Ver asunto solucionado o en vías de solución
En esta Institución se tramita expediente de queja a instancia de parte, relativa a desacuerdo con el importe de la tasa por derecho de examen, al considerarla excesiva, para participar en un proceso selectivo convocado por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe,
En este sentido, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en lo siguiente
ANTECEDENTES
I.- Con fecha 20 de octubre de 2020 tiene entrada en esta institución el escrito de queja de la interesada en el que manifiesta que la Mancomunidad ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 189, de fecha 14/08/2020, las bases que han de regir el proceso selectivo para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de personal administrativo de Intervención-Tesorería perteneciente a la escala de administración general, subescala administrativa grupo de clasificación subgrupo C1.
Expone, que para poder tomar parte en dicho proceso selectivo resulta requisito indispensable haber abonado la tasa por los derechos de examen, por importe de 90 euros, conforme a lo establecido por la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicha tasa.
Denuncia la interesada que el importe de la tasa resulta excesivo e inaccesible para un elevado número de aspirantes sin recursos suficientes, lo que limita sus posibilidades de poder concurrir a los diferentes procesos selectivos a los que aspiran, en muchos casos, por contar con unos recursos económicos insuficientes.
Apunta la interesada, que esa situación se está haciendo extensible a otras administraciones locales, a partir de la declaración de la pandemia, así como que la elevación de las tasas perjudica alas personas con menos recursos, lo que conculcaría el principio de igualdad.
II.- Con fecha 6 de noviembre de 2020 acordamos la admisión a trámite de la queja solicitando de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe la emisión del preceptivo informe.
III.- Con fecha 21 de diciembre de 2020 e recibe el informe solicitado de la referida entidad, del que merece ser destacado lo siguiente:
“Por medio del presente, ponemos en su conocimiento que el importe de dichas tasas se recoge en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos y actualización de tasas de examen, publicada en el B.O.P Sevilla nº 141de fecha 21 de junio de 2010, de lo que se deriva que el importe de la tasa no se ha incrementado a partir de la declaración de la pandemia, tal y como ha declarado la reclamante, en la queja interpuesta contra la Mancomunidad.”
IV.- Con fecha 22 de enero de 2021 dimos traslado a la promotora de la queja del informe recibido a fin de que nos formulara las alegaciones que a su derecho pudieran interesar en relación con lo que en el mismo se expone.
V.- Con fecha 20 de abril de 2021 se recibe el escrito de alegaciones de la interesada, destacándose lo siguiente:
“Si bien es correcto que no han subido sus tasas desde 2010, pero si sigue siendo abusivo el importe de las mismas para acceder a unos puestos públicos, sea cual sea la categoría estas están totalmente desorbitadas y prohibitivas. Es totalmente inviable que una familia de escasos recursos pueda permitirse esos precios y ademas, no existe ningún tipo de bonificación en ninguna circunstancias para esas tasas, lo que es totalmente discriminatorio e imposibilita el acceso a las plazas solicitadas por esta mancomunidad (ente público) a un número importante de personas. Siendo ésta un ente público y siendo las plazas ofertadas públicas debería estar al alcance de todos.”
VI.- A la vista de las alegaciones de la interesada nos dirigimos nuevamente a la Mancomunidad en los siguientes términos.
“Tras realizar un rastreo normativo tomando como muestra distintas ordenanzas fiscales reguladoras de dicha tasa, atribuibles tanto a comunidades autónomas como a organismos locales, podemos observar que es practica habitual en la regulación legal de la mentada tasa el reconocimiento de su exención para los siguiente colectivos:
- Las personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33%
- Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria.
- Las personas que carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.
- Las familias numerosas en los términos del art. 12.1.c. de la Ley 40/2003, de Protección de la familia numerosa.
- 100% los miembros de familias de la categoría especial.
- 50% los miembros de familias de la categoría general.
En consecuencia, y con el ánimo de poder adoptar una resolución definitiva en la presente queja con las debidas garantías, solicitamos de esa Mancomunidad nos justifique el motivo por el que dicha exención no se contempla en la Ordenanza reguladora de la tasa controvertida.”
VII.- Con fecha 18 de mayo de 2021, en repuesta a nuestra solicitud de información ante reproducida, la Mancomunidad se expresa en los siguientes términos:
“PRIMERO. (...)para que las Entidades Locales puedan reconocer beneficios fiscales es condición indispensable que esta posibilidad esté prevista en una norma con rango de ley, y regulados en las correspondientes ordenanzas fiscales, de modo que aunque lo reconozca una Ley no se pueden aplicar si no lo regula la ordenanza.
