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Se inicia Actuación de Oficio para profundizar sobre las medidas de prevención contra el virus del ébola en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En los últimos tiempos se han sucedido algunos acontecimientos que han provocado que la enfermedad ocasionada por el virus del ébola, circunscrita durante mucho tiempo a determinados ámbitos geográficos del continente africano, se haya puesto de actualidad en nuestro país, ante el temor por la posible extensión de la enfermedad a Europa y otras áreas territoriales como consecuencia de la convivencia actual en un mundo globalizado. Un temor, que ha provocado actuaciones preventivas por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Esta situación de partida se ha visto agudizada con la repatriación de los ciudadanos españoles que se han contagiado de la enfermedad en los escenarios mencionados, lo que sin perjuicio de emplear los esfuerzos necesarios en su tratamiento, que en estos momentos al parecer pasa por la aplicación de soluciones experimentales; ha llevado consigo la puesta en práctica de las medidas que se hacían necesarias para evitar la propagación de la enfermedad entre los profesionales que estaban llamados a asistirlos, sin obviar lógicamente las que con carácter general deben prever el contagio ante la eventual aparición de otros casos, y que lógicamente mantienen en un estado de permanente alerta a todos los dispositivos sanitarios.

A lo anterior se añade que muy recientemente se ha detectado en nuestro país el primer contagio de la enfermedad que se produce fuera de las zonas endémicas, y que ha afectado precisamente a una de las profesionales que intervino en la atención de los enfermos repatriados, lo que ha puesto en entredicho la eficacia de los protocolos de seguridad preestablecidos.

Nos consta que tanto en el ámbito estatal, como en los distintos servicios autonómicos de salud, se ha analizado la situación de crisis sanitaria y se han adoptado las medidas pertinentes de acuerdo a la recomendaciones internacionales en este tema. Entre ellas cobran singular importancia los protocolos que determinan los itinerarios de intervención ante cualquier sospecha de enfermedad, así como los que contienen los criterios de seguridad para los profesionales sanitarios.

Somos conscientes de que la Administración Sanitaria andaluza cuenta con dichos protocolos y de hecho hemos asistido al anuncio reciente de los responsables de la misma en orden a su revisión inmediata, a la vista de los últimos acontecimientos.

No obstante, desde esta Institución venimos asistiendo a un incremento progresivo de la preocupación de la ciudadanía, al tiempo que accedemos a numerosas declaraciones de personal de los centros sanitarios que están cuestionando la dotación de medios para poner en práctica las medidas previstas. Asimismo debemos contribuir a una información fidedigna de las inquietudes que los ciudadanos puedan ir acudiendo a esta Institución.

Aunque el debate se viene centrando en el seno del sistema autonómico en el que se ha producido el contagio, ello no obsta para que hayan surgido voces en centros sanitarios andaluces llamando la atención sobre cuestiones diversas relacionadas con las medidas de precaución y las prescripciones para el tratamiento.

Por ello, y con ánimo exclusivamente colaborador con la responsabilidad de la Administración Sanitaria en el manejo de este asunto, y la vista puesta en el suministro de información fidedigna a cuantos ciudadanos o agentes sociales se dirijan a nosotros manifestando ansiedad por este tema, hemos decidido incoar un expediente de queja de oficio, haciendo uso de la habilitación que a estos efectos nos confiere el art. 10.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y solicitar informe a la máxima autoridad de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

En principio se trata de que nos informen con el mayor nivel de profundidad posible sobre el estado de situación actual de esta crisis sanitaria en nuestra Comunidad Autónoma, con indicación de las actuaciones que hasta el momento se hayan podido llevar a cabo en los centros del SSPA, y el informe de evaluación del cumplimiento de los protocolos establecidos en estos casos.

En segundo lugar quisiéramos nos informe sobre el contenido de dichos protocolos, incluidas las revisiones anunciadas y/o aprobadas de los mismos.

Finalmente, le solicitamos conocer los medios disponibles de los dispositivos asistenciales para la aplicación de dichos protocolo y, de manera especial, qué formación se está proporcionando al personal para su seguridad y eficacia, así como cualquier otro aspecto que esa Administración estime relevante para la valoración del asunto.

09/03/2015

La respuesta recibida abunda en los síntomas y evolución de la enfermedad, sus formas de transmisión, y las características del brote declarado, para razonar después las causas que determinan el bajo riesgo de propagación de la misma en nuestro territorio.

En segundo lugar da cuenta del protocolo que determina el procedimiento de actuación frente a casos sospechosos y confirmados de la enfermedad, así como de la batería de instrumentos que se han elaborado en desarrollo del mismo para abarcar los distintos aspectos que se muestran imprescindibles en el abordaje de este asunto (instrucciones ante la sospecha, manejo de casos confirmados, prevención de riesgos laborales de los trabajadores del sistema sanitario público, formación, gestión de residuos, limpieza de centros y a domicilio, o manipulación de muestras en laboratorio).

Si bien pudiéramos considerar que esta explicación se ciñe al plano exclusivamente teórico, circunstancias sobrevenidas han permitido comprobar su puesta en práctica, ante la posterior detección de un caso sospechoso, y el consiguiente tratamiento ofrecido al mismo desde los dispositivos designados al efecto.

En este punto cabe reseñar que el hospital Virgen del Rocío se ha constituido como uno de los centros de referencia para la asistencia de los supuestos confirmados del virus.

En esta tesitura hemos decidido concluir nuestras actuaciones en este expediente, conscientes de poder contar con los instrumentos que, en caso necesario, nos servirían para valorar la adecuación de la actuación administrativa, y reclamar la adopción de las medidas previstas.

23/12/2014

La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte restablece el suministro eléctrico en dos centros docentes de San Fernando.

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Fernando nos daba traslado de los escritos que a finales del mes de Agosto y en el mes de Julio, había dirigido al Consejero de Educación, Cultura y Deporte y a su Delegación Terriotiral en Cádiz, respectivamente, en el que le solicitaba que procediera a ejecutar las acciones oportunas para el restablecimiento del suministro eléctrico en 2 colegio de la localidad.

Ante el hecho de encontrarse ya, como señalamos, a principios del mes de Septiembre sin haber recibido respuesta alguna de ese la Consejería, solicitaba la colaboración de esta Institución, en definitiva, a efectos de que se diera respuesta a sus demandas.

El fondo de la cuestión que se nos planteaba era la discrepancia entre la Corporación municipal y la Consejería de Educación a la hora de determinar a cuál de ambas Administraciones le corresponde asumir los gastos de mantenimiento y conservación de determinados edificios y centros docentes que en su día fueron cedidos por parte del Ministerio de Defensa a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, entre los que se encuentran los ahora afectados por el corte de suministro eléctrico.

Considerándose por parte de esta Institución que la controversia competencial mantenida está impidiendo la solución de un problema que afecta a terceros, el alumnado de los centros docentes señalados- así como que por esta causa se pudiera estar conculcando el derecho fundamental a la educación, consideramos justificado iniciar, de oficio, un expediente para poder conocer, en primer lugar, si se ha procedido a reanudar los suministros eléctricos demandados, así como, en su caso, si se han establecidos entre ambas administraciones los mecanismos necesarios para determinar con exactitud a cuál de ellas compete este tipo de gastos de mantenimiento en aquellos centros docentes que en su día fueron cedidos por el Ministerio señalado.

En cuanto al problema principal, la falta de suministro electríco, fuimos informado de su restablecimiento.

Por su parte, la Administración señalaba en su informe que, en cuanto a qué administración tiene la competencia de gastos de mantenimiento para los centros cedidos por el Ministerio de Defensa, la posición de la Junta de Andalucía es la que se determina en el “Informe 628/08-F sobre discrepancias con los Ayuntamientos de los municipios donde se encuentran edificios destinados a centros públicos de la Administración”, cuya copia nos adjuntaban.

A la vista de su contenido, salvo mejor criterio, entendíamos que tal y como cualquiera de los centros docentes de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Infantil titularidad de la Junta de Andalucía, aquellos centros docentes cuyo uso –que no titularidad- le fueron cedidos en su día por parte del Ministerio de Defensa, han de ser conservados, mantenidos y vigilados por la Corporación municipal en cuyo término se encuentren, concluyendose que, en este caso, por parte de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Cádiz no se realizó ninguna actuación que vulnerara los derechos fundamentales y libertades públicas cuya salvaguarda nos viene legalmente encomendada.

