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RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Defensor del Pueblo Andaluz da por concluida su intervención en esta actuación de oficio tras recabar dos informes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

06-10-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio para conocer los motivos por los que unas infraestructuras hídricas construidas hace años en la Laguna del Brazo del Este se encuentran en estado de deterioro por su falta de uso y por, supuestamente, episodios de expolio y vandalismo, generando ene este paraje un importante daño ambiental en la vegetación y cambios en la fauna.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio cuando hemos conocido, a través de los medios de comunicación, que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio “admite que el sistema de gestión hídrica construido hace varios años por la Administración pública en el cauce del paraje natural del Brazo del Este se encuentra deteriorado e inoperativo como consecuencia de los episodios de expolio y vandalismo sufrido. La Junta responde de este modo a las denuncias de colectivos ecologistas como SEO Bird Life y Ecologistas en Acción, que alertan de la sequía que sufre este paraje gran parte del año, provocando «importantes cambios en el hábitat y un grave deterioro de la vegetación natural» según informan fuentes de SEO Bird Life”.

De los antecedentes con los que ha trabajado esta Institución se ha comprobado que esta denuncia no es nueva, pues distintos colectivos de ecologistas vienen denunciado el deterioro que, por distintas causas y no sólo por la ineficaz gestión de los recursos hídricos de la zona, viene sufriendo este paraje natural pese a la existencia del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje Natural Brazo del Este y que amplía el ámbito territorial del citado paraje natural, aprobado por Decreto 198/2008, de 6 de mayo, de la entonces Consejería de Medio Ambiente (BOJA 120, de 18 de Junio de 2008).

Esta normativa, en su Exposición de Motivos, ya decía que “La declaración del Brazo del Este como Paraje Natural se fundamentó principalmente en la fauna existente en el mismo, siendo el grupo de mayor interés el de las aves, por la importancia de las especies y el elevado número que alcanzan las poblaciones de algunas de ellas (…) Por otra parte, su localización en las marismas del Guadalquivir le confiere una importancia estratégica, ya que actúa como punto de descanso en la escala migratoria de aves y como hábitat alternativo a las especies existentes en el Parque Nacional de Doñana, cuando las condiciones en este espacio son desfavorables, especialmente en verano que es cuando se agotan las reservas hídricas, por lo que las especies acuáticas encuentran en el Brazo del Este un refugio vital para su supervivencia durante este período”.

Pues bien, en una publicación digital de SEO/BirdLife hemos podido leer que esta pasada primavera el paraje presentaba un aspecto lamentable ya que estaba prácticamente seco “y con grupos de gaviotas comiendo las carpas muertas que se amontonaban entre el barro. Se había perdido ya las puestas de aves típicas del carrizal inundado, como buscarlas o carriceros”. Al mismo tiempo esta ONG recordaba que:

“(...) esta no es una situación nueva. SEO/BirdLife es consciente de que el deterioro de este espacio no es producto de actuaciones recientes, sino que es consecuencia de múltiples acciones que se vienen acumulando a lo largo de los años, que se cometen con total impunidad, y que han llevado a este paraje natural a una situación de alarmante abandono.

Entre las agresiones a este espacio que SEO/BirdLife ha detectado, se encuentran la inadecuada gestión de la carga ganadera (equina y ovina) que provoca daños en la vegetación natural (por ejemplo, praderas de almajos, en franca regresión en toda Andalucía) y en las puestas de aves que anidan en el suelo; quemas de vegetación natural para generar pastos; laboreo de parcelas con vegetación natural que debe conservarse según establece el PORN; destrucción de colonias de canastera y otras aves por el uso de los terrenos en los que crían como pista de aterrizaje y despegue para las avionetas que realizan labores agrícolas del arrozal, y uso incontrolado de cañones de aire comprimido para ahuyentar aves en las inmediaciones de lugares de nidificación de especies protegidas.

No solo eso, sino que en los arrozales aledaños se tiene constancia de que se realizan sistemáticamente matanzas de calamones, a los que últimamente se ha añadido otra especie de ave a la que se “acusa” de provocar daños en los cultivos: el morito común.

SEO/BirdLife ha dirigido una carta a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio exponiendo todas estas cuestiones y ofreciendo su colaboración para buscar soluciones consensuadas que mejoren la conservación de este espacio”

Por su parte, en la web de Ecologistas en Acción podemos ver que hace un tiempo ya denunciaba, a propósito de este paraje natural, que:

“Su principal e histórico problema, la gestión del agua, nunca ha sido resuelto en este antiguo brazo del río Guadalquivir desde que lo “desconectaron” del mismo para crear zonas agrícolas. Sin aportes de agua del gran río, queda resignado a inundarse por agua de lluvia o por los desagües contaminados de los cultivos de arroz.

Para el manejo de esas aguas, la administración invirtió fondos en una serie de compuertas, canales y la construcción de dos grandes sistemas de bombeo que nunca funcionaron. Ni siquiera cuentan con sistema eléctrico, mostrando un deterioro evidente.

Ningún responsable de la Junta de Andalucía ni de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir responden de este malgasto de dinero público mientras cada año, varios de los segmentos de cauce (el curso natural está compartimentado por muros), se mantienen secos en pleno invierno.

Otro aspecto que escandaliza a primera vista es el desmadre ganadero dentro de sus límites. Rebaños de cientos de ovejas y caballos devoran la vegetación natural pese a que existe un hábitat de Interés comunitario para protegerla y dejando las orillas convertidas en lodazales yermos. Las aves acuáticas, algunas en peligro de extinción, quedan de esta forma sin refugio ni alimento y en primavera, nidadas de especies coloniales y amenazadas como las canasteras, acaban bajo miles de pezuñas.

Los agricultores también convierten parcelas de secano en regadíos sin la necesaria autorización medioambiental y gracias a las descoordinación de la Confederación Hidrográfica con la Junta de Andalucía que, a su vez, apenas actúa mediante procedimientos de infracción. A menudo, la vigilancia ambiental brilla por su ausencia y tanto agricultores como ganaderos, manipulan las compuertas a su conveniencia, inundando o desecando segmentos de cauce para, por ejemplo, utilizarlos como pastos”.

En fin, todo esto acontece en un lugar que, como dice el portal sobre los espacios naturales protegidos de Andalucía de esa Consejería en relación a este espacio, “El Brazo del Este es un paraíso para el turismo ornitológico. Localizado estratégicamente entre Doñana, las marismas y la laguna de Dehesa de Abajo, permite la observación de multitud de anátidas, rapaces y migratorias de verano e invierno. La lista de especies es interminable: garza imperial, ánades azulón y rabudo, pato cuchara, cerceta, calamón (posiblemente la población más abundante de Europa), rascón europeo, polluelas pintonja y bastarda, gallineta, avetorillo, garcilla cangrejera, cerceta pardilla (para la que el Brazo del Este supone una importante zona de nidificación), garceta, garza real, garcilla bueyera, cigüeña blanca, milano real, busardo ratonero, lechuza campestre y aguilucho lagunero occidental. Asimismo, se puede observar al martinete común, algunas gaviotas y otra gran variedad de aves”.

Precisamente para preservar sus valores naturales, entre los objetivos del PORN se fijan los de «3. Mejorar las condiciones de cantidad y calidad de los recursos hídricos esenciales para el funcionamiento ecológico de este espacio. 4. Controlar y regular los usos y actuaciones que puedan incidir en los cauces y caños que vierten sus aguas en el Brazo».

Así las cosas y teniendo en cuenta que, para esta Institución, es prioritario garantizar la cantidad y calidad de los recursos hídricos, hemos abierto esta actuación de oficio pues nos preocupa que se hayan destinado unos recursos financieros públicos a unas infraestructuras que no se encuentran en uso, están muy deterioradas y, al parecer, algunos de su componentes ha sido sustraídos o dañados.

En este contexto, esta Institución, en distintas ocasiones en estos últimos años, ha iniciado actuaciones de oficio cuando tenemos conocimiento que obras e instalaciones financiadas con dinero público, es decir de la ciudadanía, no se han puesto en funcionamiento por distintos motivos, con el objetivo de conocer las causas que han llevado a esa situación y las medidas que se van a adoptar para rentabilizar tales inversiones.

Pues bien, en el caso que nos ocupa se da la doble circunstancia de que parece ser que el sistema diseñado para garantizar los mencionados recursos hídricos ni siquiera llegó a funcionar, o lo hizo sólo parcialmente, y que, posteriormente, ha existido una despreocupación por el mantenimiento y conservación de sus instalaciones con lo que no sólo no se ha garantizado el buen estado de éstas, sino que, además, ni siquiera ha prestado el servicio para el que se crearon previa elaboración de los informes técnicos en los que se dejara constancia de la necesidad de su implantación y de la funcionalidad que, de cara a conseguir los objetivos del PORN, tendrían estas infraestructuras.

Por ello, nos hemos dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para conocer, en síntesis, el año de terminación y coste de las infraestructuras ejecutadas con motivo de la implantación del sistema de gestión hídrica que se encuentra, según estas noticias, en desuso, muy deteriorado y que ha sido objeto de actos vandálicos; evaluación de las consecuencias ambientales que, en términos de suficiencia de aportes hídricos de calidad, ha tenido las deficiencias del sistema de gestión hídrica en el caudal, la flora y la fauna del paraje natural del Brazo del Este; motivos por los que, aún teniendo conocimiento de esta situación, no se adoptaron medidas para garantizar el funcionamiento de estas infraestructuras y, en todo caso, evitar la realización de los actos vandálicos que, como decimos según las noticias que han llegado a esta Institución, que han llevado a la destrucción y sustracción de algunas de sus instalaciones y, por último, medidas que se vayan a adoptar y plazo de ejecución para garantizar el cumplimento de los objetivos 3 y 4 que se mencionaban en el Decreto 198/2008, de 6 de mayo, que hemos transcrito anteriormente.

17-05-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz da por concluida su intervención en esta actuación de oficio tras recabar dos informes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Tras dirigirnos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ésta, a través de la Viceconsejería, nos informa que el paraje natural del Brazo del Este, con una superficie aproximada de 1.653 hectáreas, se ve condicionado por dos factores, la lluvia y el agua procedente de las canalizaciones y desagües de los cultivos, de manera que en el invierno son las lluvias las que llenan los restos del cauce y las aguas procedentes del aprovechamiento agrario las que juegan ese papel durante el verano. El 53 % del paraje natural está dedicado a uso agrícola, predominando el cultivo del arroz (31 % de la superficie protegida) y los cultivos herbáceos en regadío (21 %); también la actividad ganadera tiene importancia, centrada en el aprovechamiento del rastrojo agrícola y de los pastos invernales de los cultivos del arroz.

En cuanto a las cuestiones por las que nos interesábamos, en el año 2005 se puso en marcha la primera parte del proyecto “Regulación hidrológica de los niveles en el Paraje Natural del Brazo del Este”, complementándose en el año 2010 con su segunda fase. El proyecto tuvo un coste de 435.500 euros, siendo las estaciones de bombeo y electrificaciones las que han sido objeto de robo y vandalismo.

El grupo de aves asociadas a ambientes acuáticos es el que reviste especial interés y en la actualidad encuentran en el paraje natural un hábitat idóneo para la alimentación, refugio, descanso y reproducción, tal y como ponen de manifiesto los censos que se realicen anualmente.

Evitar los robos y actos vandálicos en el paraje natural, debido a su extensión y localización (zona despoblada y muy aislada, de carácter agrícola y absolutamente llana) se convierte en una tarea prácticamente imposible, según nos informa la Consejería. En cuanto a las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las infraestructuras, en la primavera se desecó para la ejecución de determinadas obras de gestión y manejo realizadas en los últimos dos años.

Para la Consejería, la situación real de la zona difiere mucho de la que se publica en los medios de comunicación o la que tienen las asociaciones ecologistas. Por ejemplo, el uso de compuertas mecánicas manuales y pequeñas infraestructuras han permitido el manejo de agua para desarrollar los procesos ecológicos propios del espacio natural. A modo de conclusión comentaban algunos extremos:

- Los usos agrícolas y ganaderos son, en su mayoría, compatibles con la preservación del espacio y las transformaciones operadas en la zona con esta finalidad son las que han dado lugar a este espacio natural con características ecológicas sobresalientes.

- Los usos agrícolas y ganaderos inadecuados se restringen a unas 20 hectáreas, 1,2 % de la superficie del paraje natural. Esta parcela, que no está labrada, fue, en su momento, expropiada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y actualmente está en proceso de reversión a sus antiguos propietarios. Las praderas de canastera y almajo son testimoniales en el paraje natural y cuando se detectan prácticas inadecuadas se intentan resolver a través del entendimiento y, cuando no es posible, se inician procedimientos sancionadores.

- El aspecto del Brazo del Este que se describe en las publicaciones de las asociaciones conservacionistas obedece a obras de reforzamiento de compuertas, imprescindibles para la gestión hídrica del paraje natural, que deben efectuarse con el Brazo seco. Esto, además, ha permitido eliminar especies invasoras que, en otras zonas de Andalucía, ha supuesto importantes inversiones.

- Asociar la quema incontrolada, testimonial en el paraje por realizarse en una zona marginal y escaso valor ecológico, a la creación de pastos para el ganado carece de sentido.

- La falta de funcionamiento de las infraestructuras ha ocasionado que la cantidad de agua presente en el Brazo del Este dependa del año hidrológico y del agua de retorno del arrozal, aunque la mayoría de estas infraestructuras ejecutadas para mejorar la gestión hídrica del espacio no se encuentran en funcionamiento por causas ajenas a la Consejería, y de complicado control si no imposible.

Estas infraestructuras hidráulicas lo que pretendían era poder manejar los niveles de agua dentro del paraje natural, no restaurar su régimen hídrico pues es un objetivo totalmente inviable por sus condiciones (hábitat artificial conformado tras múltiples obras realizadas en el río Guadalquivir desde el año 1816 para mejorar su navegabilidad y evitar las inundaciones que provocaba o poner en cultivo gran parte de sus marismas).

En cuanto a las infraestructuras, dice la Consejería que no están totalmente abandonadas y sin vigilancia, aunque no es posible realizar esa vigilancia las 24 horas del día, ni por parte de la Consejería ni por las Fuerzas de Seguridad del Estado. En definitiva, para la Consejería, están haciendo todo aquello que está a su alcance para la adecuada gestión del paraje natural: las infraestructuras que ejecuta, de muy distinta tipología, son especialmente vulnerables a este tipo de comportamientos ilícitos, pero no por ello “puede dejar de realizar lo que le corresponde, ni dejar de ejecutar aquellas acciones que se consideren necesarias para mejorar la gestión de los espacios protegidos, permitir el acercamiento y el disfrute de los mismos por parte de la ciudadanía, dar a conocer los valores naturales presentes en el medio natural andaluz (…). Por último, hay que señalar que los robos se han intensificado en los últimos años a raíz de la crisis económica todavía vigente, es decir en fechas muy posteriores al diseño e inicio de las obras de las infraestructuras objeto de esta queja”.

A la vista de la documentación obrante en el expediente, dimos por terminada nuestra intervención en esta actuación de oficio, confiando, y así se lo comunicamos a la Consejería, que tan pronto lo permitan las disponibilidades presupuestarias se repongan las infraestructuras que han sido objeto de robos y actos vandálicos y que se arreglen las que, aún permaneciendo en el lugar, están sufriendo el deterioro del paso del tiempo y la falta de uso y utilización, y que necesitarán igualmente de labores de mantenimiento, reparación, arreglo o puesta a punto.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

De la respuesta que nos ha facilitado el citado Ayuntamiento cabe resaltar el acuerdo que ha adoptado la Gerencia Municipal de Urbanismo, remitido a la Comisión Europea, de suspender la ejecución del Anteproyecto de la nueva Ronda Urbana SE-35, Tramo Norte, en los tramos afectados, así como de suspender la tramitación del procedimiento en curso para la aprobación en el orden técnico del Proyecto de construcción “Ronda Urbana SE-35, Tramo Avda. Emilio Lemos-Carretera A-8008 (Sevilla-Brenes)” y, finalmente, “Adoptar el compromiso de que, una vez el Ayuntamiento de Sevilla adopte la decisión de si ha de ser objeto de ejecución el Anteproyecto de la Ronda Urbana SE-35 ya aprobado y con ello los proyectos aprobados en el orden técnico o, por el contrario, decidiese la redacción y aprobación futura de un nuevo y distinto anteproyecto de Ronda Urbana SE-35, será sometido al correspondiente trámite de evaluación ambiental de forma previa a cualquier acto de ejecución o redacción y aprobación de nuevos proyectos”.

A la vista de este acuerdo adoptado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, especialmente en lo que afecta al compromiso asumido, entendimos que la problemática por la que se había incoado esta actuación de oficio se encuentra en vías de solución, al haberse suspendido la tramitación dada la posible irregularidad de la que adolecía en materia de prevención medioambiental, con lo que procedimos al archivo de nuestras actuaciones. Al respecto, recientemente han aparecido noticias en medios de comunicación de las que igualmente hemos tenido conocimiento, que significan el archivo del procedimiento sancionador incoado por la Comisión Europea por la SE-35, dado el compromiso municipal referido.

05-10-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz se ha dirigido, en una actuación de oficio, al Ayuntamiento de Sevilla para conocer si se ha cumplido la normativa de prevención ambiental en la construcción de la carretera de circunvalación SE-35, al tener conocimiento por los medios de comunicación de que la Comisión Europea está culminando un procedimiento de infracción contra el reino de España por la omisión de este trámite medioambiental de obligado cumplimiento.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, por los medios de comunicación, que la Comisión Europea ha procedido ya a enviar a España el dictamen motivado, que supone el segundo paso en el procedimiento de infracción, por haber omitido la aplicación de la normativa europea que obligaría a los proyectos que pueden tener importantes repercusiones en el medio ambiente a ser sometidos a esa evaluación.

En el dictamen, según estas noticias, las autoridades comunitarias pondrían de manifiesto que ya se han aprobado distintos tramos de la obra de la carretera de circunvalación urbana conocida como SE-35, en el término municipal de Sevilla, sin que se haya cumplido el citado requisito preceptivo.

Las noticias apuntarían a que se ha dado un plazo de dos meses para que nuestro país cumpla con los requisitos que exige la normativa comunitaria procediéndose en caso contrario a llevar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esta Institución ya tuvo conocimiento, hace más de un año, a través de distintos medios de comunicación, de que la Comisión Europea estaba investigando el proyecto del trazado de esta carretera por cuanto había recibido noticias de que no se había realizado una evaluación de impacto ambiental específica sobre la misma. Es decir, el PGOU de Sevilla sí había sido objeto de una evaluación sobre su impacto ambiental en el territorio, pero no de manera singularizada la mencionada carretera.

Por este motivo, una plataforma vecinal había solicitado la intervención de la Comisión Europea ya que la mencionada obra pública atraviesa una zona verde que, además, es un humedal protegido donde anidan diversas aves.

Tras tener conocimiento de estos hechos la Comisión Europea, siempre según estas noticias, habría pedido explicaciones al Ayuntamiento y comenzó a investigar los motivos por los cuales no se había realizado el mencionado trámite ambiental. A resultas de ello la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea informó que iba a proceder “de manera inmediata a la apertura de un procedimiento por infracción”.

Hace unos días, el 24 de septiembre, la Comisión Europea envió un ultimátum a España para que se procediera a llevar a cabo la tan mencionada evaluación de impacto ambiental de la carretera de circunvalación SE-35.

Por todo ello, hemos procedido a iniciar esta actuación de oficio en la que nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Sevilla para conocer los motivos por los que, pese a la advertencia de las autoridades comunitarias, no se ha procedido a realizar la mencionada declaración de impacto ambiental, actuaciones que, en su caso, se van a seguir a raíz de la apertura del procedimiento de infracción y el subsiguiente dictamen motivado al no haberse corregido esa importante deficiencia.

11-03-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Ayuntamiento de Sevilla informa al Defensor del Pueblo Andaluz que ha suspendido la tramitación de los expedientes que motivaron esta actuación de oficio relativa a la posible omisión de trámites medioambientales en el proyecto de carretera de circunvalación SE-35, que había motivado la incoación de un procedimiento sancionador por la Comisión Europea.

De la respuesta que nos ha facilitado el citado Ayuntamiento cabe resaltar el acuerdo que ha adoptado la Gerencia Municipal de Urbanismo, remitido a la Comisión Europea, de suspender la ejecución del Anteproyecto de la nueva Ronda Urbana SE-35, Tramo Norte, en los tramos afectados, así como de suspender la tramitación del procedimiento en curso para la aprobación en el orden técnico del Proyecto de construcción “Ronda Urbana SE-35, Tramo Avda. Emilio Lemos-Carretera A-8008 (Sevilla-Brenes)” y, finalmente, “Adoptar el compromiso de que, una vez el Ayuntamiento de Sevilla adopte la decisión de si ha de ser objeto de ejecución el Anteproyecto de la Ronda Urbana SE-35 ya aprobado y con ello los proyectos aprobados en el orden técnico o, por el contrario, decidiese la redacción y aprobación futura de un nuevo y distinto anteproyecto de Ronda Urbana SE-35, será sometido al correspondiente trámite de evaluación ambiental de forma previa a cualquier acto de ejecución o redacción y aprobación de nuevos proyectos”.

A la vista de este acuerdo adoptado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, especialmente en lo que afecta al compromiso asumido, entendimos que la problemática por la que se había incoado esta actuación de oficio se encuentra en vías de solución, al haberse suspendido la tramitación dada la posible irregularidad de la que adolecía en materia de prevención medioambiental, con lo que procedimos al archivo de nuestras actuaciones. Al respecto, recientemente han aparecido noticias en medios de comunicación de las que igualmente hemos tenido conocimiento, que significan el archivo del procedimiento sancionador incoado por la Comisión Europea por la SE-35, dado el compromiso municipal referido.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Defensor del Pueblo Andaluz da por concluidas sus actuaciones al entender que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está coordinando sus actuaciones con otras Administraciones competentes para evitar, con todos los medios a su alcance, que los bañistas y usuarios de las cascadas del Huéznar incurran en situaciones de riesgo al infringir la prohibición de baño.

06-10-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio ante el peligro que supone el baño en las llamadas cascadas del río Huéznar, en la localidad de San Nicolás del Puerto, así como ante la posible descoordinación de competencias de distintas administraciones que pueden darse sobre esta zona.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al tener conocimiento del fallecimiento de un joven al “saltar” en las cascadas del río Huéznar, en la zona del municipio sevillano de San Nicolás del Puerto. Según hemos podido conocer por los medios de comunicación, aunque desgraciadamente esta vez ha tenido un desenlace extraordinariamente grave, tanto el baño en este río como la utilización de sus cascadas para realizar saltos sobre éste parece que son hechos frecuentes durante la temporada estival y, aunque la titularidad del río parece que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el decreto de declaración de este entorno como monumento natural parece que atribuye la gestión y protección de estos espacios a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Pues bien, con independencia de que es difícil evitar el uso de este río para el baño o que se realicen actos que conllevan un riesgo importante para quienes los lleven a cabo, como quiera que existe un pleno conocimiento y conciencia de ese riesgo, esta Institución considera que sería necesario, en la medida de lo posible y dentro de las dificultades que entraña, adoptar algunas medidas preventivas adicionales a las que se vienen implementando hasta ahora, con objeto de intentar minimizar este riesgo.

En este sentido hemos leído en los citados medios que el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha manifestado que “en las mismas cascadas se colocan recurrentemente señales específicas de prohibido el baño y desaparecen producto de actos vandálicos”. Asimismo, fuentes de la Consejería han puesto de manifiesto que en la propia web y en la entrada del sendero que da acceso a las cascadas se informa de la prohibición de baño, siendo así que, por lo demás, los Agentes de Medio Ambiente visitan con frecuencia la zona e informan a las personas que se están bañando de la existencia de tal prohibición. De acuerdo con ello, entendemos que, por parte de la Consejería, en principio se vienen adoptando medidas destinadas a prevenir este riesgo.

Sin embargo, el Alcalde del municipio de San Nicolás del Puerto muestra su disconformidad con la información facilitada por la Consejería en el sentido de que “de forma recurrente se sustituyan los carteles informativos”. Es más, según entrecomillado en uno de los medios de comunicación podemos leer que la mencionada autoridad local manifiesta que “A principios de verano colocaron un folio en los alrededores informando de la prohibición que no duró ni 24 horas y en la propia cascada donde se produjo el accidente jamás ha habido ningún cartel”. Asimismo, se lamentaba el alcalde de que tras más de dos semanas desde que se produjo el luctuoso hecho “no se haya tomado ninguna medida y que nadie de la Consejería se haya puesto en contacto con él para conocer la problemática de primera mano”.

Se trata de un lugar de gran afluencia de visitantes pues, según la Guardia Civil, parece que llegan a congregarse hasta 2.000 personas en los fines de semana durante el periodo estival.

Ante esta situación, hemos decidido iniciar una actuación de oficio con objeto de dirigirnos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para conocer si se tiene previsto adoptar medidas adicionales como podría ser reforzar la información no solo sobre la prohibición, sino también sobre el riesgo de que se produzcan accidentes si desatendiendo aquélla se hace un uso del río para el baño y aún más si se realizan actividades de mayor riesgo como la que provocó este accidente.

En este contexto, a juicio de esta Institución, sería conveniente, si no se ha hecho ya, entrar en contacto con los responsables municipales con objeto de conocer su criterio en torno a las medidas preventivas adicionales que se podrían adoptar para intentar evitar este tipo de accidentes.

08-02-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Tras dirigirnos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ésta nos informó del régimen competencial (dicha Consejería, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Administración Local y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) respecto de las zonas de baño en parques naturales. En cuanto a esta zona concreta, la Consejería nos decía lo siguiente:

“Debido a la frecuencia con la que las citadas señales desaparecen, y ante el lamentable suceso acontecido, además de continuar reponiéndolas se ha procedido a incluir pegatinas con la prohibición de baño en otras señales de mayores dimensiones y, por tanto, más difíciles de expoliar.

Por último, respecto al contacto con los responsables del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, se informa que el pasado día 15 de septiembre representantes de esta Consejería asistieron a una reunión en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, en la que estaban presentes el Alcalde y otros miembros de la Corporación de dicho municipio.

En dicha reunión, por parte de esta Consejería se informó de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones de uso público y del refuerzo de la señalización, así como se compartió por todos los asistentes la necesidad de mejorar el control de acceso, el control de los aparcamientos, la difusión de la prohibición del baño, la coordinación sobre el monumento, reforzar el papel de las fuerzas de seguridad, etc. Para lo cual se acordó que desde dicha Delegación de Gobierno se convocaría a todas las administraciones competentes para coordinar las acciones en el área, de forma previa al inicio de la temporada de mayor afluencia, es decir, antes de Semana Santa de 2016”.

Conforme a esta información, entendimos que se iban a tomar las medidas para evitar que se produzcan, siempre dentro de lo posible, situaciones de riesgo para los bañistas, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones, aunque comunicamos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que hiciera especial hincapié en el asunto relativo a “reforzar el papel de las medidas de seguridad” y a “la difusión de la prohibición del baño”, en aras a evitar con todos los medios posibles esos saltos desde las cascadas que tanto peligro entrañan para quienes los practican por suponer riesgo de lesión grave o, lo que es peor, por suponer riesgo real de muerte, como aconteció el pasado verano.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Ayuntamiento de Aguadulce nos comunica las diversas gestiones que ha puesto en marcha para dar una solución a la falta de funcionamiento de la EDAR de la localidad, tales como la solicitud de asistencia técnica a la Diputación Provincial de Sevilla o conversaciones con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

06-10-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio para conocer la situación en la que se encuentra la EDAR de Aguadulce que, según las noticias que llegaron a esta Institución, se encuentra en estado de abandono y sin funcionar desde hace varios años, lo que está provocando que se viertan al río Blanco las aguas residuales del municipio sin depurar.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio cuando, a través de recientes noticias en medios de comunicación, hemos tenido conocimiento de que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad sevillana de Aguadulce lleva cuatro años sin funcionar, lo que provoca que las aguas residuales que debería depurar, pese a que pasan por sus conductos e incluso por la propia EDAR, son vertidas sin depurar al río Blanco y, posteriormente, pasan al río Genil, del que aquél es afluente.

Esta circunstancia, además de constituir una muy deficiente gestión de los recursos públicos que, en su momento, fueron destinados a su construcción y generar un daño ambiental –que debería suscitar una preocupación a los regidores públicos-, ha dado lugar también, según estas noticias, a la imposición de sanciones económicas por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por vertidos contaminantes y por daños al dominio público hidráulico.

Prosiguen estas noticias significando que el Pleno municipal del Ayuntamiento de Aguadulce, a instancia de dos concejales, ha tenido conocimiento de estos hechos pero que, hasta el momento, no se ha tomado ninguna medida, a pesar de que, tras una visita a la propia EDAR, se ha calificado su estado como “una ruina”, acreditado incluso con fotografías en las que “se pueden ver tuberías rotas por donde pasa el agua recogida, maquinaria oxidada, motores arrancados, cuadros eléctricos destruidos e incluso tapas de alcantarillado robadas”. Ante tales circunstancias, desde el Ayuntamiento parece que se ha reconocido que la EDAR dejó de funcionar en 2013 “debido a diferentes robos y actos vandálicos que se produjeron en las instalaciones”, aunque se apunta también el año 2011 como el año en que las instalaciones dejaron de funcionar.

Por otra parte, parece que desde la Diputación Provincial de Sevilla se ha ofrecido al Ayuntamiento la posibilidad de integrarse en uno de los sistemas que operan en la provincia para gestionar, de forma mancomunada, el ciclo integral del agua de la localidad, bien sea en el Plan Écija, bien en el Consorcio de la Sierra Sur, y que desde el Ayuntamiento se están valorando estas opciones.

Desde el Defensor del Pueblo Andaluz se vienen realizando, en los últimos años, distintas actuaciones relacionadas con el cumplimiento del objetivo conocido como “Vertido Cero” (Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la políticas de aguas), al que todas las Administraciones Públicas estarían obligadas para el final de este año 2015 y que implicaría que todas las aguas vertidas al dominio público deberían ser convenientemente depuradas en las EDAR instaladas al efecto. En este contexto, hemos tramitado diferentes quejas, tanto de oficio como a instancia de parte, con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como con Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Mancomunidades e, incluso, hemos solicitado la colaboración de la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales para conocer diferentes informaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que afectan a nuestra Comunidad Autónoma.

Por ello nos preocupa sobremanera esta situación de Aguadulce, que hemos conocido a través de la prensa, especialmente por el daño ambiental que se está produciendo con estos vertidos incontrolados y que está repercutiendo muy negativamente no sólo en el derecho constitucional y estatutario a un medio ambiente adecuado, que se está viendo vulnerado tanto respecto a los habitantes de esa localidad como a los de otras tantas poblaciones por las que discurren los ríos Blanco y Genil, sino también por la infracción de diversas normas legales de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas, singularmente por parte de las entidades locales que ostentan como competencia propia la evacuación y el tratamiento de las aguas residuales, como recuerda el artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local. Pero es que, además, no puede olvidarse que, con independencia de la normativa sectorial que se está infringiendo, la realización de vertidos a las aguas terrestres contraviniendo las leyes y otras disposiciones protectoras del medio ambiente, está tipificado como delito en el artículo 325 del Código Penal.

Y es que, con independencia de que sea difícil evitar la comisión de actos vandálicos contra bienes e instalaciones públicas, consideramos que ello no puede ser justificación para mantener abandonada, durante años, una EDAR que no sólo ha sufrido el deterioro propio del abandono y de los robos sufridos, sino que, lo que es más grave, se ha mantenido una actitud pasiva de quienes ostentan la responsabilidad, autoridades y funcionarios, de adoptar todas las medidas legales a su alcance para evitar vertidos incontrolados sin depurar al dominio público hidráulico. Al mismo tiempo, a una ciudadanía a la que se le exige el abono del canon de mejora, por más que, como sabemos, ello no implica que el importe de lo recaudado se destine específicamente a unas determinadas infraestructuras hidráulicas, le es muy difícil entender por qué se le exigen esas cantidades si en su municipio los responsables públicos se muestran incapaces de garantizar el buen funcionamiento de su EDAR.

Por todo lo expuesto, conocidos estos hechos por los medios de comunicación que determinan el incumplimiento, como se ha dicho, de diversa normativa sectorial en materia de ciclo integral del agua que, a su vez, está generando un importante daño ambiental por vertidos incontrolados al río Blanco, hemos iniciado esta actuación de oficio en la que nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Aguadulce para conocer la realidad de la problemática expuesta; en concreto, pretendemos conocer la fecha cierta desde la que no funciona la EDAR de Aguadulce; los informes que se hayan emitido, o acuerdos que se hayan adoptado, por los órganos de gobierno municipal ante tal circunstancia; motivos y causas de la inactividad municipal y las medidas que se tenga previsto adoptar ante las dos alternativas que, siempre según los medios de comunicación, se han dado al Ayuntamiento (incorporarse al Plan Écija o al Consorcio Sierra Sur), así como la fecha en la que podría materializase, en su caso, la conexión.

12-02-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Ayuntamiento de Aguadulce nos comunica las diversas gestiones que ha puesto en marcha para dar una solución a la falta de funcionamiento de la EDAR de la localidad, tales como la solicitud de asistencia técnica a la Diputación Provincial de Sevilla o conversaciones con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

- Es voluntad del Ayuntamiento de Aguadulce poner en marcha la EDAR de la localidad, siendo conscientes de la necesidad de depurar las aguas residuales antes de que sean vertidas al río Blanco.

- Se están llevando a cabo diversas reuniones y gestiones con diferentes instancias administrativas, estudiando diferentes vías de financiación y valorando sistemas de depuración a poner en marcha.

- Se han mantenido reuniones con la Diputación Provincial de Sevilla, a la que se ha solicitado formalmente asistencia técnica para estudio y valoración del sistema de depuración idóneo a poner en marcha y posterior redacción del proyecto.

- Se está pendiente de mantener una reunión con el Delegado Territorial de Medio Ambiente para tratar el tema del canon de vertido y su aplicación a la financiación de las obras necesarias en esa localidad.

A la vista de esta información y pese a que de ella no se desprende aún solución alguna, ni siquiera a corto plazo, para la falta de funcionamiento de la EDAR de la citada localidad, hemos de considerar que, en principio, este asunto se encuentra en vías de solución merced a las diversas gestiones que desde la Alcaldía-Presidencia se están llevando a cabo. Confiamos en que tales gestiones fructifiquen lo antes posible para poner fin, cuanto antes, a los vertidos sin depurar al río Blanco que se vienen produciendo pese a que ese municipio de Aguadulce cuenta con una EDAR. Por ello, hemos procedido a su archivo.

No obstante, hemos instado al Ayuntamiento a que, entretanto y si quedara algo de esta instalación que pudiera ser reutilizado cuando se decida qué hacer (si una nueva EDAR o si remodelar la actual), debería abordarse, de manera urgente, cómo protegerla de robos y otros actos vandálicos.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Protección conjunta para evitar nuevos vertidos tóxicos al río Agrio

06-10-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz se ha dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con objeto de conocer la realidad de los posibles vertidos contaminantes en la antigua mina de Aznalcóllar, según las noticias –aparentemente contradictorias- aparecidas en diversos medios de comunicación que, no obstante, de confirmarse las que alertan del riesgo y peligro de esos vertidos, pueden provocar daños de gran entidad que, en todo caso, es preciso evitar con medidas de diversa naturaleza.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, a través de los medios de comunicación, la posible existencia de unos informes que revelarían que se están produciendo vertidos contaminantes desde la mina de Aznalcóllar. Así, parece ser que una inspección que se ha llevado a cabo en las instalaciones de la antigua mina habría revelado posibles vertidos de aguas contaminadas al río Agrio que, a su vez, desemboca en el río Guadiamar, perteneciente al área de influencia del espacio protegido de Doñana.

Por otro lado, según estas noticias la depuradora encargada de depurar el agua que viene del vertedero de los residuos de la antigua mina de Boliden, así como las aguas de escorrentía y lixiviado de todo el complejo minero, se encuentra en estado de "semiabandono" y, según las manifestaciones de los operarios que se citan en estas noticias, "lleva sin funcionar desde 2013", por lo que todas las aguas que recogen esas balsas, "se bombean o recirculan a la denominada corta de Aznalcóllar".

En los citados medios de comunicación podemos leer también que una asociación ecologista “ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla contra los responsables de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y de modo subsidiario contra la empresa concesionaria de la explotación minera (...). La gestión de la depuradora, según la organización ecologista, correspondía a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, agencia pública empresarial adscrita a la consejería, cuyo presidente es el consejero José Gregorio Fiscal”.

Asimismo, ha generado preocupación el que se haya revelado en los medios de comunicación que los técnicos del Instituto Nacional de Toxicología que han analizado las antiguas instalaciones mineras a instancias de la juez de Instrucción 3 de Sevilla, hayan encontrado, al parecer, elevadas concentraciones de sustancias tóxicas, altamente cancerígenas, tanto en el suelo como en el agua de la antigua explotación minera. Según este informe, habrían detectado la presencia de arsénico, cinc y plomo en cantidades muy superiores a las permitidas y que suponen un serio peligro para el medio ambiente.

En fin, los autores del informe advierten que ese riesgo deriva de que “estos residuos tóxicos y peligrosos están fuera de control, ya que los sistemas que implantó la Administración andaluza tras la catástrofe de abril de 1998 no funcionan desde hace bastante. Un ejemplo: la depuradora que debía tratar las aguas contaminadas para evitar su filtración al subsuelo o al cauce de arroyos y ríos está parada y prácticamente abandonada al menos desde el año 2013”.

Sin embargo, la Junta de Andalucía, por otra parte, considera "sesgado" el informe de técnicos del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla y Barcelona que han analizado las antiguas instalaciones mineras de Aznalcóllar (Sevilla), niega que se hayan registrado vertidos al dominio público hidráulico y ha asegurado que la depuradora "está operativa y funciona correctamente". Asimismo, considera que "la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es la Administración competente para informar de la correcta gestión hídrica que se desarrolla en el complejo minero”.

A la vista de estos hechos, no obstante encontrarse subiudice la cuestión de fondo planteada relativa a si existen o no responsabilidades con motivo de los hechos descritos, asunto en el que no podemos intervenir de acuerdo con el art. 17 de nuestra Ley, hemos iniciado una actuación de oficio con objeto de conocer si existe algún riesgo de contaminación de las aguas del río Agrio y, derivado de ello, del río Guadiamar, hecho que sí sería objeto de gran preocupación tanto por sus repercusiones directas en el cauce de los mismos y aledaños, como por la incidencia que pudiera tener en el Parque Nacional de Doñana.

Asimismo, nos preocupa, de confirmarse, que no esté en funcionamiento la depuradora allí existente, tal y como parece que recogen los informes mencionados aunque, es verdad, que por parte de los técnicos de la Consejería se desmiente y se asegura que el funcionamiento es correcto para los objetivos que tienen que cumplir estas infraestructuras de depuración.

Ante esta disparidad de noticias y versiones de los hechos expuestos y dado que, en todo caso, se trata de unas circunstancias que podrían afectar al derecho a un medio ambiente adecuado reconocido constitucional y estatutariamente, nos hemos dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para conocer si, en el momento actual, existe, o no, riesgo de contaminación de suelos y cauces de los mencionados ríos e, incluso, indirectamente del Parque Nacional de Doñana o su entorno; también nos hemos interesado en conocer si la depuradora allí existente funciona conforme a los fines que justificaron su construcción o, por el contrario, ésta presenta graves deficiencias en su funcionamiento.

08-02-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz, tras ser informado por las Consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y por la de Empleo, Empresa y Comercio, así como por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en relación con la situación de la mina de Aznalcóllar y la posibilidad de nuevos vertidos tóxicos al río Agrio, al parecer no contemplados debido a las medidas adoptadas, cierra la actuación de oficio incoada en su momento.

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio nos trasladó que, salvo algunas incidencias puntuales en un decantador de la EDAR destinada a depurar el agua que viene del vertedero de los residuos de la antigua mina de Boliden, la EDAR podía funcionar de forma normal para el cumplimiento de sus fines en el control de pasivos ambientales, si bien aunque se encuentra operativa, no era necesaria su puesta en marcha desde marzo de 2014. En este sentido, nos decían que no había sido necesaria la depuración de aguas en las instalaciones, dado que el margen entre la cota de la lámina de agua de la corta Aznalcóllar y la cota establecida de seguridad es suficientemente amplio, no previéndose la necesidad de poner en marcha la depuradora a medio plazo. Finalmente, nos informaban de las diligencias previas que se habían instruido en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que fueron archivadas en noviembre de 2015.

En cuanto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, nos informaba que controlaba todos los vertidos que se producían en los cauces de la cuenca del Guadalquivir y que la EDAR destinada a depurar el agua que venía del vertedero de los residuos de la antigua mina de Boliden, así como las aguas de escorrentía y lixiviado de todo el complejo minero, no se encontraba en funcionamiento porque, en aquellos momentos, no se vertía nada al cauce. Asimismo, nos informaba que en los controles que se practicaban en las aguas del río Guadiamar, aguas abajo de la explotación minera, no se había detectado contaminación alguna, de tal forma que, según los datos obrantes en ese organismo, no existía riesgo alguno para los cauces ni para el Parque Nacional de Doñana.

A la vista de estas informaciones, entendimos que no eran necesarias nuevas actuaciones por parte de esta Institución, aunque pedimos a todos los organismos a los que nos habíamos dirigido que se mantuvieran, en el marco de sus competencias, vigilantes para evitar evitar situaciones de riesgo medioambiental y para comprobar regularmente la eficacia de las medidas de protección adoptadas en la zona y en el entorno, con lo que archivamos esta queja de oficio.