Corresponde a los Ayuntamientos regular la instalación de terrazas y veladores en la vía pública y en otras zonas de dominio público, destinados exclusivamente a la consumición de bebidas y comidas, anexos o accesorios a establecimientos públicos que a tenor de lo previsto en el Catálogo tengan la clasificación de establecimientos de hostelería. De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la instalación estará obligatoriamente sujeta a licencia municipal, en los términos y condiciones de funcionamiento que se determinen expresamente en las correspondientes ordenanzas o disposiciones municipales, de acuerdo con lo previsto en este Decreto.

2. Las terrazas y veladores se ubicarán, de conformidad con la normativa de protección acústica, preferentemente en áreas no declaradas zonas acústicas especiales y que además sean sectores con predominio de suelo de uso recreativo, de espectáculos, característico turístico o de otro uso terciario no previsto en el anterior, e industrial. La instalación de terrazas y veladores en zonas acústicas especiales y en sectores del territorio distintos a los anteriores deberá estar motivada en el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior del artículo 27 del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado mediante Decreto 6/2012, de 17 de enero. La evaluación de su cumplimiento quedará justificada en el estudio acústico mediante la aplicación de la metodología de cálculo que se desarrolle por la Consejería competente en materia de contaminación acústica».

Pues bien, este establecimiento no solo no tiene la obligatoria licencia sino que lo más probable es que se ubique en una zona de uso residencial predominante, por lo que resultará muy difícil motivar para una actividad con música el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en los términos del artículo 11.2 antes reproducido.

En consecuencia con todo lo anterior, tratándose de una instalación que precisa obligatoriamente de licencia, la cual no tiene, que además no cumple las exigencias para que pueda concedérsele al tratarse de un bar con música en suelo de uso predominante residencial, debe ese Ayuntamiento adoptar cuanto antes las medidas para la retirada de esta terraza de veladores, llegando si fuera necesario a la ejecución forzosa. No debe olvidarse, en este sentido, que se trata de una conducta que está generando ruidos y que puede estar vulnerando el derecho al descanso de la reclamante y de otras personas, además de originando un escenario de desigualdad frente a hosteleros que cumplen la normativa, esto es, que solo tienen terraza de veladores previa licencia y que pagan las tasas correspondientes por ello, y frente a hosteleros que no pudiendo tener terraza de veladores, no disponen de ellas ilegalmente.

En consecuencia con todo lo expuesto y al amparo de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del derecho a la igualdad del artículo 14 de la CE, en relación con el artículo 9.2 primer inciso de la Carta Magna que dice que «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas», así como del derecho a una buena administración del artículo 31 del EAA, y de los principios a los que debe someterse toda Administración Pública en su actuación, en especial los principios de eficacia, servir con objetividad los intereses generales, sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho, servicio efectivo a los ciudadanos, buena fe y confianza legítima, responsabilidad por la gestión pública, previstos en los artículos 9.3 y 103.1 de la CE, 3 de la LRJSP y 6 de la LBRL.

RECORDATORIO 2 de que conforme al artículo 11 del Decreto 155/2018, en relación con la LBELA, la instalación de terrazas y veladores en la vía pública y en otras zonas de dominio público, destinados exclusivamente a la consumición de bebidas y comidas, anexos o accesorios a establecimientos públicos de hostelería, estará obligatoriamente sujeta a licencia municipal, y se ubicarán, de conformidad con la normativa de protección acústica, preferentemente en áreas no declaradas zonas acústicas especiales y que además sean sectores con predominio de suelo de uso recreativo, de espectáculos, característico turístico o de otro uso terciario no previsto en el anterior, e industrial.

RECOMENDACIÓN para que, sin más demoras ni retrasos injustificados, se proceda previos los trámites legales que sean preceptivos, a la retirada de la terraza de veladores del establecimiento objeto de queja.

SUGERENCIA para que se agilice en todo lo posible la aprobación de la nueva Ordenanza que evite la impunidad de conductas contrarias a la normativa que además son generadoras de ruidos y contrarias a la igualdad que deben fomentar las Administraciones Públicas.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

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I. El Defensor del Pueblo Andaluz acordó iniciar una queja de oficio en relación con el estado de conservación del Palacio de los Marqueses de Almanzora en Cantoria. Entre las motivaciones para dicha iniciativa se señalaba:

“Debemos centrar nuestra atención en el estado de conservación y régimen de protección de varios elementos de distinta tipología que se encontrarían en situación de riesgo a tenor de algunos informes de organizaciones conservacionistas y de protección histórica, de los que se han hecho eco los medios de comunicación recientemente. Más allá de dichas informaciones, creemos oportuno conocer con mayor detalle el estado del Palacio en Cantoria.

Se da la circunstancia de que, sobre alguno de estos casos, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ya ha desplegado sus actuaciones; como es a través de la queja 14/4644 relativa al Palacio de los Marqueses de Almanzora.

En concreto en Marzo de 2016 (S 201600006558) indicábamos a la Delegación Territorial y al Ayuntamiento de Cantoria lo siguiente: “Hemos de destacar la aceptación formal del Ayuntamiento sobre la resolución dirigida, por más que su expresión práctica no viene a satisfacer el objetivo central de tal pronunciamiento, cual es la efectiva intervención sobre el inmueble en los términos que los estudios y proyectos aconsejan acometer. Sin perjuicio del ánimo colaborador que se muestra con la aceptación formal de la resolución, no podemos dar por satisfecha nuestra intervención toda vez que no se alcanzan compromisos concretos y programados que lleven a la materialización práctica de las intervenciones que el Palacio de los Marqueses de Almanzora necesita con urgencia. En el mismo sentido, confiamos que las labores de colaboración desde esa Delegación persistan en alcanzar unos acuerdos de intervención en breve sobre el inmueble. Así pues le comunicamos que persistiremos en la aplicación de las medidas anunciadas a través de intervenciones de control y seguimiento de las mismas”.

Por ello, y a la vista de los anteriores antecedentes, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Almería y el Ayuntamiento de Cantoria, a fin de conocer:

- estado de conservación del inmueble del Palacio de los Marqueses de Almanzora, en Cantoria.

- relación de intervenciones y proyectos que se hubieran proyectado y/o ejecutado en los últimos años, así como sus calendarios previstos dirigidos a la protección que merece el inmueble.

- régimen de uso o aprovechamiento previsto.

- cualquier otra circunstancia que consideren oportuno transmitir para esclarecer el asunto que nos ocupa”.

II.- Según el artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó solicitar la evacuación de informe al Ayuntamiento de dicha localidad de Cantoria y a la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Almería. Podemos destacar de dichos informes:

El Ayuntamiento de Cantoria nos ofrece las propuestas y soluciones que se han elaborado desde esa instancia:

“1.a).- ESTADO DE CONSERVACIÓN.

La edificación se encuentra en estado de ruina propiamente dicha. Excepto parte de su fachada y el Templo. el resto se encuentra en avanzado estado de ruina

1.b).- RELACIÓN DE INTERVENCIONES Y PROYECTOS.

- Estudio de Palacio de Almanzora redactado en noviembre de 2008 por la colegiada 1.304 en el COAM. compuesto de: análisis y estado actual, Propuesta de usos y Anexo de carencias y necesidades respecto a poblaciones colindantes.

