Alerta por correo electrónico de las novedades

La interesada, con un menor afectado, se encuentra en una situación de grave riesgo de exclusión social y con un grave problema habitacional, como consecuencia de la inexistencia de medios económicos y de que la entidad financiera propietaria de la vivienda ocupada sin título legal manifiesta la imposibilidad de formalizar un alquiler de los denominados sociales.

En consecuencia, atendiendo al artículo 29 de nuestra ley reguladora, se formula Resolución al Ayuntamiento de Alcalá del Río en el sentido de que los servicios sociales se pongan en contacto con la entidad financiera titular del inmueble ocupado por la interesada, a fin de pactar un tiempo prudencial, durante el cual la interesada pueda permanecer en el inmueble ocupado, y dentro del cual los servicios sociales se comprometan a proporcionarles un alternativa habitacional.

Nuevamente nos ponemos en contacto con Vd. en relación con el expediente de queja que se tramita en esta Institución a instancias de Dª. … .

ANTECEDENTES

Coincidiendo con el examen del informe emitido por la trabajadora social en relación con la situación de emergencia habitacional que afecta a la interesada, cúmpleme informarle que se ha recibido en esta Institución una comunicación del Banco Popular en la que nos informa que en aquellos supuestos que traen causa en una ocupación sin título de un inmueble de su titularidad no es posible formalizar un alquiler de los denominados sociales.

No obstante, la citada entidad bancaria nos traslada su voluntad para arbitrar una solución que les permita recuperar el inmueble de forma extrajudicial, compatible con una solución habitacional adecuada para las personas que en estos momentos ocupan el inmueble.

CONSIDERACIONES

En consecuencia con cuanto se expone, nos vemos en la necesidad de dirigirnos nuevamente a ese organismo, en su calidad de poder público sobre el que pesa la especial responsabilidad de intentar satisfacer la necesidad de una vivienda digna a los ciudadanos y ciudadanas en situación de exclusión social.

Así pues, y siendo consciente esta Institución de la escasez de recursos con los que cuenta la Administración para atender las necesidades de vivienda de la población, lo cierto es que en este caso existe una situación de grave riesgo de exclusión social, con un menor afectado, y con un grave problema habitacional, que no pueden afrontar ante la inexistencia de medios económicos, lo que demanda necesariamente la intervención de esa Administración.

En consecuencia, de conformidad con la competencia que nos otorga el artículo 29.1 de nuestra Ley reguladora, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA: Que los servicios sociales se pongan en contacto con la entidad financiera titular del inmueble ocupado por la interesada, a fin de pactar un tiempo prudencial, durante el cual la interesada pueda permanecer en el inmueble ocupado, y dentro del cual los servicios sociales se comprometan a proporcionarles un alternativa habitacional.

Con respecto a la Sugerencia que se le formula, hemos de decirle que, como esta Institución viene reiterando, no puede admitirse como alternativa habitacional la concesión de una ayuda de emergencia al alquiler consistente en el pago de la fianza y el mes corriente de renta. Toda vez que, en primer lugar no existe propietario en el mercado libre que admita un arrendamiento en estas condiciones, y en segundo lugar, en el supuesto hipotético de que se admitiese, es por todos sabido que no podría hacerse frente al segundo mes de renta y siguientes, lo que acabaría en un nuevo desahucio.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Dada la situación que denuncia una familia que vive colindante con una pista de fútbol, el Defensor del Pueblo Andaluz ha recomendado al Ayuntamiento de Antequera que valore el problema de ruidos que ha quedado acreditado y adopte, en su caso, las medidas más adecuadas para solucionar el problema, llegando incluso a adoptar la clausura de la instalación deportiva para ubicarla en otro espacio alejado de zonas residenciales.

ANTECEDENTES

El motivo por el que se planteó esta queja era, según se desprendía del escrito que en su momento recibimos y de la documentación de que lo acompañaba, la imposibilidad de los interesados de ejercitar su derecho al descanso debido a los ruidos generados por la cercanía -prácticamente colindancia- de una pista de fútbol. En concreto, decían literalmente en su escrito de queja que su gran problema era que “no podemos vivir en paz en nuestra casa desde hace más de diez años”.

En este sentido, manifestaban que “el ruido es insoportable, el sonido del golpe del pie a la pelota, el impacto en la tela metálica, en la portería metálica, los gritos, lamentos, insultos...”. Ello, además de que “caen las pelotas al patio, a mi hija le han golpeado en dos ocasiones, una de ellas con tres años le golpeó en la cabeza, con la fuerza que entran los balones, tiene pánico de salir al patio”. Por ello consideraban que “una portería enfrente de una casa no es de sentido común”, puesto que “con las ventanas cerradas y no se puede dormir, se ponen a dar pelotazos a la hora que ellos quieren, ya que no tiene puerta”.

La situación era de tal gravedad que, al parecer, cuando caían los balones al patio de esta familia “se saltan al patio, los sustos que nos hemos llevado, han roto macetas y tejas, pinturas con espray, botellazos llenos de chinos contra la puerta principal por represalia al llevar los balones a la policía local para que nos haga más caso, nos han dicho de todo”.

Según pudimos comprobar, habían sido numerosas las denuncias que se habían realizado por los afectados en la Policía Local, Guardia Civil o Policía Nacional; así, por ejemplo, constaban comparecencias en mayo y agosto de 2008; octubre, septiembre y noviembre de 2010; agosto y noviembre de 2014; marzo, abril, septiembre y diciembre de 2015 y marzo de 2016. Asimismo, constaban varios escritos dirigidos a la Alcaldía: septiembre de 2010, mayo y octubre de 2014.

Finalmente, también nos aportaron los afectados una fotografía en la que podía advertirse la extrema cercanía -escasos metros- de la portería de la pista de fútbol y de la malla metálica que la delimita, a la parte trasera de la vivienda, lo cual es indicativo no solo de la certeza de esa cercanía denunciada, sino también de la más que probable realidad de los ruidos, molestias e incidencias varias que esta familia estaba denunciando, según parece, desde el año 2008, agravado con el hecho de que se trata de una pista de fútbol abierta sin control alguno, esto es, que puede utilizarse en cualquier momento del día a demanda de sus usuarios, para el uso propio de pista de fútbol o para cualquier otro uso.

A la vista de lo expuesto, ya desde nuestra primera petición de informe al Ayuntamiento de Antequera (Málaga), trasladamos a su Alcaldía que considerábamos que la situación descrita constituía, de confirmarse, una irregularidad que estaba perjudicando notablemente la calidad de vida y la tranquilidad de la familia que promovía esta queja y que de forma insistente había demandado del Ayuntamiento que retirase esta instalación deportiva de esa ubicación, dada la perceptible incompatibilidad, por la cercanía, entre la misma y las viviendas aledañas situadas a escasos metros. Decíamos que, además de la propia esencia de la actividad -golpeos de balón, golpeos en la estructura metálica de la portería, gritos entre los participantes, etc.-, la realidad es que la malla metálica que delimitaba el perímetro de la instalación contribuía si cabe aún más a elevar ese ruido, cuando los balones impactan en dicha valla, generando un ruido constante, duradero y estridente en términos generales, sobre todo si, como parecía, se trataba de una pista de fútbol de acceso libre y sin control.

