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Recomendamos a la Dirección General de Consumo que adopte medidas para solucionar las actuales carencias en materia de personal de los Servicios de Consumo, con objeto de garantizar el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora en materia de consumo.

ANTECEDENTES

En el curso de esta investigación de oficio nos interesaba conocer de modo particular el desarrollo de las labores de inspección y sanción, por entender que el ejercicio de la potestad sancionadora puede favorecer un efecto disuasorio frente a determinadas prácticas empresariales que redundan en perjuicio de las personas consumidoras.

Entendíamos que la modificación de la Ley 13/2003, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía operada por Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda, podría suponer un importante paso para hacer efectivos los derechos de las personas consumidoras.

En este sentido uno de los puntos que centraban nuestra atención eran los datos de personal adscrito a la Sección de Procedimiento e Informes y volumen de trabajo asignado, con objeto de valorar si la Administración contaba con los recursos necesarios para la protección de las personas consumidoras.

A la vista de la información facilitada por las distintas Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud, nuevamente podemos concluir la necesidad de dotar de medios económicos y humanos a los Servicios de Consumo, ya que se ven desbordados e imposibilitados de atender adecuadamente sus funciones.

Pese a las mejoras presupuestarias y las medidas anunciadas por la Consejería de Salud para la defensa de los derechos de los consumidores, por los datos ahora recogidos podemos conocer que la situación no sólo no ha mejorado sino que en algunos casos ha ido a peor en cuanto a dotación de personal e, incluso, podría agravarse a resultas del reciente concurso de méritos del personal funcionario, lo que obligará a buscar soluciones temporales de apoyo técnico a la Sección de Procedimiento ante el riesgo de caducidad de los expedientes.

Según la información que hemos recopilado, los puestos continúan desdotados presupuestariamente en la RPT, lo que imposibilita una estructura fija y de personal con experiencia en su desempeño. Aunque esta incidencia se manifiesta con carácter general en los Servicios de Consumo, en el caso de la Sección de Procedimiento e Informes se acusa con mayor gravedad tal como pasamos a detallar:

-Almería: ninguno de los cuatro puestos de estructura está cubierto; la Unidad de Procedimiento y las dos Asesorías Técnicas están desdotadas desde hace años y la Jefatura de Sección no ha podido adjudicarse por artículo 30 por falta de permisos (aunque previsiblemente lo sería en el concurso). La instrucción de expedientes sancionadores la desarrollan dos Negociados de la Sección de Formación y Defensa de Consumidores, una Inspectora de Consumo y una Administrativa, con el apoyo administrativo de un Negociado de la Sección de Inspección.

-Cádiz: ninguna plaza de la Sección está dotada desde 2005, realizando las tareas una Inspectora de Consumo con el apoyo de dos Administrativos que compaginan sus labores con la atención y asesoramiento a la ciudadanía.

-Córdoba: la estructura de RPT contempla la Jefatura de Sección (ocupada provisionalmente) y 3 puestos más, de nivel 23, que están desdotados.

-Granada: al menos la Jefatura de Sección y de Negociado se encuentran ocupadas con carácter definitivo, así como dos puestos de gestión administrativa, pero las dos Asesorías Técnicas previstas en RPT se encuentran vacantes, si bien la carga de trabajo exigiría de la ampliación a 3 Asesorías Técnicas con nivel 25 y dedicación exclusiva.

-Huelva: sólo se encuentra dotada la Jefatura de Sección (vacante con próxima adjudicación definitiva en concurso), realizando las tareas propias de la Sección de Procedimiento e Informes una Inspectora de Consumo y una Auxiliar Administrativo como personal de apoyo.

-Jaén: son también dos Inspectoras de Consumo las que desempeñan la labor instructora, el único puesto dotado sería la Jefatura de Sección. El nivel previsto para dos de las tres plazas de Asesoría Técnica es el 23, por lo que son poco atractivas en los concursos de méritos.

