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Logramos que el Ayuntamiento informe públicamente sobre las restricciones sobre venta y consumo de tabaco en recinto deportivo municipal.

La parte promotora de la queja nos expone que por parte del encargado del campo de fútbol municipal se le impide fumar en dicho recinto, pese a tratarse de un espacio al aire libre no incluido dentro de la normativa antitabaco.

El interesado, manifiesta que han pedido explicaciones e información al encargado de las instalaciones y en el Ayuntamiento, sin que nadie les indique o responda al respecto, por lo que desconoce si el Ayuntamiento ha adoptado algún acuerdo al respecto que ampare la actuación del encargado del recinto deportivo.

Interesado informe a la Administración municipal, se nos indica que “en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 26 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas, determina la prohibición de la venta de tabaco en las instalaciones deportivas, públicas o privadas, así como el consumo en los lugares no autorizados dentro del ámbito de las Administraciones públicas, centros docentes, centros sanitarios e instalaciones deportivas cerradas (apartado 2, letra c).

No obstante, este Ayuntamiento se reserva dos potestades, de conformidad con la legislación estatal y andaluza citadas, inherentes a la titularidad de la propia instalación (como mero propietario con arreglo a la legislación civil en materia de bienes, y la normativa de patrimonio de las Administraciones Públicas), y al interés general de que es fiduciaria esta Administración Pública:

1° Poner carteles indicando que si van a fumar tengan en consideración a las personas que tiene a su alrededor, especialmente si hay menores.

2° Igualmente, este Ayuntamiento se reserva la decisión, como titulares de la instalación, de que en el campo de fútbol y, en su caso, el resto de instalaciones deportivas municipales, no se fume, aunque sea al aire libre. Es una decisión que compete discrecionalmente al titular de la instalación, que no es otro que el Ayuntamiento.

Con este entendimiento, las personas encargadas de las instalaciones deportivas, y sin llegar a amonestación, pueden indicar a las personas usuarias de las instalaciones deportivas al aire libre, que se encuentra en instalaciones que están frecuentadas por menores.

No obstante, esta Administración, más allá del caso aislado de la queja aludida, no entiende que el asunto revista mayor problemática. En caso de que se produjeran quejas de padres o madres o tutores de menores que, en sentido diametralmente opuesto al tenor de la queja que nos ocupa en este momento, se continuaran quejando por el consumo de tabaco en el campo de fútbol dada la afluencia de su uso por menores, nos veríamos en la obligación de prohibir dicho consumo, en ejercicio de la potestad aludida, o restringir su consumo en zonas al efecto.

De conformidad con la normativa mencionada y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a la vista de los hechos puestos en conocimiento en la queja ante la Defensoría del Pueblo Andaluz y las actuaciones administrativas a que aluden dichos hechos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO: Dar contestación en la forma expuesta sobre la queja de referencia, a la vista de la información de que dispone esta Administración sobre el particular.

SEGUNDO: No se ha tenido constancia por este Ayuntamiento de más quejas sobre el particular, desde la interposición de queja al Defensor del Pueblo Andaluz.

TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa al interesado para su conocimiento y efectos oportunos.

CUARTO: Comuníquese certificación al Defensor del Pueblo Andaluz para su conocimiento y efectos oportunos.”

A la vista de la información recibida, consideramos que el asunto objeto de la queja había sido tratado en forma adecuada, por lo que procedimos al archivo del expediente.

El Patronato de Recaudación Provincial de Málaga abre Oficina de Atención a los contribuyentes no declarantes de subvenciones en IRPF-2014.

La parte promotora de la queja expone que el Patronato de Recaudación de Málaga (concretamente del Municipio de Coín) está aplicando bonificaciones a los empadronados en los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de oficio, sin que la persona interesada lo haya solicitado.

Explica que su padre es pensionista y que el ejercicio de 2015, sin estar obligado a presentar la declaración por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, se vio obligado a presentarla y a pagar una cantidad considerable puesto que la bonificación en el IBI (que fue menor de 30 euros) se considera una subvención y tuvo que pagar a Hacienda.

Interesados ante la Administración, se nos indica que el Consejo Rector de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga, en reunión extraordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó acuerdo aprobando las "Bases reguladoras del otorgamiento de subvención para el pago en periodo voluntario de la cuota del IBI del ejercicio 2014 de los contribuyentes empadronados en municipios de la provincia de Málaga cuyo Ayuntamiento ha delegado la recaudación de dicho impuesto en e! Patronato", publicándose las mismas en el Boletín Oficial de la Provincial de Málaga de fecha 12 de diciembre de 2013.

Las citadas Bases, Capítulo III: Procedimiento de concesión artículos 9 a 13, regulan el procedimiento de concesión de esta subvención de carácter directa, iniciándose de oficio o por solicitud.

En virtud de la Orden Ministerial HAP1173212014, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden EHAI3012/2008, de 20 de octubre, poda que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, la Agencia procedió a comunicar a la AEAT las subvenciones concedidas.

Ante una posible incidencia negativa a efectos del IRPF por la percepción de la subvención concedida, se habilitó, y continúa en funcionamiento, una Oficina de Atención Personalizada a los contribuyentes afectados negativamente en la declaración presentada de la renta del ejercicio 2014 o en caso de existir procedimiento posterior. Esta atención es totalmente gratuita, realizando ante la Delegación de Hacienda (AEAT) todas las gestiones necesarias.

A la vista de la información recibida, consideramos que el asunto objeto de la queja se encuentra solucionado, por lo que procedemos al cierre del expediente.

El Ayuntamiento de Almonte exime del pago del IBI a la Hermandad del Rocío de Triana.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución al Ayuntamiento de Almonte, por la que sugería que, como medida cautelar en el procedimiento, para evitar errores en la aplicación e interpretación de la normativa jurídica y en aras de evitar posibles daños o perjuicios a la obligada tributaria, se suspenda la tramitación del expediente de gestión tributaria que afecta a la entidad promotora del presente expediente de queja hasta tanto se resuelva en sede jurisdiccional el procedimiento sobre un supuesto análogo que se encuentra actualmente en trámite ante la misma.

Posteriormente, en fecha 18 de junio de 2015, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Huelva dictó Sentencia, declarando no ajustada a Derecho la desestimación de la exención del IBI que había efectuado el Ayuntamiento de Almonte en caso análogo.

Sólo entonces, y de conformidad con lo resuelto en la referida Sentencia, el Ayuntamiento relacionó la documentación que consideraba necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos de cara a la pretendida exención en el IBI por la Hermandad del Rocío de Triana.

Básicamente la ya aportada por aquélla Hermandad (Certificado de la AEAT sobre régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre; Certificado del Registro de Entidades Religiosas; Estatutos de la Hermandad y Memoria de Actividades; Certificado de la Secretaria de la Hermandad y del Obispado negativo de la realización de actividades económicas).

Debiendo ser la referida Hermandad -como le habíamos dejado interesado en fecha 27 de Abril de 2015- la que para tratar de desbloquear la situación, aportase documentación que acreditare la utilización de inmuebles ubicados en la aldea de el Rocío para la realización de las actividades caritativas y asistenciales, como podría ser un Programa o Memoria anual de las actividades realizadas.

Como desde la Administración Municipal, finalmente, se accedía a conceder la exención, desde el momento en que se acreditare y presentare aquella documentación, entendemos que se produjo la aceptación de la Resolución formulada en el expediente de queja referido.

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) acepta propuesta ciudadana que le trasladamos para reconocimiento por su dedicación al mundo del flamenco de un conocido vecino.

La parte promotora de la queja exponía que en fecha 9 de noviembre de 2015, en nombre de mil firmantes más, presentó escrito de petición conteniendo propuesta ciudadana sobre adopción de acuerdo para el reconocimiento de la trayectoria de dedicación al mundo del flamenco de un conocido vecino, sin que hasta la fecha hubieran recibido una respuesta a su petición.

Interesados ante la administración municipal, se nos remite informe indicando que el referido vecino fue reconocido en el año 2013, con la Mención de Honor de la Ciudad. Galardón que fue recibido por el homenajeado en el Pleno institucional celebrado en el Teatro Juan Luis Galiardo.

Según informa, es intención del Ayuntamiento organizar un nuevo acto de reconocimiento a la trayectoria en pro de la cultura sanroqueña del vecino en cuestión. Los actos previstos serán a través de actividades y programación de la Delegación de Cultura, difundiendo y dando a conocer su trayectoria en el mundo del flamenco manteniéndola viva.

Dado que el asunto objeto de la queja ha quedado solucionado, damos por concluidas nuestras actuaciones en el expediente.

Logramos que la Administración municipal agilice su compromiso de pago de facturas de Sociedad Cooperativa por ayuda a domicilio.

La parte promotora de la queja expone que el Ayuntamiento de Galera (Granada) está incurriendo en impagos con su sociedad. Al respecto, indica la interesada que con fecha 17 de julio de 2015 formuló escrito reclamando los correspondientes intereses a los pagos pendientes, dado el retraso en los mismos y teniendo en cuenta el contrato firmado en el que figura el plazo máximo para efectuarlos, sin que hasta la fecha hubiera recibido una respuesta.

Interesado informe al Ayuntamiento de Galera, se nos indica que se trata de un servicio que es financiado por la Consejería de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, y que si eventualmente se ha producido un retraso en el pago de alguna factura ha sido con motivo del retraso de la Junta de Andalucía en realizar las transferencias que financian el mismo, y que el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo importante adelantando los pagos correspondientes al citado servicio.

Actualmente, el Ayuntamiento tiene actualizados los pagos a la sociedad de la parte interesada porque ha adelantando el dinero para el pago de las facturas, si bien la Junta de Andalucía mantiene un retraso de varios meses.

Posteriormente, la parte interesada comunicaba que se estaban produciendo demoras en el cobro de las facturas de 2016, manteniendo el Ayuntamiento ante nuestra petición de información su mismo posicionamiento; no obstante, con posterioridad se recibió una nueva comunicación de la parte interesada en el que nos informaba que la Administración municipal le había efectuado un ingreso por una cuantía de 31.167,99 euros. Añadía que dicha cantidad no liquidaba en su totalidad la deuda que mantiene con la Sociedad Cooperativa, pero deja la misma en una cuantía asumible y razonable dentro de los plazos lógicos de pago de cualquier administración.

A la vista de la información recibida, se procede al cierre del expediente.

Emisión de tarjeta acreditativa del grado de discapacidad.

El interesado solicitó con fecha 9 de octubre de 2014 Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, y ante la falta de respuesta presentó reclamación con fecha 27 de enero de 2015, siéndole contestada con fecha 4 de febrero en el sentido de que “Debido a necesidades de carácter técnico, se ha sufrido un retraso en la expedición ...”.

Al no haber sido expedida aún dicha Tarjeta, con fecha 30 de junio de 2015 volvió a presentar nueva reclamación, sin que se le hubiese dado nueva respuesta.

Consideraba una injusticia que después de haber transcurrido un año desde la solicitud aún no se le hubiera expedido la Tarjeta solicitada.

Solicitado informe a la Dirección General de Personas con Discapacidad, se nos indicó que la impresora a través de la que se emitían las tarjetas acreditativas del grado de discapacidad había tenido problemas técnicos continuados que impedían su expedición y, una vez resueltos, se procedió a remitir la misma en fecha 24 de noviembre de 2015.

Trasladada dicha información al promotor de la queja, éste nos confirmó que, en efecto, habían recibido la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad de su hijo, y mostraban su satisfacción porque este asunto se hubiera resuelto después de tanto tiempo de espera.

Sin embargo, el interesado nos indicó también que la tarjeta estaba muy deteriorada, supuestamente por problemas en la impresión de la misma, y apenas se veía el nombre de su titular y algunos números, con los problemas que esto conllevaba. Por este motivo solicitaban la emisión de una nueva tarjeta, debidamente impresa.

En consecuencia, volvimos a dirigirnos a la Dirección General de Personas con Discapacidad y se nos informó que existía una impresora de tarjetas acreditativas de grado de discapacidad por cada centro de valoración y orientación, cuyo mecanismo de impresión era altamente sofisticado y complejo ya que la impresión de estas tarjetas incluía el relieve de cada carácter y añadía símbolos en Braille pensando en las personas que presenten ceguera o discapacidad visual muy grave.

Estas impresoras se adquirieron hacía 5 años y desde entonces se habían emitido 233.000 tarjetas acreditativas de grado de discapacidad en toda Andalucía, siendo los Centros de Valoración y Orientación de Sevilla y Málaga los que más cantidad de tarjetas habían expedido, con el consiguiente problema de deterioro de algunas piezas por desgaste, lo que conllevaba en muchas ocasiones intervenciones del servicio técnico de mantenimiento y una afuncionalidad de estas máquinas hasta su reparación.

Para paliar esta situación, desde la Dirección General, se iban a adquirir 9 impresoras nuevas, de impresión en plano, una por cada centro de valoración y orientación, para atender la demanda de solicitudes de tarjetas acreditativas de grado de discapacidad de todas aquellas personas que no presentasen discapacidad visual, como era el caso que nos ocupaba.

El asunto en cuestión, objeto de la queja, lo habían solucionado expidiendo desde el Centro de Valoración y Orientación de Huelva una nueva tarjeta acreditativa de grado de discapacidad, la cual había sido remitida por correo postal con acuse de recibo.

Habiéndose resuelto favorablemente la pretensión del interesado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Traslado de expediente de discapacidad de Málaga a Sevilla.

El promotor de la queja exponía que el 18 de agosto de 2015 solicitaron el traslado del expediente de discapacidad de su hermano desde el Centro de Valoración y Orientación de Sevilla al Centro de Valoración y Orientación de Málaga, provincia en la que residía.

Ante la falta de efectividad, esta petición fue reiterada con fecha 28 de octubre de 2015. Sin embargo no se llevó a cabo el mencionado traslado.

Solicitado informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, se nos participó que con fecha 23 de diciembre de 2015 se realizó el traslado del expediente al Centro de Valoración y Orientación de Málaga, siendo aceptado por dicha provincia.

Al haber sido aceptada la pretensión del interesado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Conseguimos mejorar la coordinación entre el centro residencial y la familia del residente, afectado por Síndorme de Down.

La promotora de la queja denunciaba una mala o inadecuada atención en un centro de atención sociosanitaria para personas con discapacidad en Jaén. Señalaba que su hermano, con síndrome de Down, era usuario del centro, y presentaba con frecuencia heridas y hematomas, que el personal del centro achacaba a autolesiones o a lesiones producidas por otros residentes.

A su juicio, la vigilancia de los residentes, ya fuesen producidas las lesiones por otros residentes, ya fuesen autolesiones, no era la adecuada. Indicaba que había remitido diversos correos electrónicos al centro, así como que había mantenido una reunión con la Dirección, personal de psicología y de supervisión asistencial, sin que se hubieran adoptado las medidas adecuadas para que cesara esta situación.

Admitida la queja a trámite se solicitó informe al Área de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén. Del informe recibido destacaba que existía un conocimiento detallado de la situación del hermano de la promotora de la queja, así como que se había venido interviniendo tanto con él como con su familia, para la mejora de las condiciones en la convivencia en el centro.

Destacaban algunas de las cuestiones que se señalaban en el citado informe, emitido por la Directora de los Centros Asistenciales de la Diputación:

“El residente (...) tiene diagnóstico de (...).

En el referido expediente individual de este residente, en el mismo consta, problemas de conducta tales como:

- Comportamiento autolesivo o daño a si mismo: (…).

- Heteroagresividad o daño a otros. (...).

- Destrucción de objetos: Intencionalmente rompe, estropea o destruye cosas.

Conductas que están registradas en un amplio historial de seguimientos recogidos en el sistema informático Resiplús para la coordinación interprofesional. (…).

Respecto al hecho denunciado (…) se mantuvo una reunión con Dª. ..., para aclarar los hechos.

(...)

En aquella reunión se trasmitió las numerosas y variadas incidencias que había mostrado ... en los tres últimos meses, cuarenta manifestaciones conductuales que demuestran la magnitud del problema y la forma de abordarlas por parte del equipo interdisciplinar. (...).

Le recordamos que las medidas de contención se habían prescrito dentro de la valoración de la doctora (...) y se estaba valorando la derivación a un Centro Especial de Modificación de Conducta, en el futuro, si las intervenciones conductuales no mejoraban su comportamiento agresivo.

(...).

Desde que se mantuviera la reunión mencionada el día 27 de noviembre de 2015, por lesiones a su hermano, hasta la fecha de emisión del presente informe, hemos constatado que han disminuido las incidencias. Registrándose siete incidencias, (...). Siendo todo ello resultado de un trabajo interdisciplinar y de la supervisión de su conducta.

(...)

la familia (concretamente ...) sí está participando en las reuniones del Programa de Orientación Multifamiliar, iniciativa que valoramos muy positiva, concretamente lo ha hecho en cuatro sesiones, desde que se iniciara el programa y sólo ha dejado de asistir a la última, realizada el pasado día 20 de enero del presente año.

(...)

El residente ha sido objeto de sesiones clínicas que podemos documentar. (...). De la misma forma, podemos aportar respuesta del centro a las reclamaciones interpuestas por la familia y otros informes de profesionales externos (psiquiatría), al objeto de poder clarificar la situación de este residente y de la forma histórica de relación de esta familia con la institución.

(...)”.

El informe emitido por la Diputación Provincial de Jaén fue remitido por esta Institución a la interesada, la cual no manifestó una objeción expresa al contenido del mismo, si bien nos indicó que “observo que los fines de semana al parecer existe más episodios de agresiones. Concretamente las heridas de noviembre fueron el domingo día 15 de 2015. Seria conveniente estudiar si influye estos factores como festivos y fines de semana y periodos estivales. Por variar atención profesional”.

Ante tal afirmación, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formuló Sugerencia al Área de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén, en el sentido de que se adoptasen las medidas pertinentes que permitieran corroborar que en los períodos en los que varía la atención profesional al hermano de la promotora en el Centro Residencial aumentaban los episodios de agresividad procediendo, en caso de verificarse esta situación, a adoptar las medidas que estimase oportunas para mejorar la atención del mismo.

A la vista de la respuesta emitida observamos que la Administración había aceptado expresamente la resolución, estaba realizando un seguimiento continuado de la situación de su hermano en el centro residencial y adoptando las medidas adecuadas para reducir los episodios denunciados.

Además en el informe se proponían pautas de trabajo conjunto entre la familia y el centro, que debían también redundar en el bienestar de su hermano.

Consideramos por tanto que el asunto que se nos encomendó había experimentado una significativa mejoría y, además, se estaban adoptando medidas para que no se reprodujeran los problemas existentes, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Nos congratulamos de la rápida reacción ante el incidente planteado y del limitado impacto que provocó, a tenor de las informaciones, en el servicio de biblioteca.

Hemos recibido informe de fecha 10 de octubre de 2016, nº de Registro de Salida 6553, fechado el 11 de octubre de 2016, relativo al expediente arriba indicado, promovido de oficio por esta Institución sobre incidencias en la Biblioteca Comarcal de Ronda “Adolfo Suárez”. 

Consigue acceder al Plan de Ayudas para vivienda de alquiler a familias en riesgo de exclusión social de Málaga.

La promotora indicaba que tenía una hija de 10 años y que no contaba más que con 200 euros de pensión alimentaria para ella, y 170€ de ayuda por desempleo. Quería conocer las posibilidades de ser adjudicataria de vivienda protegida o, en su caso, si pudiera beneficiarse de un alquiler social, a la vista de su angustiosa situación.

Finalizaba señalando que su salud no era buena y que no podía trabajar, estando realizándose pruebas médicas en traumatología y reumatología, además de fisioterapia.

Solicitado informe al Ayuntamiento de Málaga se nos indicó que la interesada se encontraba inscrita en el Registro Municipal de Demandantes de vivienda protegida de Málaga junto con su hija. De conformidad con lo solicitado por la interesada, se había inscrito en alquiler con opción a compra, en todos los distritos y por el grupo de especial protección de Riesgo de Exclusión Social.

En cuanto a las posibilidades que tenía de que se le adjudicase una vivienda antes de que se le agotase la ayuda para el alquiler que tenía concedida, desde el Registro de Demandantes sólo se podía decir que las viviendas se adjudicaban por sorteo, y que no tenían conocimiento de que se fuesen a sortear viviendas para el grupo de especial protección destinado a personas en riesgo de exclusión social, antes del mes de marzo.

Tras nuestra intervención, pudimos constatar que la interesada había resultado beneficiaria del "Plan de ayudas al acceso a una vivienda de alquiler a familias en situación riesgo de exclusión social", aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda celebrada en fecha 11 de septiembre de 2015, y consiste en un Plan a tres años con el siguiente programa:

- El primer año (primera anualidad): durante el primer semestre las familias se beneficiarían de una ayuda al alquiler del 100% de la renta mensual con un máximo de 450 euros mensuales y, para el segundo semestre, la ayuda se correspondería con el 90% de la renta mensual con un máximo de 405 euros mensuales.

- El segundo año: durante el primer semestre (tercer semestre del plan) las familias se beneficiarían de una ayuda al alquiler del 80% de la renta mensual con un máximo de 360 euros mensuales y, para el segundo semestre (cuarto semestre del plan), la ayuda se correspondería con el 70% de la renta mensual con un máximo de 315 euros mensuales.

- El tercer año: durante el primer semestre (quinto semestre del plan) las familias se beneficiarían de una ayuda al alquiler del 60% de la renta mensual con un máximo de 270 euros mensuales y, para el segundo semestre (sexto y último semestre del plan), la ayuda se correspondería con el 50% de la renta mensual con un máximo de 225 euros mensuales.

Las cantidades se abonarían directamente al arrendador, ingresando la primera anualidad íntegra a la firma del contrato de arrendamiento (incluyendo la fianza), y el resto por semestres anticipados.

Ante la resolución favorable del asunto planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.