- Rehabilitación de la plaza del Marqués de Almanzora. (en la actualidad Plaza de la Marquesa Catalina Casanova, según acuerdo de pleno de fecha 1 de marzo de 2019) redactado por el arquitecto municipal en mayo de 2009.

- Proyecto Básico de Rehabilitación de zona de Caballerizas del Palacio de Almanzora Redactado por Dña. y D. colegiados n° 7.304 y 8.834 respectivamente en el COAM, presentado en este Ayuntamiento el 29 de diciembre de 2009.

- Estudio de viabilidad económico financiera. plan de mantenimiento y conservación y Proyecto de conservación, consolidación y restauración del Palacio de Almanzora, redactado por D., en Julio de 2018.

- Proyecto de grado del Colegio de Arquitectos Técnicos de Granada sobre estado y rehabilitación del Palacio de Almanzora. Presentado en esta Ayuntamiento en 2019.

1.c).- RÉGIMEN DE USO O APROVECHAMIENTO PREVISTO.

Se define en el Proyecto Estudio del Palacio de Almanzora de Dña. Del año 2008 conforme a las carencias comarcales una serie de posibles usos del Palacio, si bien las predominantes son las de centro de gestión comarcal, universidad de verano y centro de usos postgrado. así como la de centro cultural de la comarca del Almanzora)”

Por cuanto respecta a la Delegación Territorial, se nos trasladó un completo y riguroso informe cumplidamente detallado sobre todos los extremos solicitados desde esta Institución. Así se especificó el régimen de la protección legal del inmueble:

“Con fecha 22/Junio/ 1982, fue incoado expediente de declaración de monumento histórico artístico a favor del palacio de Almanzora por la Dirección General de bellas artes y bibliotecas (BOE n" 239, 6/10/82). Revisados los expedientes incoados y a fin de adaptarlos a la ley de P.H.A., se determinó la desincoacción del expediente. Con fecha 2 de febrero de 2006 se resolvió la inscripción en el C.G.P.H.A. con carácter genérico (BOJA 2402-2006), y cuyo régimen de protección queda circunscrito a las obligaciones que emanan del art 14, punto 1 y art. 33, puntos 5 y 6 de la L.P.H.A. 14/2007”.

Del mismo modo se ofrece un diagnóstico sobre el estado general del Palacio señalando que “El estado de conservación material de la edificación es de alto deterioro progresivo que amenaza la ruina física no declarada administrativamente. Debido a la alta degradación tanto estructural como constructiva, queda imposibilitada cualquier utilización de la construcción en el estado actual, a excepción del cuerpo separado que configura la capilla, donde se intervino mediante consolidación de fachadas hace 18 años y posteriormente con adecentamientos interiores sucesivos y el reciente retejado. Ante esta situación de precariedad, se refuerza la necesidad de establecer distintas fases de actuaciones, sean secuenciales o simultaneas en el tiempo, que definan los distintos estadios de salvaguardia, restauración, rehabilitación y puesta en valor en función de la intensidad o urgencia de las necesidades a soslayar según los postulados de la conservación del P.H. y que van desde frenar los procesos destructivos que eviten la irreversibilidad de recuperación edilicia, hasta la utilización óptima de las instalaciones futuras que garanticen la durabilidad con el mejor uso adecuado”.

Además de recoger el informe una amplísima y detallada relación de actividades de restauración y conservación sobre todos los elementos del inmueble, se relatan las intervenciones ejecutadas en las últimas dos décadas y se especifica el proyecto central que asumiría las necesidades acreditadas sobre el Palacio, cual es:

“PROYECTO BASICO RESTAURACIÓN DEL PALACIO DEL ALMANZORA EN CANTORIA, ALMERÍA. Órgano gestor: Ayuntamiento de Cantoria: Inversión prevista (no realizada): 2.434.772,99 euros, solicitud de ayudas al Patrimonio Histórico convocatoria 1,5% cultural inversiones publicas el entorno de la Obra pública de los tramos de la Linea de Alta Velocidad entre Murcia y Almería correspondientes a los limites entre Cuevas del Almanzora y Vera”.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Compartimos desde esta Defensoría la postura mantenida comúnmente por esa Delegación Territorial de Cultura y el Ayuntamiento de Cantoria de deber de conservación del inmueble en cuestión como medida de protección de nuestro patrimonio. A este respecto, conviene señalar que la Exposición de Motivos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, «La lectura integrada de los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 45, 46 y 47 de nuestra Carta Magna refleja con meridiana claridad la voluntad del constituyente de que los derechos de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, y de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, puedan ser ejercidos en ciudades y pueblos cuya conservación, así como el enriquecimiento de su patrimonio histórico, cultural y artístico, estén garantizados por los poderes públicos. Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en los apartados 5º y 6º de su artículo 12.3, insiste en los mismos principios de calidad de vida, vinculada a la protección de la naturaleza y del medio ambiente y al desarrollo de los equipamientos sociales, y de protección del paisaje y del patrimonio histórico-artístico, como uno de los objetivos del ejercicio de los poderes por nuestra Comunidad Autónoma».

La modificación experimentada por el Estatuto de Autonomía para Andalucía con ocasión de la reforma habida en el año 2007 no ha hecho sino potenciar más si cabe la idea expresada en la párrafo trascrito. En este sentido, a través del artículo 33 de la norma estatutaria se establece que «Todas las personas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas, así como el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz». Asimismo, los ordinales 17º y 18º del apartado primero del artículo 37 prevén, como principios rectores de las políticas públicas, «el libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural»; y «la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía, especialmente del flamenco».

De este modo, en el actual panorama normativo tiene perfecta razón de ser uno de los grandes objetivos que señaló el legislador para la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: “dotar de contenido normativo positivo los mandatos constitucionales y estatutarios mencionados”.

Para ello, el apartado segundo del artículo 3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, señala que la ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el marco de la ordenación del territorio, tiene por objeto, entre otros:

- La protección del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y cultural.

- El cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de las construcciones y edificaciones existentes.

Se trata de dos objetivos independientes en su configuración jurídica pero íntimamente vinculados entre sí, ya que sin el cumplimiento efectivo de los deberes de conservación y rehabilitación difícilmente podrá garantizarse la protección del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural.

Segunda.- La Sección segunda del Capítulo V del Título IV de la LOUA es la encargada de regular pormenorizadamente el deber de conservación de edificaciones e inmuebles, indicando el apartado primero del artículo 155 lo siguiente:

«Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones».

Este deber de los propietarios alcanza hasta la ejecución de trabajos y obras por importe equivalente a la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable.

No obstante, cuando las obras de conservación y rehabilitación rebasasen ese límite pero su ejecución pudiese aportar mejoras o beneficios de interés general, en tal caso los propietarios deben asumir su coste hasta la cuantía señalada, y lo que exceda de ella deberá ejecutarse a costa de la entidad que las ordene.

Dicho lo cual, de la información aportada por esa Delegación Territorial parece posible colegir que tal deber de conservación ha consistido en actuaciones parciales sobre el Palacio (capilla), pero que resultan dispares y que no abordan en su totalidad las necesidades del inmueble.