-Málaga: es la única excepción a la situación expuesta, pues todos los puestos están ocupados por personal funcionario de carrera. En cualquier caso, la complejidad y tratamiento individualizado de los procedimientos sancionadores así como el alto volumen de denuncias y peticiones que se dirigen a la Sección de Procedimiento determinan que no se puedan tramitar con la agilidad deseada por parte de la Jefa de Sección y los cuatro instructores dedicados a ello e, igualmente, la necesidad de reforzar el personal existente para evitar que se afecte el cobro de sanciones.

-Sevilla: sólo presta servicios en esta Sección un Asesor Técnico (nivel 25), que asume las tareas de Jefe de Sección (plaza desdotada), una Asesora Técnica (nivel 23) y una Inspectora de Consumo como instructoras, con un Administrativo para la gestión (que comparte tareas con otras Secciones). Para compensar esta falta se están asignando procedimientos sancionadores a otros miembros del Servicio del grupo A-1110.

La única medida que se habría adoptado para el impulso de la tramitación de expedientes sancionadores sería un plan de choque, mediante contratación de personal interino durante seis meses entre 2016 y 2017. Para mejorar la eficacia de esta medida en algunos casos se echó en falta un perfil adecuado del personal contratado a las características del puesto, pues fue necesario un lógico proceso de formación especializada en procedimiento sancionador y en materia de consumo de las personas contratadas.

Se nos ha expuesto que las solicitudes que se han cursado para cubrir puestos dotados vacantes o para la dotación de plazas de la RPT habrían sido rechazadas por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Se ha apuntado que esta situación redunda en una insatisfacción del personal, que desencadena su marcha en sucesivas oportunidades de cambio profesional.

Pese a ello resulta llamativo que, en estas circunstancias, el personal adscrito a los Servicios de Consumo desempeñe sus labores de modo satisfactorio, destacando algunos que “su dedicación es total”, que “con su buena voluntad y predisposición” han realizado las tareas asignadas de instrucción de expedientes sancionadores o que el personal “es abnegado, muy colaborador y entusiasta en su labor diaria”.

Por su interés para la solución a la situación expuesta nos parece oportuno destacar algunas reflexiones apuntadas desde los propios Servicios de Consumo, con las que coincidimos plenamente:

“(...) precisamos una meditada actualización de la RPT, garantizar su dotación presupuestaria, y contar así con una estructura estable y bien formada que nos permita afrontar los indudables retos que el siglo XXI conlleva en materia de protección al consumidor. No hacerlo, es anclarse en el siglo XX y dar la espalda a la ambiciosa labor que la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía nos han encomendado.”

“Y no podemos olvidar que la importancia que reviste la defensa de la relación de consumo y, consecuentemente, la protección de los usuarios y consumidores, constituye un alto fin que implica una “conducta activa” de los distintos Poderes, de ahí que se considere la necesidad de promover la generación de instrumentos personales y materiales que procuren satisfacer de manera más eficiente las necesidades de la sociedad y garantizar por medio de medidas concretas y dentro del ámbito de nuestras competencias la efectiva tutela, defensa y avance de los derechos de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.”

Un aspecto que también consideramos oportuno destacar es la falta de definición de un perfil de profesional con formación en Derecho para puestos que tienen asignada la tramitación de expedientes sancionadores de consumo, a salvo de la Jefatura de Sección de Procedimiento e Informes.

Sólo excepcionalmente se da la coincidencia de que los puestos de Asesor Técnico de procedimiento están ocupados por personas con Licenciatura/Grado en Derecho, pero no por exigencias de la RPT.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a esa Administración las siguientes

CONSIDERACIONES

Nuevamente desde esta Institución debemos señalar la importancia del procedimiento sancionador en materia de consumo, ya que una decidida voluntad administrativa de sancionar conductas que suponen infracción a la normativa de protección de las personas consumidoras puede contribuir a su erradicación.

Como venimos repitiendo, en el ámbito de consumo se reiteran las situaciones en las que legítimas pretensiones de las personas consumidoras quedan a la voluntad de las empresas de modo que aquéllas se enfrentan a costosos y lentos mecanismos judiciales para hacer valer su pretensión, lo que les lleva al desistimiento en la mayoría de los casos.

Resulta necesario que, en los supuestos en que se produce una infracción de la normativa de protección a los consumidores, la misma no sólo sea sancionada sino que también se acompañe por la necesaria reposición de la situación alterada por la infracción, la devolución de las cantidades indebidamente percibidas y la indemnización de daños y perjuicios que se hubieran causado.

La adopción de estas medidas, aparte del oportuno soporte normativo, exige irremediablemente de una dotación adecuada de medios económicos y humanos sin los que no resulta posible hacerlas realidad.

Ello tiene especial reflejo en asuntos que trascienden a la opinión pública y que afectan a un gran número de personas, como es el caso de los expedientes tramitados para sancionar a entidades financieras por la incorporación de la cláusula suelo a sus contratos de préstamo hipotecario sin la transparencia exigible.

Los tiempos empleados para la resolución de dichos expedientes -correspondientes a una campaña iniciada en 2013-, se justifican por la complejidad del asunto y el altísimo volumen de documentación reunida al haberse acumulado cientos de denuncias, pero, siendo ciertas estas razones, no es menos cierto que las dilaciones en la resolución son también fiel reflejo de las consecuencias que se derivan de una insuficiente dotación de recursos humanos especializados para afrontar asuntos de especial dificultad o complejidad.

Las medidas que hubieran de implementarse para dar solución a los problemas y deficiencias observados (falta de dotación o cobertura, ampliación de plantilla, mejora de nivel de determinados puestos de nivel 23 para hacerlas más atractivas y conseguir la continuidad del personal funcionario, definición de perfil profesional jurídico para los puestos de instrucción de procedimientos sancionadores...) exceden del ámbito de actuación de esa Dirección General, e incluso de la propia Consejería de Salud.

Dado que dichas medidas se integran en las políticas de gestión presupuestaria y de diseño de R.P.T., es por lo que esta Institución está valorando la oportunidad de dirigir sus actuaciones ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

En cualquier caso, y con carácter previo, estimamos necesario constatar el compromiso de esa Dirección General de Consumo para la adopción de las medidas de impulso que resulten necesarias ante la Consejería que debe autorizar las dotaciones presupuestarias y la fijación de la RPT.

Estimamos que dichas medidas resultan inaplazables con objeto de poder garantizar el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora en materia de infracciones de consumo.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: Que por parte de esa Dirección General se adopten las medidas de impulso oportunas para establecer una estructura estable de personal en los Servicios de Consumo, y en particular de la Sección de Procedimiento e Informes, mediante la dotación de plazas, cobertura de vacantes y ampliación de las que sean necesarias para atender las labores encomendadas; la determinación de perfiles profesionales jurídicos; así como la mejora de nivel de puestos de Asesoría Técnica.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Desde la aprobación del Decreto Ley 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Institución ha venido mostrando su preocupación sobre la situación de este colectivo que ha dado lugar, ya en el año 2013, a la tramitación de la queja de oficio 13/4535, así como de otras quejas individuales presentadas por las personas afectadas por esta situación.

En la reunión mantenida el 27 de abril de 2017 en la sede de esta Oficina con varias personas incluidas en el ámbito de aplicación del Art. Único, apartado 2 del Decreto Ley 5/2013, se puso de manifiesto la delicada situación socio-laboral en la que se encontraban estas personas (en desempleo, desde hacía más de nueve meses), manifestando que no se estaban cumpliendo los objetivos que motivaron la aprobación de dicho Decreto-Ley, ni aplicándose las medidas previstas en el mismo, por cuanto no habían sido aún convocados para la cobertura de puestos de trabajo vacantes en la Administración General de la Junta de Andalucía.

ANTECEDENTES

1. Ante las circunstancias descritas, reiteradas en anteriores quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución decide tramitar de oficio el presente expediente de queja para conocer la situación del personal afectado por el Decreto-Ley 5/2013, de 2 de abril, y las medidas adoptadas para su cumplimiento, como continuación de la queja 13/4535, en la que ya trasladábamos por primera vez a esa Consejería nuestra preocupación por el personal afectado por dicha norma y la necesidad de su reincorporación al servicio activo, instándole a la adopción de las medidas oportunas para facilitar su nombramiento como funcionario interino.

Asimismo, dado el interés de la iniciativa dirigida a ese centro directivo, con fecha 1 de febrero de 2017, por las organizaciones sindicales (Csif-Andalucía, Iniciativa Sindical Andaluza y UGT- Andalucía) sobre la cobertura de puestos de nivel básico de los diferentes cuerpos y escalas de funcionarios que resultan desiertos tras su ofrecimiento para provisión al amparo del artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, nos interesamos también por la respuesta dada a dicha iniciativa.

2. Tras la petición del preceptivo informe, solicitado a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública (DGRHFP), con fecha 2 de agosto de 2017 se nos remite la correspondiente contestación, de la que cabe reseñar lo siguiente:

“En el Decreto Ley 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal funcionario interino de la Administración General de la Junta de Andalucía, para el mantenimiento de la calidad y eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía, se apuesta por establecer criterios preferentes en el marco del procedimiento establecido en el Decreto 2/2002, atendiendo a medidas de discriminación positiva, esencialmente la edad y el valor añadido de su experiencia profesional. Y es por ello que en su artículo único, tras invocar los principios que han de regir los procedimientos de selección: publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y atendiendo, en su caso, a los colectivos prioritarios que se determinen, queda materializada esta medida en el punto 2, recogiéndose como prioritario para la cobertura de interinidad, el personal funcionario interino que hubiese cesado en un puesto por resultar adjudicado a un funcionario de carrera en cualquiera de los procesos reglamentarios de selección o provisión, siempre que se estuviere prestando servicios con anterioridad a 1 de enero de 2005 y que, a 31 de diciembre de 2013. cuente con cuarenta y cinco o más años de edad.

La Ley 6/1985, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Provisional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucia, indican que el nombramiento de personal interino se producirá cuando así lo aconsejen razones de urgencia o necesidad, para cubrir transitoriamente los puestos de trabajo, en tanto se destina a los mismos a funcionarios.

El artículo 13 de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, indica que los nombramientos de personal funcionario interino sólo podrán efectuarse durante el presente ejercicio en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Por otra parte, la autorización para el nombramiento de personal funcionario interino, que corresponde a esta Dirección General, queda condicionada a que, con carácter previo, los órganos gestores de personal de las distintas Consejerías y Organismos remitan la correspondiente solicitud.

Se deduce de todo lo expuesto que el Decreto Ley 5/2013 establece medidas de acción positiva para determinado colectivo, pero el nombramiento de personas con carácter interino, queda condicionado por los limites que marcan las antedichas normas; esto es: que responda a razones de urgente necesidad, que comporte gasto mínimo y se refiera a sectores prioritarios. A su vez, la necesidad de cobertura de plazas, en este contexto, ha de ser apreciada por cada Centro Gestor y propuesta a esta Dirección General, para su estudio y autorización”.

3. Asimismo, en relación con este asunto se tramitan las quejas 17/981 y 17/4298 presentadas por funcionarios interinos de la Junta de Andalucía pertenecientes al Cuerpo de Gestión Administrativa, A21 Especialidad Gestión Administrativa, A21100, que fueron cesados en sus puestos de trabajo con fecha 3 de mayo de 2016. Las personas promotoras de estas quejas presentan diversas alegaciones que se incorporan a este expediente al que se han acumulado las referidas quejas.

En base a este planteamiento, esta Institución realiza las siguientes

CONSIDERACIONES

Las singulares circunstancias que concurren en el colectivo a que se refiere el Artículo Único, apartado 2 del Decreto-Ley 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía, han determinado que esta Institución haya venido mostrando una especial preocupación por este colectivo, así como por las medidas que se vienen adoptando para cumplir con la finalidad que motiva la aprobación de dicha norma legal.

Tras trasladarle esta inquietud, del informe-respuesta de la DGRHFP no podemos concluir otros datos más allá del relato de las disposiciones vigentes de aplicación y del procedimiento establecido para los nombramientos de funcionarios interinos. A este respecto, evidentemente, nada que objetar, aunque nada se concreta sobre la cuestión central objeto de nuestra actuación de oficio y, en su caso, sobre la iniciativa adoptada por las organizaciones sindicales (Csif-Andalucía, Iniciativa Sindical Andaluza y UGT- Andalucía), contenidas en la petición dirigida a la titular de ese centro directivo, al que hacíamos referencia en los antecedentes previos.

Al plantearnos la situación de los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación del apartado 2 del Artículo Único del Decreto-Ley 5/2013, hemos de tener en cuenta las razones tanto personales como sociales que justificaron el trato prioritario de este colectivo y que se contemplan en la exposición de motivos de dicha norma:

“La Junta de Andalucía no puede ser ajena, en su política de personal, a la actual coyuntura de crisis que afecta al mercado de trabajo en general y que contribuye a que la edad sea un obstáculo para el acceso al empleo y la ocupación. Por otra parte, no puede obviar la prolongada y amplia experiencia profesional de su personal interino que ha dado lugar a que este colectivo haya adquirido en muchas ocasiones importantes conocimientos y habilidades en la gestión de materias que se consideran prioritarias para la Administración General de la Junta de Andalucía (...).

Por todo ello, en el ámbito del personal funcionario interino de la Administración General de la Junta de Andalucía, y como medida activa para el mantenimiento del empleo en el sector público, se apuesta con este Decreto-Ley por establecer las circunstancias citadas como criterio preferente para este personal en el marco del procedimiento establecido en el Decreto 2/2002. Las razones que avalan esta medida de discriminación positiva son esencialmente, la edad y el valor añadido de su experiencia profesional, criterios ambos considerados por la citada Directiva (Directiva Europea 2000/78/CE) como suficientes para establecer unas condiciones mínimas, generadoras de diferencia de trato en el acceso al empleo y en las condiciones del mismo”.

En recientes iniciativas parlamentarias relacionadas con la situación de precariedad de este colectivo de funcionarios interinos (Proposición No de Ley 10-17/PNLC-000191, publicada en el B.O.P.A. Nº 480 de 8 de junio de 2017, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía con calificación favorable y admisión a trámite para su tramitación ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública), se ha puesto de manifiesto que el Decreto-Ley 5/2013 supone una apuesta decidida por preservar los puestos de trabajo de un personal con amplia experiencia, conocimientos y formación que, sin duda, debería contribuir a la calidad en la prestación de servicios a la ciudadanía, dando con ello justo reconocimiento a “la trayectoria del personal interino que desde los comienzos de la Administración General de la Junta de Andalucía contribuyó a la base de nuestra Administración autonómica, posibilitando que personas con alrededor de treinta años de servicios prestados a la ciudadanía no caigan en la exclusión social por el cese en sus puestos de trabajo”.

Se señala, asimismo, en dicha iniciativa, que “el no funcionamiento de los mecanismos previstos en el Decreto-Ley o la incapacidad de la Administración para dar a estos trabajadores la continuidad en el empleo público prevista en la citada disposición legal debería ser objeto de intervención por parte del Parlamento de Andalucía, pues estamos ante una disposición de carácter general declarativa de derechos respecto a los destinatarios-beneficiarios cuyo objetivo fundamental se está incumpliendo, puesto que aún permanecen en las bolsas que se crearon personas que continúan sin ser empleadas, perdiéndose por tanto parte de las razones tanto sociales como personales que dieron lugar a la publicación de la citada norma”.

En la actualidad, un número significativo de personas afectadas por esta situación, continúan sin acceder a puestos de trabajo como funcionarios interinos, con las consecuencias que ello tiene para las mismas, en la línea de las que se pretendían evitar con la aprobación de la referida norma, y que comprometían a esa Administración a adoptar las medidas necesarias para su implementación.

Según nos informan las personas interesadas, en dicha situación se encuentran actualmente un reducido grupo de funcionarios interinos de la Junta de Andalucía pertenecientes tanto al Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General, A2.1100, como al Cuerpo Auxiliares Técnicos Informática, C2.2002, que cesaron en sus puestos de trabajo hace más de un año, que alcanzan edades comprendidas entre los 50 y 63 años y una media cercana a los treinta años de servicios prestados en la Administración autonómica y que han agotado total o parcialmente las prestaciones a las que tuvieron derecho, encontrándose en estos momentos algunos de ellos en riesgo de exclusión social. A ello se unen las gravísimas dificultades sociales y económicas que esta situación impone a las familias de los afectados, algunas incluso bajo amenaza de desahucio. Situaciones éstas que expresamente se intentaban evitar con el mencionado Decreto-Ley, sin que se adopten medidas por los órganos competentes para evitar llegar a esa situación.

Los funcionarios interinos que se han dirigido a esta Institución nos trasladan que están siendo afectados por unas circunstancias manifiestamente adversas y discriminatorias, incluso en el ámbito de su propio colectivo, toda vez que, según datos que les facilitó esa Dirección General, “mientras el 90% de las personas que lo integran no han sido cesados en sus puestos de trabajo en ninguna ocasión, los trabajadores afectados lo han sido ya en dos ocasiones, 2013 y 2016, y en esta última permanecen en situación de desempleo desde hace casi un año”.

Esta situación, que califican de discriminatoria, consideran que “vulnera claramente el respeto al principio de igualdad en los procedimientos de personal interino previsto en el citado Artículo Único del Decreto-Ley 5/2013, y que se evidencia en el informe de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de fecha 18 de julio de 2016, en el que se constata que continúan en desempleo un mínimo porcentaje (0,57%) del total de este colectivo”. Por tanto, los trabajadores afectados se preguntan por las razones de este trato diferenciado y por las causas objetivas que concurren en su caso para que “cumpliendo las mismas condiciones que todo el personal interino mayor de 45 años y con nombramiento anterior a 1 de enero de 2005 incluido como colectivo prioritario en el Decreto 5/2013, estén padeciendo estas circunstancias tan desfavorables y el desamparo por parte de la Administración”.

Por otro lado, en relación con esta problemática, pudiera resultar significativo reparar en la solución adoptada en otros casos que afectaban a otros colectivos en una situación muy similar, en los que se encontró solución entre las partes (Administración-Organizaciones Sindicales). Tal es el caso del personal laboral indefinido no fijo que resultó “desplazado” del puesto que desempeñaba provisionalmente y fue “reubicado” en otro puesto de trabajo, previa modificación “urgente y exprés” del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía, para evitar su despido.

Esta actitud conciliadora y pro-social adoptada por la Administración, y consensuada con las organizaciones sindicales, tuvo reflejo en el Acuerdo de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de noviembre de 2016, por el que se añade un apartado 7.º al artículo 20 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 232, de 2 de diciembre de 2016), en el que se prevé que en el caso de que un puesto de trabajo ocupado por personal laboral indefinido no fijo resulte adjudicado como consecuencia de la resolución de concursos de traslados, dicha persona será objeto de reubicación en un puesto de trabajo propio del personal laboral, de la misma categoría y grupo profesional al que había venido ocupando, de entre las plazas vacantes que existan en la Relación de Puestos de Trabajo tras la resolución de un concurso de traslados y para las que cumplan los requisitos establecidos en aquélla.

En cambio, como hemos visto, al personal interino afectado por el Decreto 5/2013, se condiciona su posible nombramiento a las exigencias de las disposiciones vigentes en materia de provisión de puestos, sin “opción de reubicación”. Y, ello motiva que, a día de hoy, persistan en la situación de desempleo y en riesgo de exclusión social tras cesar en sus puestos, pudiéndose adoptar alguna medida orientada a solventar esta situación dentro del marco legal existente.

Ante esta situación, dentro de las medidas que pudieran adoptarse para resolver la situación que afecta gravemente a este colectivo, dentro del marco legal vigente, esta Institución comparte la iniciativa adoptada por las organizaciones sindicales (Csif-Andalucía, Iniciativa Sindical Andaluza y UGT-Andalucía) contenidas en la petición dirigida a esa Dirección General, y sobre la que no se pronuncia en el informe remitido, relativa a la cobertura por personal interino proveniente de las Bolsas de los puestos desiertos convocados a través del procedimiento previsto en el art. 30 de la Ley 6/1985; así como que se ponga en marcha sin dilación lo establecido en el art. 13 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017 que autoriza la contratación de personal funcionario interino al objeto de mantener la calidad en la prestación de los servicios públicos, una vez que ha entrado en vigor la aplicación de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales.

En relación con esta propuesta, y teniendo en cuenta el marco legal aplicable y expresamente reseñado en el informe remitido por esa Dirección General, podemos considerar que no existe objeción alguna para que los puestos que resulten vacantes de las ofertas de provisión, en virtud del art. 30 de la Ley 6/1985, sean cubiertos mediante nombramiento de funcionario interino por los integrantes de las Bolsas de Interinos, donde con carácter preferentes se encuentran incorporados los afectados por el Decreto-Ley 5/2013, de 2 de abril.

En conclusión, por este Comisionado trasladamos a la Consejería de Hacienda y Administración Pública nuestra preocupación respecto a la situación de este colectivo de funcionarios interinos reconocido en una norma de rango legal como prioritario y en riesgo de exclusión social y le instamos que se adopten las medidas oportunas que impidan que se produzcan las situaciones de riesgo que se pretenden evitar con la aprobación del Decreto-Ley 5/2013, de 2 de abril, y que permitan hacer efectiva la reincorporación al servicio activo de los funcionarios interinos que resultaran cesados por cobertura del puesto que ocupaban.

En definitiva, se trata de regular la situación de inestabilidad del personal funcionario interino de mayor edad acogido al Decreto-Ley 5/2013, ofreciéndole un empleo más estable y sostenible que evite el riesgo de exclusión social hasta su jubilación, dándole solución de continuidad y evitando interrupciones prolongadas por cese entre los sucesivos nombramientos. Es por ello preciso, en base a un elemental principio de seguridad jurídica, que se garantice la regularidad en el empleo de los mismos mediante la adopción de un acuerdo en materia de reubicación, dado el riesgo de exclusión social que el desempleo de larga duración supone para estos empleados públicos más vulnerables, y con vistas a favorecer su inserción laboral y protección social.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se formula a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA 1: Para que, con carácter general, se adopten las medidas oportunas que permitan dar cumplimiento, dentro del marco legal regulador del empleo público en Andalucía, a las previsiones del Decreto Ley 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía, y evitar el riesgo de exclusión de los funcionarios interinos a que se refiere el Artículo Único. Apartado 2 del mismo cuando cesen en su puesto por resultar adjudicado a un funcionario de carrera a fin de que puedan ser reubicados.

SUGERENCIA 2: Para que se agilicen los procedimientos de coberturas de los puestos desiertos convocados por el art. 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, con funcionarios interinos provenientes de las bolsas previstas en el Decreto-Ley 5/2013. A tal fin, se deberían adoptar las medidas correspondientes para que por los distintos centros directivos se prevean los mecanismos oportunos para que, caso de resultar vacantes puestos ofertados para su provisión en virtud del art. 30 de la Ley 6/1985, se solicite el candidato correspondiente de la Bolsa de Interinos, en los que se encuentran los candidatos incluidos al amparo del citado Decreto-Ley. 

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Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz