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Comparece un ciudadano exponiendo que su hijo padece síndrome de Tourette, una enfermedad minoritaria bastante desconocida de carácter neurológico, que se manifiesta con la presencia de Tics y generalmente otros trastornos asociados, y para la que no existe un tratamiento farmacológico curativo, orientándose la terapia al máximo control posible de los síntomas con el menor grado de efectos perjudiciales.

Nos dice que fue diagnosticado tardíamente, lo que ha afectado muy negativamente al desarrollo de la enfermedad, ya que durante los primeros 6 años no se me proporcionó la atención adecuada, y como consecuencia sufrió un aumento de situaciones de acoso escolar.

Actualmente le atienden en el Hospital Virgen de Valme, pero por causa de la constante modificación del tratamiento, su estado de salud ha empeorado, sufriendo comorbilidad, obesidad y migraña, además de trastornos asociados como fobia, trastornos obsesivos compulsivos, manías, baja autoestima, estados depresivos o demasiados excitados, agresividad y autolesiones (provocación de vómitos, cortes en brazos, ingesta de sustancias tóxicas y objetos cortantes).

El interesado afirma que en el Hospital Virgen del Rocío hay un buen equipo de especialistas en Trastornos del Movimiento, incluido el Síndrome de Tourette, y considera que su hijo necesita ser tratado en un centro hospitalario en el que los especialistas tengan ya identificados y estandarizados los seguimientos clínicos más apropiados y donde estén definidos los tratamientos idóneos para cada caso.

Solicita por ello que se acepte su solicitud de traslado de su hijo para atención y tratamiento en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, entendiendo que esta actuación revertirá sin duda en una sensible mejoría de su pronóstico, y calidad de vida, así como en la de su entorno familiar.

Tras dirigirnos a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultado en Salud, del Servicio Andaluz de Salud, recibimos informe refiriendo que en octubre el paciente fue atendido en la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Virgen del Rocío para valoración de su enfermedad y en la misma se le han pautado rebisiones que están pendientes de fecha de citación. Por lo tanto, quedando resuelta la solicitud de la parte interesada, procedemos al cierre del expediente.

En el Distrito Sanitario Centro-Almería se tendrá en cuenta la situación de los usuarios que han ejercitado la libre elección de profesionales, a la hora de redistribuir cupos por motivos organizativos.

Los interesados denunciaban el cambio forzoso de pediatra al que habían sido sometidos sus hijos, a pesar de que el profesional que hasta entonces les venía asistiendo, resultaba del ejercicio del derecho a la libre elección que, como padres, habían actuado en nombre de aquellos.

Tras dirigirnos al Distrito Sanitario Centro-Almería, y a la vista del informe recibido, el Defensor del Pueblo Andaluz formuló Resolución concretada en una Recomendación para que en los procesos de redistribución de cupos por creación de nuevas plazas u otras causas organizativas, se excluyan de los procedimientos aleatorios que se efectúan para el reparto de los usuarios, a los que previamente hayan ejercitado el derecho a la libre elección de profesional sanitario, salvo en el caso improbable de que lo impida el volumen de solicitudes que se hayan realizado en este sentido.

Recibido informe al efecto, se indica que desde ese Centro se tendrá en cuenta cuando se realice nuevamente un procedimiento de redistribución de población, aceptando la Resolución formulada por esta Institución.

Damos por concluidas nuestras actuaciones cuando conocemos que en el presupuesto de 2015 existe una partida para el pago de expropiaciones que, en el caso concreto de esta queja, data del año 2011.

La interesada se dirigió a esta Institución para exponernos que, en Septiembre de 2011, firmó con la entonces Consejería de Medio Ambiente el acta de mutuo acuerdo para la expropiación de una finca de su propiedad para la ejecución de la obra “Proyecto Encauzamiento Arroyo Gómez-Lora del Río (Sevilla)”. Desde entonces, venía solicitando el pago de esta expropiación, pero no recibía la cantidad que le correspondía.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos a la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en una primera respuesta se nos indicó que, en este expediente, como en otros, no había sido posible habilitar, en el presupuesto 2014, los créditos necesarios para hacer frente a estas obligaciones. Como interesamos que se nos mantuviera informados si en el presupuesto de 2015 se habilitaba esta partida, finalmente conocimos que se había destinado una partida de casi 4 millones de euros para el pago de las expropiaciones.

Con ello entendimos que el problema del pago de la expropiación estaba en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.