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La Administración nos informó que aumentó la oferta educativa de dos a tres unidades en el primer curso del Primer Ciclo de Educación Infantil.

La persona interesada nos exponía la discrepancia del colectivo de padres y madres que han solicitado que sus hijos e hijas sean escolarizados, para el curso 2014-2015, en el Primer Curso del Segundo Ciclo de Educación Infantil en un Centro docente de Sevilla, con la decisión adoptada por parte de esa Delegación Territorial de suprimir una de las tres líneas con las que hasta ahora contaba dicho centro docente.

Las 50 plazas ahora ofertadas no son suficientes para cubrir las 69 solicitudes presentadas, de modo que habrá 19 niños y niñas que tendrán que ser escolarizados en otro centro docente. El colegio en cuestión es el que tiene mayor demanda de la zona de escolarización, habiéndose producido también un exceso de demanda en todos los colegios más cercanos, por lo que el alumnado que no pudiera obtener plaza tendría que ser reubicados en otros centros muy alejados de los respectivos domicilios familiares.

La Administración nos informó de la paralización de la ejecución de la Sentencia hasta finalizar el curso.

La persona interesada nos exponía que la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte le comunicó que, en ejecución de una Sentencia, su hijo, debía ser trasladado del centro docente en el que estaba escolarizado, a otro de los que tenían plazas.

Solicitaba la posibilidad de permanencia de su hijo en el centro docente hasta final del curso, que estando a escasos tres meses para su finalización, un cambio de centro en esos momentos, podría causarle al menor perjuicios de imposible reparación.

Además los inconvenientes que a esas alturas dicho cambio de centro ocasionaría a la conciliación familiar-laboral, puesto que mientras que el menor estaría en un centro docente, su otra hija permanecería escolarizada en el mismo centro.

Aunque las decisiones adoptadas por los Juzgados y Tribunales no son susceptibles de revisión por parte de instituciones ajenas al Poder Judicial, principalmente, en atención a los intereses superiores del menor afectado por la cuestión planteada, desde esta Institución se decidió mediar en el asunto.

La compareciente exponía que su hijo menor de edad tenía reconocida una dependencia severa por Resolución de 9 de diciembre de 2011, procediendo a aprobar el PIA correspondiente a dicho menor por Resolución de 13 de junio de 2012, por la que se le reconoció la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, fijando su cuantía en 3.610,80 euros anuales, que se abonarían en doce mensualidades de 300,90 euros cada una y efectos desde el 21 de marzo de 2012, así como los atrasos correspondientes a la retroactividad de la prestación.

No obstante, la promotora de la queja, madre y cuidadora del menor dependiente, manifestaba que esta Resolución nunca se había hecho efectiva, siendo por tanto la Administración deudora desde la fecha de efectos fijada en la misma (marzo de 2012), de las sumas reconocidas, siendo ésta la razón por la que acudía ante esta Institución.

Solicitado informe a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, se nos respondió que se pudo comprobar que, al tratarse de una resolución reconocida y no percibida a la entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de julio, habiendo ya finalizado el plazo suspensivo aplicable a la resolución de dicho expediente, el inicio del cobro de la prestación estaba previsto para el mes de mayo y que el detalle de la cuantía devengada en concepto de efectos retroactivos, se notificaría a la persona interesada.

Ante la resolución favorable del asunto planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La compareciente exponía que su hermana tenía reconocido su correspondiente grado de dependencia, habiendo sido beneficiaria del servicio de ayuda a domicilio desde el año 2011.

El empeoramiento de su estado de salud hizo imposible que la dependiente continuase en su domicilio, por lo que en el año 2012 se solicitó la revisión del PIA, con la finalidad de que le fuese asignada plaza residencial en el centro correspondiente.

Entretanto, la dependiente se vio en la necesidad de trasladarse a una Residencia de Mayores ocupando plaza privada, cuyos recursos no podían sufragar. Sin que se procediera a tramitar la revisión del PIA solicitada y que tanto precisaba.

Solicitado informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, se nos participó que con fecha 10 de abril de 2014 su expediente había sido resuelto, obtendiendo plaza en una residencia de mayores.

Puesto que el asunto por el que la interesada había acudido a la Institución se encontraba solucionado, se procedió a dar por concluidas nuestras actuaciones.

El interesado exponía que a su hijo, discapacitado intelectual de 43 años de edad, le había sido reconocida una dependencia severa por Resolución de 6 de julio de 2012, sin que, a pesar del tiempo transcurrido, se hubiese procedido, no ya a aprobar a su favor el recurso correspondiente, sino ni siquiera a dar curso a la elaboración del programa individual de atención por los Servicios Sociales.

Añadía que igual dependencia severa se había reconocido a otro hijo, sin que en este caso tampoco el afectado hubiera obtenido ningún recurso, ni la notificación para la elaboración de su propuesta.

El interesado destacó la difícil situación familiar, ya que tanto él como su mujer eran septuagenarios, dándose la circunstancia de que a su mujer le había sobrevenido una enfermedad cardiaca, junto a su diabetes, que le impedía prestar la necesaria atención a unos hijos que superaban los cuarenta años de edad y que padecían un retraso mental severo. Por lo que entendía imprescindible que pudieran acudir a un Centro de Día, como paso previo a la posterior atención residencial.

Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. En su respuesta, la Administración corroboraba la pendencia del procedimiento alegada por el interesado, expresando que “consultada la base de datos y debido a la ralentización en la tramitación de los expedientes por causa, entre otras, a la coyuntura de crisis económica por la que atravesamos, aún no se ha gestionado la oportuna elaboración de los Programas Individuales de Atención referidos a los dependientes”.

Al no haberse dictado aún la Resolución aprobando el PIA, persistiendo, por tanto, la pretensión que motivó la interposición de la presente queja, nos dirigimos a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía formulando Recomendación en el sentido de que, sin más dilación que la estrictamente necesaria para la comprobación de que se mantienen las circunstancias que determinaron la propuesta de recurso formulada por los Servicios Sociales, se dictase resolución que pusiera término al procedimiento de dependencia de cada uno de los afectados, dando curso a la elaboración de la propuestas de recurso, aprobando definitivamente dicho programa individual de atención y dando plena efectividad al recurso correspondiente.

Antes de recibir contestación, se puso en contacto con nosotros el interesado informándonos que sus hijos ya habían obtenido plaza, por vía de urgencia, en una residencia, por lo que, al haberse resuelto favorablemente el asunto por el que acudió a la Institución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La compareciente nos exponía la situación de su hermano, que se encontraba solo en el domicilio familiar desde que su anciana madre tuvo que ser ingresada en una Residencia de Mayores, por su dependencia, en julio del año 2012.

El afectado había sufrido desde entonces numerosos ingresos hospitalarios y recaídas, al no hallarse capacitado para observar el tratamiento que tenía prescrito, ni para respetar unas pautas de alimentación y aseo autónomas, ya que padecía retraso mental.

Al interesado, con una discapacidad psíquica del 66%, le fue reconocida una dependencia severa por Resolución de 12 de agosto de 2013, siendo inaplazable, conforme nos decía la promotora de la queja, que se aprobase el recurso residencial correspondiente a sus necesidades, al encontrarse en un riesgo permanente entretanto viviera solo.

Solicitado informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, se nos participó que la situación socio familiar de su hermano había sido calificada de urgencia, en el correspondiente informe social, que justificaba la prioridad en su tramitación, se estaba a la espera de que existiera plaza disponible en Residencia autonómica para psicodeficientes.

A la vista de lo aportado por la Administración, solicitamos a la interesada que nos presentase las consideraciones y alegaciones que creyera convenientes y, específicamente, que nos indicase si había recibido alguna información adicional, notificación o contacto respecto a la cuestión que nos ocupaba.

En contacto telefónico mantenido con ella nos informó de que a su hermano ya le habían dado plaza en una residencia para psicodeficientes. En consecuencia, ante la resolución favorable del asunto planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.