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La interesada exponía, textualmente, lo siguiente:

«1º- Que soy propietaria de una vivienda en la calle ….., del municipio de La Puebla de los Infantes, provincia de Sevilla.

2º- Que en el año 2.005 fueron derribadas por sus propietarios las casas contiguas, números ….. de la citada calle, sin que en ese momento ni hasta la fecha, los solares que quedaron tras el derribo hayan sido convenientemente tapiados o cercados, con la consiguiente acumulación de basuras, crecimiento de matojos y continua situación de peligro, entre otras cosas, para la salud, debido al posible riesgo de contagios, picaduras de insectos o incluso riesgo de heridas no sólo para mi familia sino para cualquier persona, sobre todo niños, que pueden acceder libremente a los solares. (ANEXO)

4º- Con fecha agosto de 2.008 presenté una reclamación al Ayuntamiento dela localidad la cual no sólo no se tuvo en cuenta, sino que ni siquiera obtuve respuesta.

5º- En marzo de 2.010 presenté escrito ante la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en el que exponía la situación mencionada de los solares y mi indefensión ante la respuesta omisa del Ayuntamiento, recibiendo como contestación de la citada Delegación su incompetencia para la resolución de dicho asunto aunque trasladó el escrito de nuevo al Ayuntamiento a efectos de que diera respuesta a mi petición.

6º- AI transcurrir tres años y encontrarse todo estancado en la misma situación y sin respuesta alguna, con fecha 09-08-2013 y con la intención de encontrar solución en el organismo público, dirigí escrito a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la cual envió en un brevísimo plazo de tiempo a una inspectora para reconocer los solares. Consideró como precaria la situación de los mismos, remitiéndome informe de la inspección con fecha 23-08-2013 y la respuesta oficial de la Consejería con fecha 12-09-2013 con copia al Ayuntamiento volviendo a instar a este a la toma de decisiones respecto a la situación.

7º-Transcurridos otros 3 años sin que se tomara por parte del Ayuntamiento ninguna medida, volví a presentar una reclamación al Ayuntamiento en 2016 y como en las otras ocasiones, ni se tomó ninguna medida ni se me contestó.

8º- En agosto del presente año 2019, la situación de los solares no solo sigue igual, sino que lógicamente por el paso de los años, se ha agravado. Es más, hemos sufrido una PLAGA de algún tipo de parásito, que ha producido picaduras en todo el cuerpo a los miembros de mi familia, teniendo que acudir al Centro de Salud, donde los facultativos han confirmado esta plaga.

Hemos tenido que proceder a una limpieza exhaustiva de la casa, muebles, enseres, ropa, etc. y se han fumigado los exteriores de la casa, lógicamente con los gastos a mi cargo.

9º- Dirigí nuevo escrito con fecha 14 de agosto de 2019 a la Consejería de Salud y Bienestar Social explicando de nuevo el problema y adjuntando todos los escritos anteriores. La zona fue visitada por una inspectora de este Servicio, que redactó el pertinente informe dela situación, del cual me envió copia, así como al Ayuntamiento.»

Admitida la queja a trámite, solicitamos del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes que nos indicara las actuaciones previstas para que los solares en cuestión pasaran a encontrarse en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, así como para que sus propietarios procedieran a su debido cerramiento. Igualmente, deseábamos conocer las causas que habían determinado la pasividad del Ayuntamiento ante el problema denunciado por la reclamante pese a sus escritos y gestiones durante varios años y la emisión de informes que denunciaban las pésimas condiciones higiénicas de los solares.

En la respuesta remitida se exponían las actuaciones municipales para el debido mantenimiento de los solares existentes en el casco urbano, las circunstancias que habían incidido para que se hubieran depositado más basuras en ellos, las carencias de personal municipal para atender las solicitudes que se presentaban, aunque se subrayaba que siempre se le había dado respuesta oral a las demandas de la interesada y se finalizaba indicando que se procedería de nuevo a ordenar, con registro de salida de estos requerimientos, la limpieza y vallado de dichos solares.