En respuesta, recibimos del Ayuntamiento informe, según el cual esta pista deportiva, denominada “Pista Polideportiva Torre Hacho”, es una pista de barrio de titularidad municipal y de acceso libre durante todo el día sin control de acceso por parte del personal del Ayuntamiento. Asimismo, se nos informaba de las medidas que durante los últimos años se habían llevado a cabo para evitar el quebranto que supone la cercanía de la pista con las viviendas de los vecinos colindantes. Entre tales medidas se encontraban el arreglo de malla perimetral y la elevación de malla colindante a las viviendas a 10 metros, repaso y arreglo de malla perimetral en distintas ocasiones, así como colocación de una segunda red de nailon en el fondo colindante con las viviendas para reducir el ruido producido por el golpeo de los balones en la malla metálica y la reducción del horario de iluminación nocturno en noviembre de 2014. Finalmente, se nos informaba que esta instalación deportiva estaba incluida en el Plan Local de Instalaciones Deportivas y que su ubicación y uso es compatible con el PGOU vigente en la localidad. No obstante finalizaba su informe indicando que “valoraremos con los técnicos municipales, en la mayor brevedad posible, la opción de cambiar la malla perimetral de los fondos por un muro de obra a fin de eliminar los ruidos producidos por el golpeo de los balones en la malla metálica”.

Dado traslado de este informe a los afectados, formularon las siguientes alegaciones:

1.- Que la cercanía total que esta pista deportiva tiene a su domicilio, no solo afecta al problema de ruidos por el golpeo de balones e impactos en la portería o en la malla metálica y que caen frecuentemente al interior de su vivienda, sino que también provoca que, de forma incívica, le tiren botellas, piedras, etc. al interior de su vivienda, problema que se agrava en época veraniega en la que pasan horas y horas algunas personas en la pista disparando a las porterías y en otras actividades, gritando, charlando, etc. hasta más allá de las 12 de la noche con habitualidad, dado que al no tener puerta puede ser usada a cualquier hora.

2.- Que tiene una hija menor con una discapacidad intelectual que sufre gravemente los impactos de los balones y el ruido que hacen: “cuando oye el sonido de los balonazos tiene pánico de salir al patio”.

3.- Que es frecuente que algunas personas traten de saltarse a su patio cuando el balón cae al mismo, a pesar de que incluso tuvieron que aumentar la altura de una pared para evitar estas intromisiones.

4.- Que cerca de esta pista hay una zona de esparcimiento en donde podrían ubicar esta pista polideportiva.

5.- Que la ejecución de un muro no es la solución, que la única solución es quitar esta pista deportiva de esa ubicación dada la cercanía total de su vivienda y ubicarla en otro lugar. En cuanto al muro que se estaba barajando ejecutar, mantienen que serviría para otros usos incívicos.

6.- Que los balones caen por lo alto de la red y por los agujeros, dado que el problema, como se dice en el informe, es el quebranto de la cercanía de la pista a las viviendas y sobre todo a la suya, ya que tiene la portería justo enfrente y que ha provocado incluso que lleguen balones hasta dentro del salón de la vivienda.

7.- Que con ese muro el ruido sería el mismo, ahora contra una pared, más gritos, insultos, lamentos, etc.

8.- Que la tela metálica se retuerce a base de balonazos.

9.- Que la ubicación de la pista en ese lugar había sido una equivocación desde el principio, que nunca había ido a medir los ruidos a su vivienda a pesar de que lo había pedido por escrito y que este problema estaba afectando desde hacía varios años su salud y la de su hija.

10.- Que la falta de control y acceso a la pista se agravaba por la noche, pese a que “la solución hubiera sido tan fácil como poner una puerta”.

11.- Que las medidas que habían ido tomando habían sido absolutamente insuficientes (redes, reducción horario de luz, etc.). Por ejemplo, las personas que utilizaban la pista, aseguraban, tenían acceso al cuadro de luz para poder encender cuando quisieran la pista, aunque en algunas fechas era suficiente con la luz de la calle para dar balonazos.

12.- Que la solución definitiva a este problema sería quitar la pista más cuando hay otros dos campos de fútbol cercanos.

A la vista de lo anterior, dado que resultaba admitido y comprobado que la pista deportiva se encuentra a una distancia impropia para estas instalaciones de las viviendas donde tienen su domicilio varias personas, además de no estar cerrada y no disponer de horario de uso, esta Institución entendió que no podían admitirse los argumentos de que la pista era conforme al vigente PGOU y que forma parte de la red de instalaciones deportivas municipales, para justificar su situación. En este sentido, decíamos, no nos parecía desde luego muy racional esta ubicación dado el tipo de actividad al que en principio iba destinada, el fútbol, juego en el que se producen gritos, golpeos de balón, impactos del balón con portería y malla metálica, gritos entre jugadores, etc., además de poder utilizar la instalación en horas de descanso y la intromisión lumínica en horas nocturnas, caída de balones, etc. En definitiva, incidencias y afecciones que ya de antemano nos parecían graves por un problema de origen centrado en la ubicación inadecuada de una instalación deportiva.

Por ello, solicitamos nuevamente la colaboración de ese Ayuntamiento a fin de que se valorase en todo caso la posibilidad de destinar esta pista a otros usos compatibles con el descanso de quienes tienen su domicilio en su entorno y con una calidad de vida normal que no se viera frecuentemente alterada por impactos de balón, ruidos y otras circunstancias derivadas de la colindancia con esta pista, y se valorase también la posibilidad, llegado el caso, de hacer una medición acústica con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga, en condiciones de uso normales de juego y golpeo de balón en esta pista, a fin de contar al menos con un elemento objetivo de juicio. Finalmente, también pedíamos que se valorasen alternativamente otras medidas, entre las que creíamos que deberían incluirse las de ejecutar un cerramiento y que fuera personal municipal quien abriese y cerrase la pista, disponiendo un horario de uso y/o un reglamento de uso de la pista, además de otras medidas técnicas para evitar el ruido por impactos y golpes.

En todo caso, ya trasladamos a ese Ayuntamiento nuestra percepción de que, por la información y documentos gráficos que obraban en este expediente de queja, la ubicación de esta pista deportiva y sus actuales circunstancias nos parecían en todo caso incompatibles con el derecho al descanso de esta familia, sin perjuicio de lo cual y al margen de la resolución que se adoptase en esta queja, instábamos a ese Ayuntamiento a hacer una valoración global y técnica del asunto, a fin de que pudieran ser conscientes de que el problema denunciando es grave y ya parecía tener consecuencias en la salud de las personas afectadas, con documentos médicos que así lo acreditarían y que, llegado el caso, podría acarrear distintas responsabilidades municipales.

Pues bien, este segundo informe, pese a que lo hemos solicitado en tres ocasiones por escrito, más una cuarta de forma telefónica al Director de Deportes de ese Ayuntamiento, no nos ha sido respondido.

CONSIDERACIONES

En primer lugar, hay que significar que la falta de respuesta a la segunda petición de informe que se ha hecho al Ayuntamiento de Antequera en este expediente de queja, pese a los intentos realizados y el tiempo transcurrido, constituye un incumplimiento de la obligación legal de colaboración que tienen las Administraciones Públicas andaluzas para con el Defensor del Pueblo Andaluz, según lo establecido en el artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz (en adelante, LDPA), en cuya virtud, todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía “están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones”. En este sentido, sin perjuicio de que conste emitido un primer informe en este asunto, desde esta Institución se ha considerado que la información facilitada era insuficiente y que, además, el problema persistía a tenor de los escritos posteriores de la afectada, motivo por el cual se solicitó un segundo informe, insistentemente reiterado durante meses tanto por escrito como por teléfono, sin éxito alguno, de tal forma que no hemos podido contar con los datos complementarios pretendidos que nos hubieran permitido acometer con las debidas garantías nuestra labor supervisora en los términos que nos encomienda el vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, artículos 41 y 128) y la mencionada LDPA.

En relación con este incumplimiento, cabe recordar que el artículo 23 de la LDPA establece que la persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor investigadora del Defensor del Pueblo Andaluz por parte de cualquier organismo, funcionarios o personas al servicio de la Administración autonómica, podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de su Informe Anual al Parlamento de Andalucía.

No obstante este incumplimiento y la ausencia de datos complementarios con que contamos, esta Institución no cesa en el desempeño de su labor estatutaria y legal de supervisar la administración pública andaluza y, por ello, considera procedente entrar en el fondo del asunto objeto del expediente de queja; partiendo de que no se ha contado con esos datos adicionales solicitados para poder adoptar una postura motivada, hay que decir que el problema subyacente no es otro que el nivel de ruidos e impactos que la promotora de la queja y su familia sufre dentro de su vivienda como consecuencia de la extrema cercanía, prácticamente colindancia, de una pista deportiva de fútbol con las circunstancias ya expuestas en los antecedentes anteriores.

Esta afectación por contaminación acústica, al menos en los términos en los que está redactada por la perjudicada, podría constituir, por su persistencia y continuidad, vulneración de derechos constitucionales como son el derecho a la salud, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a un medio ambiente adecuado, tal y como tiene establecido consolidada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia; de ahí la importancia de que los Ayuntamientos, en este caso el de Antequera, ejerciten plenamente sus competencias legales en materia de protección contra el ruido, sobre el que se dice en la Exposición de Motivos de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (en adelante, LR) que “Diariamente inciden sobre el ambiente múltiples focos de emisiones sonoras, con lo que se aprecia la necesidad de considerar el ruido ambiental como producto de múltiples emisiones que contribuyen a generar niveles de contaminación acústica poco recomendables desde el punto de vista sanitario, del bienestar y de la productividad”.

El ruido, por tanto, afecta muy gravemente a la calidad de vida de la ciudadanía, de ahí que sea esencial el ejercicio decidido y eficaz de las competencias que los Ayuntamientos ostentan para controlarlo para ajustarlo a los límites máximos permitidos, máxime cuando el problema en sí ha sido creado por el propio Ayuntamiento, al no valorar previamente la incidencia de ubicar una pista deportiva de este tipo justo frente a unas viviendas.

En todo caso, insistimos, es precisa una valoración municipal sobre las posibilidades de destinar esta pista a otros usos compatibles con el descanso de quienes tienen su domicilio en su entorno y con una calidad de vida normal que no se vea frecuentemente alterada por impactos de balón, ruidos y otras circunstancias derivadas de la colindancia con esta pista. Es necesario que se valore igualmente la posibilidad, llegado el caso, de hacer una medición acústica con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga, en condiciones de uso normales de juego y golpeo de balón en esta pista, a fin de contar, al menos, con un elemento objetivo de juicio. Y es obligado en todo caso valorar medidas alternativas, como ejecutar un cerramiento, que sea personal municipal quien abra y cierre la pista, que se disponga de un reglamento con horario de uso, además de otras medidas técnicas para evitar el ruido por impactos y golpes.

De lo contrario, se estará imponiendo una carga excesiva e injusta sobre una familia, contraria a sus derechos, por mantener una instalación deportiva cuyas circunstancias, además que de por sí solas son generadoras de elevados niveles de ruido con un uso normal, permiten un uso inadecuado o para actividades no permitidas, agravando con ello el problema de ruidos. Dicha carga, además de ser contraria a Derecho, pudiera además suponer la vulneración del derecho a una buena administración, previsto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2002, artículo 31. Esto es, la promoción del deporte y la dotación pública de pistas deportivas, siendo ello una competencia municipal, no puede prevalecer en todo caso frente a la protección de otros derechos de la ciudadanía, especialmente cuando éstos pueden ser incluso derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad personal y familiar o la inviolabilidad del domicilio.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 de la obligación legal del artículo 19 de la LDPA, en cuya virtud todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones y recomendaciones.

RECOMENDACIÓN 1 para que, en lo sucesivo, el Ayuntamiento de Antequera atienda con carácter preferente y urgente, y en todo caso en un plazo prudencial o razonable de tiempo, las peticiones de informe y solicitudes de colaboración que se le formulen en el presente expediente de queja o en otros expedientes o asuntos que puedan tramitarse en esta Institución.

RECORDATORIO 2, para el caso de que aún no se hubiera realizado la valoración de este problema que, en términos globales, pedíamos a ese Ayuntamiento a fin de tratar de alcanzar una Resolución, de la obligación legal que tiene ese Ayuntamiento, conforme a los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución, 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, y 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de impulsar todos los medios a su alcance y tomar todas las medidas legales oportunas, para proteger los derechos de la ciudadanía que reside en entornos ruidosos, como el que es objeto de esta queja por la cercanía de una instalación deportiva.

RECOMENDACIÓN 2 para que se proceda, sin más demoras ni retrasos injustificados y desde las Delegaciones municipales competentes en materia de deportes, de medio ambiente y urbanismo, de forma coordinada, a practicar una valoración global de este problema de ruidos y a poner en marcha la adopción de una serie de medidas, las que se consideren más adecuadas para darle una solución, llegando incluso, de no alcanzarse ninguna, a clausurar la pista de fútbol y trasladarla a otro lugar donde no genere la afección acústica que se ha denunciado en esta queja, destinando el espacio que se deja libre a otros usos compatibles con el PGOU y con la cercanía de viviendas y el derecho al descanso de sus moradores.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda al Ayuntamiento de Morón de la Frontera que nos informe del resultado de las gestiones que iba a realizar ante otras Administraciones para analizar la viabilidad de una línea regular de transporte desde el casco urbano hasta el centro penitenciario existente en la localidad.

ANTECEDENTES

En esta Institución se ha venido tramitando expediente de queja a instancias de una asociación andaluza dedicada a la protección de los derechos de la ciudadanía en la que demandaba la mejora de los servicios de transporte público hasta los centros penitenciarios de la provincia de Sevilla.

En el curso de su tramitación, hemos llevado a cabo distintas gestiones ante varias instancias administrativas, como la Viceconsejería de Fomento y Vivienda, el Consorcio Metropolitano del Área de Sevilla, la empresa municipal TUSSAM y ante el Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Hemos concluido nuestras actuaciones ante todas las instancias citadas una vez anunciadas las mejoras previstas, menos ante el Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla) que no ha dado respuesta a nuestra última petición de informe.

