Alerta por correo electrónico de las novedades

·         Jesús Maeztu afirma en una reunión de ombudsman de todo el mundo celebrada en Barcelona que Andalucía está preparada para recibir a unas 17.000 personas bajo la atención de las ONG

·         El titular de la Defensoría insta a sus homólogos europeos a convertirse en “activistas” y provocar la reacción de los poderes públicos para hacer efectivo el derecho de asilo

·         El Defensor del Menor lamenta que niños y niñas son víctimas junto a sus familias del “pacto de la vergüenza”

El Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu, ha trasladado hoy en una reunión de ombudsman de todo el mundo que se celebra en Barcelona la necesidad de que se vayan preparando los sistemas de acogida de los refugiados procedentes de Siria en todos los territorios europeos y que, a su vez, se provoque una reacción de los poderes públicos para hacer real y efectivo el derecho de asilo que tienen estas personas.

Durante su intervención en este seminario de trabajo organizado por el Instituto Internacional del Ombudsman, de la mano del Síndic de Cataluña, Rafael Ribó, el Defensor del Pueblo andaluz ha exigido a Europa una respuesta de protección y acogida a estas víctimas, como tiene regulado normativamente, y ha instado a sus homólogos europeos a “convertirnos en agentes de supervisión y de movilización para que las acciones de acogida sean una realidad”.

El titular de la institución ha participado en una mesa redonda junto a sus homólogos de Serbia, Saša Janković; de Grecia, Vasileios Karydis; de Lituania, Edita Žiobienė y el Director General del Ombudsman de Dinamarca, Jonas Bering Liisberg.

El Defensor del Pueblo andaluz ha relatado la experiencia de Andalucía como “frontera sur” de fenómenos migratorios, donde sus 800 kilómetros de costa son una vía importante de llegada de personas que buscan llegar a Europa desde el Magreb y que provienen del corazón de África, por lo que ahora ante la grave crisis que padece Siria, Andalucía está llamada a participar en el despliegue de medidas de recepción, asistencia emergente y acciones de integración de esta población.

El titular de esta institución ha asegurado que ha pedido información al Gobierno andaluz sobre las medidas o actuaciones que se vayan a aplicar en atención a las personas desplazadas del conflicto sirio, así como ha solicitado planes de preparación y coordinación entre todas las administraciones para disponer los recursos para la acogida de este colectivo.

A falta de una concreción por parte de las autoridades españolas y europeas, el Defensor del Pueblo andaluz ha asegurado que “Andalucía está preparada para acoger a los refugiados que lleguen” y ha estimado que “cuenta con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes para acoger a unas 17.000 personas, que estarían atendidas bajo los programas de recepción y acogida de las ONG”. Esta cifra se la trasladaron al Defensor del Pueblo andaluz las delegaciones en Andalucía de Accem, CEAR, Cepaim y Cruz Roja en una reunión celebrada hace unas dos semanas.

El Defensor del Pueblo andaluz ha animado a preparar los sistemas de acogida para que éstas sean “serenas y normalizadas” con el fin de evitar episodios de xenofobia o racismo y ha alentado a los defensores europeos a ser “activistas” para implantar en toda la Unión Europea los valores de la dignidad de las personas.

En este sentido, el también Defensor del Menor de Andalucía ha hecho hincapié en que “en este dramático proceso donde familias enteras huyen para salvar sus vidas, como siempre, los más vulnerables son los niños y las niñas”. Según datos de Unicef, uno de cada tres refugiados es menor de edad. Europol ha alertado de la situación que están viviendo 10.000 niños no acompañados que se encuentran en paradero desconocido, ha recordado Jesús Maeztu.

El Defensor del Menor ha señalado que la imagen del cuerpo sin vida del pequeño Aylan, ahogado en una playa de Turquía, pareció despertar la conciencia de la comunidad internacional, aunque sin embargo ni ésta ni nuevas imágenes “han sido suficientes para que Europa reaccione de una vez por todas y otorgue a los menores la protección internacional a la que tienen derecho”. “Son víctimas junto con sus familias de la aplicación de un pacto, bien llamado, de la vergüenza”, ha criticado Jesús Maeztu, que ha instado a los defensores europeos a dar la voz de alarma ante las instituciones europeas y los gobiernos de las regiones para que tengan un especial celo en la atención de los niños refugiados ante esta situación “de emergencia”.

Tras el cierre del centro, los menores habrían sido trasladados a centros de distintas provincias de Andalucía, en algunos casos a centros ordinarios en los que los MENAS no se pueden beneficiar de la asistencia especializada que recibían en el centro Isdabe, específicamente concebido para la atención de menores inmigrantes, en su mayoría procedentes del Magreb.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su sesión celebrada en Ginebra en noviembre de 2002, afirmó que «El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico».