A este respecto, la LPHA en el artículo 14 apartado primero, establece en relación a la conservación y mantenimiento lo siguiente:

«Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. A estos efectos, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de conservación».

Tercera.- Obviamente también se regula el deber de actuación ante supuestos de incumplimiento del deber de conservación. Este deber es precisamente el que desde esa Delegación Territorial se ha venido manteniendo y recordando en sucesivas ocasiones a la propiedad (tanto particular como del propio Ayuntamiento titular), pero su obligación no ha de quedar únicamente ahí, ya que la legislación vigente permite otro tipo de acción posterior en caso de incumplimiento, ya que en caso contrario dependería de la voluntad de la propiedad la preservación de nuestro patrimonio.

Así, el artículo 15.1 otorga la faculta a la Administración Cultural de ordenar la ejecución de obras o actuaciones necesarias, y el artículo 16.1 la posibilidad de ejecución forzosa de las medidas acordadas:

«La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá ordenar a las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico la ejecución de obras o la adopción de las actuaciones necesarias para su conservación, mantenimiento y custodia. Dichas órdenes no excusarán de la obligación de obtener de otras Administraciones Públicas las licencias o autorizaciones que correspondan» (art. 15.1).

«En el caso de que las personas obligadas por las órdenes de ejecución de obras o actuaciones de conservación, mantenimiento o custodia no las ejecuten voluntariamente, ni procedan a optar por las medidas indicadas en los apartados 2 y 3 del artículo 15, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá, bien imponer multas coercitivas cada mes en que se mantenga la situación de desobediencia, por importe máximo cada una del 10% del coste de las obras o actuaciones impuestas, bien proceder a la ejecución subsidiaria de las mismas con cargo al obligado a su realización. La ejecución subsidiaria no excusará de la obligación de obtener de otras Administraciones Públicas las licencias o autorizaciones que correspondan» (art. 16.1).

E incluso, el artículo 18.1 y 2 faculta la realización de una expropiación del bien por causa de interés social:

«1. La falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley para las personas propietarias, poseedoras o titulares de derechos sobre bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico facultará a la Administración para la expropiación total o parcial del bien por causa de interés social.

2. En aplicación del artículo 82 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se consideran de interés social las obras y adquisiciones necesarias para posibilitar la contemplación de bienes catalogados, facilitar la conservación de los mismos o eliminar los usos incompatibles u otras circunstancias que atenten contra los valores o seguridad de dichos bienes».

Cuarta.- A modo de conclusión, hemos de compartir el interés manifestado en sus declaraciones formales, tanto desde la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, como desde el Ayuntamiento de Cantoria, respecto de la necesidad de abordar actuaciones urgentes en el Palacio de los Marqueses de Almanzora. Ciertamente, la concreción y detalle de la situación ha venido ofrecida desde la Delegación que relata cumplidamente el estado de la cuestión, comenzando por recordar la titularidad sobre el conjunto inmueble, en donde el Ayuntamiento ostenta un porcentaje significativo (25%) siendo el resto de titularidad particular.

El estudio de las necesidades del Palacio ha provocado una actuación e implicación por abordar diversas medidas de estudio y proyectos de intervención que se han materializado, en distinta medida, a lo largo de los últimos años. La cumplida información ofrecida desde la Delegación Territorial de Cultura ha especificado ese instrumento de intervención al recordar la existencia del “proyecto promovido por el Ayuntamiento de Cantoria: Inversión prevista (no realizada): 2.434.772,99 euros, solicitud de ayudas al Patrimonio Histórico convocatoria 1,5% cultural inversiones publicas el entorno de la obra pública de los tramos de la Linea de Alta Velocidad entre Murcia y Almería correspondientes a los limites entre Cuevas del Almanzora y Vera”.

Por tanto, desde esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz no podemos dejar de posicionarnos en favor de las medidas de conservación y protección del Palacio de los Marqueses de Almanzora, requiriendo de las Administraciones Públicas competentes las respuestas que hemos elaborado en la presente resolución.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula a la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Almería y al Ayuntamiento de Cantoria la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en los preceptos anteriormente citados.

RECOMENDACIÓN 1, para que se impulsen las medidas comprometidas de abordar proyectos integrales para la restauración del inmueble del Palacio de los Marqueses de Almanzora en cumplimiento de las responsabilidades de sus titulares.

RECOMENDACIÓN 2, para que se agilicen las medidas de apoyo económico previstas en las líneas de ayuda anunciadas.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

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Ver actuación de oficio

En esta queja promovida de oficio por esta Institución, relativa a “Expolio de una tumba tartésica en el Cabezo Roma de Huelva”, seguida ante la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico. Hemos analizado la documentación e información que obra en el expediente de queja y, al amparo de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Huelva, Resolución concretada en los siguientes

ANTECEDENTES

I. En Agosto de 2020 el Defensor del Pueblo Andaluz acordó la incoación de oficio de la presente queja en los siguientes términos:

“Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico. Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la cultura.

En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento e investigación a través de las intervenciones arqueológicas «con el objetivo de que la investigación revierta en un aumento y cualificación del conocimiento histórico de nuestro pasado y presente», en los términos que afirma el Decreto 168/2003, de 17 de Junio (BOJA 134, de 15 de Julio), por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

En el conjunto de actividades de protección de la riqueza arqueológica andaluza, las autoridades culturales ha venido desarrollando una importante labor de localización, descripción e investigación de las zonas que han acreditado este interés en el conjunto de elementos que componen el rico y variado Patrimonio Histórico Andaluz.

Así, en el caso de la ciudad de Huelva, hemos tenido conocimiento de un yacimiento que habría sido objeto de un reciente expolio con motivo de aparición de una tumba tartésica del siglo VII a.C. en el Cabezo Roma. Según la información publicada, se ha formulado una denuncia particular sobre este suceso ante la Delegación Territorial de Cultura con fecha 22 de mayo. Desconocemos si tales hechos han sido investigados y si se están siguiendo las correspondientes actuaciones judiciales.

No obstante, y más allá de esta vía judicial, interesa conocer las medidas que se han adoptado por la autoridad cultural en orden a la delimitación y protección de este importante yacimiento, así como los elementos de protección y defensa ante el riesgo de estos supuestos actos que violentan los restos susceptibles de tutela y defensa.

Por ello, y al margen de esas actuaciones que dé lugar la denuncia o la instrucción judicial del caso, resulta de sumo interés conocer el resultado práctico de las disposiciones declarativas de un régimen de delimitación y protección de este yacimiento; no sólo como objeto de intervenciones de investigación y estudio sino, en particular, como instrumento que ponga en marcha todas las medidas de protección y tutela que se nos antojan esenciales para hacer posible la conservación de tales restos y su posterior explotación científica. Según parece, este Cabezo Roma, o Diputación, está fuera de los límites de la Zona Arqueológica que sí abarca, por ejemplo, el cercano Cabezo La Joya y carece, por tanto del régimen máximo de protección que ostenta este otro elemento BIC.

A la luz de los acontecimientos, resulta de especial interés conocer las medidas de protección establecidas y, asimismo, la capacidad de respuesta y reacción de la autoridades culturales para impedir supuestos de agresiones de la envergadura como la que se ha descrito en el yacimiento aludido de Cabezo Roma. Queremos añadir que a pesar de la desgraciada frecuencia de estos atentados al patrimonio, tales asaltos se suelen producir protegidos por la ubicación de parajes o escenarios alejados o de difícil vigilancia por su aislamiento. En cambio, paradógicamente, hablamos en este caso de un escenario urbano característico del casco histórico de Huelva y con un evidente interés arqueológico ante la presencia de numerosos yacimientos sobradamente conocidos y declarados.

Por ello, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Huelva, a fin de conocer:

• medidas de protección del yacimiento arqueológico de Cabezo Roma.

• labores de intervención arqueológica que se hubieran realizado o calendario de intervenciones arqueológicas previstas sobre tal yacimiento.

• proyectos de obra sobre la delimitación del yacimiento y régimen de autorizaciones, en su caso concedidas.

• acciones de control y seguimiento de la ejecución de las mismas.

• entidad de los supuestos daños causados en el ámbito del yacimiento declarado y medidas adoptadas.

• iniciativas para dotar al yacimiento de un régimen de acorde con sus valores arqueológicos.

• cualquier otra circunstancia que consideren oportuno transmitir para esclarecer el asunto que nos ocupa”.

II.- Tras la correspondiente petición de informe, la Delegación Territorial nos remitió un escrito (202099901085502-15/09/2020) atendiendo a la solicitud dirigida. Dicho escrito recoge una completa y cuidada relación de intervenciones de ese organismo en relación con la protección del yacimiento del Cabezo Roma, así como del relato del expolio. Es, sin duda, un informe en su contenido y plazos acorde con la entidad del problema planteado y que denota la singular implicación en relación con las singulares circunstancias que acentúan la gravedad de los acontecimientos producidos frente a este valor patrimonial del pasado histórico de Huelva. Del informe recibido podemos destacar:

“... atendiendo a su requerimiento de información, primero, respecto a “las medidas de protección del yacimiento arqueológico de Cabezo de Roma”, cabe señalar que el mismo no cuenta con protección singularizada puesto que no se encuentra incluido en el ámbito de protección del Bien de Interés Cultural de la Zona Arqueológica de Huelva, ahora bien, conforme al artículo 47.1 de la LPHA forma parte del Patrimonio Histórico de Andalucía y, con ello, afecto por las determinaciones generales establecidas por el citado Cuerpo legal. En este sentido, esta Delegación Territorial, en un primer momento, ha requerido a la Administración local, en sucesivas ocasiones, que adoptará las medidas medidas necesarias de conservación preventiva y securización de los accesos al yacimiento referido, conforme a lo establecido en el artículo 4.2 de la LPHA, así como establecer vigilancia de la zona. En esta misma línea, tras tener conocimiento de los titulares de derechos sobre las parcelas afectas por la actividad expoliadora, esta Administración cultural requirió a la Junta de Compensación U.E.3 “Cabezo de la Diputación” que, según lo establecido en el artículo 14.1 de la LPHA, adoptarán las medidas necesarias para la protección y conservación del registro arqueológico hallado. Dicho requerimiento aún no ha sido tenido en cuenta, por lo que, se le reiterará las obligaciones que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía establece y, en caso de no responder a las misma, se procederá a la apertura de un posible expediente sancionador conforme al Título XIII de la LPHA.

Por otra parte, y ante la falta de adopción de medidas para la protección del yacimiento arqueológico aparecido, esta Delegación Territorial, con fecha de 17 de julio de 2020, recurre a la Jefatura de Huelva de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía para llevar a cabo el acordonamiento mediante cinta Policial de los accesos al yacimiento arqueológico del Cabezo de Roma o de la Diputación (Huelva).

Por último, y dirigido a la adopción de próximas medidas de protección y tutela del patrimonio arqueológico aparecido, esta Delegación Territorial se encuentra tramitando el correspondiente expediente, conforme Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, para la contratación del servicio de realización de una actividad arqueológica urgente, debido a la actividad expoliadora sobre el yacimiento arqueológico inédito sito en el espacio urbano conocido como “Cabezo de Roma o de la Diputación” en el término municipal de Huelva, estando pendiente la licitación del mismo y su adjudicación.

Segundo, relativo a las “labores de intervención arqueológica que se hubieran realizado o calendario de intervenciones arqueológicas previstas sobre tal yacimiento”, esta Delegación Territorial, partiendo de lo apuntado con anterioridad, realizará una actividad arqueológica urgente en el yacimiento arqueológico del Cabezo de Roma o de la Diputación (Huelva), conforme al artículo 5.4 del Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003, de 17 de junio) con el objetivo, por un lado, de evaluar la pérdida de la materialidad del registro arqueológico ocasionada por el expolio y, por otro lado, de prevenir la destrucción de las unidades estratigráficas expuestas pertenecientes a una estructura de carácter funerario, adscribible entorno a los siglos VII y VI a.C., o lo que es lo mismo, evitar la pérdida irreversible de una parte singular del patrimonio histórico

Al respecto, cabe señalar que, una vez adjudicado el contrato, en función del registro HUELVA arqueológico que pudiera aparecer, la previsión de ejecución de la actividad arqueológica urgente es de un mes. Partiendo de dicha previsión y de los documentos preceptivos que deberá aportar la dirección de la actividad arqueológica conforme a los establecido en el Reglamento de Actividades Arqueológicas, a finales de la presente anualidad podremos disponer de la información necesaria para valorar tanto los daños en el registro arqueológico hallado como las medidas de protección más adecuadas.

De otra parte, con fecha de 3 de septiembre de 2020, tuvo entrada en el Registro Electrónico de la Junta de Andalucía solicitud de autorización de Actividad Arqueológica Preventiva de control de movimientos de tierras relativo al proyecto de instalación de piscina de uso privativo tipo 3B en C/ Rafael Pavón núm. 3 de Huelva, la cual será autorizada, si procede, por esta esta Delegación Territorial, conforme a las determinaciones establecidas en el Reglamento de Actividades Arqueológicas. Dicha actividad arqueológica se desarrollará en una parcela en las inmediaciones del Cabezo de Roma o de la Diputación (Huelva).

En relación con los “proyectos de obra sobre la delimitación del yacimiento y régimen de autorizaciones, en su caso concedidas; acciones de control y seguimiento de la ejecución de las mismas”, tercero, con fecha de 10 de junio de 2020, el Servicio de Bienes Culturales adscrito a esta Delegación Territorial requirió al Excmo. Ayuntamiento de Huelva informe sobre las posibles licencias urbanísticas otorgadas o solicitadas en el ámbito del yacimiento arqueológico del Cabezo de Roma o de la Diputación (Huelva). Hasta la presente, no tenemos constancia de la remisión del referido informe.

Ahora bien, bajo la figura de la declaración responsable, y en cumplimiento de las determinaciones establecidas para la Zona de Intervención Tercera del Catálogo de Espacios Arqueológicos por la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva, tal y como se ha señalado con anterioridad, esta Delegación Territorial ha tenido conocimiento del proyecto de instalación de piscina de uso privativo tipo 3B en C/ Rafael Pavón núm. 3 de Huelva.

Cuatro, sobre la “entidad de los supuestos daños causados en el ámbito del yacimiento declarado y las medidas adoptadas”, tal y como ya se apuntó con anterioridad en relación al requerimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva, no será hasta la realización de la actividad arqueológica urgente y en base a los resultados obtenidos, cuando los técnicos de esta Delegación Territorial se encuentren en disposición para emitir informe de valoración de los daños causados por la actividad expoliadora, así como la determinación de las medidas concretas de protección y conservación sobre el registro arqueológico existente.

Y por último, respecto a las “iniciativas para dotar al yacimiento de un régimen de protección acorde con sus valores arqueológicos”, al hilo de lo señalado en el párrafo anterior, los resultados obtenidos con la actividad arqueológica urgente determinarán las medidas de protección y conservación del patrimonio arqueológico onubense, entre las cuales, pasa la modificación del ámbito de protección del Bien de Interés Cultural de la Zona Arqueológica de Huelva, puesto que hasta no contar con datos ciertos sobre el potencial arqueológico del área urbana donde han aparecido las evidencias arqueológicas, no se puede concretar las determinaciones específicas para proteger tan singular patrimonio arqueológico”.

Tras un detallado repaso de las actuaciones de protección, estudio y conservación de los valores arqueológicos del espacio, ofrece un apartado final a modo de resumen.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El establecimiento de un sistema legal de reconocimiento y tutela del patrimonio arqueológico andaluz es, sin duda, uno de los elementos que caracterizan la normativa cultural autonómica, fundamentalmente expresada en la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

La inclusión del concepto, con un alcance y sentido propios en dicha norma, su definición legal y el establecimiento de un régimen de protección perfectamente equiparable al resto de categorías, que han ocupado tradicionalmente la acción cultural protectora de los poderes públicos, son pasos que hacen más que evidente la perfecta concienciación entre la Administración Cultural, del sentido y dimensión de nuestra riqueza histórica escondida a lo largo de todo el territorio de Andalucía y, no lo olvidemos, de sus costas y fondos marinos.

La exposición de motivos de la Ley 14/2007 es sumamente clarificadora para centrar los valores y objetivos establecido por el ordenamiento jurídico cultural:

«Se parte, en primer lugar, de un concepto de Patrimonio Arqueológico basado en la utilización de la metodología arqueológica, estableciendo, en los mismos términos que la legislación estatal, la naturaleza demanial de los objetos y restos materiales que sean descubiertos. Este carácter de bienes de dominio público se presumirá también de los elementos hallados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, una vez transcurrido el plazo previsto en la Disposición transitoria tercera.

Se mantienen la figura cautelar de la Zona de Servidumbre Arqueológica y los elementos sustanciales del sistema de autorización de las actividades arqueológicas. Al mismo tiempo, se sujetan a autorización las actividades que permitan la localización o detección de restos arqueológicos, circunstancia que deberá reflejarse en los Estatutos de aquellas asociaciones que tengan entre sus fines la detección de objetos que se encuentren en el subsuelo. Se trata de un ámbito en el que deben extremarse los controles administrativos, pues, con independencia del valor de los objetos que puedan hallarse, la destrucción de la estratigrafía por excavaciones en las que no se aplica la metodología arqueológica supone una pérdida de información irreparable. Especial importancia tienen también las actividades arqueológicas previas a la intervención sobre inmuebles protegidos, sobre las que se ha tratado de establecer una regulación equilibrada que, al mismo tiempo, se adecue a lo establecido por la Ley 7/2002. Así se concretan y especifican las obligaciones del promotor de las obras conforme al aprovechamiento urbanístico atribuido, si bien la Administración cultural podrá ampliar a su costa la extensión de la actividad arqueológica por razones de protección o interés científico».

Así, el aludido Título V, desarrollado en los artículos 47 a 60, determina las acciones específicas que la Ley otorga a esta tipología de nuestro patrimonio histórico arqueológico que acuña, como nota característica, su valor protegible a pesar de que, en gran parte, no ofrece la evidencia de su contemplación; le basta su existencia para que la riqueza que encierra merezca por sí misma ser conservada con celo para su estudio y puesta en valor.

Pero más específicamente, el Decreto 168/2003, de 17 de Junio, del Reglamento de Actividades Arqueológicas, supone un desarrollo singular de los espacios de valor arqueológico con el objetivo de fijar las intervenciones y definir los protocolos técnicos y procedimientos de tutela que estas labores técnicas y científicas necesitan para su ejecución, procurando las garantías y protección de todos los valores que encierran estos bienes.

Segunda.- A la vista de la pormenorizada regulación que se cita, la Comunidad Autónoma Andaluza, a través de su Administración Cultural, ha venido desarrollando una labor concienzuda de identificación, valoración y formal reconocimiento de estos yacimientos con el objetivo primordial de otorgarles los sistemas legales de tutela y protección que hemos indicado anteriormente. El Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA) señala hasta 261 inmuebles catalogados como Zonas Arqueológicas, elementos declarados formalmente como yacimientos inscritos, como tal categoría, entre los elementos que merecen tal definición y alcance legal de protección. La provincia de Huelva acoge 27 de estos elementos repartidos por todo su territorio.

Conforme a este régimen normativo, más específicamente, la ciudad de Huelva ha sido destinataria de un amplio reconocimiento de su valor histórico, a través de su profunda y extensa huella arqueológica, gracias a una labor de investigación desarrollada durante los años setenta, que acumuló las evidencias y conocimientos del ingente valor histórico que albergaba el subsuelo de la ciudad de Huelva.

Estos precedentes motivaron la incoación del procedimiento para la inscripción específica en el CGPHA de la Zona Arqueológica de Huelva (ZAH) según la Resolución de 29 de Septiembre de 1999, de la Dirección General de Bienes Culturales. Desde entonces, y con la anotación en dicho CGPHA con carácter preventivo, Huelva ostentaba un reconocimiento formal de su valor arqueológico según ya disponía la anterior Ley de Patrimonio, Ley 1/1991, de 3 de Junio. Pero fue la Orden de 14 de Mayo de 2001 (BOJA 75, de 3 de Julio) la que formalizó las declaraciones de variados yacimientos identificados que se encuentran en su término municipal. Unos yacimientos que ratifican en sus respectivos instrumentos de declaración el valor que encierran:

«La trayectoria histórica de la ciudad de Huelva se materializa en la riqueza de su sustrato arqueológico, que compone el gran archivo no escrito de la historia de la ciudad. La investigación arqueológica sobre estos bienes culturales se ha venido desarrollando, aunque de forma intermitente y por diferentes equipos, desde la década de los años setenta hasta la actualidad. De todo ello resulta que en el conocimiento de la historia no escrita de la ciudad de Huelva, a pesar de la extensa bibliografía con que cuenta, tiene aún amplias lagunas de información, cuya tutela se hace especialmente necesaria debido a su extraordinaria vulnerabilidad al daño y la destrucción» (Orden de 14 de Mayo de 2001, BOJA 75, de 3 de Julio).