A la vista de esta respuesta municipal, instamos a la interesada a que nos remitiera las alegaciones y consideraciones que tuviera por convenientes sobre su contenido.

Así lo hizo expresando su insatisfacción por la insuficiencia de las medidas adoptadas ante el deficiente estado de conservación de los solares, por lo que interesamos del Ayuntamiento que nos mantuviera informados de las medidas adoptadas para que, a la mayor brevedad posible, la propiedad de los solares que ocasionaban perjuicios al inmueble de la reclamante llevara a cabo las actuaciones pertinentes para que éstos contara con cerramiento y pasaran a encontrarse en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

La respuesta municipal comprendía los requerimientos del Ayuntamiento a la propiedad de los solares para que procedieran a su limpieza, cerramiento y encauzamiento de aguas pluviales en el plazo de veinte días. También se avisaba de la actuación subsidiaria municipal en caso de incumplimiento.

A buen seguro, dada la situación de alarma, dicho plazo suponíamos que debería ser ampliado, pero en todo caso estimábamos que nos encontrábamos ante un problema en vías de solución y no resultaban precisas nuevas actuaciones por parte de esta Institución.

La parte promotora de la queja nos traslada la situación en que se encuentra su padre, enfermo de Alzheimer, que hubo de ingresar en una Residencia para personas mayores en septiembre de 2017, la Residencia Vitalia San Fernando y Santa Elisa, de Montellano.

En esa fecha solicitó la revisión del grado de dependencia que desde 2017 y hasta el momento tiene reconocido, que es el Grado I.

Desde septiembre de 2017 aguarda a que dicha valoración tenga lugar, ocupando entretanto una plaza residencial privada y desprovisto de prestación alguna, por lo que la situación para la familia se ha vuelto insostenible.

Refiere la compareciente que han sido informados de que la zona de Montellano carece de valorador/a, ya que la plaza se encuentra vacante y sin perspectivas de cobertura, por lo que han formalizado una reclamación que tampoco ha merecido respuesta.

Interesados ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, se nos informa que ya ha sido asignado personal valorador. Añaden que una vez efectuada la valoración de la persona interesada se procederá a la resolución del procedimiento.

A la vista de tal información, consideramos que el asunto planteado en la presente queja ha quedado solucionado, por lo que se procede al cierre del expediente.

La interesada exponía que el 9 de enero de 2020 debía abandonar la vivienda en la que residía junto a sus tres hijos (uno de ellos menor de edad) en régimen de arrendamiento, por necesidad de uso del propietario.

Refería que desde el año 2010 se encontraba inscrita en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, sin que hubiera sido propuesta como posible adjudicataria. Manifestaba que sus ingresos eran limitados encontrándose tanto ella como sus otros dos hijos en situación de desempleo, por ello nos trasladaba su desesperación al no disponer de alternativa habitacional llegado el momento del desalojo del inmueble, temiendo verse en la calle. Por último, indicaba que había acudido a servicios sociales y a Procasa, sin que le hubiera ofrecido algún tipo de solución.

Admitida la queja a trámite solicitamos informe al Ayuntamiento de Cádiz y a Procasa (Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, S.A.).

En el informe municipal se nos traslada que desde el Servicio de Información, Valoración y Orientación se le había ofrecido a la interesada información sobre los recursos sociales existentes, valoración y análisis de sus necesidades, colaboración en el proceso de toma de decisiones y en definitiva un apoyo para ir superando sus dificultades.

En particular, por lo que respecta a sus necesidades en materia de vivienda, se indicaba que desde el año 2016 les apoyaron con una ayuda periódica de entre el 60 y el 67,5% de la renta de alquiler, la cual se extinguió en el mes de julio de 2019 al no poder justificar el abono de la renta por la imposibilidad de aportar su parte de la misma.

Ante la necesidad de abandonar la vivienda por la deuda acumulada, en el mes de octubre se le informó de la posibilidad de obtener una ayuda de alquiler periódica, buscando la interesada la vivienda de alquiler, y se le derivó al Servicio Integral de Asesoramiento Municipal al Inquilino (SIAMI) de Procasa.

En el mes de noviembre acudió de nuevo a los servicios sociales, manifestando que en todas las viviendas le pedían fiador y nómina, condiciones que no cumplían, por lo que se le planteaba la posibilidad de negociar con la dueña para poder permanecer en la vivienda, liquidando la ayuda al alquiler de 2019 en dos cheques (1687,50€ en total) y aportando ella el resto del dinero, siempre y cuando se tuviera la garantía de que no tendría que abandonar el domicilio.

Asimismo los servicios sociales contactaron con la Oficina Municipal de la Defensa de la Vivienda (OMDEVI) ubicada en Procasa, los cuales podrían apoyarla enn la intermediación con propietarios para conseguir una vivienda de alquiler.

Tras tener conocimiento de la demanda de desahucio a finales del mes de enero, los servicios sociales se estaban coordinando con OMDEVI, desde donde la asesorarían a nivel jurídico con el procedimiento. En este sentido, desde la Delegación de Servicios Sociales le ofrecían la ayuda de adquisición de nueva vivienda para pagar el mes de fianza y mes corriente de una vivienda de alquiler, así como la prestación económica de carácter periódico para el abono del alquiler mensual, una vez encontrara una vivienda.

Por último, se indicaba que tenía solicitada la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) desde el 27/11/18. En el artículo 4.5 c) del Decreto Ley 3/2017 de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, se recoge como supuesto de urgencia el desahucio de la vivienda, por lo que le dieron trámite de urgencia a la solicitud para adelantar el pago de dicha prestación con carácter retroactivo.

En el informe solicitado a Procasa se indicaba que, tras valorar las circunstancias económicas y sociales de la interesada, su solicitud de vivienda pública en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida alcanzó una valoración de 13 puntos, alcanzando el puesto 372 en la última lista, que databa de mayo de 2019. El citado Registro no disponía de una bolsa de viviendas protegidas para su adjudicación, por lo que el acceso a una vivienda de estas características dependería de las que se pudieran ir recuperando del parque público municipal, o bien de las viviendas protegidas de promotores públicos o privados que pusieran a disposición del Registro.

A este respecto, los servicios sociales indicaban que la unidad familiar se encontraba en riesgo de exclusión social severo, con una puntuación de 59.87 puntos, no pudiendo acceder con dicha puntuación al régimen de excepcionalidad en la adjudicación de vivienda pública.

Por lo expuesto, observamos que por parte de los servicios sociales le habían venido prestando la colaboración y ayuda necesaria, y que la solución pasaba por suscribir un nuevo contrato de alquiler con la ayuda e intermediación de los servicios sociales y de OMDEVI.

De toda esta información dimos traslado a la interesada para que presentara las consideraciones y alegaciones que estimara convenientes, con objeto de poder valorarlas y, en su caso, continuar nuestras actuaciones.

Así lo hizo, trasladándonos que le estaba resultando imposible conseguir una vivienda de alquiler por no tener contrato de trabajo, nómina ni aval, por lo que no disponía de alternativa habitacional para ella y sus tres hijos (uno de ellos menor de edad y diagnosticado de TDAH) cuando se ejecutara el lanzamiento.

La situación expuesta por la interesada era desgraciadamente habitual, según podemos ver en las quejas recibidas en esta Institución desde toda Andalucía. Las ayudas al alquiler adquieren mayor importancia precisamente en los casos en que las personas necesitadas de vivienda no disponen de un trabajo estable y por tanto contrato y nómina, y sin embargo en esta situación resulta muy difícil conseguir un alquiler.

Por ello, nos dirigimos nuevamente a Procasa para que nos informara sobre las actuaciones de intermediación o aval que se estuvieran realizando o pudieran realizarse por ese organismo en casos como el presente y en particular en el caso de la interesada, para facilitar que los propietarios de viviendas las alquilaran a personas en las situaciones descritas.

En el informe recibido se manifestaba la interesada estaba siendo atendida por la Oficina de Defensa de la Vivienda que gestionaban desde Procasa, se había estado mediando con la propiedad y coordinando las posibles ayudas y/o alternativa habitacional adecuada con los Servicios Sociales.

El resultado de la mediación era que la propiedad no estaba interesada en continuar el arrendamiento de ninguna de las formas, por lo que le prestaron asesoramiento a la reclamante frente al desahucio planteado poco antes de la declaración del estado de alarma, estando actualmente suspendidos los plazos y pendiente de que le nombraran abogado de oficio.

Por ello, habían orientado las actuaciones desde la Oficina de Defensa de la Vivienda y desde los Servicios Sociales municipales, a encontrarle una nueva alternativa habitacional adecuada a la familia, mediando, coordinando las ayudas al alquiler y facilitando algún tipo de compromiso/garantía, dentro de sus posibilidades, con una nueva propiedad con la que estaban en contacto ante la posibilidad de que le arrendaran una vivienda una vez finalizara el estado de alarma.

Puesto que de la información anterior se desprendía que por parte de las administraciones competentes se le estaba prestando una atención y ayuda adecuada dentro de sus competencias y que el asunto se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona interesada denuncia la ausencia de adaptación curricular para su hijo, escolarizado en un Centro de educación infantil y primaria de la provincia de Sevilla, poniendo de manifiesto los perjuicios que dicha inactividad está ocasionando al alumno.

Por la situación expuesta el Defensor del Pueblo Andaluz también Defensor del Menor de Andalucía, se dirige a la administración, quien tras varios trámites remite un escrito señalando que se están adoptando las medidas necesarias para la debida atención educativa del menor en el Centro de educación infantil y primaria dónde está matriculado.

A la vista de lo aportado por la Administración, entendemos que el problema planteado se ha resuelto favorablemente, por lo que con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

El Defensor del Pueblo Andaluz, tras analizar la información recibida sobre el derrumbe de la Mina Cobre Las Cruces, considera oportuno el archivo del expediente al no apreciar irregularidad en la actuación administrativa.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio con objeto de conocer los posibles daños ambientales provocados tras un deslizamiento de tierras, de gran magnitud, en un talud de la explotación minera de Cobre Las Cruces, en la provincia de Sevilla. De las actuaciones que hemos realizado con los diversos organismos hemos podido conocer lo siguiente:

Respecto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la que nos dirigimos en vía de colaboración, pudimos conocer que la Confederación había dado instrucciones para que se llevaran a cabo los correspondientes muestreos y mediciones de control y contraste respecto de aguas subterráneas y superficiales, en sus vertientes de cantidad y calidad, de tal forma que una vez que se analizaran los datos recabados y se determinara si había habido, o no, afección, se plantearían las medidas a adoptar.

Posteriormente se nos facilitaron las conclusiones de los muestreos y mediciones de control y contraste respecto de aguas subterráneas y superficiales, en sus vertientes de cantidad y calidad, en informe de mayo de 2019, del Servicio de Aguas Subterráneas e Hidrología de la Confederación, que decía: “sobre la evolución de los piezómetros y estaciones de aforo que concluye lo siguiente: De los datos obrantes en nuestro poder y desde el punto de vista cuantitativo de las aguas superficiales y subterráneas, no se concluye que exista afección medioambiental al dominio público hidráulico como consecuencia del derrumbamiento registrado en el talud norte de la corta minera el 23 de enero de 2019”.

También conocimos sendos informes adicionales del Área de Calidad de las Aguas de la Confederación: según el primero, de abril de 2019, no se había constatado que como consecuencia del citado derrumbe “se haya producido afección medioambiental a la calidad de las aguas de dominio público hidráulico (superficiales o subterráneas)”; el segundo, de julio de 2019, concluía que “no existe inconveniente en retomar los planes de vigilancia anteriores al incidente en cuanto a controles paramétricos en aguas superficiales y subterráneas, entendiendo por tanto que era suficiente el control realizado en el marco del Programa de Vigilancia y Control, a excepción del mantenimiento de controles en algunos sondeos de extracción situado en las proximidades del área afectada”.

Recibimos un último informe del Servicio de Hidrología y Aguas Subterráneas, de octubre de 2019, según el cual “se desprende que ya no son necesarias tantas medidas para observar tendencias, pudiéndose por tanto volver a la situación previa al incidente en cuanto a los controles cuantitativos de piezometría y en los arroyos Garnacha, Molinos y Almendreillos”.

En cuanto a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible nos informó que, consultada la Delegación Territorial de la misma en Sevilla, no tenían competencia sobre el acuífero Niebla-Posadas. En cuanto a los posibles daños ambientales concluía, en esencia, que “a la vista de lo informado por Cobre Las Cruces, S.A.U. es posible extraer que no se han producido afecciones sobre las aguas subterráneas, sobre las aguas superficiales, sobre la atmósfera, sobre la flora y la fauna, y tampoco sobre el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)”. También nos remitieron informe del Servicio de Protección Ambiental de junio de 2019.

Por último, nos dirigimos a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, como órgano periférico de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, competente en materia de minas, para conocer la información que tuvieran sobre las causas del derrumbe, así como si estaban coordinando actuaciones con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en relación con la Declaración de Impacto Ambiental y el estado de la escombrera norte, así como de posibles daños al acuífero Niebla-Posadas.

En la respuesta de la Secretaría General Provincial de Hacienda, Industria y Energía, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, nos relataban los antecedentes respecto del citado deslizamiento y las actuaciones seguidas por la Delegación del Gobierno en el marco de sus competencias.

También nos informaba que tras las averiguaciones oportunas, incluida la emisión de informe pericial de un técnico independiente procedente de la universidad, se ha llegado a la conclusión de que “la causa principal del derrumbe ocurrido, ha sido la inestabilidad producida por la presión que el agua ejerce al penetrar en las grietas del terreno. En relación con las conclusiones de los mismos, se han tomado medidas para evitar que se creen nuevas grietas a causa de voladuras y se ha propuesto un plan para el sellado de aquellas que se puedan crear por la morfología del terreno o la propia actividad minera”.

Se nos informó que mediante Orden del Consejero de Hacienda, Industria y Energía, de 10 de julio de 2019, se había levantado la suspensión provisional de los trabajos de explotación dictada en fecha 30 de enero de 2019, tras acontecer el incidente. Ello, “teniendo en cuenta las consideraciones hechas en los informes anteriores e incrementando la seguridad de las personas y las cosas al instalar nuevos equipos para detectar las posibles incidencias, un georradar que detecta los movimientos instantáneos de terrenos, un sismógrafo, así como la extensión de la red de piezómetros, extensores y prismas”.

También nos daban cuenta de que estaban “trabajando para resolver el expediente relativo a la Actualización del Plan de Restauración Ambiental de la Mina Las Cruces, el cual es la garantía para normalizar plenamente e integrar en la Declaración de Impacto Ambiental de la explotación, la zona afectada por el derrumbe”.

Una vez que esta Institución contó con toda esta información entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones por nuestra parte, por lo que procedimos al archivo de esta actuación de oficio, aunque trasladamos a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla que confiábamos en que agilizaría en todo lo posible la tramitación del expediente relativo a la actualización del Plan de Restauración Ambiental de esta mina.