Así mismo, y dado que la cuestión concreta origen del conflicto que nos fue trasladado -el corte de suministro eléctrico en los centros docentes Ntra. Sra. Del Carmen y Cecilio Pujazón- se resolvió, dimos por concluido el presente expediente.

30/12/2014

Acordadas las medidas necesarias para incrementar la vigilancia en centro educativo de Salteras.

En noticias publicadas el 21 de Septiembre de 2014, se informaba que un niño de 3 años de edad fue encontrado, alrededor de las 14.00 horas, por una vecina de la localidad de Salteras completamente solo en las inmediaciones de un colegio. Suponiendo que se había escapado del centro docente, lo devolvió para que se hicieran cargo de él.

Esta misma vecina contactó telefónicamente con los progenitores del menor alertándoles de lo sucedido, personándose el padre del niño inmediatamente en el centro docente esperando recibir una explicación a tan desafortunado incidente.

La dirección del centro explicó que, no habiendo Conserje en ese horario, según parece, estando el menor en el comedor se ausentó sin que de ello se percataran las monitoras encargadas de la vigilancia de dicho servicio, que está gestionado desde hace ocho años por la misma empresa sin que nunca se haya producido el menor problema.

Desde la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Sevilla se nos informa que, tras visita de Inspección al Centro Docente de Salteras, y tras la entrevista mantenida con todos los responsables del centro y del comedor, se ordenaron la adopción de las medidas oportunas en orden a reforzar la vigilancia del alumnado que asiste al dicho servicio complementario.

15/12/2014

Adoptadas las medidas de seguridad necesarias durante la realización de obras, se ordena el comienzo del curso en el CEIP "Joaquín Turina", de Sevilla.

Desde los primeros días del mes de Septiembre pasado, venían apareciendo en la prensa local sevillana noticias relativas al retraso existente en la ejecución de distintas obras que tendrían que haber sido realizadas por parte del Ayuntamiento de Sevilla en numerosos colegios de cuyo mantenimiento y conservación es responsable. De este modo, según pudimos leer, de las 37 intervenciones que se tenían previstas con cargo al presupuesto de 2014, tan sólo se habían acometido 10 de ellas.

Particularmente, el centro principal de atención en cuanto a dicha cuestión se centraba en la situación en la que se encontraba el CEIP Joaquín Turina, situado en el barrio de El Porvenir, en el que, según pudimos leer, tras alertar la comunidad educativa sobre el estado en el que se encontraba el colegio, había sido objeto de una visita por parte del Inspector de Zona y por el Jefe Técnico municipal de estos trabajos.

La cuestión era que, a fecha de 5 de Septiembre, la comunidad educativa afectada aún no sabía si podrían comenzar las clases el día que oficialmente se iniciaba el curso, es decir, 10 de Septiembre, o si, por el contrario, se tendrían que retrasar, decisión que tendría que ser adoptada, a la vista de la situación, por la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Sevilla.

No fue hasta la misma tarde del día 9 de Septiembre, es decir, el día antes del comienzo de las clases, cuando por parte del Ayuntamiento hispalense se informó a la Delegación Territorial de Educación de Sevilla que el estado de las obras, tras adoptarse determinadas medidas de protección, permitía la apertura del centro, lo que fue asumido por parte del órgano territorial autonómico. Ello obligó a la Dirección del centro docente y al AMPA a convocar de manera urgente un Consejo Escolar en el que se adoptaron determinadas medidas organizativas para garantizar el acceso y permanencia del alumnado y personal docente y administrativo en condiciones de seguridad, si bien determinados servicios complementarios, como el de comedor o el aula matinal, no podrán ponerse en funcionamiento hasta pasados unos días.

No obstante ello, preocupaba a esta Institución las condiciones en que los escolares tendrían que acudir al centro docente, puesto que habíamos podido tener conocimiento, también por la prensa, de que, como gráficamente se hacía constar en uno de los periódicos, faltaba “ponerse un casco” para protegerse de los riesgos que parecían suponer los andamios situados en la fachada, los premarcos de las puertas que aún no habían sido colocadas, los aseos aún no concluidos, el desmontaje de la cubierta, que aún estaba en proceso, o el estado en el que se encontraba el patio, que había tenido que ser objeto de cercamiento para impedir el acceso de los menores.

Por su parte, el hecho de haberse autorizado el comienzo de las clases el día previsto oficialmente para ello en las condiciones que se han descrito, si bien por una parte, y en ello confiábamos, debía ser interpretado como que realmente no existía riesgo ninguno para los usuarios del centro docente, por otro hacía presagiar que las obras no iban a estar concluidas en un breve espacio de tiempo, sino que se iban a prolongar más allá del mes de Septiembre.

Considerando, pues, la anterior información, y ante la posibilidad de que se pudieran conculcar los derechos fundamentales establecidos en los artículos 15 y 27 de la Constitución (derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente), así como los derechos reconocidos en los artículos 1.a, 112 y 122 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones) consideramos justificado iniciar, de oficio, un expediente para poder conocer la situación en la que se encontraban las obras en el centro educativo en cuestión, las medidas que se hubieran adoptado en orden a garantizar la seguridad de los usuarios y plazo previsto para la conclusión de las obras.

Desde el Ayuntamiento se nos informó, que a pesar de las previsiones iniciales de que las obras estarían concluidas a principios de Septiembre, dicho plazo fue incumplido por parte de la empresa adjudicataria de las obras, a las que en exclusiva se le hace responsable de ello.

No obstante, adoptadas diversas medidas de seguridad, se decidió que las clases dieran comienzo el día previsto por la Administración educativa, es decir, el día 10 de Septiembre de 2014.

Por su parte, añade el informe que, en cuanto al contratista, si bien el retraso en la conclusión de las obras hubiera podido dar lugar a la resolución del contrato, se decidió dar un nuevo plazo para la conclusión de los trabajos ya iniciado, considerándose que de optarse por la primera de las opciones ello hubiera supuesto la necesidad de convocar un nuevo procedimiento de contratación, lo que, en definitiva, hubiera provocado prolongar aún más la finalización de las intervenciones, todo ello sin perjuicio de haberse iniciado expediente para exigir las responsabilidades en las que se hubiera podido incurrir.

14/01/2014

El Defensor del Pueblo Andaluz procede al archivo del expediente de queja abierto de oficio al no responder el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda a nuestra resolución.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició de oficio una actuación tras conocer el descontento vecinal por la falta de desarrollo de las previsiones del PGOU municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) sobre el Pago de La Milagrosa. En la misma, formuló Sugerencia al Ayuntamiento para que, en síntesis y previos los contactos y comunicaciones que se estimaran necesarios para aclarar y concretar los pasos a seguir, sobre todo para asumir su financiación, se impulsara la aprobación definitiva de los Proyectos de Expropiación y Urbanización requeridos, actuaciones que corresponden, por razón competencial, al Ayuntamiento.

Esta Institución consideró que, ante la necesidad evidente de mejorar las condiciones de vida de los residentes en el citado Pago y de permitirles acceder a una vivienda digna y adecuada en un entorno urbanístico ordenado, no tenía sentido la suspensión fáctica de las actuaciones para el desarrollo del Convenio entre la Administración Municipal y Autonómica de indudable y elevado interés social.

En la respuesta municipal a esta resolución se mostraba “su conformidad al tratarse de una de las actuaciones que siempre ha tenido la consideración de prioritaria, dado el elevado interés social que supone para los vecinos que allí residen y para el conjunto de la ciudad debido también a su estratégica posición”. Por ello y a pesar de las dificultades económicas, iban a poner en marcha los dispositivos administrativos necesarios para que en el menor tiempo posible esta actuación fuera una realidad.

Debido a que no se concretaban las actuaciones ni los plazos, interesamos un nuevo informe al Ayuntamiento para que nos aclararan estas actuaciones, las gestiones que estuviera realizando el Ayuntamiento con AVRA y el plazo temporal para ello.

Sin embargo, a pesar de todas las actuaciones que realizamos, el Ayuntamiento no respondió a esta petición de informe, por lo que desconocíamos si estas actuaciones se habían llevado a cabo. Por ello, entendimos que, en realidad, el Ayuntamiento no había aceptado nuestra resolución, por lo que, al amparo del art. 29, aptdo, 2, de nuestra Ley reguladora, hemos procedido a incluir la queja en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía.