Alerta por correo electrónico de las novedades

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, ASA-Andalucía, nos informa de las campañas que viene realizando para concienciar a la ciudadanía de las consecuencias para el medio ambiente y para las infraestructuras públicas de arrojar a los inodoros toallitas húmedas y otros residuos.

20-02-2018 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz inició una actuación de oficio al conocer, a través de los medios de comunicación, que la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, ASA-Andalucía, emprendió en 2017 una campaña para que no se tiren en los inodoros las toallitas húmedas por el problema de atasco que generan. Estos residuos, junto con otros, provocan atascos y roturas en las infraestructuras de saneamiento, tanto en las tuberías como en las depuradoras ya que dañan los sistemas de bombeo.

Al mismo tiempo, las redes de alcantarillado también se ven afectadas por estos residuos, lo que se traduce en que con frecuencia se produzcan, también, atascos en sus tuberías.

Por otro lado, estos residuos tienen un efecto contaminante por cuanto, a diferencia de lo que ocurre con el papel higiénico, no se descomponen en contacto con el agua. Esto, con la consecuencia de que, además de afectar a las estaciones de impulso y bombeo, al acumularse con otros residuos provoca atascos, dando lugar a la emisión de malos olores e, incluso, vertidos de aguas fecales a la vía pública.

Esto, además de las disfuncionalidades y molestias, a veces importantes, que provoca, conlleva un gasto importante para las administraciones públicas y para la ciudadanía, por cuanto que, siempre según los datos a los que ha tenido acceso esta Institución, estos residuos, que se arrojan al inodoro, terminan por incrementar entre 4 y 6 euros por persona y año los costes de mantenimiento, tratamiento y depuración de las aguas residuales.

La situación cambiaría drásticamente si existiera una sensibilización clara por parte de la ciudadanía, pues bastaría con que ésta depositara estos residuos en el lugar idóneo en vez de tirarlos en el inodoro. Los beneficios serían múltiples, tanto en el ahorro de costes como en la protección del medio ambiente.

Por todo ello, en su momento nos dirigimos a la citada asociación para que completara la información a la que tuvimos acceso sobre el problema que representa el indebido depósito de estos residuos en los inodoros con objeto de trasladar a las administraciones públicas la necesidad de adoptar medidas para evitar estos hechos, así como conocer, en síntesis, las posibles medidas que se podrían adoptar, además de concienciar a la ciudadanía, para fomentar que se cambien estos comportamientos.

19-04-2018 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

En la respuesta que nos facilitó la citada asociación nos trasladaba su agradecimiento por esta iniciativa y ponía en nuestro conocimiento las diversas actividades de divulgación y comunicación en lo relativo al arrojo indebido de toallitas en inodoros, con los consecuentes problemas económicos, ambientales y de gestión de las infraestructuras derivados. También nos informaba de que seguían desarrollando una labor de recopilación y actualización de los datos y cifras asociados a esta problemática, en relación también con las posibles medidas adicionales de concienciación y buenos hábitos a proyectar en la ciudadanía.

Valoraban muy positivamente nuestra iniciativa de trasladar a las diferentes administraciones la necesidad de adoptar medidas para evitar estos hechos y circunstancias. Estaban realizando diversas campañas de sensibilización en torno a esta cuestión (#ToallitasALaPapelera es una de ellas) con el objetivo de concienciar sobre la responsabilidad ciudadana y creciente necesidad de compromiso con buenas pautas y hábitos en ámbitos como el doméstico o el educativo, a través de mensajes clave a la población infantil.

En este escenario, se habían propuesto, en coordinación con la administración andaluza, realizar una campaña estratégica de comunicación y divulgación para su inserción y materialización en el entorno escolar con la idea de concienciar a los más pequeños, aunando educación y sensibilización medioambiental a través de la interacción en el aula, innovación y tecnología.

A la vista de esta respuesta, entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones dado que la apertura de la actuación de oficio había conseguido su objetivo, conocer las actuaciones que estuviera realizando esta asociación. Con esta respuesta y en un contexto más amplio en materia de residuos nos dirigimos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la actuación de oficio 18/1733, para conocer su posición.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Archivamos nuestra queja ante las actuaciones que se están haciendo en el vertedero de "El Cobre", en Algeciras.

20-02-2018 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio para conocer la situación en la que se encuentra el vertedero de El Cobre, de la ciudad gaditana de Algeciras, por posible contaminación de aguas subterráneas, pese a haber sido sellado y saneado en el año 2008.

Por noticias aparecidas en los medios de comunicación esta Institución ha tenido conocimiento de que la Junta de Andalucía “dio por sellado y saneado en febrero de 2008 el vertedero de El Cobre, en Algeciras, que diez años después ha sido objeto de un informe del Instituto Nacional de Toxicología que determina que está contaminando el arroyo de La Cava con grave riesgo para la salud de las personas y de los animales”, por lo que hemos abierto una actuación de oficio.

Al parecer, continúan estas noticias, el proyecto “contó con un presupuesto de cuatro millones de euros, cofinanciado por la UE, según reflejan las informaciones de esos días” y, según la entonces Delegada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, “el sellado del estercolero estaba integrado en el marco del Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar y que supuso la adecuación de un área de más de cien mil metros cuadrados para disfrute de la ciudad, por lo que se saneó y recuperó medioambientalmente los terrenos”.

Pues bien, “El informe del Instituto Nacional de Toxicología deja claro que esto no fue así, en virtud, entre otros, de análisis de las muestras realizados por el Departamento de residuos y Calidad del Suelo de la propia Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta entre 2015 y 2017 (…) En 2003, cuando se anunció el proyecto de sellado y saneado del vertedero, el entonces concejal de Medio Ambiente, ..., explicó que se había llevado a cabo un estudio sobre el estercolero del Cobre para confirmar la existencia del paso de aguas subterráneas. Este informe, aseguró el concejal, determinó que tales aguas no pasaban por la instalación, motivo por el que desestimó la construcción de una depuradora en la zona, al considerarse innecesaria. En el informe del Instituto Nacional de Toxicología y en otros documentos que maneja el Juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras, que tiene abiertas diligencias previas, queda claro que la contaminación afecta a la masa de agua subterránea Guadarranque-Palmones”.

A la vista de tales hechos, nos hemos dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para conocer, en síntesis y de confirmarse estos hechos, el riesgo para la salud que podría derivarse de la contaminación de las aguas subterráneas; medidas que se tenga previsto adoptar con carácter urgente a fin de proteger a la población y a la fauna de ese riesgo y, finalmente, los motivos por los que se ha originado esta situación pese a haberse validado el sellado y saneado el vertedero de El Cobre.

17-11-2020 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Tras las actuaciones que hemos realizado durante dos años ante la Consejería competente en materia de medio ambiente de la Junta de Andalucía y ante la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, cada uno de los cuales ha emitido tres informes, hemos podido conocer que en junio de 2020 se remitió desde la Mancomunidad a la Consejería, Delegación Territorial en Cádiz, propuesta de gestión de lixiviados para vertedero, con la ejecución de una instalación de tratamiento físico-químico para la adecuación de los lixiviados generados antes de su vertido a la red de alcantarillado municipal. Para ello, previamente se había presentado el proyecto y documentación (incluyendo estudio de impacto ambiental) para Autorización Ambiental Unificada (AAU) de dicha instalación.

Desde la Mancomunidad también nos informaron que el problema de fondo quedaría resuelto de forma definitiva una vez que desde la Delegación Territorial en Cádiz se emitiera la AAU para la estación de tratamiento.

Una vez que esta Institución contó con toda esta información entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones por nuestra parte, por lo que procedimos al archivo de esta actuación de oficio, aunque trasladamos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación nuestra petición de que agilizara en todo lo posible la solicitud de AAU referente a este asunto.

Hemos iniciado una actuación de oficio con objeto de conocer qué medidas, de las previstas en el Plan de Calidad del Aire, ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Granada para reducir el nivel de contaminación atmosférica y, en su caso, de las previsiones que tenga a corto y medio plazo para dar solución a este problema, habida cuenta que en esta ciudad, debido a su orografía y a la actividad humana, se sufren elevados niveles de contaminación del aire desde hace años.

Esta Institución ha tenido conocimiento, a través de noticias aparecidas recientemente en medios de comunicación, de la problemática que tiene la ciudad de Granada en lo que a contaminación del aire se refiere.

En concreto, en estas noticias se indica que “Granada superó en 2017 el límite anual permitido por la Unión Europea de dióxido de nitrógeno y el diario de partículas”, y que “detrás de los incumplimientos se encuentra el tráfico, las calefacciones y las obras”, pero que “la orografía de la ciudad, situada en un valle rodeado de montañas, complica la situación", así como que “en la hondonada se producen inversiones térmicas en invierno que impiden salir al aire contaminado, además de que los vientos predominantes son débiles”.

Se cita también en estas noticias que no solo hay vecinos concienciados con esta situación, sino otros que, estando muy afectados por determinadas circunstancias -por ejemplo los humos del tráfico rodado de vehículos, especialmente autobuses y taxis-, están ya pidiendo soluciones. A las peticiones vecinales, se indica, se suman también las de algunas asociaciones ecologistas.

Por contra, se hacen eco también estas noticias de que hace un año se aprobó el Primer Plan de Calidad del Aire, aunque parece que, en las fechas de publicación de las mismas, sus resultados no están siendo del todo satisfactorios, pues parte de la población afectada está pidiendo medidas más eficaces para rebajar los niveles de contaminación, fruto especialmente del tráfico de vehículos, llegando incluso un estudio a demostrar que desde el 2003 hasta el 2014 los niveles de dióxidos de nitrógeno vinculados al tráfico han permanecido inalterados en Granada, mientras que en otras poblaciones han descendido hasta un 30%. Entre las medidas que se citan como paradigmas del cambio de conciencia en el Ayuntamiento se encuentra el cambio de la flota de autobuses por otra no contaminante.

No obstante, el Director General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, en declaraciones recogidas por estas noticias, indica que “se van implementando medidas, como bonificaciones a los vehículos cero emisiones”, como la reducción de la velocidad máxima en las vías cuyo tráfico repercute en la ciudad, así como la prohibición de la quema de rastrojos en la Vega de Granada, o la instalación de una cámara de vídeo que graba la evolución de la “boina” de contaminación, con imágenes que se emiten en 15 centros municipales.

A tenor de lo expuesto en las noticias citadas, parece que estas medidas son insuficientes en el objetivo por lograr niveles de contaminación del aire acordes con los estándares europeos, puesto que poco o nada habrían hecho reducir tales niveles, de ahí que se empiece a pedir mayores esfuerzos de la Administración Local en este sentido, puesto que la población cada vez tiene mayor conciencia del problema y de la afección en el estado de salud de los residentes, en su calidad de vida y, en definitiva, en su derecho a un medio ambiente adecuado recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Al respecto, en lo que afecta al denominado Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la ciudad de Granada, hemos comprobado que fue aprobado en noviembre de 2017 para el periodo 2017-2020. Entre sus medidas horizontales se incluyen algunas como: recabar información de la red de vigilancia de la calidad del aire y de la Agencia Estatal de Meteorología; mostrar la información elaborada a la población en general por todos los medios municipales; anunciar los días en los que, en función de la previsión meteorológica, sea posible alcanzar los valores no deseables de concentración de contaminantes; solicitar la colaboración ciudadana en los días de mala dispersión de contaminantes debido a condiciones meteorológicas adversas; incluir los parámetros ambientales en los contratos de adquisición y/o renovación de vehículos o en los contratos de servicios que necesiten maquinaria, instalaciones, etc., tanto propios como de empresas que prestan o colaboran en la prestación de servicios públicos; crear un órgano capaz de decidir y adaptar medidas transitorias urgentes en episodios de alta concentración de contaminantes, y definición de un protocolo de actuación; la reducción de la contaminación en las zonas escolares; o el fomento de la movilidad urbana sostenible.

También, entre las medidas de carácter sectorial, pueden destacarse las de elaborar un inventario y caracterización de emisiones de actividades industriales; establecer un plan de ordenación del tráfico rodado en función de los niveles de contaminación, la zona y del tipo de vehículo; la actualización del Plan de Movilidad; mejorar la ecoeficiencia del transporte público; el control ambiental de vehículos y la imposición de sanciones finalistas.

A la vista de ello, hemos considerado conveniente iniciar esta actuación de oficio en la que nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Granada con objeto de que nos informe, una vez que ha transcurrido un año desde la aprobación del Plan de Mejora de la calidad del aire de Granada, de cuántas y, en su caso, cuáles de las medidas incluidas en el mismo, tanto horizontales como sectoriales, se han puesto en marcha, si se ha logrado reducir el nivel de contaminación de la ciudad del que se partía, y qué previsiones se tienen de cara al corto y medio plazo para dar solución a este problema no solo en aplicación del Plan de Mejora de la Calidad del aire sino en aplicación de la recientemente aprobada Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, que crea la figura de los Planes Municipales Contra el Cambio Climático.

El Defensor del Pueblo Andaluz inicia una actuación de oficio con objeto de conocer el estado en que se encuentra la campaña de retirada de plásticos de uso agrícola, que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural había anunciado en julio de 2018, ante la problemática que generan estos residuos en algunas zonas de Andalucía, especialmente en el Poniente Almeriense.

Esta Institución ha tenido conocimiento, a través de noticias aparecidas en medios de comunicación, de la problemática suscitada en algunas zonas de Andalucía, singularmente en el Poniente Almeriense, con motivo del abandono de plásticos de uso agrícola, especialmente invernaderos, en espacios donde generan una gran contaminación y redundan muy negativamente en el entorno, por ser materiales de alta durabilidad y de gran impacto en el medio ambiente.

Según hemos podido comprobar en la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a fecha 31 de julio de 2018 ya se anunciaba que “La Junta pone en marcha una campaña de retirada de plásticos agrícolas en las principales zonas de cultivo y cauces fluviales” con referencia a las provincias de Granada, Almería y Huelva; y ello “Pese a que la gestión de estos restos agrícolas es una competencia que no corresponde a la Junta, la Administración andaluza ha decidido llevar a cabo esta campaña con presupuesto propio ante las incidencias que se están detectando en estas provincias por el abandono indiscriminado de plásticos de invernaderos y los problemas de imagen y salubridad que están generando”.

Entre otras cosas, se dice en la web que “La Junta de Andalucía ha iniciado el proceso para poner en marcha una campaña de retirada de plásticos en terrenos y cauces fluviales de las principales zonas agrícolas de invernadero, localizadas en las provincias de Almería, Granada y Huelva. La iniciativa, encaminada a salvaguardar la salubridad e higiene en puntos en los que se están acumulando muchos de estos restos, la desarrollan conjuntamente las Consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio”. También se decía que:

“La actuación ha comenzado con la identificación de las zonas donde se acumulan estos residuos, la cuantificación de su volumen y la identificación de la titularidad de los terrenos, para lo que se solicitará colaboración al sector y a los ayuntamientos. Inmediatamente después, se procederá a la limpieza de esas zonas.

La retirada se llevará a cabo en todos los espacios en los que se estén abandonando estos plásticos agrícolas, por lo que desde la Administración andaluza se hace un llamamiento a la colaboración de todas las partes implicadas. Así, se insta a los ayuntamientos a que señalen los puntos que se están utilizando como vertederos y se solicita a los particulares que faciliten el acceso a los terrenos de titularidad privada.

En la actualidad ya hay técnicos de Tragsa (Empresa de Transformación Agraria SA), a la que se ha hecho el encargo de gestión, realizando la primera evaluación en los territorios con mayor concentración de cultivos intensivos para identificar los principales puntos con problemas. En esta línea, ya han terminado el diagnóstico de algunas zonas, como es el caso del término municipal de Vícar (Almería)”.

Sin embargo, parece que este plan, al menos en algunas zonas de las afectadas por este problema, no ha llegado a ponerse en marcha. Es lo que se desprende de una de las noticias de las que nos hacemos eco en la que se indica que el Ayuntamiento de El Ejido, a través de un órgano municipal denominado Comisión de Seguimiento de Residuos Agrícolas, habría solicitado a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, “que se le informe del estado en el que se encuentra esta Campaña, que fue dada a conocer por el consejero de Agricultura el pasado mes de septiembre y que, según aseguran desde el consistorio ejidense, «debería de estar ya en marcha y dando los primeros resultados, pero por el contrario ni ha arrancado ni se sabe nada al respecto»”.

El Alcalde de El Ejido, según estas noticias, habría declarado que “se trata de una cuestión prioritaria y de vital importancia que se efectúe la retirada de este material no solo de las zonas de titularidad pública, en los cauces fluviales y en las vías pecuarias, sino también de las parcelas privadas con el consentimiento, por supuesto, de los propietarios”. El Alcalde de El Ejido también ha pedido a la Consejería la realización de una campaña de sensibilización, la instalación de puntos de acopio y la constitución de un sistema público integral de gestión de este tipo de residuos.

Pese a lo que dice el Ayuntamiento de El Ejido, en la web de la Consejería, en la publicación ya citada del 31 de julio de 2018, también se decía que:

“En la actualidad ya hay técnicos de TRAGSA (Empresa de Transformación Agraria SA), a la que se ha hecho el encargo de gestión, realizando la primera evaluación en los territorios con mayor concentración de cultivos intensivos para identificar los principales puntos con problemas. En esta línea, ya han terminado el diagnóstico de algunas zonas, como es el caso del término municipal de Vícar (Almería).

Desde las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente se subraya que se actúa tanto por responsabilidad como para salvaguardar la imagen del campo andaluz y del propio sector. En este sentido, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha insistido en la necesidad de la máxima colaboración de todas las partes «ya que, bajo ningún concepto, se puede consentir que en el campo se tiren plásticos sin control, algo que no sólo supone un importante problema medioambiental sino que también da una mala imagen de nuestro campo, una imagen que hoy es modélica y así tiene que seguir siendo». Igualmente, ha advertido de que esta actuación extraordinaria debe ser posteriormente mantenida por los propios agricultores y los ayuntamientos, con vigilancia para evitar nuevos vertidos y sanciones a los infractores”.

Siendo El Ejido una de las poblaciones donde es más habitual el tipo de agricultura que precisa de estos plásticos, en la que al parecer no se habría activado aún la campaña de esa Consejería a la que hacemos referencia, hemos iniciado esta actuación de oficio en la que nos hemos dirigido a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural con objeto de conocer en qué estado de implantación están las medidas anunciadas el 31 de julio de 2018 y, concretamente, qué previsiones hay respecto de El Ejido y otras poblaciones que puedan presentar similitudes en torno al número de explotaciones agrícolas generadoras de residuos plásticos.