Nuestro ordenamiento jurídico no incluye aun un reconocimiento explícito del derecho humano al agua. No obstante, nuestros textos legales contienen una regulación pormenorizada de los servicios destinados a garantizar la accesibilidad a este recurso esencial por parte de la ciudadanía. Una regulación, caracterizada por un difícil equilibrio entre la protección de los derechos de las personas usuarias y la satisfacción de los intereses comerciales de las empresas prestadoras.

Así sucede, por ejemplo, en supuestos de corte de suministro por impago de facturas; o en relación con los procedimientos por fraude; o ante consumos elevados de agua motivados por avería de las instalaciones interiores. Supuestos en los que resulta discutible la efectividad de la regulación actual y su adecuación a los requisitos de tutela de derechos que demanda la sociedad. Por otra parte, estimamos imprescindible avanzar en una regulación que garantice que ninguna persona pueda verse privada del acceso al agua por razones de capacidad económica.

Esta Jornada pretende propiciar un foro de debate y reflexión sobre las distintas propuestas que se incluyen en el Informe Especial "Servicios de suministro de agua. Garantía y derechos" presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz al Parlamento de Andalucía y que buscan ofrecer soluciones a los diferentes problemas detectados en relación con el funcionamiento de los servicios de suministro de agua en Andalucía.

La Jornada se desarrollara en un solo día, con una sesión de mañana y otra de tarde y se desarrollará en cuatro mesas redondas con participación de expertos, empresas suministradoras, asociaciones de consumidores y del tercer sector de acción social y representantes de las Administraciones públicas.

Las Jornadas serán de libre acceso, mediante previa inscripción, y están dirigidas fundamentalmente a personas y asociaciones que trabajen en el ámbito de los servicios sociales, la protección del consumidor o la defensa de colectivos vulnerables. Asimismo, esperamos concitar el interés de quienes desarrollan su trabajo en empresas suministradoras y en administraciones públicas con competencias relacionadas con el suministro domiciliario de agua.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se une a los homenajes dedicados al día de la tierra, hogar y patria común de la humanidad, pero, también, deseamos que esos reconocimientos se traduzcan en compromisos que garanticen la protección y conservación de nuestro planeta del que, no lo olvidemos, somos meros usufructuarios.

Justamente por ello, en un año 2016, en el que la temperatura registrada en la atmósfera terrestre y en la superficie marina ha alcanzado su nivel más alto desde 1980, último año en el que se tiene referencia de una medición sistematizada a través de diferentes registros, es urgente que se afronten con decisión las graves consecuencias que se derivan del cambio climático inducido, en gran medida, por la actividad humana.

Esta Institución está comprometida con el reto de detener el aumento de la temperatura de la tierra por lo que, espera y desea que los países presentes en la Cumbre de París asuman de manera clara y sin excepciones los compromisos derivados de los acuerdos adoptados en aquélla.

Sin perjuicio de ello, como sabemos, si queremos cambiar globalmente nuestro mundo debemos de actuar, también, desde “lo local”. En este contexto, las agendas públicas que han asumido los compromisos 20-20 no pueden ser meras declaraciones expresadas en términos políticamente correctos, sino constituir una manifestación de actuaciones visibles y verificables en las que los poderes públicos, y por supuesto, la sociedad civil escenifiquen su disposición a afrontar aquéllos.

El campo de batalla de la lucha contra el cambio climático se sitúa en gran medida en nuestras ciudades, por lo que deben ser configuradas y entendidas en clave de sostenibilidad tal y como venimos demandando en distintas actuaciones de esta Institución como el Informe Especial sobre “Seguridad, accesibilidad y calidad ambiental en los espacios urbanos peatonales de las ciudades andaluzas” o en la Jornada que hemos organizado en este ejercicio en torno a las “Ciudades inteligentes, ciudades sostenibles”

En el día de la tierra, esta Institución reitera su compromiso con el objetivo de proteger nuestro planeta y continuará realizando actuaciones para garantizar un desarrollo sostenible en clave económica, social y ambiental. Al fin y al cabo, como nos recordaba Ban Ki-moon, no hay plan B por que no hay planeta B.

Propuesta 5.

El Defensor del Pueblo Andaluz, en su Informe Especial "Servicio de suministro de agua. Garantías y Derechos" ha pedido que se arbitre un régimen jurídico de infracciones y sanciones, con las suficientes garantías legales, que tenga por objeto la erradicación de prácticas defraudatorias.

También deben valorarse las circunstancias en que resultaría procedente acudir a la vía penal, como la reiteración en conductas fraudulentas, el elevado volumen de agua defraudada o la utilización de medios ilícitos para impedir la regularización del suministro.

El Defensor del Pueblo Andaluz considera necesario que se realicen campañas de información a la población sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de la defraudación, así como las posibilidades existentes para facilitar el pago de las facturas cuando la situación económica así lo requiera.

Con este tipo de medidas preventivas estimamos que pudiera reducirse de modo significativo la incidencia de los fraudes en el suministro de agua, de tal manera que la situación económica personal y familiar no sea la responsable indirecta de los mismos.