La incorporación de la Zona Arqueológica de Huelva como elemento inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), supuso un paso decisivo para el reconocimiento y puesta en valor de dicho valor histórico-cultural. De ahí que el informe que analizamos, junto con otros precedentes que han sido motivo de anteriores quejas, tenemos constancia desde la Delegación Territorial de Cultura que “Desde su inscripción en el CGPHA se han multiplicado exponencialmente las excavaciones, sondeos arqueológicos y controles de movimientos de tierra habiéndose sistematizado la realización de las mismas de forma previa a la materialización de los aprovechamientos urbanísticos o en desarrollo de los mismos a través del control arqueológico de los movimientos de tierra, en función de la naturaleza de las obras o actuaciones proyectadas”.

Recordamos las aportaciones de la Delegación Territorial, con ocasión de anteriores expedientes de queja, señalando que “Los resultados de las 209 intervenciones arqueológicas que desde su incoación se llevaron a cabo han permitido contrastar la corrección en la delimitación de tales áreas habiendo permitido su documentación efectiva. Ha sido ágil, como en el caso que nos ocupa, en la ampliación de la delimitación de la zona Arqueológica, así, como se indicó la ampliación de este sector de la Zona arqueológica es clara muestra del compromiso con la preservación del referido registro arqueológico en atención a la evolución del conocimiento que de los mismos se infería del resultado de las investigaciones arqueológicas”.

Ahora el informe de 15 de Septiembre de 2020 de la Delegación de Cultura supone la perfecta confirmación de la riqueza arqueológica de Huelva, recordando la plasmación documentada y cronológica de todo un proceso de trabajo y recuperación del valor arqueológico de la ciudad y su constatación científica y acreditada de un pasado milenario que se despliega en sus distintos asentamientos a lo largo y ancho de la extensión del término municipal. Una trayectoria protagonizada por profesionales, científicos, la comunidad artística y cultural de la ciudad e, incluso, con la inteligente implicación de sectores económicos, aunados en comprender la dimensión de riqueza y reconocimiento que encierra la puesta en valor y la defensa de ese ingente patrimonio.

Sin embargo, la zona afectada del Cabezo de Roma no se encuentra incluida en la demarcación del BIC de la Zona Arqueológica de Huelva, si bien forma parte del Patrimonio Histórico de Andalucía, gozando de la protección genérica que el otorga la vigente Ley 14/2007. Todo un relato de precedentes de trabajo y compromisos que se contradicen con los acontecimientos de expolio de la primavera de 2020 de restos funerarios tartésicos en la zona del Cabezo Roma.

Tercera.- Como adelantamos, los acontecimientos producidos en la zona del Cabezo Roma han supuesto una transgresión e incumplimiento de este sistema normativo de tutela cultural. Toda la reseña del ordenamiento jurídico cultural, que hemos destacado en los apartados anteriores, ha quedado degradada a un puro relato de “la pérdida de la materialidad del registro arqueológico, ocasionado por el expolio y, por otro lado, prevenir la destrucción de unidad estratigráfica expuesta perteneciente a una estructura de carácter funerario describible en torno a los siglos VII y VI a.C., o, lo que es lo mismo, evitar la pérdida irreversible de una parte singular de patrimonio histórico andaluz”, como bien se califica en el informe de Cultura.

Como se ha indicado en la motivación de la presente queja de oficio, la cuestión nuclear no reside tanto en las medidas formales declarativas, sobradamente descritas, cuanto en su eficacia para la protección de tal zona de valor arqueológico.

Entendemos oportuno interesarnos en analizar, con una vocación colaborativa y de mejora, las capacidades de reacción de las autoridades competentes. La noticia surge a partir de la iniciativa un particular, fechada el 21 de mayo, denunciando un posible expolio en una tumba tartésica en el Cabezo de Roma. Al día siguiente, la Delegación da traslado del suceso diligentemente a las unidades del Servicio de Protección de la naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, así como al Ayuntamiento de Huelva, titular del terreno. Igualmente se gira visita por los técnicos para tomar conocimiento del expolio y emiten un informe de fecha 26 de Mayo que igualmente se traslada a la Fiscalía competente, SEPRONA y al Ayuntamiento.

De nuevo, el 5 de junio se realiza una nueva visita técnica por la Delegación de Cultura, que confirma el valor de la zona expoliada, insistiendo al Ayuntamiento en la necesidad de aplicar medidas de vigilancia y protección. Tal es así que una semana después, el 12 de junio, vuelven a denunciarse añadidas manipulaciones del terreno que supondrían un nuevo expolio sin que se hubieran atendido dichas peticiones de protección. Una nueva inspección arqueológica del 29 de junio confirma esos nuevos indicios de actuaciones no autorizadas sobre el registro arqueológico.

Sólo hasta el 17 de Julio agentes de la policía nacional adscritos a la Comunidad Autónoma, requeridos por la autoridad autonómica, proceden al acordonamiento de los accesos y se notifica al titular de los derechos de las parcelas afectadas (Ayuntamiento de Huelva) para que adopten medidas inmediatas de conservación preventiva y securización mediante vallado perimetral y cubrición controlada de las zonas expoliadas.

Concretando fechas; el 22 de mayo de confirma por personal arqueólogo el asalto al yacimiento dando cuenta a todas las autoridades competentes y requiriendo medidas de seguridad con carácter urgente y hasta el 17 de julio no se logra un “acordonamiento mediante cinta policial”.

Se han necesitado tres informes realizados (26 de mayo, 10 de junio y 16 de julio) tras sendas visitas de los servicios de la Delegación de Cultura que han confirmado el expolio y el nuevo expolio; que han requerido medidas de carácter inmediato; y que han pedido la intervención del titular municipal de los terrenos.

Con semejante capacidad de respuesta ante los insistentes requerimientos de Cultura, no resulta extraño que se descubran nuevos intentos reincidentes para acrecentar el expolio. Se han necesitado 55 días para colocar una cinta, casi dos meses para atender las medidas requeridas por la autoridad cultural. No nos consta la ejecución de los demás sistemas de protección solicitados.

Es decir, todo un corolario de circunstancias que se amparan en la clandestinidad que suele acompañar a las acciones de expolio más frecuentes. No obstante, en el caso que nos ocupa, la clandestinidad o la ocultación deben ser mitigadas ya que hablamos de una zona urbana consolidada, en pleno casco urbano de Huelva quizá algo menos concurrido a las espaldas de centros educativos (Colegios Virgen del Rocío y Santo Ángel de la Guarda) o poco transitada con motivo de las disposiciones de confinamiento motivadas por la pandemia. Pero, en todo caso, son zonas muy distintas de otros lugares recónditos y apartados en núcleos rurales o parajes más solitarios en los que se perpetran con mayor cotidianidad y facilidad estos espolios de difícil advertencia.

La ubicación del Cabezo Roma, en plena capital onubense, es bien distinta, a estos efectos, de otros yacimientos diseminados en lugares aislados y de nulo tránsito que quedan expedidos para estos lamentables asaltos que se justifican, precisamente, por la dificultad de sus accesos.

Cuarta.- El expolio se realiza en el Cabezo Roma. Tal localización ratifica a dichos cabezos como espacios que, de manera harto documentada, acogen restos arqueológicos característicos de los asentamientos humanos más antiguos que se han descrito en la ciudad de Huelva. Es evidente que el Cabezo Roma no deja de ser un ejemplo añadido del valor arqueológico que ostenta estos elementos, como bien apuntan los técnicos de Cultura, y que se pone en relación con el próximo Cabezo La Joya, con restos funerarios conectados entre sí que constituyen una hipótesis de encontrarnos ante “un gran espacio sagrado singular que sobrepasa los límites conocidos hasta ahora”.

El hallazgo, aun cuando resulte de la perpetración de un expolio, confirma el valor de los cabezos como espacios acogedores de yacimientos que atesoran las evidencias de las actividades de los pobladores de la zona desde los siglos VII al VI a.C. Por tanto, la identificación de estos promontorios peculiares, que acopian además valores de riqueza natural y geomorfológica, se han confirmado por todas las autoridades científicas como merecedores de una singular protección patrimonial.

Dicho otorgamiento de especial tutela se desarrolló en su día a través de la la Orden de 14 de Mayo de 2001, por la que se inscribe específicamente en el CGPHA la Zona Arqueológica de Huelva (BOJA 75, de 3 de Julio). Sin embargo, el Cabezo Roma quedó excluido del ámbito territorial de esa Zona, tal y como hemos citado antes, por lo que resulta coherente plantear una actualización del ámbito territorial de dicha Zona Arqueológica de Huelva a fin de adecuar sus límites con la efectiva y ahora más que acreditada fundamentación para incluir el Cabezo Roma, o de la Diputación, en tales rangos de protección normativa.

Quinta.- A la vista de las anteriores circunstancias, creemos que cabe valorar la actuación de la Delegación Territorial con una actitud más ambiciosa, en la medida en que la reacción formal ante el expolio conocido ofrece evidentes oportunidades de mejora en cuanto a las acciones de ejecución de las medidas acordadas.

Reconociendo la inmediata solvencia técnica del personal de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, la cuestión a debatir debe incidir en el análisis crítico de la capacidad de impulso para obtener la respuesta eficaz de las autoridades municipales en los aspectos que tienen que ver con actividades de protección sobrevenida y seguridad para los espacios expoliados y que quedan al descubierto amenazados con nuevos asaltos (como de hecho se produce).

Lo inmediato de la reacción inspectora también debe despertar un juicio crítico sobre qué factores habrían mejorado la capacidad de respuesta. Resulta evidente que las causas que explican esta devastación son imputables a quienes ordenaron y ejecutaron el expolio; para ello se sustancian los procedimientos para esclarecer hechos, tipificar conductas y determinar sus consecuencias. Pero mientras, desde otro escenario analítico, resulta muy oportuno abordar qué medidas de mejora se pueden implementar tras su estudio.

Y así, debemos insistir en los tiempos de reacción desde el momento en el que se inician estas actuaciones sobre la zona expoliada (22 de mayo) y se despliegan las inspecciones de verificación ( 5 de junio y 29 de junio), en relación con la ejecución de la primera medida de vigilancia o protección (17 de julio).

El conocimiento de los hechos y los daños provocados ha generado en la sociedad onubense una reacción de sorpresa y de incomprensión. Queremos hacernos eco de opiniones expresadas por colectivos, entidades y profesionales relacionados con la cultura, y especialmente sensibilizados ante este expolio, cuando aducen su sorpresa y posterior decepción al comprobar que no ha sido posible generar un efecto impeditivo de esta agresión al patrimonio cultural y arqueológico de Huelva.

Por ello, partiendo de que estas actuaciones se han provocado desde la más absoluta inobservancia de las normas, podemos —todos los poderes públicos— reflexionar críticamente cómo mejorar las intervenciones de protección y defensa del patrimonio histórico. En suma, creemos que existen espacios para la reflexión y el análisis de las actuaciones desplegadas por la Autoridad Cultural ante este grave suceso que pueden aportar oportunidades de mejora y, en su caso, métodos correctivos.

Por la trayectoria volcada en la defensa del patrimonio arqueológico de Huelva y por el ejercicio de las responsabilidades que la sociedad demanda, en estos delicados momentos, la actuación de la Administración Cultural debe aportar un destacado liderazgo en la defensa y promoción de los valores histórico-culturales de Huelva, en especial sobre estos elementos singulares como son los cabezos sobre los que esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz viene interviniendo con motivo de otros expedientes de queja.

En todo caso, la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Huelva debe impulsar todas las actuaciones de esclarecimiento y determinación de las responsabilidades incurridas, promover la reparación de los daños y, desde luego, ejercer las potestades de tutela y protección que se han visto gravemente afectadas por el expolio en el yacimiento del Cabezo Roma.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula a la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Huelva la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de las disposiciones legales citadas en el texto de la presente resolución.

RECOMENDACIÓN 1, a fin de que la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Huelva impulse, desde su ámbito de competencia, los procedimientos incoados para el esclarecimiento y determinación de responsabilidades ante el expolio del yacimiento del Cabezo Roma.

RECOMENDACIÓN 2, a fin de que por la Delegación se evalúen todas las actuaciones desarrolladas en torno al expolio del yacimiento para la ejecución de las medidas dirigidas al Ayuntamiento de Huelva para la protección y aseguramiento de los restos afectados.

SUGERENCIA, a fin de que la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Huelva para que analice los contenidos de las Instrucciones Particulares establecidas en la Orden de 14 de Mayo de 2001, por la que se inscribe específicamente en el CGPHA la Zona Arqueológica de Huelva (BOJA 75, de 3 de Julio), a fin de ampliar la delimitación de dicha Zona incluyendo los espacios del Cabezo Roma.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

En esta Institución se tramita expediente de queja promovido a instancia de parte relativo a la demora en la resolución de una solicitud de Pensión No Contributiva de Jubilación.

Tras haber analizado en profundidad la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en los siguientes

ANTECEDENTES

I.- Con fecha de 2020 la persona interesada se dirige a esta Institución para plantear el problema que le afecta, referente a la tardanza en dictarse resolución a su solicitud de concesión de una Pensión No Contributiva de Jubilación solicitada en agosto de 2019, y de la que no ha obtenido respuesta hasta la fecha. Por ello, solicita la intervención de esta Institución ante la Administración de Igualdad y Políticas Sociales de Málaga, al objeto de conocer que ocurre con su expediente.

II.- Tras la admisión a trámite de la queja, se solicitó el correspondiente informe a esa Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga.

Tras reiterar la petición con fecha 20 de abril de 2020, finalmente el 27 de abril de 2020 tiene entrada en esta Institución escrito de la Viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, remitiendo informe de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributiva relativo a la presente queja, del que interesa reseñar lo siguiente:

“Constatados los datos que figuran en el sistema Integrado de Servicios Sociales (SISS), se comprueba que (...), presentó la solicitud de pensión no contributiva, modalidad de Jubilación, el 22/10/2018,siendo grabada en el sistema el 25/10/18.

En la tramitación y despacho de los expedientes se guarda, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, el orden riguroso de incoación de los asuntos, salvo situaciones de especial vulnerabilidad debidamente acreditadas, mediante informe de asistente social o documentación específica remitida a estos efectos que puedan motivar orden en contrario, las cuales no constan en el caso que nos ocupa.

En caso de que reuniera todos los requisitos necesarios y se resuelva la concesión del derecho a la pensión no contributiva, ésta surtirá efectos desde el día 1 del mes siguiente a la fecha de entrada en registro de la solicitud. La resolución dictada recogerá, en su caso, el importe de los atrasos que deberá percibir” .

En base a los referidos antecedentes y normativa que resulta de aplicación, consideramos preciso formular a esa Administración, Resolución concretada en los términos siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la necesidad de una eficaz y eficiente gestión de los expedientes de Pensiones no Contributivas.

Como se contempla en la propia exposición de motivos de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, la ampliación de la protección social a la que trata de dar respuesta dicha Ley es una aspiración social de solidaridad dirigida a “asegurar a los ciudadanos, particularmente a quienes se encuentran en estado de necesidad, unas prestaciones mínimas”.

Estas situaciones de necesidad, no suficientemente cubiertas por los mecanismos asistenciales, vienen a ser satisfechas de forma más segura jurídicamente y con mayor grado de suficiencia protectora con las nuevas modalidades no contributivas de las pensiones de invalidez y jubilación que dicha Ley establece, y que garantiza a personas mayores o con enfermedades invalidantes, que les impiden el desempeño de cualquier posible trabajo, su derecho a obtener unas prestaciones mínimas para afrontar sus necesidades básicas. Lo que constituye un objetivo básico de la Comunidad Autónoma andaluza, de acuerdo con lo establecido en el art. 10.3.14º del Estatuto de Autonomía para Andalucía y concretado en los artículos 19 y 24 del mismo.

Como esa Administración ha tenido oportunidad de comprobar, con motivo de los numerosos expedientes de queja tramitados por las continuas demoras que se están produciendo en la gestión de los expedientes de PNC, muchas de las personas que se dirigen a esta Institución nos ponen de manifiesto, como la interesada en la presente queja, su situación de extrema necesidad, bien por tener cargas familiares que no admiten demora, bien por ser personas que no tienen a ningún familiar que las auxilien y carecer, en todo caso, de los recursos mínimos para subsistir. Cuestiones que entendemos no pueden demorar su resolución y deben ser atendidas con la urgencia que la cuestión demanda.

Ante estas situaciones, los retrasos en el reconocimiento de estas Prestaciones destinadas a la cobertura de necesidades básicas tienen efectos muy perjudiciales para las personas beneficiarias de las mismas, que ven cómo se pasa el tiempo y se sigue demorando el acceso a unos recursos básicos para su subsistencia.

Por ello, aunque valoramos muy positivamente las medidas que nos comunican que se tienen previsto adoptar para la agilización de la gestión de estas pensiones, en la línea de lo ya comunicado en otras ocasiones, y dado que dichas situaciones no sólo no se solventan, sino que por las quejas que venimos recibiendo apreciamos que van en aumento, se hace preciso que por parte de esa Administración se adopten de forma efectiva y urgente las medidas oportunas para garantizar la resolución de los expedientes de solicitud de Pensiones No Contributivas, con la celeridad que exige este tipo de procedimientos, en el plazo legalmente establecido, como así se había recomendado por esta Defensoría en la Resolución de la queja de oficio 19/1559, y que fue aceptada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Segunda.- Del derecho de la ciudadanía a una buena administración.

El art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

En la misma línea, el art. 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

Con carácter general, en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, apartados 2 y 3, se establece que la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la norma reguladora del correspondiente procedimiento, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

En el caso que aquí nos ocupa, el plazo específico se determina en el Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, por el que se establece la duración de los plazos para la resolución de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de prestaciones en materia de Seguridad Social, estableciéndose en su Anexo, como plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los procedimientos relativos a Pensiones no Contributivas, un plazo de 90 días.

Resulta evidente, por tanto, que en el expediente analizado en la presente queja, el procedimiento administrativo no ha sido resuelto en el plazo establecido, como tampoco en un tiempo razonable, toda vez que ha transcurrido más de un año sin respuesta administrativa especifica a la reclamación realizada y, por consiguiente, tampoco el abono de las cuantías económicas correspondientes.

Ante esta situación, cabe recordar que el art. 29 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, preceptúa que los plazos señalados en ésta, y en las demás leyes, obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

Tercera.- La necesidad de una adecuada ordenación de los recursos para la eficaz prestación de los servicios públicos.

La prolongada situación de retraso en la resolución de los expedientes de PNC que se viene produciendo en esa Delegación Territorial, y la falta de adopción de las medidas necesarias que permitan la tramitación de estos expedientes en los plazos legalmente previstos, hace preciso extremar el cumplimiento por parte de esa Administración de los Principios Generales que está obligada a observar en su actuación.

En este sentido, el art. 103.1 de la Constitución Española establece que las Administraciones públicas en su funcionamiento deben actuar, entre otros, de acuerdo con el principio de eficacia. De igual modo, el art. 133.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Administración de la Junta de Andalucía debe actuar, entre otros, conforme a los principios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa.

Asimismo, el art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, dentro del derecho a una buena administración, establece también que la actuación de la Administración será proporcionada a su fines.

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece, en su art. 3.1, que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación, entre otros, los principios de: d) racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; g) planificación y dirección por objetivos; h) eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

Dichos principios igualmente se contemplan en el art. 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, estableciéndose, en su art. 4, que la organización y funcionamiento de dicha Administración se articulará de forma que se garantice la eficacia y diligencia máximas en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios, así como que la actuación coordinada de dichos órganos y entidades se articulará mediante la planificación de la actividad dentro de cada Consejería, estableciendo objetivos comunes a los que deben ajustarse los distintos centros directivos, órganos, entidades y delegaciones territoriales.

De modo más concreto, el art. 69.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles, así como que las Administraciones públicas podrán aprobar planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan alguna de las medidas previstas en el apartado 2 del citado precepto.

En definitiva, estas normas imponen a esa Administración, en su funcionamiento, la obligación de ordenar adecuadamente sus recursos, en orden a la prestación eficaz y eficiente de los servicios que tiene encomendados.

A tenor de la situación existente en esa provincia con respecto a la tramitación de los expedientes de PNC, y las circunstancias que nos expone en su informe, por parte de la Administración de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía deberán adoptarse sin más dilación las medidas extraordinarias que procedan con el fin de revertir esta situación y asegurar la resolución de los expedientes de solicitud de Pensiones no Contributivas en el plazo establecido en las normas reguladoras de este procedimiento y evitar la acumulación de retrasos en su resolución.

Más aún, en las actuales circunstancias, ante la necesidad urgente de acceder a estas prestaciones por parte de muchas personas para poder atender necesidades básicas de subsistencia y que, previsiblemente, se van a ir incrementando en los próximos meses como consecuencia de los muy negativos efectos que va a traer consigo la pandemia que estamos viviendo.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que el art. 17.2 de la Ley 6/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que esta Institución velará para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados, y de conformidad con lo establecido en el art. 29 de dicha Ley, nos permitimos trasladar a esa Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, y a la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales: De los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN: Para que, a la mayor urgencia posible, se adopten las medidas de racionalidad organizativa que sean necesarias para la resolución del expediente de Pensión No Contributiva de Jubilación de la persona promotora de la presente queja, así como para la puesta al día de los expedientes relativos a solicitudes de dichas Pensiones en esa provincia y garantizar la resolución de los mismos en el plazo legalmente establecido.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz