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La interesada exponía que su hermano estaba afectado por daños cerebrales causados por VIH y consumo de estupefacientes, a raíz de lo cual le habían reconocido la condición de dependiente en grado III nivel 1. Desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se había solicitado el ingreso del mismo en un centro residencial, encontrándose a la espera de que se resolviera por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

Al parecer acudía a un centro de día en horario de 10,30 a 18:30 h. de lunes a viernes, pero debido a su enfermedad, su situación y su calidad de vida se habían degradado mucho. Desatendía las observaciones de quienes le cuidaban, se dedicaba a recorrer las calles y parques de su localidad fumando todo tipo de colillas que recogía del suelo, y bebiendo de todas las botellas con restos de alcohol que se encontraba, revolvía en los contenedores de basura y volvía a casa generalmente orinado, lleno de suciedad, y con algún objeto desechado.

Nos decía la interesada que se tomaba las medicinas cuando le parecía, se hacía sus necesidades encima, y actuaba de manera muy violenta cuando era recriminado. Esta situación la venía padeciendo su madre desde que la esposa del enfermo solicitó el divorcio en Marzo de 2011, quedándose el mismo a cargo de aquélla, de 78 años y afectada de osteoporosis, artritis, artrosis, hipertensión y rotura de la cadera izquierda, que había determinado su confinamiento en silla de ruedas.

La interesada nos decía que ella misma estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico de larga duración, y tenía que atender a su familia, contando con dos hijos, y que sus hermanos tampoco podían hacerse cargo del dependiente por las circunstancias personales de cada uno.

Tras admitir la queja a trámite por nuestra parte solicitamos informe a la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía anteriormente citada, la cual nos remitió un escrito dando cuenta del itinerario seguido por el procedimiento para el reconocimiento de la condición de dependiente y el derecho a las prestaciones del hermano de la interesada.

En concreto nos referían que el mismo fue reconocido en grado III nivel 1 por resolución de 27 de octubre de 2011, la cual fue remitida a los servicios sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) , que elaboró la propuesta de PIA para un servicio de atención residencial en un recurso para personas gravemente afectadas por discapacidad física o parálisis cerebral, recepcionada de nuevo en la Delegación referida en Febrero de 2012.

Ahora bien en este punto el informe aludía a la modificación operada en la Ley de Dependencia por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de Julio, y a la necesidad derivada de la misma de adecuar la normativa andaluza, sin que hasta entonces fuese posible continuar la tramitación de los expedientes.

Por nuestra parte, se le informó a la interesada que esta Institución se había pronunciado al respecto de la paralización de los expedientes de dependencia mediante una resolución cuyo contenido se podía consultar en la página web de nuestra Institución, en la que por una lado se constataba dicha inactividad, y por otro se discrepaba de la justificación ofrecida para la misma.

Así, en la queja de oficio que se inició relativa a la paralización que estaban sufriendo los expedientes de dependencia, se elaboró una resolución por medio de la cual se elevó a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, las siguientes Recomendaciones:

“1.-Que se elaboren a la mayor brevedad instrucciones para la aplicación de las modificaciones normativas introducidas por el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, y se remitan a las unidades provinciales de esa Agencia, con el mandato de reanudación inmediata de la tramitación de los expedientes en curso, procediendo a la valoración y resolución del grado de dependencia de los nuevos solicitantes, y a la aprobación de los programas individuales de atención que están pendientes.

2.-Que se informe individualmente a los afectados del estado de tramitación de sus expedientes y de las previsiones realistas para su conclusión.

3.-Que se informe globalmente a la ciudadanía de la situación actual con relación a la tramitación del reconocimiento de dependencia y las prestaciones del SAAD y se le oriente en orden al momento temporal en el que se va a reactivar el acceso a las prestaciones.

4.-Que se arbitren soluciones temporales de acceso a los servicios tradicionales del sistema de servicios sociales, al menos para los casos de gravedad acreditada.

5.-Que se concluyan sin dilación los desarrollos normativos que se estén llevando a cabo, así como la adaptación de las aplicaciones informáticas”.

Volviendo al caso concreto planteado por la reclamante, a la vista de que no era previsible la resolución del PIA del interesado, y de la situación insostenible que se derivaba del escrito de la misma, decidimos requerir un informe complementario a los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento afectado, con fundamento normativo en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora, a fin de que nos trasladasen informe social de este caso, y propusieran alternativas factibles al estado de cosas actual (conveniencia de derivación a casa de enfermos de VIH, aumento del número de horas de servicio de ayuda a domicilio, etc.)

En su respuesta, el Ayuntamiento informaba que a raíz de la queja presentada por la interesada en esta Defensoría, y tras visita domiciliaria y valoración de la situación, desde el 01 de Abril de 2013 el Servicio de Ayuda a Domicilio se amplió con dos solicitantes y con dos horas diarias, de lunes a viernes, se dio de alta al dependiente como beneficiario de SAD y acudía una auxiliar de hogar de 8,30 a 9,30 para su aseo personal, desayuno e ingesta de medicación, y a media mañana acudía otra auxiliar de hogar para atender y ayudar a la madre. El 12 de Abril  de 2013 se solicitó Complemento de Ayuda de Tercera persona de la pensión No Contributiva del dependiente, en base al Real Decreto 1364/2012 de 27 de Septiembre.

Se informó e instó a la familia que llevaran a cabo expediente de incapacitación legal sobre el dependiente, encontrándose iniciado el procedimiento en el Juzgado correspondiente.

Considerando que la situación era de Riesgo para la madre y para su hijo, que acudía solo a zonas de alto conflictiva social y que era una persona fácil de manipular y sin capacidad de discernir, se concluía que era Necesario de forma URGENTE un Centro Residencial para el dependiente.

A la vista del contenido de dicho informe nos dirigimos a la interesada para que alegase lo que al mismo estimase oportuno, a lo que nos contestó que el pasado 9 de Enero de 2014, finalmente se asignó a su hermano plaza residencial concertada en una Residencia de daño cerebral en Sevilla, mostrándose aliviada porque el asunto se hubiese solucionado finalmente. En consecuencia, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La promotora de la queja, cuidadora no profesional de una persona dependiente, exponía que por Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, de 14 de Marzo de 2011, le fue notificada la determinación de las cuantías devengadas en concepto de atrasos por retroactividad derivada de la prestación económica asignada como dependiente, fraccionándose su abono en cinco anualidades, que se satisfarían en los devengos de Marzo de 2011 a Marzo de 2015, ambos inclusive. A fecha de presentación de la queja, se habían incumplido los pagos desde el año 2012, por lo que la interesada reclamaba el abono de la suma reconocida.

Solicitado informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla se nos respondía que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se encontraba claramente afectado por la coyuntura de crisis económica general que atravesamos, que conllevaba una importante disminución presupuestaria.

Para salvar los obstáculos que producían los ajustes presupuestarios, las dificultades de tesorería y continuar con la línea de garantizar los derechos de las personas que más lo necesitaban, desde la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía se estaba dando prioridad al pago mensual de las prestaciones económicas, aunque esto conllevase que se ralentizase el abono de las cuantías devengadas en concepto de efectos retroactivos.

En el caso que nos ocupaba, el abono de los atrasos correspondientes, se preveía que fuese ingresado en nómina según disponibilidad presupuestaria existente en la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Dado traslado del informe a la interesada para alegaciones ésta nos informó que el pago correspondiente a 2012 se hizo efectivo mediante transferencia a su cuenta bancaria, en vista de lo cual dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El interesado exponía que desde el mes de Febrero de 2012 se encontraba pendiente de que se le notificase la iniciación en la tramitación de la solicitud que presentó para el reconocimiento de su dependencia, sin que ello hubiese tenido lugar.

Solicitado informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, se nos respondió que la solicitud de reconocimiento de grado y nivel de dependencia se presentó con fecha 8 de Febrero de 2012 en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y que tuvo entrada en esa Delegación Territorial el 7 de marzo del mismo año.

Nos informaron que, conforme al articulo 27.5 de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia “la valoración se realizará teniendo en cuenta los correspondientes informes sobre la salud de la persona y sobre el entorno en el que viva...". De acuerdo con ello, se solicitó el correspondiente informe de condiciones de salud al SAS, informe que se registra en ese órgano territorial con fecha 21 de Mayo de 2012.

Con fecha 15 de Enero de 2014, continuaba el informe, se llevó a cabo la valoración del interesado, emitiéndose el correspondiente dictamen en el que se proponía el reconocimiento de una dependencia severa, de acuerdo con el Baremo de Valoración de la Dependencia aprobado por el Real Decreto 174/2011, de 11 de Febrero. Nos decían que próximamente se dictaría y notificaría al interesado la correspondiente Resolución de reconocimiento de grado de dependencia.

Puesto que el asunto planteado por el interesado se encontraba en vías de solución, procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones.

El proceso de reforma del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento hará que se contemple la periodicidad de la convocatoria de la Comisión de seguimiento de la gestión del alcalde y concejales.

El representante del grupo municipal del Ayuntamiento de Algeciras nos traslada la falta de convocatoria de la Comisión de Seguimiento de la gestión del alcalde y concejales, así como las sucesivas fechas en las que desde su grupo se ha instado la convocatoria de dicha Comisión, sin haberlo conseguido durante un plazo cercano a los  tres años.

Tras recibir información al Ayuntamiento, comunicando las numerosas ocasiones se han reunido la Junta de Portavoces con asistencia de todos los grupos municipales representados en el mismo, la reciente celebración de la Comisión de Seguimiento, así como el proceso de reforma en la que se encuentra el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento, donde es posible contemplar la periodicidad de las convocatorias de dicha Comisión, procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones.

Tras la intervención de la Institución la Viceconsejería de Turismo y Comercio da respuesta a solicitud de un ciudadano.

Un ciudadano, en representación de una entidad en defensa de los animales nos traslada la falta de respuesta por parte de la Consejería de Turismo y Comercio ante sus peticiones, relacionadas con la celebración de la festividad de San Marcos. Por tanto procedimos a solicitar una respuesta de la Administración a los interesados.

Se nos responde desde la Viceconsejería informándonos sobre la respuesta que se había remitido al interesado. Asimismo se nos informa del malentendido que había producido el silencio por su parte.

Tras la intervención de la Institución el Ayuntamiento de Granada da respuesta a petición de información de un ciudadano.

Un ciudadano reclama que, tras dirigirse al Ayuntamiento de Granada preguntando por las medidas a tomar respecto a la reapertura de la Biblioteca Las Palomas, éste no ha respondido a su escrito.

Solicitado informe a la Corporación municipal, nos informa que con la apertura de la Biblioteca “Francisco Ayala”, con mayor tamaño y  condiciones, se presta mejor servicio al barrio.  Asimismo, el local donde se ubicaba anteriormente “Las Palomas”, al ser propiedad de la Junta de Andalucía, se había procedido a su devolución.

Se acepta resolución por el Hospital Virgen de las Nieves, procediendo a revocar la liquidación emitida por el Hospital Universitario San Cecilio de Granada, y a la devolución del ingreso indebido.

El interesado exponía que en el primer trimestre de 2011, su hija, que reside en Granada por razón de sus estudios universitarios, demandó  atención sanitaria urgente de centros de esa área hospitalaria.

En ese momento aportó cartilla de la Seguridad Social en la que figura como beneficiaria de su padre, a pesar de lo cual con posterioridad le fue facturada la asistencia.

Dicha liquidación en ningún momento le fue notificada, de manera que no tuvo noticias de la misma hasta que la Agencia Tributaria se dirigió a él reclamándole el pago.

Por su parte formuló recurso de reposición y recurso económico-administrativo que no han recibido contestación, pero el procedimiento ejecutivo ha culminado con el embargo de la prestación percibida por su hija en concepto de beca Erasmus.

El interesado consideraba que su hija ostenta derecho a la asistencia del Sistema Sanitario Público y que ha acreditado dicho derecho, no en vano le han expedido igualmente la tarjeta sanitaria europea para la cobertura sanitaria en su desplazamiento por estudios al extranjero, por lo que no puede entender lo sucedido.

Tras dirigirnos al Hospital “Virgen de las Nieves”, recibimos informe en virtud del cual nos explicaban que desde ese centro se emitió factura por asistencia sanitaria a la hija del interesado, porque esta última no aportó documento justificativo de su derecho a la asistencia del Sistema Sanitario Público, cuando se le requirió para ello.

Con independencia de la absoluta discrepancia que se produce entre las versiones de ambas partes, a la hora de determinar si la hija del interesado exhibió el documento más arriba referido, cuando acudió a urgencias del centro, y en la medida en que la tarjeta sanitaria individual no sirve sino exclusivamente como documento para la identificación de los usuarios, pero no acredita el derecho a la asistencia, pues este último debe comprobarse en la BDU; nos interesaba conocer si por parte del servicio de admisión de ese centro se habían hecho las comprobaciones oportunas en dicha base de datos con carácter previo a la dispensación de asistencia, y en su caso se advirtió a la interesada de que se iba a proceder a la facturación de la atención que se le proporcionara.

Por otro lado, también queríamos saber cómo se practicó la notificación del oficio de 24.2.2011, por el que se le reclamó a la hija del interesado la tarjeta sanitaria, con remisión de copia del documento acreditativo de la práctica de la notificación.

Es por ello que nos dirigimos nuevamente al Hospital “Virgen de las Nieves”, requiriendo la emisión de un nuevo informe.

Como contestación, recibimos dos informes del hospital en los que se venía a asegurar que la hija del interesado no presentó documento para justificar su derecho a la asistencia en el momento de demandar la misma, y que no se pudo comprobar su situación en la BDU porque no reside en Andalucía, ni el sistema de información laboral de la TGSS porque no es titular sino beneficiaria.

Por ello se le requirió para que acreditara su derecho, y al no hacerlo en el tiempo concedido, se le facturó, no pudiéndose anular la liquidación emitida en su día.

Apuntamos la posibilidad de que personas sin derecho a la asistencia reciban atención en los centros del SSPA como pacientes privados, y que se les cobre por ello, así como la posibilidad de recaudar estas deudas por el procedimiento de apremio, cuando no se ingresan en período voluntario.

Ahora bien advertimos deficiencias en la notificación del requerimiento aludido, que se hizo por correo ordinario, y por lo tanto sin constancia de su recepción, arrojando dudas sobre la eficacia de este acto de trámite con indefensión para la afectada, y tampoco se aporta justificación de los intentos de notificación de la liquidación previos a la inserción del anuncio sobre la misma en el BOJA.

En definitiva, constatamos que la hija del interesado tenía derecho a la asistencia gratuita, y, al contrario del hospital, pensamos que sí es posible anular la liquidación emitida en su día, por el procedimiento de revisión de los actos de gravamen o desfavorables contemplado en el art. 105 de la LRJPAC, teniendo en cuenta además que lejos de conculcar los límites que al ejercicio de esta posibilidad fija el siguiente art. 106 (equidad, buena fe, derechos de los particulares y leyes), viene singularmente aconsejada por estos conceptos.

Por ello, dirigimos al Hospital “Virgen de las Nieves”, Recomendación en el sentido: Que se inicie de oficio procedimiento para la revocación de la liquidación de gastos por asistencia sanitaria emitida a la hija del interesado, y con posterioridad se arbitre el mecanismo oportuno para proceder a la devolución de su importe.

Recibido informe al efecto, se deduce que dicho Hospital ha aceptado la Resolución formulada por esta Institución. 

Tras la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Otívar reconoce que ocupó indebidamente unos terrenos, propiedad de la persona que se dirigió a la Institución y, tras el oportuno Acuerdo Plenario, van a indemnizar a esta persona por tal ocupación.

En su escrito de queja, el interesado denunciaba que el Ayuntamiento de Otívar (Granada) había ocupado unos terrenos de su propiedad, situados en una Unidad de Actuación; cuando reclamó la propiedad de los mismos, el Ayuntamiento reconoció que los había ocupado indebidamente, pero a pesar de este reconocimiento, siempre según el interesado, no realizaban una propuesta formal para el pago de la indemnización que le correspondía a él como propietario.

Tras dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste nos comunicó que había reclamado diversa documentación al interesado para aclarar la propiedad del terreno y que también habían solicitado a la Diputación Provincial de Granada su colaboración para el levantamiento topográfico de la zona afectada y determinación de la alineación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, añadiendo que se estaba elaborando el correspondiente informe para determinar los metros exactos de ocupación. Se finalizaba manifestando que, posteriormente, se realizará un informe pericial al objeto de cuantificar en su caso la indemnización que corresponda.

Finalmente y después de varias actuaciones, el Ayuntamiento nos dio cuenta del acuerdo plenario por el que se había aprobado el expediente para la adquisición, por procedimiento negociado, de los terrenos de la propiedad del interesado, acordado en cuatro plazos de pago en años sucesivos.

De acuerdo con ello, entendimos que había quedado solucionado el problema que motivó la presentación de la queja, la presunta ocupación de unos terrenos sin indemnización alguna por parte municipal, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, se comprueba que la aprobación de un Plan Parcial no se ve afectada por el deslinde y desafectación de una vía pecuaria, por lo que su tramitación continuará.

El interesado nos exponía en su escrito de queja que se había producido un “parón burocrático” en la aprobación del Plan Parcial PP-R1, de la localidad cordobesa de Encinas Reales y que él atribuía a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba. Concretaba en su escrito de queja que en Mayo de 2012 el Ayuntamiento remitió a la Delegación Territorial el Documento Técnico del arquitecto sobre el informe en relación con la afección de una vía pecuaria incluida en el Plan Parcial (vía pecuaria Colada de Benamejí); siempre según el interesado, la Delegación Territorial indicó al Ayuntamiento que debía solicitar la desafectación del tramo de vía pecuaria que estaba afectada por el Plan Parcial, que el Ayuntamiento solicita en Diciembre de 2012, pero, al parecer, el Ayuntamiento, por error, solicita el deslinde y no la desafectación, pero transcurridos diez meses desde entonces, la Delegación Territorial no contestaba lo que –de forma textual indicaba el interesado- “refleja la actitud, a mi parecer, de retrasar y entorpecer el trámite normal, ya que el desacierto en la solicitud del Ayuntamiento de desafectación de la vía en lugar de deslinde, podría haber sido considerado como subsanable dentro de los diez días estipulados en la ley de procedimiento y no hubiera requerido de los 10 meses que han transcurrido, que sólo han perjudicado y dificultado la agilidad de la gestión”.

En vista de todo ello, el interesado, en Enero de 2014, solicita de la Delegación Territorial responsabilidad por el “retraso provocado en la gestión de un procedimiento a todas luces de mero trámite”, pero de este escrito no recibe respuesta alguna.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos a la citada Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, en su respuesta defiende que el procedimiento de deslinde y desafectación de la vía pecuaria “Colada de Benamejí” no se ha encontrado inactivo en ningún momento, aunque ha concluido aclarando que la citada vía pecuaria discurre por lo que sería el antiguo trazado de la carretera N-331, no afectando al plan parcial PP-R1, que puede desarrollarse sin condicionante alguno en lo que se refiere a la legislación de vías pecuarias.

Así las cosas, entendimos que el problema que motivó la presentación de la queja, el retraso en la resolución del citado procedimiento de deslinde y desafectación de la citada vía pecuaria, se encuentra solucionado, lo que determina que, en consecuencia, no resulten necesarias nuevas gestiones por parte de esta Institución.