SEGUNDO. La Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos y actualización de tasas de examen está publicada en el BOP Sevilla nº141 de fecha 21 de junio de 2010. El artículo 7 de dicha Ordenanza fiscal establece las Tasas por Derechos de examen (“d) Plazas del GrupoC1: 90,00 euros”) y el artículo 8, Bonificaciones de la cuota, establece que “No se concederá bonificación alguna de los importes de la cuota tributaria señaladas en la tarifa de esta Tasa”.
En base a los referidos antecedentes y normativa que resulta de aplicación, consideramos conveniente plantear a esa Administración las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera.- De la autonomía local.
La Constitución Española –en su art. 140- garantiza la autonomía de los municipios y cuyo ejercicio implica la capacidad de aprobar normas generales en el ámbito de sus competencias y en el marco de la Ley.
En ese sentido, el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce a los Municipios, Provincias y las Islas, en su calidad de Administraciones territoriales, entre otras, la potestad tributaria entendida como la posibilidad de intervenir en aspectos fiscales.
Por su parte, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, en su art. 4.1, establece que “los municipios y provincias de Andalucía gozan de autonomía para la ordenación y gestión de los asuntos de interés público en el marco de las leyes. Actúan bajo su propia responsabilidad y en beneficio de las personas que integran su respectiva comunidad”.
Segunda.- Del sostenimiento de los gastos públicos.
Según el art 31 de la Constitución Española (CE), es un deber de toda la ciudadanía contribuir al sostenimiento de lo gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
Asimismo, el art. 133 de la CE, establece que la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley, y, las Corporaciones Locales –al igual que las Comunidades Autónomas- podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las Leyes.
Por otra parte, el art. 14 de la CE proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social . Asimismo, en su art. 9.2, se consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectiva
Tercera.- Exenciones tributarias para colectivos especiales.
En el ámbito del acceso al empleo público, las difíciles circunstancias que han generado diversas crisis de índole económica y social en las últimas décadas, han motivado que, por parte de las distintas Administraciones públicas, en el ejercicio de sus legítimas competencias, se hayan adoptado diversas medidas de exención o bonificación del importe de las tasas aprobadas por las mismas para participar en procesos selectivos en el sector público.
En este sentido, resulta conveniente recapitular las medidas que se han adoptado a este respecto en las distintas Administraciones públicas:
1. En el ámbito estatal.
La Ley 66/1997, de 30, de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Orden Social, en su redacción dada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, establece en su art 18. Cinco, que estarán exentos del pago de la Tasa por derechos de examen:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
b) Las personas que figuraren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por la Administración pública estatal en las que soliciten su participación. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
(...)
d) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, a los efectos regulados en el presente artículo, las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos”.
La Ley 40/2003 de 18 de noviembre, de Protección a as Familias Numerosas, por su parte, en su art. 12 regula las exenciones y bonificaciones en tasas y precios, como sigue:
“1. Las Administraciones públicas competentes establecerán un régimen de exenciones y bonificaciones para los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición, en relación con las tasas y precios por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia en los siguientes ámbitos:
(...)
c) El acceso a las pruebas de selección para el ingreso en la función pública.”
2. En el ámbito autonómico.
En la Administración de la Junta de Andalucía, la tasa por inscripción en las convocatorias para la selección del personal al servicio de la Junta de Andalucía fue creada por la Ley 9/1996, de 26 de Diciembre, de Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público.
Las exenciones se regulan en el art. 6 de dicha Ley, en la redacción dada por la disposición final undécima de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, y en aplicación de los dispuesto en el art. 40 y en la disposición final décima de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, con el siguiente tenor:
“En las convocatorias a las que se refiere esta tasa, quedarán exentos del pago de la misma aquellos solicitantes que acrediten su condición de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 %, así como los que sean miembros de familias numerosas de la categoría especial y general que tengan reconocida tal condición”.
3. En el ámbito local.
En el ámbito de la Administración Local estas exenciones del pago de tasas por la participación en procesos selectivos de acceso al empleo público la tienen ya incorporadas muchas entidades locales andaluzas.
En este sentido, en la Resolución formulada por esta Institución a la Administración de la Junta de Andalucía, a las Diptaciones provinciales y a los Ayuntamientos de los municipios andaluces de mayor población, con motivo del expediente 09/199, iniciado de oficio por el asunto objeto de la presente queja, ya se reseñaban distintas entidades locales que, en esa fecha, ya tenían incorporadas exenciones en esta materia:
“a) Tienen exenciones contempladas en sus Ordenanzas Fiscales para discapacitados, desempleados y familias numerosas.
Ayuntamientos:
- Almería (excepto para familias numerosas)
- Algeciras (Cádiz).
- Málaga (tasa de 0,60 € para desempleados y familias numerosas).
- Jaén.
- Jerez de la Frontera (Cádiz) (excepto para familias numerosas).
- Sevilla (excepto para familias numerosas).
Diputaciones Provinciales:
- Córdoba (excepto para familias numerosas)
- Málaga (tasa 3 € para desempleado)
- Sevilla (excepto para desempleados)
b) Realizarán los estudios de viabilidad y análisis oportuno sobre los beneficios fiscales a los colectivos de discapacitados, desempleados y familias numerosas en las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la Tasa referida:
Ayuntamientos:
- Cádiz.
- Córdoba.
- Dos Hermanas (Sevilla)
- El Ejido (Almería)
- Granada (reconocidos a familias numerosas).
- Huelva
- Marbella
Diputaciones Provinciales:
- Almería.
- Cádiz.
- Granada (incorporarán exenciones a discapacitados y familias numerosas)
- Málaga (ya reconocidos a familias numerosas y desempleados, reducciones de la Tasa)”.
El referido expediente de queja de oficio concluyó la siguiente Sugerencia que se dirigió a la Administración Autonómica y Local:
“Promover las acciones oportunas –en su ámbito competencial y ante el órgano competente para ello- para incorporar en las normas reguladoras de la Tasa por Derechos de Examen por participar en pruebas selectivas de acceso a la función pública autonómica y local (funcionarios y personal laboral), la exención del pago de la Tasa a los participantes miembros de familias numerosas, desempleados y personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %”.
Cuarta.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales para establecer exenciones de las tasas por derecho de examen.
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al regular el régimen y compensación de los beneficios fiscales establece, en su art. 9.1, que: “No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales”. Precisándose, en su art. 24.4, que: “Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas”.
Para hacer efectivas esas exenciones y bonificaciones, previstas legalmente, en el ámbito de la Administración Local, deben de estar contempladas en la respectiva Ordenanza Fiscal cuya aprobación corresponde al Pleno de la Entidad Local correspondiente.
Y ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, que dispone, en su art. 106.1, que “las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas locales y en las Leyes que dicten las Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquélla”.
Añadiendo, en el apartado 2 del citado precepto, que “la potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos y de Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección”.
De acuerdo con este marco legal, el establecimiento de la Tasa municipal por derechos de examen quedaría justificada por corresponder a servicios que demandan los propios afectados y cuya financiación no sería justo que se atendiera con otros recursos financieros; esta tasa se devengará conforme determine la respectiva ordenanza fiscal, cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente, por lo que las Corporaciones Locales deben aprobar una Ordenanza Fiscal reguladora de estos derechos de examen o incluir en la correspondiente Ordenanza reguladora de las tasas un apartado sobre ellos, de tal manera que, si no hay Ordenanza Fiscal que los recoja y los regule, el cobro de los mismos sería ilegal.
Cuestión diferente, resulta la disparidad que venimos observando sobre esta materia en las distintas convocatorias de las Corporaciones Locales, pues cada una de ellas exige la Tasa que considera más oportuna.
En este sentido, este Comisionado ha podido constatar que las cuantías que se establecen como derechos de examen son un verdadero freno para la presentación de aspirantes, pues cuando los sistemas son gratuitos, el número de participantes es mayor, lo que puede ser indicativo de la afectación del principio constitucional de igualdad que pudiera supones el deber de tener que abonar una tasa para concurrir a un proceso selectivo a determinadas personas que, por sus especiales circunstancias, no pueden hacer frente a las mismas.
Además, considerando las circunstancias singulares que concurren en la sociedad española en general, y andaluza en particular, debido a la situación económica que ya se venía arrastrando, y que se han visto incrementadas como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, las Administraciones Públicas andaluzas podrían contribuir a paliar la situación actual de desempleo facilitando la participación de la ciudadanía en los distintos procesos selectivos sin exigir el pago de derechos económicos alguno para aquellos colectivos que presentaran mayores dificultades para su abono.
Esta difícil situación económica y de desempleo en que nos encontramos, vendría a justificar que en las convocatorias de acceso al empleo, en el importante sector público andaluz que representan las Entidades Locales andaluzas, en las que concurran un importante número de participantes, se tuvieran en cuenta las especiales circunstancias de los colectivos que se contemplan en las leyes, estatal y autonómica, que establecen exenciones del pago de tasas por su participación en estos procesos, ya que en caso de no obtener un trato más favorable por sus circunstancias de discapacidad, desempleo o integración en una familia numerosa, vería imposibilitadas o muy limitadas sus posibilidades de inserción laboral en este sector público.
A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula a la Presidencia de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe la siguiente
RESOLUCIÓN
SUGERENCIA: Para que se promuevan las acciones oportunas –en su ámbito competencial y ante el órgano competente para ello- para incorporar en las normas reguladoras de la Tasa por Derechos de Examen por participar en pruebas selectivas de acceso al empleo público en esa entidad la exención del pago de dicha Tasa a los participantes miembros de familias numerosas, desempleados y personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada
Defensor del Pueblo Andaluz