De acuerdo con ello, una vez analizada la información y documentación obrante en este expediente de queja, consideramos procedente hacer constar, en torno a este asunto y en lo que se refiere a esa Corporación Municipal, los siguientes ANTECEDENTES:

1.- Tras las numerosas gestiones realizadas, con fecha 28 de marzo de 2016 formulábamos al mismo Sugerencia para que analizara la posible implantación de una línea regular de transporte colectivo de viajeros entre el casco urbano y el centro penitenciario Sevilla II, con objeto de atender a los familiares de la población reclusa. Dada la delicada situación económica que atraviesa el Ayuntamiento, también sugerimos que, para ello, solicitara la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla y de la Consejería de Fomento y Vivienda, promoviendo una reunión entre las tres administraciones que permitiera acordar el compromiso que podrían asumir las partes.

2.- A raíz de esta resolución recibimos la respuesta municipal indicando que se habían realizado las peticiones oportunas ante las instituciones competentes en la materia (Diputación Provincial de Sevilla y Consejería de Fomento y Vivienda) para celebrar una reunión de trabajo en la que se analizara la viabilidad de la mencionada línea regular de transporte hasta el Centro Penitenciario de esa localidad y las posibilidades de compromiso financiero que permitieran su establecimiento, teniendo en cuenta las dificultades financieras que atravesaba el Ayuntamiento.

3.- Entendimos que esta respuesta, que recibimos en septiembre de 2016, suponía la aceptación de la Sugerencia formulada a la vista de las actuaciones emprendidas, toda vez que se había convocado una reunión de trabajo con las Administraciones afectadas y se anunciaba que se nos mantendría informados del resultado de las gestiones emprendidas. Por ello, valoramos positivamente esta buena disposición en este asunto. No obstante, volvimos a dirigirnos, en octubre de 2016, a dicha Corporación Municipal interesando que se nos mantuviera informados del resultado de las gestiones que se nos anunciaban, para conocer si efectivamente quedaba implantada dicha línea regular.

4.- Esta petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, en diciembre de 2016 y enero de 2017, y aunque esa Alcaldía nos solicitó una cita para informarnos sobre el asunto a lo que se accedió de forma inmediata, la misma no se produjo finalmente al desistirse por su parte. Por ello, para desbloquear la cuestión e interesar nuevamente su respuesta, personal de esta Institución mantuvo contacto telefónico con ese Ayuntamiento en marzo de 2017, pero tampoco de esta forma recibimos la información recabada. En consecuencia, seguimos sin saber si, finalmente, la citada línea regular queda o no implantada.

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- De acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a Vd. la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y del artículo 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que obliga a todas las Administraciones Públicas a actuar de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

RECOMENDACIÓN de que, en consecuencia, se informe sin demoras a esta Institución del resultado de las gestiones que se nos indicó que ese Ayuntamiento iba a realizar ante las instituciones competentes en la materia (Diputación Provincial de Sevilla y Consejería de Fomento y Vivienda) para celebrar una reunión de trabajo en la que se analizara la viabilidad de una línea regular de transporte desde el casco urbano hasta el Centro Penitenciario de esa localidad y las posibilidades de compromiso financiero que permitieran su establecimiento.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz sugiere al Ayuntamiento de Gelves y a la Mancomunidad para la gestión de residuos sólidos urbanos “Guadalquivir” que estudien una nueva ubicación para unos contenedores de residuos que no cause perjuicios a los vecinos, dado que se trata de un lugar donde habitualmente se dejan restos de poda, enseres y basuras fuera de los contenedores y la frecuencia de la limpieza no es la debida para un adecuado mantenimiento.

ANTECEDENTES

La interesada, en nombre de los vecinos de la calle ..., de Gelves, Sevilla, nos exponía, en esencia, la problemática que representan unos contenedores de reciclaje (papel, vidrio y envases) junto con otro de residuos orgánicos, que se encuentran localizados en la citada calle, que al parecer es muy corta y que tiene pocos vecinos. En relación con estos contenedores dice la queja que “Pese a la existencia de normas muy claras y de sentido común para el depósito de los distintos tipos de residuos, la dificultad para disciplinar el acatamiento de estas normas y la poca urbanidad de los vecinos de las calles aledañas, hace que la zona próxima a los contenedores esté con frecuencia en condiciones lamentables; es normal encontrar residuos orgánicos, muebles rotos, embalajes esparcidos, bolsas llenas de botellas, botellas rotas y todo tipo de residuos de difícil clasificación que suponen una invitación para ratas y otros animales, de hecho se han dado casos de ratas en algunos de los jardines de los vecinos de la calle”.

Además de lo anterior, se manifiesta que otra circunstancia añadida es que “al ser una calle escondida y poco visible, los vecinos de las calles próximas han decidido que éste es el lugar idóneo para depositar furtivamente los restos de poda, actividad prohibida por el Ayuntamiento pero no controlada”.

Por otra parte, se indica que “desde el año 2014 el Ayuntamiento de Gelves, por motivos de prioridad, no atiende con regularidad la limpieza de las calles de la urbanización, la última vez que pasó una barredora de forma esporádica por la calle ..., fue en verano de 2016, tampoco existe limpieza alguna en la zona aledaña a los contenedores, limpieza que realizan los vecinos y los trabajadores [de un club deportivo, principal usuario de los contenedores, según los vecinos], a excepción de la recogida de los restos de poda, que se hace una vez al mes aproximadamente”.

Indicaban en su escrito de queja un dato que consideran de interés para aportar soluciones a este asunto: “Tomando como referencia la calle ..., existen 5 puntos adicionales de recogida de reciclajes en menos de un kilómetro cuadrado (…), cada punto compuesto por reciclaje de papel, envases, vidrios, orgánicos, estas dos avenidas mucho más transitadas y zonas de paso para los vecinos de la urbanización... Asimismo, hay que hacer notar la baja densidad de población de la zona, al tratarse de casas unifamiliares, con parcelas mínimas de 500 m²”.

En cuanto a las gestiones que han realizado ante el Ayuntamiento, consta en el escrito de queja que “para denunciar el problema que nos ocupa y solicitar la eliminación de los contenedores, se ha presentado solicitud al ayuntamiento de Gelves en agosto de 2014, en octubre de 2015 y últimamente en marzo de 2016, habiéndose solicitado cita con la Alcaldesa de Gelves el pasado mes de julio de 2016, a fecha de hoy no hemos recibido resolución por parte del ayuntamiento de Gelves, a excepción del traslado de la contestación negativa de la Mancomunidad del Guadalquivir”.

En esa respuesta de la Mancomunidad del Guadalquivir se indica que no es posible acceder a la petición de estos vecinos porque “resultaría imposible establecer rutas óptimas y regladas, debiendo tener en cuenta además factores como sentido del tráfico, zonas estrechas, paso de cableado, arboleda... Amén de estos aspectos técnicos incidir también en que la solución al incivismo por parte de algunos usuarios no debe ser motivo fundamental para trasladar los contenedores de su ubicación más idónea ya que esto alentaría a que alguien con el firme propósito de entorpecer y perjudicar la prestación del servicio, solo tendría que actuar de forma insolidaria e incívica. Por todo ello esta Mancomunidad, respecto a la situación y ubicación de los contenedores, seguirá fundamental y prioritariamente apoyándose en criterios técnicos”.

En esta tesitura, consideran los vecinos afectados que “En definitiva, la ubicación de estos contenedores no es la más idónea y dado que existen suficientes puntos de reciclaje en las calles de mayor paso y densidad de población en la urbanización, los contenedores de reciclaje de la calle ... pueden perfectamente suprimirse, con lo que se eliminaría el foco de basuras y plagas que el Ayuntamiento de Gelves no puede atender”.

CONSIDERACIONES

Tras admitir a trámite la queja, esta Institución interesó el preceptivo informe al Ayuntamiento de Gelves que nos ha remitido el informe en el que se indica, en síntesis, lo siguiente:

“Con fecha ... se recibe escrito de la Mancomunidad de Residuos Sólidos Guadalquivir, mediante el cual se indica que no se considera viable el cambio de ubicación de los contenedores de reciclaje de la calle …, ya que la ubicación idónea es la actual, por ser el lugar más próximo a los usuarios de la zona, y que el cambiar la ubicación supondría un perjuicio para gran número de vecinos que tendrían los contenedores mucho más alejados de su domicilio.

Tras la insistencia de los vecinos se han mantenido diversas conversaciones telefónicas con los técnicos de la Mancomunidad, siendo siempre la respuesta la misma, que la competencia en la recogida de residuos está delegada en esa Mancomunidad, y que ellos ubican los contenedores siguiendo unos criterios. y que habiéndose inspeccionado la zona en más de cuatro ocasiones se considera que la ubicación de los contenedores de la calle ... es la adecuada”.

De esta información dimos traslado a la interesada para que nos remitiera las alegaciones y consideraciones que creyera oportunas. Como respuesta, ésta, en un nuevo escrito firmado por varios vecinos, nos da cuenta del que entregaron en marzo en el Ayuntamiento de Gelves, del que se desprende, en síntesis, lo siguiente:

1. Que compartían cuatro contenedores colocados en la calle; si la densidad de población es un criterio para fijar la localización de los contenedores, resulta que en su calle, …, sólo residen personas en 5 viviendas.

2. Se genera, por la falta de urbanidad, una gran acumulación de basuras que, incluso, atraen a roedores.

3. Al ser una calle escondida y poco transitada, la utilizan muchos vecinos para depositar residuos que no se corresponden con ninguno de los contenedores, atrayendo, además, a recogedores de chatarras.

4. Tomando como referencia la calle ..., existen 5 puntos adicionales de recogida de reciclaje en menos de un kilómetro cuadrado.

5. Vienen solicitando el cambio de ubicación de los contenedores en 2014, 2015 y 2016 y una entrevista con la Alcaldía-Presidencia, sin que haya sido atendida su petición.

6 El pago de impuestos es muy alto al ser parcelas de más de 500 m² y la calle se encuentra en un estado muy lamentable.

7. El usuario principal “...” [club deportivo] deposita sus residuos en los contenedores de la calle donde residen los vecinos denunciantes, aunque está situado en otra calle.

Por todo ello, solicitan “al pleno del Ayuntamiento de Gelves y a su Alcaldía por parte de los vecinos de la calle ... que dichos contenedores sean suprimidos de su actual ubicación, nuestra calle, y sean trasladados a una zona más próxima del domicilio del usuario principal, ..., situado en la calle ...”.

A la vista de las alegaciones presentadas por los interesados y dado que, al parecer, sólo 5 de las 6 viviendas están habitadas y que es una calle de poco tránsito, de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA de que, previos los trámites legales oportunos, se estudie una nueva ubicación para los contenedores existentes en la calle ..., ya sea en el lugar que proponen los interesados, u otro que, al mismo tiempo que presta servicios a los vecinos, no cause los perjuicios a terceros que están ocasionando en la situación actual en la que se encuentran.

Perjuicios que se ven agravados por la falta de urbanidad de las personas usuarias de estos contenedores y la falta de un adecuado mantenimiento en las adecuadas condiciones higiénicas de esta vía pública por parte de ese Ayuntamiento, que es el responsable de la limpieza viaria a la que los usuarios tienen perfecto derecho, teniendo en cuenta que, además, soportan los costes de prestación de este servicio.

Esta resolución se remitió tanto al Ayuntamiento de Gelves, como a la Mancomunidad para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos “Guadalquivir”.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

La madre de la interesada, reconocida como dependiente severa, está padeciendo la demora en la aprobación del recurso propuesto a favor de la misma.

Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que se elabore la propuesta y se dicte resolución aprobando el programa individual de atención de la dependiente, dando plena efectividad al recurso correspondiente.

En relación con la queja promovida a instancias de Dª ..., en su propio nombre y en representación de su madre, Dª ..., con D.N.I. ..., y cuya tramitación data del año 2015, esta Defensoría, una vez visto el contenido del último informe recibido, ha determinado hacer nuevamente uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulando Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 10 de agosto de 2015 la promotora de la queja nos dirigió escrito en el que exponía la situación de su madre, nonagenaria, con una dependencia moderada reconocida que no se correspondía con su estado real, exponiendo, en cualquier caso, la demora en la revisión de grado solicitada (expediente ...).

2. Admitida a trámite la queja y solicitado informe a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y al Ayuntamiento de Herrera (Sevilla).

3. En noviembre de 2015 recibimos la respuesta del Consistorio, que refería ser competencia de la Junta la revisión del grado de dependencia, no informando la Delegación Territorial hasta octubre de 2016, para referir simplemente lo que ya expresaba la promotora de la queja en su escrito inicial, que “la solicitud de revisión de su situación de dependencia está pendiente de la valoración a fin de determinar el grado...”. En el momento actual no tenemos constancia de que se haya llevado a cabo la revisión del grado de dependencia reconocido, persistiendo, por tanto, la pretensión que motivó la interposición de la presente queja.

4. Visto lo anterior, esta Defensoría dirigió a la Delegación Territorial en diciembre de 2016 el correspondiente Recordatorio de deberes legales y Recomendación de que procediera a tramitar su petición de revisión. Recomendación atendida mediante el reconocimiento de una dependencia severa por Resolución de enero de 2017.

5. No obstante, el importante retraso en el expediente de la afectada, determinó que acordáramos hacer un seguimiento de los trámites administrativos ulteriores, en la medida en que al grado había de seguir la elaboración de la propuesta de PIA y la aprobación del recurso correspondiente. Para lo cual dirigimos nueva petición de informe a la Delegación Territorial, que el 29 de mayo respondió haber remitido a los Servicios Sociales la Resolución de grado el 17 de febrero, con objeto de que por los mismos se formulara la propuesta de PIA.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común, con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la interesada, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho (seis meses), desde la fecha en que solicitara la revisión de su grado de dependencia, sin que aún se haya satisfecho la pretensión mediante el reconocimiento del recurso residencial propuesto por los Servicios Sociales.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el mismo sentido que el anterior.

- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin mas dilación se elabore la propuesta y se dicte resolución aprobando el programa individual de atención de la dependiente, dando plena efectividad al recurso correspondiente.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz ha recomendado a la Alcaldía del Ayuntamiento de Garrucha que dé las instrucciones oportunas para que los servicios técnicos municipales adopten las medidas previstas en la Ordenanza correspondiente con objeto de que los veladores instalados por un establecimiento hostelero se atengan plenamente a lo dispuesto en la misma, impidiendo la concurrencia de obstáculos no autorizados en la calzada.

ANTECEDENTES

En esta Institución se viene tramitando expediente de queja por la disconformidad con obras de ampliación de bar sobre espacio privado de uso público.

1.- El reclamante nos exponía, en mayo de 2016, que el titular de un establecimiento hostelero había realizado determinadas obras consistentes en ampliación de acera sobre el asfalto de una calle, lo que había provocado problemas de seguridad, auxilio y servicios al reducir la calzada para el paso de vehículos, aparte de ocupar una parte importante del único paso de peatones que ya existía.

Añadía que la comunidad de propietarios de la urbanización donde se encontraba el establecimiento hostelero solicitó al Ayuntamiento de Garrucha (Almería) su intervención ante la citada obra y la comprobación de la preceptiva licencia, obteniendo respuesta en la que se indicaba que se disponía de licencia para enlosar un espacio ya concedido y que existía informe de la Policía Local sobre seguridad y circulación. Al estimar el afectado que esta resolución municipal podía incurrir en irregularidades, presentó una instancia en el Ayuntamiento exponiendo las mismas, así como posibles incumplimientos rotundos de las ordenanzas de Garrucha, por lo que solicitaba la restauración de la calle a su estado anterior. Añadía que se le remitió un escrito en el que, a su juicio, no se daba contestación sobre las citadas irregularidades e incumplimientos expuestos en su instancia.

2.- Tras la admisión a trámite de la queja, en julio de 2016 nos llegó informe de la Policía Local del citado Ayuntamiento manifestando que, tras realizar distintas mediciones, en la zona donde se encontraba ubicada la terraza no existían obstáculos, problemas de seguridad, auxilio y servicios para la circulación de la calle debido a su instalación. Ante ello, cabía concluir que no existen obstáculos para la circulación de vehículos. Sin embargo, sobre los veladores y otros elementos instalados en los acerados, que cuestionaba el reclamante que se atuvieran a las disposiciones recogidas en la correspondiente Ordenanza de Gestión y Reguladora de la Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público con mesas, veladores, expositores, tablados, plataformas o elementos análogos, singularmente en su artículo 27, no se indicaba nada en el informe municipal.

3.- Ello motivó que, en febrero de 2017, tras distintas gestiones, nos volviéramos a dirigir al Ayuntamiento interesando, a tenor de las propias fotografías recogidas en el informe de la Policía Local, la emisión de nuevo informe sobre la conformidad de los veladores y elementos colocados en dicha calle con la Ordenanza antes citada. De no ser así, pedíamos conocer las medidas correctoras que fueran a ordenarse por parte municipal.

4.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, en marzo y abril de 2017, pero ello no motivó que nos fuera remitida la misma, ni siquiera tras el contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con el arquitecto municipal en junio de 2017. Ello había determinado que ignoráramos si el Ayuntamiento había adoptado medidas efectivas para que el citado establecimiento respetara plenamente, en cuanto a los veladores y otros elementos instalados en la acera, la Ordenanza de Gestión y Reguladora de la Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público con mesas, veladores, expositores, tablados, plataformas o elementos análogos.

CONSIDERACIONES

Primera.- Debido a este silencio municipal, esa Alcaldía está incurriendo en incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- Debe tenerse presente que el artículo 103 de la Constitución Española determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

En línea con el precepto constitucional citado, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su apartado 1 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros principios, el de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Todo ello determina, en su conjunto que tales retrasos sean contrarios al principio de buena administración, previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende, entre otros, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

Tercera.- En el presente caso, el silencio de ese Ayuntamiento propicia que, pasado casi año y medio del inicio de nuestra intervención en este asunto, ignoremos si ese Ayuntamiento ha adoptado medidas efectivas para que el establecimiento en cuestión respete plenamente, en cuanto a los veladores y otros elementos instalados en la acera, la Ordenanza de Gestión y Reguladora de la Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público con mesas, veladores, expositores, tablados, plataformas o elementos análogos.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 para el supuesto de que no se hayan dictado las oportunas medidas, de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, conforme a los cuales la actividad administrativa debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites.

RECORDATORIO 3 del deber legal de observar y hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 27 de la Ordenanza de Gestión y Reguladora de la Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público con mesas, veladores, expositores, tablados, plataformas o elementos análogos de ese municipio.

RECOMENDACIÓN de que, en el caso de que no se hayan adoptado (la falta de respuesta municipal hace imposible valorar la situación), sin nuevas demoras, esa Alcaldía dé instrucciones a los Servicios Técnicos municipales para que se adopten las medidas previstas en la Ordenanza antes citada con objeto de que la disposición de los veladores del restaurante “...” se atenga plenamente a lo dispuesto en la misma, impidiendo la concurrencia de obstáculos no autorizados en la calzada.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz recuerda al Ayuntamiento de Benalmádena, ante el importante número de eventos que se celebran de junio a septiembre en el auditorio municipal, recinto abierto, que generan elevados niveles de ruido a quienes residen en el entorno, que este tipo de actividades de interés en los que se suspenden los objetivos de calidad acústica, deben estar sometidos a la previa valoración de la incidencia acústica. Por ello, recomienda que se reduzcan drásticamente el número de actividades y eventos que se desarrollan en estas instalaciones.

ANTECEDENTES

El escrito de queja que recibimos de la comunidad de propietarios de un inmueble, sito en el municipio malagueño de Benalmádena, exponía lo siguiente:

1.- Que en agosto de 2016 se había presentado por la Comunidad, en el citado Ayuntamiento de Benalmádena, un escrito por correo certificado en el que se comunicaba el malestar de los propietarios al estar soportando continuamente molestias por contaminación acústica en la zona donde se encuentra construida la urbanización, por encontrarse en la zona el Auditorio de Benalmádena, de titularidad municipal.

2.- Que el Ayuntamiento de Benalmádena utiliza este Auditorio para organizar todo tipo de eventos, entre ellos algunos en los que se dispone habitualmente de música y en horarios que en verano se alargan hasta altas horas de la noche.

3.- Que cada vez que se desarrolla un evento en ese Auditorio, sobre todo en verano, la contaminación acústica sobrepasa los niveles de ruido soportables, sobre todo a partir de las doce de la noche, sin que por ello se reduzca el nivel del ruido, incumpliendo sistemáticamente las ordenanzas municipales en la materia y afectando por ello al descanso de los vecinos y vecinas.

Admitida a trámite la queja e interesado el preceptivo informe al Ayuntamiento, recibimos oficio de la Concejalía de Apertura de octubre de 2017, acompañado de informe de la Jefatura de Servicios Técnicos Industriales y del Informe del Encargado de Fiestas y Tradiciones Populares.

Del primero de estos informes se desprende lo siguiente:

1.- Que en el Auditorio municipal de Benalmádena se desarrolla actividad temporalmente, “tan solo algunos meses de verano y no todos los días”.

2.- Que dada la circunstancia de que dicho Auditorio se proyectó como un recinto abierto, “en ciertos momentos de algunas actuaciones los niveles de inmisión de ruido al exterior pueden sobrepasar los máximos indicados en la normativa actual”.

3.- Que ante lo expuesto y sin perjuicio de las actuaciones que se están llevando a cabo por otros departamentos municipales, “se debe tener en cuenta lo indicado en el Art. 9 de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del Ruido”.

Del segundo de los informes, por su parte, se desprende lo siguiente:

1.- Que en el Auditorio Municipal se realizan los principales eventos culturales de verano en el municipio, desde el año 2002, y que se encuentra en una zona abierta, a unos 500 metros de las viviendas más próximas.

2.- Que la mayoría de los eventos realizados en el Auditorio entre mayo y septiembre, son de carácter benéfico o con participación de asociaciones y colectivos del municipio, a excepción del festival de verano, por lo que “es por excelencia un lugar de atracción por parte de los que nos visitan dejando una gran inversión que repercute en la economía y oferta cultural de Benalmádena y de todo aquél que de alguna manera u otra se beneficia de dicha repercusión”.

3.- Que en cuanto a las molestias denunciadas, “hay que destacar que estos espectáculos se realizan en beneficio de todos y para todos y están encaminados a generar riqueza cultural que ayuda al desarrollo de nuestro municipio”.

4.- Que es imposible controlar en su totalidad la contaminación acústica que se genera en los eventos en este Auditorio.

5.- Que durante el año 2016 se han celebrado en el Auditorio un total de 45 eventos (algunos de un solo día, otros de varios días) que abarcan desde los días finales del mes de mayo hasta el día 3 de septiembre. Así, por ejemplo, en el mes de mayo fueron 3 días, mientras que en junio fueron 20 días, 22 días en julio, 17 en agosto y 1 en septiembre. Es decir, prácticamente todos los días de junio a agosto.

CONSIDERACIONES

Esta Institución, tras el análisis de los datos que se desprenden de los informes recibidos, considera que, tal y como denuncia la Comunidad de Propietarios promotora de la queja, se produce una saturación de eventos en el Auditorio Municipal de Benalmádena que está afectando al día a día durante esos meses, de quienes residen en el entorno, pues por mucho que el Auditorio esté a 500 metros de las viviendas más cercanas, el hecho de tratarse de un recinto abierto, provoca que sea especialmente fácil la propagación de los ruidos que se generan en su interior, sobre todo cuando se congrega un importante número de personas que asisten y se utilizan elementos de reproducción audiovisual a gran volumen, lo cual, a tenor del nombre de alguno de los eventos, parece que se da con mucha frecuencia.

Esta situación, que sin duda redundará en el fomento del turismo, del ocio y de la diversión en ese municipio, y con ello en el fomento de diversas actividades económicas, conlleva también una carga muy pesada para quienes tienen su residencia cerca, pues la incidencia acústica que se sufre no es una mera molestia, sino una verdadera forma de contaminación, lo cual no puede llevar a la duda por el hecho de tratarse, insistimos, de una instalación completamente abierta desde la que es fácil generar elevados niveles acústicos que se propagan en todas direcciones.

Consideramos, por otra parte, que la posibilidad que ofrece el artículo 9.1 de la Ley del Ruido (LR), citado en uno de los informes municipales (y que dice literalmente que «Con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, las Administraciones públicas competentes podrán adoptar, en determinadas áreas acústicas, previa valoración de la incidencia acústica, las medidas necesarias que dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a aquéllas») no es una “carta blanca” para que, en todo caso y en toda situación, las Administraciones Públicas puedan dejar en suspenso el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, pues se exige, por un lado, que los actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, y por otro, que se haga una previa valoración de la incidencia acústica.

Pero es que, además de darse estas dos circunstancias, puede haber supuestos en los que, aún concurriendo ambas, y dándose un número de eventos como el que se da en este caso -45 eventos en prácticamente tres meses, con un total de 63 días ocupados- se pueden estar vulnerando diversos derechos de la ciudadanía, si tales eventos generan una contaminación acústica más allá de los límites establecidos en la normativa. En tal situación, la promoción y el fomento del turismo, del ocio, de actividades culturales o económicas, puede entrar en colisión con los derechos de la ciudadanía a la intimidad personal y familiar, a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad física, a la protección de la salud o a un medio ambiente adecuado, en definitiva, al derecho al descanso que se ve afectado por los niveles de ruido soportados constantemente durante todos esos días con la celebración de tantos y tantos eventos. Esto, con la consecuencia de que se puede estar vulnerando el derecho previsto en el artículo 5.a) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, a «Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados».

Como hemos dicho en muchas ocasiones, la LR dice en su Exposición de Motivos (EdM) que en la legislación española, el mandato constitucional de proteger la salud (artículo 43 de la Constitución) y el medio ambiente (artículo 45 de la Constitución) engloban en su alcance la protección contra la contaminación acústica. De igual manera recuerda la EdM de la LR que, además, la protección constitucional frente a esta forma de contaminación también encuentra apoyo en algunos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, entre otros, el derecho a la intimidad personal y familiar, consagrado en el artículo 18.1 de la Carta Magna. Y es que hay que tener en cuenta que diariamente inciden sobre el ambiente múltiples focos de emisiones sonoras, con lo que se aprecia la necesidad de considerar el ruido ambiental como producto de múltiples emisiones que contribuyen a generar niveles de contaminación acústica poco recomendables desde el punto de vista sanitario, del bienestar y de la productividad. El ruido, por tanto, es un factor que puede generar daños en la salud de las personas, en los bienes y en el medio ambiente.

En este sentido, el artículo 9.1 de la LR dota a las Administraciones Públicas de la necesaria flexibilidad al objeto de prever situaciones en las cuales, con carácter excepcional, pueda ser recomendable suspender la exigibilidad de los objetivos de calidad acústica. Sin embargo, esta posibilidad no está exenta del cumplimiento de una serie de requisitos, pues el propio artículo 9.1 de la LR dice que la suspensión de los objetivos de calidad acústica será «previa valoración de la incidencia acústica». De esta forma, se prevé, con ciertas cautelas, una suerte de compromiso de ejercicio del derecho al ocio, en situaciones excepcionales, de forma compatible y respetuosa, hasta ciertos límites, con el derecho al descanso, que se manifiesta en muy diversas formas reconocidas por la jurisprudencia, desde el derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado, hasta el derecho a la integridad física y moral, la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio, o, simplemente, la calidad de vida y el bienestar dentro del propio hogar.

