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La persona reclamante exponía, textualmente, lo siguiente:

“Soy propietaria de una vivienda en el edificio sito en C/ ... de Málaga. Al lado del mencionado edificio, se encuentra situada una "Chimenea Industrial" que tiene otorgada una protección especial por su valor histórico en el planeamiento de Málaga, aunque no tiene la categorización de BIC.

El estado de abandono en el que se encuentra la misma es absoluto, existiendo varios ladrillos desprendidos, así como grietas a lo largo de su estructura. Además, la suciedad que se observa en el entorno en el que se ubica, es también digna de reseña.

Por ello, el 13 de septiembre de 2018, solicité información ante la Gerencia de Urbanismo de Málaga sobre las actuaciones de conservación que se estaban realizando en relación con la Chimenea.

Dado que a pesar de la gravedad de los hechos relatados, no recibí contestación, el 27 de noviembre de 2018, de nuevo tuve que formular reclamación ante la mencionada Gerencia. Debe hacerse notar que la Chimenea se encuentra ubicada en uno de los Paseos Marítimos de Málaga, en el que el paso de personas es constante y entre dos edificios que se sitúan a muy escasos metros. Esto supone que ante un posible derrumbe o desprendimiento de alguna parte del bien, podrían provocarse daños de considerable importancia.

Finalmente, ante las reclamaciones formuladas, recibí el informe que se adjunta a la presente queja.

A pesar de todo lo descrito y del tenor literal del informe, no habiéndose realizado ninguna actuación en la Chimenea, por la Comunidad de Propietarios en la que resido, el 23 de enero de 2020, se ha vuelto a formular queja por el estado de la misma, sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, a fecha de la presente, no se ha recibido ninguna respuesta y el estado de dejadez del bien continúa siendo el mismo.

Por todo ello,

Solicito que por parte de la Gerencia de Urbanismo se dé contestación al último escrito formulado con fecha de 23 de enero de 2020. Asimismo, se solicita que se proceda a efectuar una intervención integral de reparación de la Chimenea, debiendo llevarse a cabo cuántas actuaciones de conservación y limpieza sean necesarias a tal fin, así como un informe técnico sobre el estado de conservación de la edificación, solicitando expresamente, se nos traslade copia del mismo.”

Admitida la queja a trámite, nos dirigimos al Ayuntamiento de Málaga interesamos que nos informara de la respuesta que se emitiera ante el escrito dirigido por la Comunidad de Propietarios del inmueble donde residía la persona reclamante, señalando las actuaciones que, en su caso, se hubieran impulsado para garantizar la seguridad y estabilidad de la chimenea en cuestión.

En la comunicación municipal se aportaba informe del Coordinador General de Urbanismo y Vivienda indicando que el Servicio de Conservación del Departamento de Licencias iba a iniciar expediente para la contratación del proyecto de rehabilitación de la chimenea.

A la vista de ello, con fecha 3 de noviembre de 2020, solicitamos que nos indicara el plazo aproximado en que se estimara que podría estar contratado dicho proyecto y, en consecuencia, podrían dar comienzo las obras de rehabilitación de la chimenea.

En la respuesta recibida se nos indicaba que, con fecha 9 de diciembre de 2020, se había iniciado expediente de contratación para realizar una diagnosis del estado de la antigua chimenea que evaluara sus condiciones de estabilidad, posibles lesiones, patologías y composición materia, tras cuya finalización y estudiadas sus conclusiones, se podría iniciar la redacción del correspondiente proyecto de rehabilitación.

Dejado transcurrir un tiempo, con fecha 13 de abril y 28 de diciembre de 2021, nos dirigimos nuevamente al Ayuntamiento solicitando la emisión de un informe actualizado con los resultados de dicha diagnosis.

Al respecto, se nos comunicó que en el Diagnóstico emitido en mayo de 2021 por la empresa contratada al efecto, tras la inspección y toma de muestras, a modo de conclusión se establecía que la chimenea no presentaba signos de patologías por fallo de la estabilidad global de la estructura, ni ningún indicio que pudiera hacer suponer o intuir un fallo en la cimentación o unas condiciones deficientes de la misma, por lo que manteniéndose las condiciones de los materiales no existía riesgo de fallo estructural o colapso de la chimenea, bajo las acciones y combinaciones de aplicación según la normativa actualmente en vigor.

En el Informe-Diagnóstico se adjuntaba una propuesta de medidas correctoras para las patologías observadas: reparación y tratamiento superficial; instalación de un conjunto de flejes de acero galvanizado tesados; retirada/limpieza y pasivado de los anillos metálicos interiores; refuerzo del acceso interior a la chimenea.

Estas medidas tenían que ser validadas y desarrolladas mediante el correspondiente Proyecto de Ejecución, el cual fue contratado y ya estaba en ejecución.

Puesto que de esta información se deducía que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona reclamante, en su condición de Presidente de una Comunidad de Propietarios, exponía textualmente lo siguiente:

«Con fecha 13/03/2018, sobre las 16h.30m se detecta que en el jardín del propietario de la vivienda sita en C/..., número ..., Portal ..., …, le han construido un muro de separación entre jardines por la parte del vecino de enfrente cuya dirección es la siguiente C/ ... número ..., Portal ..., …, Edificio … . Un muro construido con bloques de hormigón y con una altura estimada de unos 3 metros, sobresaliendo por encima de la verja separadora de ambos jardines.

Se avisa al propietario para que paralice la obra, haciendo caso omiso y terminando la construcción del mismo. Dicho propietario carece de permiso tanto de su comunidad como de esta comunidad demandante para realizar la obra. Por supuesto desconocemos pero intuimos que no tiene permiso de obra ya que incumple a todas luces la Normativa Urbanística de Sevilla en su capítulo VI: Condiciones particulares de la ordenación de ..., artículo 12.6.4 PUNTO B.

El mismo día 13/03/2018 se interpone denuncia en la Policía Local de Sevilla Distrito Sur con número de registro … . (...). El día 19/03/2018 se interpone denuncia en la Gerencia de Urbanismo de Sevilla con número de expediente … . Estamos a 30/09/2019, por lo que ha pasado más de un año sin que se tenga noticias al respecto, y con el consiguiente peligro para las personas que habitan en esa vivienda por caída por efecto vela de dicho muro. Al ir a la GMU lo único que nos dicen es que solo hay cuatro técnicos para toda Sevilla y que se verá cuando se pueda.»

Admitimos la queja a trámite y solicitamos del Ayuntamiento de Sevilla que nos indicara si las obras objeto de denuncia contaban con la preceptiva licencia municipal y se ajustaban a la misma. De no ser así, deseábamos conocer las actuaciones llevadas a cabo en orden a la restauración de la legalidad urbanística.

Como respuesta se nos dio cuenta en el informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo que se acompañaba, de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente de protección de la legalidad urbanística incoado tras la denuncia de la comunidad de propietarios reclamante.

A la vista de las actuaciones realizadas, interesamos del Ayuntamiento que nos mantuviera informados de los sucesivos trámites que se efectuaran a fin de conocer si, finalmente, quedaban legalizadas las obras ejecutadas o, por el contrario, se ordenaba la reposición a su estado original.

En el siguiente informe que nos remitieron se recogía que con fecha 23 de junio de 2021 se dictó resolución por la que se disponía iniciar procedimiento administrativo para la restitución de la realidad física alterada por la ejecución de obras sin licencia y conceder al interesado un nuevo plazo de audiencia de diez días para que en dicho plazo pudiera examinar el expediente y presentar cuantas alegaciones y justificaciones estimara convenientes en defensa de sus derechos, con carácter previo, en su caso, a la propuesta de restitución de lo construido no legalizable.

