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La parte promotora de la queja exponía que su hermano, de 49 años, padece un importante trastorno del espectro autista en cuya virtud tiene reconocida una discapacidad del 95 % y su situación de dependencia.

Hasta tiempos recientes, el afectado estuvo cuidado por su padre, casi octogenario, cuyo estado de salud sobrevenido hizo imposible que siguiera asumiendo las intensas atenciones que precisa el hijo.

Por esta razón, los interesados pusieron los hechos en conocimiento del Juzgado, que autorizó el internamiento del afectado en un Centro adecuado a su trastorno.

En consonancia con la medida judicial acordada, solicitaron el cambio de recurso del Sistema de la Dependencia, para el ingreso del dependiente en un Centro para autistas de la provincia de Málaga que, al parecer, está próximo al domicilio familiar.

Interesados ante la Administración autonómica, se nos informa de que tras solicitar la persona interesada la revisión del PIA, los Servicios Sociales Comunitarios lo reformularon proponiendo como modalidad de intervención más adecuada el servicio de atención residencial. Con fecha 2 de noviembre de 2018 se ha dictado resolución donde se reconoce al afectado el derecho de acceso a la plaza concertada en la Residencia San Juan de Dios de la provincia de Málaga.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba resolución por la que recomendaba a las Administraciones actuantes el reintegro a la parte promotora de la queja de la suma correspondiente a la participación indebida en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio que le fue cobrada en el período de abril de 2012 a noviembre de 2014, estando exenta, sin perjuicio de las compensaciones o regularizaciones que puedan efectuarse entre Administraciones y que son ajenas a la administrada, así como que la liquidación de los intereses que pudieran corresponderle por la demora en la percepción de dicha cantidad.

En respuesta, se reciben sendos informes por la que las Administraciones nos trasladan la aceptación de la Resolución formulada, iniciándose el trámite de abono de la cantidad indebidamente abonada por la parte promotora de la queja, por lo que procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente de queja.

Se inició de oficio este expediente en relación con la falta de desarrollo en Andalucía de la prestación económica de asistencia personal prevista en el artículo 19 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

En el trámite de la queja, el Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución ante la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y ante la Dirección General de Personas con Discapacidad sugiriendo que propicien las actuaciones necesarias para impulsar y alcanzar la consecución del desarrollo normativo de la prestación económica de asistencia personal, tan pronto como se alcancen los criterios comunes que garanticen la calidad en su prestación, dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Recibidos los correspondientes informes en respuesta a la Resolución formulada, sendas Administraciones nos trasladan su aceptación, confirmándonos la importancia y voluntad de apoyar y favorecer programas de asistencia personal y vida independiente por medio de las convocatorias públicas de ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva, al constituir una línea de atención específica, en tanto en cuanto se apruebe la norma que regule la prestación económica de asistencia personal en nuestra comunidad.

Ver actuación de oficio

La interesada expone que el 20 de abril de 2017 solicitó el reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a los servicios y prestaciones del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia de su hija, de cuatro años de edad, y un grado de discapacidad del 42 %.

El 16 de febrero de 2018 la niña fue valorada por la enfermera de su centro de salud, estando desde entonces a la espera de la resolución de reconocimiento de su situación de dependencia. Por ello, con fecha 8 de junio la interesada interpuso una reclamación ante la Agencia de los Servicios Sociales y la Dependencia, solicitando que su expediente se tramitase de urgencia, dado el tiempo transcurrido y la corta edad de su hija.

Al seguir sin tener noticias al respecto, la interesada solicita la intervención de esta Institución a fin de que se agilicen los trámites de la aprobación del grado de dependencia de su hija y el posterior reconocimiento de los servicios y prestaciones a los que tenga derecho.

Interesados ante la Administración autonómica, refiere que le ha sido reconocida a la hija de la reclamante la situación de Gran Dependencia por resolución de 11 de septiembre de 2018, notificándose a los Servicios Sociales para la elaboración subsiguiente del PIA.

A la vista de tal información, debemos entender que el asunto planteado ha quedado resuelto, procediendo al archivo de la queja.

En dicho escrito, la parte promotora de la queja nos traslada que en el mes de noviembre de 2018, formalizó por vía telemática, a través del Libro electrónico correspondiente, reclamación dirigida al Servicio Andaluz de Salud, por discrepancias con la atención sanitaria de su madre en el Hospital San Juan de Dios. Destacando que hasta la fecha su reclamación no ha obtenido la respuesta oportuna.

Interesados ante el hospital, se nos remite oficio por el que aporta comunicación dirigida a la parte afectada en fecha 14 de enero de 2019 en contestación a su reclamación.

Dado que el presente expediente de queja se inició a los únicos efectos de romper el silencio mantenido por la Administración sanitaria, y considerando que dicha cuestión ha quedado solventada, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla recomendando que se dicte resolución revisando el grado de dependencia de la persona afectada y dando traslado a los Servicios Sociales para la elaboración de la propuesta de PIA.

En respuesta se recibe informe aceptando la resolución formulada, se nos informa de que en diciembre de 2018 se ha dictado Resolución por la que se reconoce a la interesada el Grado III, Gran Dependencia.

El reclamante manifiesta el importante problema que sufren su hermano y él, a causa de la falta de un recurso adecuado para el primero, en virtud de su situación de dependencia.

Específicamente refiere el interesado que su hermano tiene reconocida una Gran Dependencia (Grado III), desde el año 2016, en virtud de su discapacidad mental, con un 65 % de valoración, pero carece del recurso que precisa, que concreta en un Centro Residencial.

Nos dice que su hermano precisa un Centro en régimen de residencia, dado que es necesario que se controle su medicación y sus actuaciones diarias y que, hasta la fecha, él ni siquiera puede irse tranquilo a trabajar porque su hermano toma la medicación de forma arbitraria, a pesar de que se la deja escondida.

Concluye resaltando la urgencia de que se tome una decisión, ya que hace años que la Administración debió haber asignado la plaza residencial oportuna.

Interesados ante la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, se nos informa que en fecha 7 de noviembre de 2018, tras la tramitación del correspondiente procedimiento para la revisión del PIA , se dicta resolución por la que se reconoce al afectado el derecho de acceso al servicio de atención residencial para personas con discapacidad intelectual “RGA Hermana Clara”, en Sevilla, como modalidad de intervención más adecuada de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en función de su situación de dependencia.

A la vista de la información recibida, consideramos que el asunto por el que el interesado solicitaba la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz ha quedado solventado, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

La interesada manifiesta que ha tramitado ante el Servicio Andaluz de Salud reclamación de responsabilidad patrimonial.

Así manifiesta que con fecha 18-05-2017 fue emitida resolución desestimatoria de su pretensión, que recepcionó el 24-05-2017. Frente a la misma, formuló recurso de reposición el 26-06-18, pues considera que atendiendo a la fecha de la recepción de la notificación, el plazo para recurrir finalizaba ese día.

Sin embargo señala que a pesar de ello, con fecha 24-07-2017 se ha emitido resolución acordando la inadmisión del recurso de reposición, por estimar esa Administración que la notificación de la resolución finalizadora del procedimiento se practicó el día 23-05-2017.

Interesados ante la Administración, se recibe informe transmitiendo sus disculpas a la interesada puesto que como ella manifestaba, la formulación del recurso de reposición fue formulado en plazo.

La Administración, tras detectar el error de procedimiento ha procedido a anular la resolución de 24-07-2017, que acordaba la inadmisión del recurso de reposición.

Para terminar, indica que ante el recurso de reposición en cuestión se ha dictado resolución, en sentido desestimatorio, que ha sido debidamente notificada a la parte interesada.

El reclamante manifiesta que entró en lista de espera para una intervención y que habría llamado por teléfono para dar su consentimiento para adherirse a una Clínica concertada, reduciendo de esta manera la lista de espera a menos de 6 meses. Sin embargo, no se le había entregado documentación alguna donde se haga constar que estaba adscrito a la lista de espera.

Añade que todo el tiempo empleado en el pre-operatorio, ha sido un tiempo perdido, ya que este tiene una validez de 6 meses y ya iba por 9 meses.

Por todo lo cual, interesa que la intervención pendiente se le practique sin dilación o, en otro caso, se le entregue el documento que le permitirá intervenirse en un centro concertado.

Interesados ante la Administración sanitaria se recibe informe indicando que el paciente está programado para el día 18 de febrero de 2019, lamentando la demora en la programación de la intervención.