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Se reorganiza actividad y se concierta con centros privados para disminuir la demora en pruebas de imagen.

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución al Hospital de Puerto Real, por la que recomienda que se adopten las medidas organizativas oportunas para que se respete el plazo máximo previsto normativamente para la práctica de las ecografías.

Y que, en los casos en los que se supere el plazo máximo establecido sin que la prueba diagnóstica se haya realizado, y siempre que no hayan concurrido circunstancias que determinen la suspensión del mismo o la pérdida de la garantía, se comunique a los ciudadanos la posibilidad de acudir a un centro privado para su realización.

En respuesta a la Resolución formulada, hemos recibido informe en el que se indica la aceptación de la misma, así como las medidas adoptadas al respecto.

A la vista de que por parte del hospital se han aceptado los términos de nuestra resolución damos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente.

Las Administraciones competentes se comprometen a adoptar medidas efectivas para dar solución a los cortes de luz en la zona norte de Granada.

La presente queja de oficio se ha tramitado en relación con el problema de los cortes de suministro en la zona norte de Granada, derivados principalmente de enganches ilegales para plantaciones de cannabis.

Valorábamos que el abordaje de esta compleja situación requería una intervención coordinada de las distintas Administraciones competentes: estatal, en aquellas cuestiones que afectan a la seguridad y al orden público; autonómica, en cuanto que es la que tiene las competencias exclusivas en materia del derecho a la vivienda; y local, con competencias en materia social, dadas las situaciones de vulnerabilidad y de verdadera exclusión social que se aprecian en los barrios afectados.

En consecuencia, con fecha 18 de mayo de 2016 formulábamos Resolución al Ayuntamiento de Granada, a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para que de forma efectiva pusieran en marcha, de forma coordinada y en su respectivo ámbito de competencias, las medidas que fuesen necesarias para solucionar definitivamente el problema de los cortes de suministro.

Del mismo modo, creíamos conveniente solicitar la colaboración de Endesa para facilitar las tareas necesarias en orden a la normalización del suministro eléctrico en la zona.

También trasladábamos la situación a la Fiscalía Superior de Andalucía a fin de someter a su consideración la posibilidad de iniciar una investigación sobre los delitos que se estarían cometiendo y, fundamentalmente, para facilitar la identificación de las personas responsables y su debida imputación.

En respuesta a nuestra Recomendación hemos recibido los informes de las Administraciones interpeladas.

Así, el Ayuntamiento de Granada nos informa de las actuaciones realizadas para paliar situaciones de “pobreza energética” de familias que habrían optado por la defraudación del fluido eléctrico para atender sus necesidades básicas, así como de la inminente firma de un convenio con Endesa para evitar los cortes a familias sin recursos. Asimismo el Ayuntamiento estaría impulsando la reapertura de puntos de información al consumidor periféricos que permitan canalizar la demanda ciudadana relacionada con los perjuicios derivados de los cortes.

Por otra parte esta Institución ha tenido conocimiento de la iniciativa municipal para dar respuesta al problema a través del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural que se desarrolla en la zona, con la posibilidad de contar con la figura de un mediador.

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo manifiesta que continúa con sus actuaciones de seguimiento y control de la calidad de suministro de electricidad y tramita las correspondientes reclamaciones de los consumidores por incumplimiento de los índices de calidad, si bien remite las cuestiones relacionadas con la reclamación de daños y perjuicios a la jurisdicción civil o, en su caso, a la mediación o arbitraje.

Por su parte, la Secretaría General de Vivienda nos ha explicado las gestiones de recuperación de viviendas usurpadas por vía judicial y el trabajo continuo de regularización de viviendas del parque público, así como de mejora en las promociones de vivienda pública en alquiler que ha permitido la localización de enganches ilegales.

Las Diligencias de Investigación Penal abiertas por la Fiscalía Superior de Andalucía a partir de la denuncia de esta Institución se derivaron a la Fiscalía Provincial de Granada, la cual nos comunicó que venía dando respuesta adecuada a todos y cada uno de los casos que son puestos en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal.

De acuerdo con la información recopilada se deduce la aceptación de la Recomendación formulada por el Defensor del Pueblo Andaluz, por lo que se procede al cierre del expediente de queja.

La Administración informa que la sentencia judicial finalmente ha sido ejecutada, siéndole entregadas las menores y acordando el Juzgado desestimar la pretensión de la parte contraria.

El interesado se queja de los retrasos en la ejecución de una resolución judicial que le asigna la guarda y custodia de sus hijos.

La Administración informa que, finalmente, considerándose por parte del Servicio de Inspección que las actitudes del docente en cuestión constituyen un supuesto de falta leve, ha requerido a la Dirección del centro docente para que en el ejercicio de sus competencias en materia disciplinaria proceda conforme corresponda.

La persona interesada expone la situación sufrida por el alumnado de una profesora, a efectos de que se tomen las medidas necesarias en orden a evitar las humilla constantemente.

Tras hablar con la dirección del Instituto nadie pone solución. Los niños están totalmente cohibidos, los humilla cuándo hacen un ejercicio mal en la pizarra, les hace una foto y les dice que se va a hartar de reír en su casa. Psicológicamente tiene hundidos a varios niños que con la edad de 15 años lloran por ir al Instituto cuándo tienen su asignatura.

Manteniéndose las terapias y actividades propias de la Comunidad Terapéutica, se continúa la búsqueda activa de una nueva ubicación para la misma.

La interesada expone que la comunidad terapéutica viene desempeñando su labor desde más de 20 años, atendiendo a una media de 30 pacientes al mes, con diferentes tipos de enfermedades mentales, y distintos estadios en su evolución, en un intento de mejorar la situación personal y familiar de los pacientes, y su integración en la sociedad, fomentado la recuperación de sus capacidades y habilidades.

Manifiesta que de la misma manera se ha venido atendiendo de forma individual y grupal a una media de 60 familiares al año, asesorándoles y asistiéndoles para que comprendan mejor la enfermedad, y acompañándoles y formándoles en su papel de cuidadores principales.

Sostiene que en dicho dispositivo se atiende individualizadamente a los enfermos, acompañándose de talleres, y consultas, con el objeto de habilitarlos para vivir en sociedad, siendo libres de entrar y salir, pasear, realizar actividades,... viviendo su día a día en un entorno agradable, tutelados por los profesionales que entienden sus necesidades y los guían.

Pues bien, la parte interesada denuncia el desmantelamiento de la comunidad terapéutica en su ubicación en la c/ Juan Rabadán, el cual al parecer se ha llevado a cabo de manera sorpresiva, no solo por la velocidad (72 horas para desmontar el dispositivo), sino por la falta de advertencia previa a los pacientes y sus familiares, y de consenso con los mismos y los profesionales.

La interesada denuncia que las malas condiciones del inmueble ya venía reduciendo el cupo de personas atendidas en el dispositivo, y aunque es consciente de las labores que se venían realizando para la búsqueda de una nueva ubicación, afirma que la imprevisión ha reinado en esta tarea, pues no entiende que en este tiempo no se haya podido encontrar ningún sitio al que trasladar las instalaciones.

Considera por ello que la mudanza al hospital de San Lázaro no resulta adecuada, primero por la propia naturaleza hospitalaria del edificio, que no está inmerso en la comunidad y por tanto deviene inapropiado para que los enfermos realicen vida normalizada (se accede por la escalera de incendios); y después porque no permite que se impartan los talleres (carece de lavadora y de cocina), ni cuenta con espacio para la terapia de familiares, de forma que el traslado a otras ubicaciones (centros cívicos) para llevar a cabo los primeros, entrañaría dificultades en orden a los desplazamientos, y pérdida de tiempo para sus citas individuales.

Por lo visto, algunos pacientes que venían acudiendo a la comunidad terapéutica han desistido de ello por estos motivos, ante lo cual la interesada demanda que se adopte rápidamente una solución para conseguir a la comunidad terapéutica una nueva ubicación que resulte adecuada e inserta en la comunidad.

Interesados ante la Administración sanitaria, recibimos informe emitido por la unidad de gestión clínica de salud mental Macarena en relación con el desmantelamiento de la comunidad terapéutica.

En el mismo, apreciándose falta de previsión, e inadecuación de la ubicación de la comunidad terapéutica, se constata que se siguen desarrollando todas las terapias y actividades propias de dicho recurso, y fundamentalmente que el emplazamiento actual se entiende provisional, llevándose a cabo en la actualidad una búsqueda activa de una alternativa.

Considerando que el asunto objeto de la que queja se encuentra en vías de ser solucionado, se procede al cierre del expediente.

Se hacen a su hija los estudios necesarios, previéndose próxima la cirugía.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución al hospital Virgen Reina Sofía, por la que recomienda que, para la superación de las situaciones de larga espera, se adopten por ese hospital las medidas organizativas y asistenciales precisas para la satisfacción de la demanda, de tal manera que los ciudadanos disfruten del efectivo reconocimiento del derecho a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución.

Asimismo, se recomendaba que, para el caso en que aún no se haya llevado a cabo la intervención quirúrgica de maxilofacial de la hija de la interesada, se acometa dicha actuación sanitaria a la mayor brevedad. Y para que se tenga en cuenta la discapacidad y las necesidades de atención que la misma conlleva, a la hora de valorar la prioridad que determina la práctica de las intervenciones quirúrgicas, y la asignación consecuente de criterios de preferencia.

En respuesta a la Resolución formulada, hemos recibido dos nuevas informaciones las cuales expresan la gestión de una cita con el especialista maxilofacial para el pasado 1 de septiembre con vistas a preparar la intervención quirúrgica, así como la iniciación de las actuaciones preparatorias de aquella, encontrándose al parecer pendiente de estudio cefalométrico y plan de tratamiento ortodóncico-quirúrgico, previéndose próxima la cirugía.

A tenor de lo expuesto consideramos que por parte del hospital se han aceptado los términos de nuestra resolución y por este motivo damos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente.

Se accede al abordaje del paciente enfermo mental a través del equipo de tratamiento intensivo comunitario.

La interesada venía a llamar la atención sobre la situación de su hermano, afectado de enfermedad mental y adicción al alcohol, el cual a su modo de ver presenta un importante deterioro de su estado, que también, en su opinión, requeriría de ingreso hospitalario (involuntario), al objeto de que retomara el contacto con los servicios de salud mental y reiniciara el proceso de atención.

Denunciaba sin embargo que cada vez que se había requerido dicho ingreso se había denegado dicha posibilidad desde el hospital, incluso en un caso en el que ya se encontraba en el hospital por un problema digestivo, se desestimó la prórroga de su estancia en psiquiatría.

Pues bien, interesados ante la unidad de Salud Mental del Hospital Virgen del Rocío, se nos da cuenta mediante informe del itinerario asistencial del paciente, en el tiempo en el que permaneció atendido desde la unidad de salud mental comunitaria Este, jalonado de un número importante de ingresos (12 en el período que va desde el 2011 al 2014).

Ahora bien, una vez que pasó a ser seguido por ese dispositivo, en enero del año pasado, nos dicen que la última atención corresponde al mes de agosto de 2015, cuando se reintrodujo la medicación que había sido retirada durante el ingreso en el hospital de Valme, sin que desde entonces haya acudido a las citas de revisión, ni se haya podido contactar con él, desconociéndose si mantiene seguimiento en centro de tratamiento de adicciones.

En definitiva, esa unidad opta, a la vista de la corta trayectoria del paciente en la misma, y teniendo en cuenta que no hay indicios de descompensanción psíquica severa, por priorizar la consolidación de la relación terapéutica y la adherencia al dispositivo y la medicación, en relación con el tipo de medidas que propone la interesada.

Ahora bien, por otro lado, dado que esa Administración reconoce que ahora mismo no existe vinculación alguna del paciente con los dispositivos de salud mental, así como que aquel se niega tanto al tratamiento psicofarmacológico, como a la abstinencia del alcohol, nos dirigimos nuevamente a la Unidad solicitando nos explicara qué actuaciones va a desarrollar para tratar de conseguir el objetivo propuesto con el hermano de la interesada.

En este sentido, le cuestionamos acerca de la intervención de la unidad de tratamiento intensivo comunitario de la unidad de gestión clínica de salud mental, como medio para favorecer el contacto con un paciente en estas condiciones, y tratar de conseguir que retome el tratamiento y reinicie la atención.

Por otro lado, en el informe también se afirmaba desconocer si el paciente continúa en seguimiento del centro de tratamiento de adicciones. Ahora bien el trastorno esquizotípico del paciente se configura como trastorno mental grave, y la adicción que presenta al alcohol también tiene un grado de severidad importante. Pensamos por ello que este caso viene a constituirse como ejemplo de aplicación del Protocolo de actuación conjunta de las unidades de salud mental comunitaria y los centros de tratamiento ambulatorio de drogodependencias, y por este motivo solicitamos conocer qué actuaciones se vienen desarrollando en el marco del mismo, para garantizar el tratamiento paralelo, si se ha elaborado plan terapéutico general, y cómo se viene materializando la coordinación.

En último término, y dado el riesgo de exclusión social del enfermo, también nos cuestionamos sobre su consideración para los programas específicos para personas con riesgo de exclusión social que se contemplan en Faisem.

Recibido nuevo informe administrativo, en el mismo se nos comunica que por parte de la profesional de referencia de su hermano, se ha considerado oportuno, dentro de su planificación terapéutica, el abordaje por parte del equipo de tratamiento intensivo comunitario de la UGC de salud mental del hospital Virgen del Rocío.

Lógicamente pensamos que esta opción no elimina la posibilidad de que se vayan haciendo necesarios otros recursos, e incluso el que la interesada ha llegado a plantear (hospital San Juan de Dios), pero en la actualidad estimamos preciso esperar a que aquel despliegue su actividad, y se puedan evaluar sus resultados, y por este motivo hemos decidido concluir nuestras actuaciones en este expediente.