Pedimos al Ayuntamiento que dé respuesta a la comunidad de propietarios sobre la factura del canon autonómico de depuración

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Recomendación al Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos para que dé respuesta a los escritos presentados por una comunidad de propietarios en relación con la facturación del canon autonómico de depuración.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 8 de julio de 2015 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por D. (...), en su calidad de miembro de la Junta Directiva de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización (…), a través de la cual nos exponía lo siguiente:

Que el presidente de la Comunidad había dirigido escrito al Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, en relación con una posible aplicación incorrecta del canon autonómico de depuración a la comunidad a la que representa, sin que hubiese recibido una respuesta.

Asimismo otro Vocal de la Junta Directiva habría solicitado copia de los recibos de suministro de agua de la Comunidad de Propietarios, igualmente sin respuesta.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, los escritos presentados por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.

III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.

Por otra parte, el interesado recientemente trasladaba a esta Institución que la Comunidad de Propietarios mantuvo una reunión informativa con responsables del Ayuntamiento el pasado 26 de noviembre de 2015.

En dicha reunión se les habría indicado que el informe referente al canon no se encontraba finalizado para dar contestación a la Comunidad, pero que el Consistorio entendía que la consideración de consumo doméstico para la piscina y zona comunes podía ser la adecuada ya que las ordenanzas municipales no distinguen entre distintos tipos de consumos.

Aparte de aportar los criterios por los que muestra su disconformidad con esta respuesta informal, manifiesta que a día 28 de enero de 2016 continúan sin respuesta oficial por parte del Ayuntamiento con respecto al asunto objeto de queja.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a ese Organismo las siguientes 

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

El artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), establece la obligación de la Administración de dictar en todos los procedimientos resolución expresa sobre el fondo del asunto y notificar la misma, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 7 del artículo 42 de la LRJPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Segunda.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia y sometimiento a la ley y al Derecho.

Los mismos principios se recogen en el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. En sus relaciones con la ciudadanía, las Administraciones públicas deben actuar de conformidad con los principios de transparencia y de participación.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se le formula ese Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a los escritos presentados por la Comunidad de Propietarios Urbanización (...) ante ese Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz