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El proceso de selección del director/a de un CEIP de Sevilla es cuestionado por el promotor de la queja por considerar que se habría actuado irregularmente y de manera interesada a favor de una candidatura, vulnerando la regulación específica establecida al efecto.
La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ha comunicado al Defensor del Pueblo Andaluz que el pasado día 31 de julio, se ha procediendo al abono del primer fraccionamiento de los atrasos a la dependencia que se comprometió en escrito recibido a principios del mes de julio. Como viene constatado en el referido escrito, los pagos que se están realizando corresponden con aquellas personas beneficiarias de las prestaciones económicas para las que 2013 es la primera anualidad de abono de atrasos. Por otro lado, tenemos conocimiento a través de mensajes en nuestro facebook que hay personas que ya han cobrado.
El Defensor del Pueblo Andaluz muestra su satisfacción por el esfuerzo realizado por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en el pago de estos atrasos tan necesarios para las personas que sufren esta situación y espera el total cumplimiento de los plazos al que se comprometió en dicho documento.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado actuación de oficio ante el Ayuntamiento de Cádiz y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de la Consejería de Fomento y Vivienda, por la situación de la infravivienda en Cádiz. La Oficina del Defensor quiere conocer qué actuaciones tienen previstas ambas administraciones para acabar con la situación de muchas familias que todavía viven en inmuebles en condiciones de inhabilidad extrema
La Sentencia del TSJA por la que declara la legalidad de la licencia otorgada para la construcción del hotel del Algarrobico en el ámbito del Parque Natural del Cabo de Gata y Níjar evidencia la responsabilidad de las administraciones publicas, autonómica y municipal en la aprobación de un planeamiento urbanístico que hizo posible el otorgamiento de esa autorización urbanística para la construcción del mencionado inmueble.
Con independencia del análisis que se pueda realizar del contenido de esta sentencia y su valoración en términos jurídicos, que no corresponde efectuar a esta Institución a tenor de lo establecido en el art. 17 de su Ley reguladora, sí debemos de insistir en una reflexión que ya hicimos con motivo de otras resoluciones judiciales dictadas sobre este asunto.
En este sentido, queremos recalcar una vez más que, en este supuesto como en otras actuaciones urbanísticas que se extienden a lo largo de nuestro litoral y que son objeto de una crítica unánime por parte de los poderes públicos y de amplios sectores de la sociedad, existe una alta responsabilidad de las administraciones en la aprobación de esos modelos urbanísticos que han propiciado tales actuaciones.
Por otro lado, y sin perjuicio de los recursos que en su caso, se interpongan respecto de esta resolución del TSJA y de otras posibles resoluciones judiciales que se pudieran dictar en este asunto, cuya complejidad jurídico procesal parece no tener fin, debemos reiterar la necesidad de que cualquiera que sea las acciones que se ejerciten y el resultado de las resoluciones judiciales, los poderes públicos deben garantizar, en cualquier supuesto, un destino para el espacio en el que se ubica esta edificación que sea plenamente coherente con los valores protegibles del Parque Natural del Cabo de Gata y Níjar que deben ser tutelados.
La necesidad de apostar por un desarrollo sostenible de nuestro territorio y, singularmente, del litoral, no es solo un deseo compartido por diversos sectores de la sociedad, sino también una exigencia constitucional y estatutaria que los poderes públicos deben preceptivamente asumir.
Casi medio centenar de personas han acudido al Defensor del Pueblo Andaluz denunciando las emisiones de gran entidad que provoca la actividad de una empresa orujera, situada a 2 km de distancia del municipio, aproximadamente. En sus quejas solicitan “ayuda para conocer las emisiones que producen y que envuelven nuestra ciudad en una nube irrespirable”, que han acompañado de numerosas fotos remitidas a la Institución a través de las redes sociales.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido este martes 29 de julio, con el delegado de Fomento y Vivienda en Cádiz, para conocer la situación de la barriada José Antonio, en el Puerto de Santa María, y otras reclamaciones de los ciudadanos y ciudadanas, presentadas en la Institución, en relación con las competencias de esta Delegación Provincial.
Durante el encuentro, el Delegado le ha informado al Defensor de las actuaciones llevadas desde Fomento para garantizar el realojo de los vecinos y vecinas de la barriada de José Antonio a Santa Clara, así como de los acuerdos con el Ayuntamiento y los propios vecinos en las diferentes reuniones que se han ido celebrando.
De otra parte, el Defensor le ha trasladado al Delegado su preocupación por las situaciones de infravivienda en Cádiz que tuvo ocasión de conocer de primera mano, el pasado mes de junio, en el encuentro mantenido con la Asociación Pro Derechos Humanos y los propios vecinos y vecinas afectados.
Logramos que la interesada regularizara deuda tributaria por vado no declarado y solicitare la baja en el Padrón correspondiente por no uso.
La parte promotora de la queja expone su disconformidad con la tasa de vado de entrada y salida de vehículos que le ha pasado el Ayuntamiento de Chipiona por un local que posee en la localidad, ya que, según indica, en ningún momento ha solicitado la concesión del aprovechamiento, ni destina el local a la entrada de vehículos. Además indica que la acera no se encuentra rebajada para ello, ni es su deseo, pues no tiene intención de utilizarlo como garaje.
Recibido informe del Servicio indicado de la Diputación Provincial de Cádiz se procede a dar traslado del mismo a la persona interesada en la queja a fin de que realice las alegaciones pertinentes, alegando el no uso como cochera en los ejercicios que se le reclamaban y el error en las dimensiones de la puerta de acceso tomadas en consideración para el calculo de la tasa.
En atención a lo cual, se solicita un nuevo informe al Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz ya que el documento girado para el pago, de deuda pendiente, lejos de acreditar que se había procedido a la baja de la liquidación practicada y a la rectificación de errores, a las que se refería el primer informe del Servicio, le incrementaba la cantidad reclamada en concepto de deuda.
En el nuevo informe del Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, se indicaba que -conforme a lo establecido en las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con la entrada de vehículos a través de las aceras-, que sucesivamente venía aprobando el Ayuntamiento de Chipiona, se devenga la tasa en cuestión el día primero del semestre en que nazca la obligación de contribuir y, en los sucesivos periodos el día 1 de cada año.
En nuestra opinión la parte interesada debía tener en cuenta que la obligación de contribuir nace por el otorgamiento de la licencia para la ocupación o aprovechamiento del dominio público local, o desde que se realice el aprovechamiento, si el mismo se llevare a cabo sin el oportuno permiso.
Igualmente, las Ordenanzas Fiscales a que nos referimos, establecen como obligación de los sujetos pasivos el presentar declaración de alta en el plazo de un mes desde que se inicie el uso privativo, así como las circunstancias de baja o cambios que se produzcan en relación al mismo.
En consecuencia, y como ya le había respondido en fecha 18 de febrero de 2014 la Administración tributaria encargada de la gestión de cobro, estimando el error referido en sus alegaciones y rectificando las dimensiones de la entrada de vado que la interesada reclamó y, practicando nueva liquidación por tal motivo y, por el mismo periodo adeudado anterior al que hubiera cursado la baja en el citado padrón o matrícula de la tasa municipal, entendíamos que el asunto por el que la interesada acudió a nosotros se encontraba solucionado, por lo que procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones en la queja.
Tras nuestra intervención, la Administración Tributaria autonómica –aceptando las pretensiones de la parte interesada- anula Propuesta de Liquidación por el Impuesto de Sucesiones.
La parte promotora de la queja expone su disconformidad con la Propuesta de Liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de fecha 9 de septiembre de 2013, que efectuada tras la presentación de declaración de herencia y, tras la comprobación de valores de los bienes que incluidos en la misma, se llevó a cabo por la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía. Como quiera que en el procedimiento -tras presentación de autoliquidación del Impuesto- había reclamado una devolución por ingresos indebidos que consideraba le correspondía, al no ser aceptada por la Administración tributaria, formuló reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo de Andalucía, que al parecer -según afirma- le dio la razón. Por lo que no está conforme con la Propuesta de Liquidación posteriormente notificada, aumentando la cuota tributaria a 36.780,69 €.
Recibido informe de la Agencia Tributaria de Andalucía, en el mismo se indicaba que tras la presentación de escrito de alegaciones a la Propuesta de liquidación referida, por los Órganos de la Administración Tributaria autonómica, estimando aquellas alegaciones, se acordó no girar liquidación alguna, procediéndose a la anulación de la propuesta emitida.
Tal acto o resolución, como nos indicaba y acreditaba la Agencia Tributaria de Andalucía, había sido notificado debidamente a la parte interesada en fecha 13 de enero de 2014, razón por la que consideramos atendidas las pretensiones de la promovente de la queja, finalizando nuestra intervención.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha visitado este martes al alcalde del Puerto de Santa María, en Cádiz, Alfonso Candón, para abordar las principales quejas abiertas en la Institución ante las reclamaciones ciudadanas en temas relacionados con la vivienda, la salud, el medioambiente, y seguridad vial, entre otros.
Durante el encuentro, el Defensor del Pueblo Andaluz se ha interesado por conocer la situación de la barriada José Antonio, donde el alcalde le ha trasladado al Defensor las actuaciones realizadas desde el Ayuntamiento portuense. En ese sentido, el alcalde ha confirmado el compromiso existente por parte del Ayuntamiento, a través del Área de Bienestar Social, de colaborar en poner en marcha proyectos puntuales para hacer posible que el Plan de Acompañamiento Social que piden los vecinos para que se regule la convivencia una vez se entreguen las viviendas de Santa Clara salga adelante.
Tanto Candón como Maeztu consideran oportuno que exista colaboración entre administraciones, en este caso Ayuntamiento y Junta de Andalucía, para encontrar la fórmula de poner en marcha dicho Plan de Acompañamiento Social, “pues es voluntad de todas las partes que se haga un uso adecuado de las viviendas y haya una convivencia correcta y oportuna entre vecinos”. Una decisión que, destaca Candón, ya conoce el delegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Manuel Cárdenas, y en la que ambas administraciones están de acuerdo.
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