Con esta información consideramos que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Comparecía en esta Institución un vecino de El Puerto de Santa María, exponiendo que no había podido registrar su contrato de luz como suministro no cortable, pese a haber aportado en la tramitación de su bono social la documentación acreditativa de las circunstancias definidas en el artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 20, párrafo 2º, del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

Con la ayuda de su hermana había realizado reclamaciones a su comercializadora, tanto en la oficina de El Puerto de Santa Mª como a través del correo electrónico de atención al cliente, pero le habían respondido que ya tenía contrato con Curenergía con bono social activo desde agosto de 2021, con grado de vulnerabilidad severa por renta, por lo que disponía de un margen bastante amplio ante cualquier deuda con respecto a los plazos para llevar a cabo el corte.

Se trataba de una persona con discapacidad psíquica del 66% y con unos ingresos correspondientes a una pensión no contributiva muy reducidos, habiendo sufrido ya un corte de suministro eléctrico por impago de deuda atrasada antes de contar con bono social.

Aunque conocía que contaba con la garantía frente a los cortes de suministro que otorga actualmente el bono social, así como con la posibilidad de aplicación del suministro mínimo vital aprobado por Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, acudía a esta Institución para que se le reconociera la garantía adicional que supone la consideración como “suministro esencial” para colectivos con discapacidad y vulnerabilidad social acreditada por los servicios sociales, de acuerdo con los preceptos antes indicados de la Ley del Sector Eléctrico y del Real Decreto de bono social.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la compañía Iberdrola, que finalmente nos informó de que habían registrado el punto de suministro del promotor de la queja como esencial, lo que significaba conforme a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que en ningún caso podrá suspenderse por impago el suministro de energía eléctrica a su vivienda.

Por tanto, entendimos que el problema se había solucionado y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Se recibía en esta Institución escrito de una persona en representación de su madre, vecina del núcleo de Torre de Benagalbón, formulando queja por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria a un escrito de la interesada presentado en fecha de octubre de 2021, solicitando expresamente: "el traslado de una estación depuradora de aguas residuales, ubicada en una antigua estación de ferrocarril, a escasos metros de nuestras viviendas, en pleno casco urbano y en primera línea de playa rodeada de chiringuitos".

A dicho escrito acompañaba un listado de firmas vecinales, con un total de 39 vecinos adheridos a su petición.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado ayuntamiento respondiera expresamente al escrito de la interesada, informándonos de ello.

El ayuntamiento nos informó que la instalación a la que se refería el escrito no era una estación depuradora sino una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR), que se sitúa desde hace décadas en el extremo sur del Carril de la Estación, por motivos geométricos y topográficos.

Además, se nos informaba de que existen estaciones similares en los núcleos de La Cala del Moral y Rincón de la Victoria, también ubicadas en zonas costeras y en la parte baja de los núcleos urbanos.

Esta EBAR, seguía el informe, constituía una infraestructura básica municipal pues a la misma llegan aguas fecales de la red de alcantarillado de la localidad y otras provenientes de la EBAR de Rincón de la Victoria, siendo todas ellas bombeadas hacia la Estación Depuradora de Aguas Residuales municipal.

Finalmente, se informaba que todos los colectores que llegan a esta EBAR lo hacen por gravedad, por lo que el cambio de ubicación de la misma supondría tener que rediseñar prácticamente todo el sistema de alcantarillado municipal con un coste económico tan elevado y una repercusión tan grande que puede considerarse inviable.

Consideramos que con este informe se daba expresa respuesta al escrito presentado en su momento por la interesada y se motivaba la razón por la que no podía acogerse lo pretendido, por lo que dimos por terminada nuestras actuaciones en este expediente de queja y procedimos a su archivo.

En el curso de un expediente anterior iniciamos actuaciones con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en relación con el retraso en la devolución de la fianza depositada en AVRA.

En el informe que nos remitió AVRA se nos trasladaba lo siguiente:

“(...) Una vez solventadas las circunstancias anteriores y en relación con la solicitud de devolución de fianza presentada el 13 de enero de 2021, mediante documento nº ..., siendo arrendadores D. ..., D. ... y D. ..., se informa que con fecha 4 de junio de 2021 se ha procedido a la materialización del pago reclamado, en la cuenta corriente designada en el citado documento … .

En cuanto a los intereses de demora solicitados por el Sr. ... en su escrito de fecha 22 de abril de 2021, mediante Resolución de liquidación de intereses de demora se procederá al reconocimiento del abono del importe correspondiente, de conformidad con el artículo 83,2, in fine, que dispone que, transcurrido el plazo establecido (un mes desde la fecha de la solicitud de devolución) sin que se haya procedido a la devolución del depósito, se devengará el interés legal correspondiente. Una vez emitida dicha Resolución, le será notificada al interesado. (...)”.

Sin embargo, la persona interesada volvió al contactar con esta Institución porque, transcurrido siete meses, aún no se había emitido la resolución correspondiente ni procedido al abono de los intereses de demora, incurriendo en un nuevo y prolongado retraso.

En este sentido, debimos recordar una vez más a la citada Agencia su obligación de respetar los plazos establecidos en la legislación tanto para la devolución de la fianza como para el abono de los intereses de demora, como por otra parte se exigía a los ciudadanos y ciudadanas que se habían de relacionar con la Administración.

Admitimos a trámite esta nueva queja y solicitamos informe a AVRA, recibiendo respuesta de la Viceconsejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en la que se manifestaba que, de conformidad con el artículo 8. 2 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, que establece la obligación de indemnizar al administrado por el retraso en el pago de la devolución del depósito, se había dictado Resolución de abono de intereses en fecha 8 de marzo de 2022, por importe de 5,75€ euros, en concepto de interés legal por el retraso en el pago del importe parcial de fianza. El cálculo del referido interés se hizo sobre el período de retraso en el abono de la solicitud de devolución parcial del depósito, esto es, desde el 13 de febrero hasta 4 de junio de 2021, ambos inclusive.

A la vista de ello, puesto que el asunto planteado se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona promotora de la queja manifestaba que tenía tres hijos a su cargo, uno había padecido leucemia y tenía revisiones. No tenía ingresos, y solicitaba nuestra intervención para parar el desahucio previsto para el 17 de diciembre de 2021.

Aportaba numerosa documentación sobre el procedimiento judicial, así como sobre sus ingresos (percibía 147€ de prestación por hijo a cargo y su pareja 271,55 € de subsidio por desempleo), pero no precisaba que atención le estaban dispensando en los Servicios Sociales Comunitarios y si había acudido a la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV), por lo que nos dirigimos a dicho organismo solicitando información sobre si ya se les había abierto expediente.

Respondieron afirmativamente y que se llegó a un acuerdo con la propiedad para facilitar el alquiler social a la familia, para ello, solicitaron a la OMDV el informe de vulnerabilidad de Servicios Sociales, se tramitó y remitió a la persona de contacto en la entidad bancaria hacía unas semanas. Estaban esperando contestación al respecto, por lo cual quedamos a la espera de un nuevo informe.

En el nuevo informe recibido se nos indicó que mediante contacto telefónico con la persona afectada ésta les había confirmado que le habían renovado el contrato pagando 100 € durante 7 años, por lo que desde la OMDV se iba a proceder a cerrar el expediente.

Con esta información nosotros también dimos por concluidas nuestras actuaciones al considerar que el asunto planteado se encontraba solucionado.

La persona reclamante nos exponía textualmente lo siguiente:

“(...) Se trata de que hace un año, la policía local vino a mi casa para corroborar la solicitud que presenté para solicitar la plaza de aparcamiento en la puerta de mi casa. La policía hizo el informe favorable ya que tengo el 51% por ciento de minusvalía y movilidad reducida debido a la esclerosis múltiple que padezco. Bien, de eso hace un año y unos meses y no hay resultados, se lo dije en 2 ocasiones al Alcalde y me respondió que lo tiene en mente, pero como digo, hace un año y meses que lo tengo aprobado.

Por otro lado, los minusválidos no tenemos acceso al Ayuntamiento ya que no tiene rampa, solo escaleras, la oficina de la vivienda tampoco ya que está en un primero y sin ascensor. La oficina de la orientadora social tampoco, ya que está en un primero, aquí sí hay ascensor, pero hace más de 2 años que no funciona. Por otro lado, solo hay zona de aparcamiento para minusválidos en la calle del Ayuntamiento, no tenemos en ningún lugar de instituciones públicas.

En urbanismo que también está el Guadalinfo tampoco, es más, si nos ve la policía nos echa, y si no nos ve nos multa. En el consultorio médico tampoco, hay un aparcamiento público pero de piedras. Los que vamos en silla de ruedas y/o con muletas estamos inseguros, ya que las sillas no ruedan con facilidad y con muletas se corre el riesgo de caerse y hacerse más daño del que ya tenemos. En el único lugar donde hay fácil acceso es en asuntos sociales. Ni siquiera la policía local tiene.”

Admitida la queja a trámite interesamos del Ayuntamiento de Villaverde del Río que nos indicara la resolución que se adoptara en torno a la solicitud de la persona reclamante de instalación de una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida en las cercanías de su domicilio, señalando las causas del retraso en dictar la resolución que procediera ya que, según mantenía la persona afectada, hacía un año y meses desde que fue presentada.

En cuanto a las barreras que presentaban ese Ayuntamiento y otros edificios públicos de esa localidad, deseábamos conocer las actuaciones previstas.

En la respuesta emitida se nos informó que la solicitud referente a la plaza de minusválidos, había sido atendida y que dicha plaza ya se encontraba señalizada en el suelo a falta de colocar la señalización vertical de la misma.

En cuanto a la accesibilidad de las personas de movilidad reducida a los edificios municipales, manifestaban que había sido siempre una prioridad y muestra de ello era que en la actualidad se encontraba en trámite poder adjudicar antes de final de mayo, la construcción de un nuevo edificio consistorial que, a medio plazo, unificaría todos los servicios en un sólo edificio totalmente accesible.

Considerando aceptada la pretensión de la persona reclamante, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona afectada manifestaba lo siguiente:

“Yo vivo enfrente de una cabecera de línea del nº15, Plaza de las Brigadas Internacionales, por la noche no siempre hay algún autobús que se queda por la noche encendido y molesta. Ahora no tanto, por el simple hecho que en esta época del año las ventanas están cerradas, pero para renovar el aire del interior de la vivienda al abrir se escucha el runruneo toda o casi toda la noche.

Mandé un correo a la Empresa de Transporte de la EMT de Málaga, me respondieron diciendo que no puede estar más de 5 minutos el autobús y que si fuera más de esos 5 minutos que apuntara la matricula. Cosa que no veo lógico si uno está descansando ir a la calle y apuntar la matricula. Cosa que ahora está prohibida por el Toque de Queda.

Como vi que ese medio no iba a funcionar puse una instancia en el Ayuntamiento de Málaga, a las pocas semanas me mandan una carta Certificada, por parte del Servicio Jurídico-Administrativo, la respuesta que dan ellos es que van hacer una toma de medida de ruido en menos de 20 días hábiles, estos 20 días hábiles ya han pasado.

Hay menor ruido por la sencilla razón que les habrá dicho su jefe a los conductores que no pueden estar el día de la toma de ruido si es que hubo. Yo solo pido que no estén más del tiempo permitido, es decir, máximo (5) cinco minutos. Y que se instale una cámara con micrófono para comprobar, que esté apagado el autobús, donde lo normal es que estén en el garaje/depósito de autobuses de la EMT de Málaga.”

Admitimos la queja a trámite y solicitamos información al Ayuntamiento del Málaga sobre la posibilidad de limitar a 5 minutos el tiempo de parada del autobús, así como la instalación de medidores acústicos que ayudaran a la comprobación de las medidas correctoras que se adoptaran.

Según la respuesta municipal el servicio de transporte urbano de Málaga, empresa de titularidad municipal, operaba íntegramente con autobuses homologados de acuerdo a la legislación vigente, todos los autobuses pasaban la ITV cada 6 meses, y también eran revisados en sus talleres por personal especializado, por lo que la utilización de este tipo de vehículos en la vía pública cumple con todos los preceptos, reglamentos y ordenanzas vigentes.

En particular, la cabecera de la línea 15, en la Plaza de las Brigadas Internacionales, estaba situada en una plaza muy amplia, por lo cual los autobuses estaban a bastante distancia de las viviendas. No obstante, a solicitud de la persona reclamante, procedieron a evaluar en más de una ocasión si algún autobús en concreto emitía ruidos por encima de los niveles máximos autorizados, y no habían encontrado nada anormal.

Por otro lado, mantenían una instrucción de trabajo emitida a todos los conductores de la empresa, para que apagaran los motores en caso de que tuvieran la necesidad de permanecer más tiempo del debido en la cabecera de línea, por ejemplo, si tenían que regular tiempos de espera.

Por último, indicaban que la empresa estaba renovando la flota de autobuses, incluyendo, entre otras tecnologías, híbridos y eléctricos, que eran silenciosos.

De esta información dimos traslado a la persona afectada para que formulase las alegaciones y consideraciones que estimara oportunas. De las formuladas dimos traslado al Ayuntamiento para que nos informara sobre la posibilidad de incorporar autobuses eléctricos a la línea 15.

En la contestación municipal se reflejaba que la empresa ya había comenzado a adquirir autobuses eléctricos, de los cuales tenían en licitación pública las primeras diez unidades. Aunque su precio era muy superior a otras tecnologías, con la ayuda de los Fondos Europeos Next Generation estaban construyendo unas nuevas cocheras en Málaga, y pretendían migrar toda la flota a tecnología eléctrica.

No obstante, indicaban que todos los autobuses de 18 metros que estaban adquiriendo eran híbridos, que reducían el ruido de forma notable. Las últimas diez unidades puestas en servicio eran de esa tecnología, y tenían otras 12 unidades en fabricación, que entrarían en funcionamiento este año.

Concluían que los autobuses de la línea 15 serían eléctricos, pero era imposible precisar por el momento cuándo, ya que la implementación de estas tecnologías más costosas era cuestión de años. En cualquier caso, los nuevos autobuses híbridos adquiridos y en fabricación reducían de forma sustancial el ruido.

Ante esta información, considerando que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Se dirigió a nosotros la familia extensa de una menor, tutelada por la Junta de Andalucía, quejándose porque no habían obtenido respuesta a la solicitud que presentaron para volver a tener a su nieta en acogimiento familiar, fundamentando su solicitud en que en esos momentos habían variado sustancialmente las circunstancias que motivaron la extinción del acogimiento familiar, resultando por tanto beneficioso para la menor volver con su abuelos, con quienes seguía manteniendo vínculos afectivos.

En relación con esta cuestión la Delegación Territorial nos informó que si bien no se les dio respuesta escrita, los solicitantes habían sido atendidos telefónicamente y conocían la situación jurídica del expediente por lo que se estimaba que su insistencia en obtener respuesta escrita carecía de fundamento.

La Administración dio respuesta favorable a nuestra resolución, asumiendo su contenido y procediendo a comunicar por escrito a la familia extensa de la menor la resolución motivada emitida en respuesta a su petición, que en este caso fue en sentido negativo, por considerar que no existían elementos que hicieran necesario modificar la medida acordada en protección de la menor.