Con esta previsión del artículo 9.1 de la LR, el legislador está dejando claro que ni siquiera con ocasión de esos eventos excepcionales existe una total libertad para permitir la suspensión de los objetivos de calidad acústica, sino que deben tomarse algunas medidas y precauciones, para que esa suspensión de los objetivos no se convierta en un verdadero calvario, aunque sea por unos pocos días u horas, para personas que quieren ejercitar su derecho al descanso. Es más, incluso el artículo 4.2 g) del Decreto 6/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía (en adelante, RPCAA), que atribuye a los municipios la competencia para la suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica en un área acústica, matiza que esta suspensión provisional lo es «cuando existan circunstancias especiales que así lo aconsejen», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

Si a eso le unimos el elevado número de eventos celebrados en ese Auditorio municipal, el número de días en los que se ha celebrado, el hecho de ser el Auditorio una instalación abierta y la utilización frecuente y habitual de aparatos de reproducción sonora a gran volumen, tenemos una conclusión clara: se están vulnerando diversos derechos, los ya citados, de los residentes en el entorno, a costa de la promoción y el fomento del ocio, el turismo y la actividad económica.

Por tanto, el derecho al ocio no es ilimitado ni siquiera en estos supuestos excepcionales, pues el orden de prioridades debe ser, precisamente, el inverso: no son los derechos a la protección de la salud, a la intimidad personal en el hogar o a la inviolabilidad del domicilio, o al descanso los que deben ponerse en relación con el derecho al esparcimiento y diversión de otros ciudadanos; es, más bien, al contrario, ya que consideramos que es el derecho al esparcimiento y diversión el que debe ponerse en relación con los derechos citados. Nos atreveríamos, incluso, a hablar de prevalencia del derecho al descanso frente al ocio, y no es una mera apreciación de esta Institución, sino que cabe extraerla, por ejemplo, de la Sentencia 590/2006, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 7 de abril de 2006, cuando dice que el derecho al descanso, la salud, la intimidad o el medio ambiente, son considerados por ese Tribunal “de rango superior al del ocio o al de libertad de empresa”.

Podemos traer a colación, en este momento, la Sentencia 230/2010, del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Madrid, de 8 de junio de 2010, que recuerda que “... el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ya en sentencia de 16 de noviembre de 1999 (confirmada por sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2003) declara la superioridad del interés particular, representado por los administrados -alude concretamente a la salud, al descanso, a la inviolabilidad domiciliaria-, frente al general defendido por la Administración para legitimar la fiesta, y pone de relieve los perjuicios "causados al medio ambiente por la reiteración con la que se han producido las infracciones, la ausencia de actuación para combatirlas y la incidencia negativa en el bienestar individual de un grupo de personas a disfrutar de su domicilio sin alterar su paz y tranquilidad. Por tanto, el interés particular no debe ceder ante el general... ya que el acto festivo autorizado por el Ayuntamiento puede celebrarse sin causar a los vecinos del lugar otras molestias que las inevitables que deben soportar las relaciones de vecindad, para lo cual debería haber ejercido el control adecuado para que se hubieran respetado en las sucesivas ediciones los niveles de ruido permitidos teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes y no solamente la proyección y trascendencia social del mismo, y si no fuera posible el cumplimiento de los límites sonoros como la práctica ha venido a demostrar por el carácter temporal del acto, buscar un nuevo emplazamiento en la que se pondere el impacto de ruido de las actuaciones que comprende, la distancia de los distintas instalaciones a los edificios más próximos, debido al alto grado de utilización y los ruidos que generan por su naturaleza acústica, con incidencia negativa en la tranquilidad y sosiego de los vecinos afectados, puesto que la autonomía de que goza en el ejercicio de sus competencias está sujeta no solo a límites legales sino de los que derivan de los derechos de aquellas personas a quienes afecte".

Asimismo, puede citarse también el caso de la Sentencia 99/2015, de 6 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que confirma la Sentencia previa del Juzgado de lo contencioso-administrativo 7 de Murcia, por la que se condena al Ayuntamiento de Alhama de Murcia a que cese la actividad generadora de ruidos que legalmente supere los decibelios y a que indemnice a los recurrentes por daños materiales en la suma de 20.032,45 € y por daños morales en 18.000 €, más los intereses legales de demora desde la fecha de la reclamación en vía administrativa.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, “el presente recurso tiene por objeto la determinación del anómalo funcionamiento de la Administración Local, que provoca una responsabilidad patrimonial, y ello es una cuestión de prueba del nexo causal, el daño causado y el funcionamiento anormal de la Administración”. Por los actores se acreditó en primera instancia que sus viviendas eran anteriores a la edificación del Auditorio Municipal, ya que antes había una piscina municipal. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 70/2001, de 2 de febrero, que habla del derecho a la calidad ambiental, rechaza explícitamente la “teoría de la preocupación” o de “la prioridad del uso preexistente”, en virtud de la cual quienes, por ejemplo, construyan sus viviendas cerca de un establecimiento industrial ya operativo tengan que soportar y tolerar las molestias causadas por este, criterio que asimismo se recoge en la Sentencia de 18 de octubre de 2011 del TEDH, en el caso Martínez Martínez contra España, en relación con un local de copas.

De acuerdo con esto último, la vulneración de derechos que se puede estar produciendo, puede también dar lugar a responsabilidad patrimonial, como los afectados por los ruidos decidan emprender acciones legales a tal efecto.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de la obligación prevista en el artículo 9.1 de la LR, atribuida a los Ayuntamientos, en relación con los artículos 4.2 g) del RPCAA y 10 de la LEPARA, de realizar una previa valoración de la incidencia acústica cuando se suspendan provisionalmente los objetivos de calidad acústica con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, así como de la obligación de adoptar las medidas necesarias que dejen en suspenso el cumplimiento de esos objetivos.

RECOMENDACIÓN 1 para que, en lo sucesivo, todos aquellos eventos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, que sean autorizados por ese Ayuntamiento en el Auditorio municipal, y en los que se suspendan los objetivos de calidad acústica, sean en todo caso objeto de intervención administrativa antes de su autorización, incluyendo la previa valoración de la incidencia acústica y la adopción de una serie de medidas que sean de aplicación para evitar que, con su celebración y desarrollo, se vulnere el derecho al descanso de las personas que residen en el entorno del propio recinto ferial, o en otros lugares a los que, por su situación o por la ubicación del recinto ferial, pueda llegar el ruido, y se adopten medidas de comprobación y vigilancia. En esa valoración, comprobación y vigilancia deberá tenerse presente las especiales circunstancias del Auditorio, siendo un espacio abierto que difícilmente contiene la contaminación acústica que se genera en su interior.

RECOMENDACIÓN 2 para que, en el supuesto de que se sigan celebrando ese número de eventos durante los meses de mayo a septiembre en el Auditorio Municipal, se adopten medidas adicionales para evitar la propagación del ruido que genera la afluencia de público y la utilización de aparatos de reproducción sonora, tales como instalación de cerramientos, pantallas acústicas u otros elementos que técnicamente pudieran ser posibles.

RECOMENDACIÓN 3 en caso de no ser ello posible, para que se reduzca drásticamente ese número de eventos y celebraciones en el Auditorio Municipal, a fin de no hacer recaer una carga excesiva en términos de contaminación acústica a los particulares residentes de las viviendas más cercanas y, por lo tanto, más afectadas.

Ésta es, a nuestro juicio, en el presente caso, y en sucesivos que puedan darse de similares características, la única forma de proteger los derechos y los intereses de la ciudadanía, permitiendo la celebración de eventos de naturaleza excepcional, y exigiendo su desarrollo, con todas las cautelas precisas para que el derecho al ocio sea compatible con el derecho al descanso.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz