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La interesada exponía que era la cuidadora de su hijo dependiente, quien tenía reconocida la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Sin embargo, los atrasos devengados por la retroactividad de dicha prestación no le habían sido abonados desde el pago fraccionado de 2012, sin que la Administración atendiera sus requerimientos al respecto.

Ante esta situación nos dirigimos a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en cuyo informe se nos dice el 13 de octubre de 2010, el Delegado Territorial de Salud y Bienestar Social, como representante de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en Cádiz, dictó resolución de Programa Individual de Atención reconociendo al hijo de la interesada la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. En la misma resolvió que "De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional sexta del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, y con la Orden de 26 de julio de 2010, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, las cuantías en concepto de atrasos, generadas por los efectos retroactivos, reconocidas en la presente resolución, incluido los intereses que generen por el aplazamiento de su pago, se abonarán de forma aplazada y periodificada, en cinco plazos anuales de igual cuantía, ...".

La situación de crisis económica y los objetivos de déficit planteados por el Estado a las Comunidades Autónomas agravado con la suspensión para el año 2012 y 2013, del nivel de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordado entre la Administración General del Estado y la Administración de cada una de las Comunidades Autónomas; y la ingente reducción del importe mínimo de financiación de dicho Sistema, efectivo desde Agosto del año 2012, (Disposición Transitoria undécima del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio), habían impedido el abono de las anualidades correspondientes a los meses de Marzo de 2012 y 2013.

Ante la necesidad de búsqueda de alternativas al pago de las deudas contraídas con las personas en situación de dependencia y beneficiarias de una prestación económica para cuidados en el entorno familiar, mediante Real Decreto-Ley 8/2013 de 28 de Junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de soporte a entidades locales con problemas financieros, se estableció un mecanismo extraordinario de financiación por parte del Estado de ayuda a las administraciones autonómicas y locales para el pago y cancelación de las deudas contraídas derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios. Nuestra Comunidad Autónoma se adhirió al citado mecanismo de financiación, denominado Plan de Pago a Proveedores, para la liquidación de estas deudas pendientes con las personas beneficiarias de la citada prestación, a las que la administración les adeude la cantidad correspondiente a efectos retroactivos, referidos exclusivamente a la anualidad 2012.

Respecto al hijo de la compareciente, la cuantía adeudada correspondiente al año 2012 ascendía a 1.455,97 euros que, a la fecha de emisión del informe recibido, se encontraba íntegramente abonada.

Puesto que el asunto por el que acudió la interesada a esta Institución se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El interesado exponía que estuvo cobrando 426 € y debía pagar 350 € de alquiler de la vivienda. Como desde Junio dejó de cobrar dicha ayuda, se vio obligado a dormir con su mujer en un coche, recibiendo ambos una comida al día de lunes a viernes. Presentó solicitud del Programa de Solidaridad con los Andaluces el pasado mes de Agosto sin, a la fecha de presentación de la queja, recibir aún información, cuando su estado era de absoluta precariedad ya que ambos estaban sin empleo.

Afirmaba que se encontraban desde hacía años en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, sin haber recibido información alguna sobre la posibilidad de contar con una vivienda social.

Solicitado informe tanto a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla como al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por parte de la Delegación se nos respondió que, una vez examinado el expediente de solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces, se encontraba en trámite de Pago de la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad aprobado en la Comisión de Valoración del Programa de Solidaridad, celebrada el día 24 de Octubre de 2013, consistente en una prestación económica mensual de 451,71 € durante seis meses (cuantía total de 2.710,26 €, correspondiente a unidades familiares de dos miembros), habiéndose realizado el primer pago el 23 de Diciembre de 2013.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública transferiría próximamente, el crédito correspondiente para hacer efectivos los pagos a las unidades familiares solicitantes de IMS, con Resoluciones de Concesión en la Comisión de Valoración celebrada con fecha de 24 de Octubre de 2013 por lo que posteriormente la Delegación Territorial, procedería a ingresar a nuestro reclamante las cuantías correspondientes de los cinco pagos pendientes en su cuenta corriente.

Y por parte del Ayuntamiento se nos dijo que esta familia era usuaria de los Servicios Sociales desde 2007, y que se le habían tramitado los siguientes recursos sociales: Programa de Solidaridad para la erradicación de la desigualdad y marginación en Andalucía, que comenzó a percibir el 23 de Diciembre de 2013, con una periodicidad de 6 meses; ayudas de emergencia social desde 2007, por un total de 2787 Euros; comidas condimentadas desde Septiembre de 2013, por un total de 133,56 Euros; contratación laboral de un mes a través del programa de Apoyo a la Contratación.

Con relación a la solicitud de vivienda, estaba inscrito en el registro municipal de vivienda desde Noviembre de 2013.

Por ello, consideraban que desde la Unidad de Trabajo Social del Ayuntamiento se habían gestionado todos los recursos sociales a los que tenía derecho, por lo que se trataba de una familia que desde los Servicios Sociales se encontraba atendida, a pesar de lo cual, dada la precaria situación económica que atravesaba, consideraban que se encontraba en situación de vulnerabilidad social.

A la vista de las informaciones recibidas por ambas administraciones, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada exponía el caso de su madre, que ya dio lugar a una queja anterior, la 13/674, en la que exponía que a su madre se le había venido disminuyendo el grado de minusvalía que tenía reconocido del 65 al 38%, por Resolución de 20 de Septiembre del 2012 del Equipo de Valoración y Orientación de Sevilla.

Añadía que el 27 de Noviembre de ese mismo año presentó ante la entonces Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social, reclamación previa a la vía judicial y que a la fecha no había tenido respuesta, siendo la situación económico familiar preocupante y complicada, pues no solo había dejado de percibir la pensión de incapacidad no contributiva sino que además tenía a su cargo a un hijo con discapacidad del 65%, a otros dos hijos más, en situación de desempleo y sin percibir ningún tipo de ingreso y a dos nietos menores de edad, de manera que vivían de la caridad de los vecinos.

Ahora en su nuevo escrito nos decía que a pesar de que entregaron los informes médicos que acreditaban la situación de su madre, no les había sido notificada la valoración resultante, de forma que aquélla continuaba sin percibir la PNC que disfrutaba desde 1990.

Solicitamos informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, pero, a pesar de no haberlo recibido, dimos por concluidas nuestras actuaciones porque recibimos una comunicación de la interesada manifestando que el asunto por el que acudió a nosotros se había solucionado.

La interesada exponía la demora producida en el procedimiento de revisión del PIA de su madre, cuya solicitud se realizó en Marzo de 2013, a causa de resultar insostenible la situación de la dependiente, con constantes episodios de agresividad debido a la demencia senil que padecía.

La afectada tenía reconocida una Gran Dependencia y se beneficiaba de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, habiendo instado la revisión del PIA, con la finalidad de acceder a plaza residencial, debido a la situación de sobrecarga de la cuidadora.

Solicitado informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, se nos dice que con fecha 17 de Julio de 2009 la interesada entregó solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, en el Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén) teniendo entrada en el registro auxiliar de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía de la Consejería para la Igualdad y Bienestar social en Jaén, el 31 de Agosto de 2009.

Por resolución de la Delegada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén, y tras realizar los reconocimientos y pruebas correspondientes para efectuar la valoración de la persona interesada por el Servicio de Valoración de esta Delegación Provincial, se procedió a reconocer el Grado III, Nivel 1, de Gran Dependencia, indicándole los servicios o prestaciones que le podrían corresponder para el grado y nivel de dependencia reconocidos, de entre los establecidos en el artículo 5 de la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 3 de Agosto de 2007.

El 12 de Abril de 2010, se resolvió por parte de la Delegación Provincial aprobar el Programa Individual de Atención, por el que se le reconoció el derecho a la Prestación Económica para cuidados en el entorno familiar, como modalidad de intervención más adecuada de entre los servicios y prestaciones económicas previstas para su grado y nivel.

Entendiendo la persona beneficiaria de la prestación reconocida que concurría alguna de las causas establecidas en el Decreto 168/2007, de 12 de Junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración, presentó solicitud de revisión de su Programa Individual de atención, con fecha 3 de Diciembre de 2012, dándose traslado, una vez admitida la misma, a los Servicios Sociales Comunitarios, los cuales, tras la realización de las actuaciones necesarias, remitieron propuesta del nuevo Programa Individual de Atención de la persona en situación de dependencia junto con un informe social sobre la situación familiar y su entorno.

En este sentido, finalmente con fecha 28 de Enero de 2014, se procedió a dictar resolución por parte de la Delegada Territorial en Jaén de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se determinaba la extinción de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales reconocida en el Programa Individual de Atención de fecha 12 de Abril de 2010, aprobando el nuevo Programa Individual de Atención consecuencia de su revisión por el que se le reconocía el derecho de acceso al servicio de atención residencial en residencia para persona mayores de la ciudad de Úbeda (Jaén), como modalidad de intervención más adecuada.

En vista de la resolución favorable del asunto planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones