El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido hoy en el Parlamento de Andalucía, en el Grupo de Trabajo sobre Renta Básica, una Renta Básica que reconozca el derecho estatutario a una renta que garantice unos ingresos mínimos de subsistencia, y, por otra, eliminar el riesgo de exclusión social, personal y laboral.
Su intervención ha tenido lugar en la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, dentro del Grupo de Trabajo organizado por el Parlamento de Andalucía para el análisis de la legislación autonómica e internacional en materia de renta básica de ciudadanía.
Jesús Maeztu ha defendido el establecimiento de una Ley de Renta Básica, y los mínimos que debe recoger su regulación.
A este respecto, el Defensor andaluz ha señalado los principios que deben fundamentar la futura Ley: igualdad en el acceso al Sistema de Renta Básica; equidad en la medida de servir para dar respuesta a situaciones de necesidad; universalidad para garantizar su disfrute a todas las personas que reúnan unos requisitos y condiciones previstos en la norma; complementariedad con otros ingresos cuando quede acreditada una situación de carencia de medios para el desarrollo de una vida digna, y el de subsidiariedad, en tanto que se reconoce únicamente cuando no resulta posible el acceso a las acciones protectoras de otros sistemas de protección.
Un normativa que debe ir dirigida a todas las personas que no tengan ingresos, a las familias monoparentales, a unidades familiares, independientemente de que convivan en un mismo domicilio, a la población extranjera residente, tal y como establece la Ley de Extranjería, y a las personas menores que alcanzada la mayoría de edad hayan estado tuteladas por la Administración.
Para el Defensor Andaluz se trata del reconocimiento de lo que ha venido a llamarse el principio de doble derecho: derecho a disponer de medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida y derecho a recibir apoyos personalizados para la inclusión social y laboral.
Jesús Maeztu también ha defendido que, como derecho subjetivo de regulación legal, no debe quedar sujeta a la existencia de presupuestos o a otros condicionamientos presupuestarios anuales y ha de gestionarse con urgencia. Por ello, propone como referencia una cuantía que mejore la actualmente percibida por el Salario Social, continuidad en la percepción en tanto se mantenga la situación de necesidad, y agilidad en la tramitación.
Durante su intervención, ha recordado que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, con el consenso del Tercer Sector de Acción Social, ha venido defendiendo desde 2008 una Ley de Inclusión Social en Andalucía, que fuera más allá de la prestación económica y que combinara ésta con medidas que permitieran a las personas, de forma integral, acceder a su inclusión.
También ha recordado que los Defensores autonómicos y Estatal, en las XXIX Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, celebradas los días 9 y 10 de septiembre, concluyeron con la petición de que los poderes públicos competentes deben procurar la existencia en toda España de una prestación económica, cuyo objeto sea cubrir las necesidades asociadas a una vida digna y esté ligada a la inserción socio-laboral.
De ahí que el Defensor andaluz haya mostrado también su convencimiento de la necesidad de que esta Renta Básica fuese asumida mediante una regulación de carácter general desde el Estado de la Nación para no generar desigualdad entre las personas en función del territorio en el que residan. Una decisión que requiere del consenso de todos, pero que es fundamental para conseguir una mayor cohesión social entre todos los territorios y las personas.
